Observatorio Ciudadano, 4 de octubre de 2010
Ante el término de la huelga de hambre de los presos mapuche que se encuentran recluidos en las cárceles de Concepción, Lebu, Valdivia y Temuco el pasado 1 de octubre, y la persistencia de dicha huelga por parte de 10 presos mapuche en la cárcel de Angol y de un niño mapuche en el Centro de Internación Provisoria de Chol Chol, dependiente del SENAME, el Observatorio Ciudadano se hace un deber señalar a la opinión pública lo siguiente:1.- Valoramos el acuerdo logrado entre el gobierno y la mayor parte de los presos mapuche, lo que permitió el levantamiento de la huelga que sostuvieron por 82 días.
Reconocemos, sin embargo, las insuficiencias que este acuerdo tiene en relación a las demandas que originaron la huelga de hambre y manifestamos nuestra preocupación por los presos que aún mantienen esta medida. Como organismo de derechos humanos, valoramos la vida e integridad física como bienes jurídicos fundamentales, por lo que instamos al gobierno a desarrollar en forma urgente un diálogo directo con los presos mapuche de la cárcel de Angol y del CIP-CRC de Chol Chol, de modo que se pueda lograr un acuerdo que de respuesta también a sus demandas por un justo proceso.
2.- En el acuerdo suscrito por el gobierno, éste decide no perseverar en las querellas por delitos terroristas que se presentaran en su contra “bajo la administración de la Presidenta Bachelet”, estableciendo que “no tiene la convicción que los hechos por los que se les ha imputado… puedan seguir siendo calificados como conductas terroristas”. Por lo mismo, el gobierno manifiesta su disposición a desistirse de tales querellas y a replantear tales acciones bajo las normas del derecho penal común.
Asimismo, valoramos el reconocimiento que el gobierno hace en dicho acuerdo, en el sentido de que al suscribirlo se orienta y fundamenta su decisión, entre otros aspectos, en las normas del derecho internacional de los derechos humanos, el Convenio 169 de la OIT, así como en las recomendaciones de los organismos internacionales, lo que pone de manifiesto su adhesión y compromiso con ellos hacia el futuro.
Consideramos que el reconocimiento de los derechos humanos y de los pueblos indígenas sientan las bases para una revisión más profunda de las reformas legales necesarias para enfrentar las demandas de esta huelga, y orientar así cambios institucionales y culturales que el país necesita para enfrentar una nueva relación con sus pueblos originarios.
3.- Igualmente relevante es la disposición manifestada por las partes de generar un mecanismo, con la participación de Monseñor Ezzati, para hacer seguimiento y garantizar el cumplimiento de los compromisos contenidos en el acuerdo. Asimismo, en este acuerdo el gobierno manifiesta disposición a gestionar acciones para seguir avanzando en la búsqueda de soluciones a diversos temas que preocupan a la “causa mapuche”, y concuerda con los presos mapuche en que “éste sea el inicio de una relación apropiada en el marco de la cual se fundará un nuevo trato con el pueblo mapuche.” Se trata de acuerdos que pueden marcar un nuevo rumbo en el tratamiento que la autoridad ha dado a la fecha al pueblo mapuche, cuyas deficiencias han quedado en evidencia con la huelga de hambre.
4.- Lamentamos, sin embargo, que a este acuerdo se haya llegado tan tardíamente. Ello obedeció a la negativa prolongada del gobierno a desarrollar un diálogo directo con los presos mapuche en huelga de hambre para buscar una solución a sus demandas; a sus equívocos intentos iniciales de aplacarla por la vía de desconocerla socialmente; buscar la alimentación forzosa de los huelguistas; y a la confusa convocatoria que el Presidente Piñera hiciera a las organizaciones mapuche para desarrollar un diálogo sobre una materia que en nada decía relación con las demandas de los huelguistas, el Plan Araucanía, en momentos críticos para su salud y su vida. También ello se debió a la inconducencia de las propuestas legislativas formuladas, también tardíamente por el ejecutivo, para garantizar un juicio justo a los mapuche en huelga de hambre de conformidad a lo demandado por ellos legítimamente.
5.- Al respecto debemos señalar que los proyectos enviados al Congreso Nacional y hasta ahora aprobados por sus cámaras, no constituyen mejoras sustanciales a la legislación vigente y siguen sin cumplir con las recomendaciones y decisiones de la comunidad internacional orientadas a garantizar el justo proceso a los mapuche y a la población civil en general.
En efecto, el proyecto de ley antiterrorista que fue discutido y aprobado por el Congreso Nacional mantiene conceptos y penalidades que no se ajustan a las exigencias de un estado de derecho, como es el caso de los delitos en contra de la propiedad, incluyendo el delito de incendio, como delitos terroristas.
El proyecto de reforma corta a la justicia militar, en tanto, si bien permitirá evitar el doble juzgamiento de los presos mapuche, no contempla el que los delitos que cometan militares y agentes policiales en contra de civiles –que se relacionan con las denuncias de violaciones a los derechos humanos producto de la militarización en algunas comunidades- sigan siendo de competencia de la justicia militar, sin dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Chile en el caso Palamara, que ordenó poner término a dicha competencia.
Estas tramitaciones en el Congreso evidencian las dificultades que el país tiene para avanzar en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos, lo que será un serio escollo para construir una nueva política pública que responda a las preocupaciones de la “causa mapuche” como expresa el acuerdo. Dando muestras el parlamento de no estas a la altura de un país que necesita perfeccionar su democracia.
7.- Si bien no todas las legitimas demandas de los presos mapuche han sido atendidas a través del acuerdo suscrito, y persisten varios de los problemas que les llevaron a la huelga, se han verificado avances significativos a favor de un abordaje más profundo de los problemas que afectan la convivencia entre el Estado, la sociedad chilena y los pueblos indígenas en el país, en especial con el pueblo mapuche. Ello, a través del reconocimiento de las injusticias históricas de las que han sido objeto por parte del Estado; del tratamiento discriminatorio que les ha afectado, incluyendo el trato discriminatorio ante la justicia; de los déficit que el país tiene en esta materia; y de la necesidad de desarrollar una política pública consistente, con miras a abordar su realidad histórica y presente, asegurando sus derechos colectivos como pueblos así como los derechos individuales de quienes los integran, conforme a los lineamientos internacionales de derechos humanos que en el acuerdo recién suscrito el gobierno reconoce como orientadores de su acción.
8. – Valoramos el rol de facilitador del dialogo desarrollado por la iglesia católica, en particular por monseñor Ezzati, el que contribuyó, de manera determinante a un acercamiento entre el gobierno y los presos mapuche, y al acuerdo que logró poner término a la huelga en los penales antes señalados.
Valoramos, asimismo, la amplia y diversa solidaridad y las acciones públicas que se desarrollaron en torno a la huelga de hambre en gran parte del país. Sin duda, lo prolongado de este ayuno permitió a miles de personas conocer la realidad de los mapuche y expresar su apoyo, abriendo un nuevo espacio para el diálogo intercultural del cual todos nos debemos hacer responsables para su continuidad.
9.- Finalmente, valoramos el que los medios de comunicación nacionales, que por largo tiempo han ignorado y/o desinformado sobre la realidad y problemas de los pueblos indígenas, sobre lo que erróneamente ellos mismos han dado en llamar “el conflicto mapuche”, en la etapa final de esta huelga de hambre hayan dado una importante cobertura a ésta y a los problemas subyacentes que la motivaron, abriéndose a la inclusión de la perspectiva de las organizaciones del pueblo mapuche como no había ocurrido en el pasado.
El acuerdo logrado entre el gobierno y los presos mapuche en los penales señalados abre puertas para un nuevo escenario que, de persistir en el tiempo, permitiría avanzar en la generación de nuevas formas más justas y armoniosas de convivencia interétnica en el país basadas en el reconocimiento del otro y en el respeto mutuo.
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