Opinión e Información


¿Por qué el Estado chileno condenó a los dirigentes de la CAM?
Columna de Moisés Scherman luego de su visita a los comuneros mapuche presos en Angol.

Escribo estas líneas, a solo un día de haber estado en el Centro Penitenciario de Angol, compartiendo por más de tres horas con los comuneros mapuche Héctor Llaitul, Ramón Llaiquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, quienes permanecen en huelga de hambre desde el 15 de Marzo de 2011, una semana antes del aberrante fallo donde todos ellos fueron condenados a penas de 20 y 25 años por el Tribunal Oral de Cañete.

Ante la opinión pública, dicha condena ha sido dictada aparentemente por el hecho de haber atentado contra la vida del Fiscal Mario Elgueta, sin que exista hasta ahora ninguna prueba que así lo demuestre.

Este Fiscal es el mismo que, en declaraciones realizadas a la prensa el año 2007, es decir un año antes los hechos, sindicó a Llaitul como el “líder operativo e ideológico de la Coordinadora Arauco Malleco” y a los otros tres comuneros condenados como sus más cercanos. Y he aquí la verdadera razón por lacual los otros 13 comuneros acusados del mismo delito, fueron liberados de todo cargo y dejados en libertad incondicional.

Las falsas acusaciones del Fiscal Elgueta y la posterior condena del Tribunal Oral de Cañete a estos cuatro dirigentes de la CAM no hacen más que confirmar que estamos frente a un juicio político del Estado de Chile para condenarlos a penas de prisión inexcarcelables porque la plataforma de lucha de la CAM pone en jaque a quienes defienden con dientes y muelas la institucionalidad heredada de la dictadura y el modelo económico liberal actualmente vigente.

La cosmovisión de la cultura milenaria mapuche, expresada en el derecho a recuperar sus territorios ancestrales, su soberanía y autodeterminación, su amor e inclaudicable defensa y protección de la naturaleza y del medio ambiente, y su forma de organización social que representa una sociedad democrática y capaz de autosustentarse y autovalerse por si sola, es la que reivindican y la por la que luchan los dirigentes mapuche hoy condenados y encarcelados.

Han sido condenados por mostrarle a su pueblo, a los otros pueblos originarios que habitan nuestro país y a la sociedad toda, que es posible hoy en Chile, un camino y una alternativa concreta a la actual estructura política, económica y socia imperante, es decir, a la sociedad capitalista que el Estado chileno defiende a través de sus aparatos represivos, con todo el peso del poder que hoy ostentan quienes lo controlan.

Los Peñi han encontrado el camino para superar este estadio de desigualdades que afectan a su pueblo y son un ejemplo y un desafío para nosotros, que desde la izquierda política, económica y social hoy debemos ser también capaces de levantar una alternativa de organización democrática de nuestra sociedad, para que Chile sea otro Chile.


(*) Moisés Scherman Filer es dirigente social de Ñuñoa y miembro del Comité Ejecutivo de La Nueva Fuerza de Izquierda

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Mapuches y mapuchólogos

Así nomás es. Nuestra rebeldía nada tiene de marxismo. La culpa fue de nuestros padres. Y sobre todo, de los testarudos de nuestros abuelos, verdaderos puentes entre lo que fuimos ayer y lo que pretendemos llegar a ser mañana

Uno de mis pasatiempos es realizar rankings de “chilenos anti-mapuches”. O para que suene mejor, “chilenos con nula predisposición al diálogo interétnico”. Los tengo y de diversa índole. Algunos se refieren a historiadores (Sergio Villalobos es el Sampras; “top ten” casi por una década), otros a políticos (Felipe Harboe siempre hizo méritos para no salir de él, eso si, siempre a distancia de un Alberto Espina) y los tengo también de “columnistas de medios”. Esta última carpeta siempre está en el escritorio de mi iMac y lleva por nombre “Los mapuchólogos”. Están ordenados alfabéticamente y la lista es larga, en algunos periodos álgidos casi de actualización diaria. Guardo joyas notables. Desde Ena Von Baer deslegitimando “encuesta en mano” el “fantasioso” reclamo territorial mapuche (de sus tiempos en Libertad y Desarrollo), pasando por Ena Von Baer llamando a “pacificar” nuevamente los sublevados campos del sur (de sus tiempos de candidata al Senado) hasta Ena Von Baer emplazando a la clase política a opinar “con mesura y responsabilidad” sobre el tema (de sus actuales tiempos en La Moneda).

Pero hay una columna en particular que cada cierto tiempo leo y releo, casi de manera masoquista. Se trata de “Los Mapuches y el neomarxismo racista”, publicada en La Segunda por Víctor Farias, “historiador” y académico de la Universidad Andrés Bello. La columna es del 2009, pero no por ello a perdido su exquisita vigencia. Después de despotricar contra su antigua ideología -según me contó un pajarito Farias fue marxista en alguna época de su vida- advierte horrorizado como los discípulos del viejo Marx utilizan hoy a los mapuches como “la nueva tropa agitatoria… en maridaje con los ecologistas radicales, los neonazis y los indigenistas” de la región. Si bien la hipótesis del “conflicto mapuche” (o “problema mapuche”, como lo llaman varios columnistas de mi ranking) instrumentalizado desde fuera y por ideologías foráneas es más vieja que el hilo negro, convengamos que goza de inmejorable salud. Sea Cuba (en los 80’), el EZLN (en los 90’), las FARC y ETA (a partir del 2000) o la mismísima Al Qaeda (si, no se ría, leyó bien; “Al Qaeda”), siempre existirá a quién responsabilizar en Chile por la “inexplicable” belicosidad de estos “chilenos descendientes de los antiguos y extintos araucanos” (cameo de Villalobos).

Esta hipótesis, además de eximir de responsabilidad al Estado y sus élites en el origen y pervivencia de, tal vez, el único conflicto bicentenario que arrastra el país, refuerza como pocas el viejo mito instalado por el insigne Benjamin Vicuña Mackena en el XIX sobre los mapuches: “flojos”, “borrachos”, “descerebrados” y bastante “buenos para nada”. “¿Acaso serían ellos capaces de movilizarse y reclamar esos supuestos derechos que esgrimen por sí solos?”, pareciera ser la pregunta del millón al interior de las élites. Y la respuesta resulta casi de Perogrullo: “nica…”. Es lo que concluye Farias en su citada columna. Y es lo que cada tanto escuchamos los mapuches -directa o indirectamente- de boca de autoridades políticas, parlamentarios, académicos, columnistas, periodistillos, vendedores de la Vega, choferes del Transantiago, maestros de la construcción, dueñas de casa e, inclusive, uno que otro amigote chileno despistado: “¿Ya po’ Pedro, cuenta la firme, quién los entrena, quién los financia… tu periódico, por ejemplo?”.

Hasta donde recuerdo, quién primero financió el periódico que dirijo fue mi madre. Lo hizo durante 17 años, primaria y secundaria, el tiempo que demoré en aprender las sílabas, el abecedario, las operaciones matemáticas básicas, las efemérides patrias, los tipos de invertebrados, la tabla periódica de elementos y, por cierto, el maravilloso idioma de ustedes que de paso casi me hizo olvidar el de mi propio pueblo. Viuda, cuando quien escribe y mis hermanas recién promediábamos la primaria, lo suyo más que amor de madre fue una verdadera proeza. Aunque los discípulos de Vicuña Mackena no lo crean, nos sacó adelante a punta de disciplina, estudio y trabajo, de la misma forma que nuestro abuelo -lonko de la comunidad- los había criado a ellos en la pobreza de la reducción rural. Y fíjense que tan mal no le fue; todos sus vástagos profesionales universitarios y, guste o no a gente como Farias, orgullosos a más no poder de su “mapuchidad”. ¿Meritocracia en Chile? ¡Qué Instituto Nacional!, ¡qué Carmela Carvajal! dense una vueltecita por las escuelas rurales del País Mapuche y después hablamos.

Así es. No fue ni la ETA, ni las FARC ni los extraterrestres malas pulgas que atacaron Los Ángeles (LAX) hace poco, quienes financiaron nuestro periódico. Y porque conozco de primera fuente a las organizaciones y comunidades de mi pueblo, puedo dar fe de que a ninguno de ellos los he visto chateando con barbudos mujaidines afganos (profe Farias: actualícese, teclee F5, la Guerra Fría pasó hace rato) o buscando contactar estilizados alienígenas de Marte. Pretender aquello no solo es pecar de racista; también de ignorante, toda vez que registros históricos que avalan nuestro reclamo nacional (si, leyó bien, “nacional”) existen y por montones. Basta recurrir a una Biblioteca Pública. O a Wikipedia. O bien a Wikileaks, si desea llegar aun más lejos y enterarse de cómo hasta los gringos chismorrean con el provincianismo chilensis, incapaz de ver en el multiculturalismo una manifestación de la modernidad, y no precisamente un retorno a las cavernas. Y es que


* Publicada originalmente en sitio web El Post.

Del Provincial de la Compañía de Jesús, Eugenio Valenzuela, sobre los mapuches en huelga de hambre

El pronunciamiento de la Compañía de Jesús en Chile a través de una carta del p. Eugenio Valenzuela sj, sobre la situación de lo comunero mapuches en huelga de hambre. por Orlando Contreras

Queridos Compañeros,

Todos hemos seguido con preocupación la huelga de hambre que por más de 60 días realizan comuneros mapuches en las cárceles de Concepción, Lebu, Angol, Cholchol, Temuco y Valdivia. Varios de ellos están en prisión preventiva por más de un año.


Compañeros de Tirúa, Concepción y Santiago han estado escuchando y acompañando a los comuneros y sus familias. La huelga de hambre de los comuneros mapuches es un signo grave y extremo de la situación que enfrenta el Pueblo Mapuche que hace tiempo acompañamos como Provincia. Por eso, queremos aportar junto a otros para que haya un diálogo que encuentre una salida justa a la grave situación que enfrentan los comuneros. Sabiendo que los Obispos jugarían un rol importante en este impase del bicentenario, hemos buscado las formas de cooperar en todo lo posible con ellos para favorecer ese diálogo. Yo mismo tuve la oportunidad hace poco días de visitar a los comuneros presos en Concepción y me he mantenido en permanente comunicación con Monseñor Goic y Monseñor Ezzati.


Aunque el Gobierno ha planteado reformas parciales a las leyes que los afectan (justicia militar y anti terrorista), tratando de dar signos de su buena disposición, ellas no satisfacen las demandas de los huelguistas. Ellos sostienen con sus vidas que no se les debe aplicar la ley antiterrorista que es injusta y prejuiciada; que se les juzgue por la justicia ordinaria y no por la militar o ambas, como ocurre en algunos casos. Piden un juicio justo, presunción de inocencia, y un debido proceso en el cual tengan las garantías necesarias para una legítima defensa.


Su demanda ha logrado un consenso bastante transversal sobre lo impropio del tipo de justicia que se les aplica, lo que, sumado a los compromisos internacionales que el país ha contraído y el programa de gobierno del actual Presidente, ha provocado que se busque reformarlas. Si bien hay voluntad política de hacer algunas reformas, el proyecto que presenta el Gobierno y el proceso en el poder legislativo no garantizan una pronta salida que cumpla las expectativas de los comuneros en huelga. Por otra parte, la historia ha enseñado a los mapuches a no confiar en los compromisos que se toman con ellos. Por lo mismo, verían como un paso significativo una mesa de diálogo donde puedan exponer sus posturas y alternativas de salida de la huelga. Este dialogo sería un gesto que el pueblo mapuche se merece con toda justicia por su historia de marginación y podría sentar las bases de un trato de respeto que permita buscar una solución de fondo a la inclusión del Pueblo Mapuche en la sociedad chilena. Sin embargo el Gobierno se ha negado a dialogar con los presos o sus representantes a pesar de la petición por parte de ellos de conformar una mesa de diálogo.


La histórica marginación, discriminación y olvido del Pueblo Mapuche, sumado a la torpeza con que muchas veces ha sido tratado por los gobiernos de nuestro país, nos mueve a pedir que se genere un diálogo que permita abrir una salida a este conflicto. Recogemos lo que nuestros Obispos pidieron ayer
"les pedimos apremiantemente que cedan en aquellas de sus posiciones que les han impedido avanzar y, en un gesto propio de seres humanos conscientes, establezcan mecanismos para iniciar cuanto antes esos diálogos".

Ante esta grave situación que enfrentamos y la posibilidad de que alguno de los comuneros muera en esta huelga, he querido compartir con ustedes nuestra visión de esta grave situación y lo que hemos estado haciendo.


Les pido rezar por los comuneros en huelga de hambre y sus familias. También les pido colaborar en una sensibilización social y eclesial que ayude en la búsqueda de caminos que aseguren un mejor trato a los pueblos originarios y el resguardo urgente de la vida de los comuneros en huelga de hambre. Les pido que todos los que tengan medios para dar a conocer lo grave de la situación, lo hagan con la intención de promover que se abra el diálogo.


Los cristianos tenemos una palabra que decir y queremos decirla, el Gobierno ha de velar por el bien común y valorar la ley poniéndola al servicio de las personas y la paz social.


Que así como nos hemos querido plantear un bicentenario sin campamentos, también podamos celebrar el mismo bicentenario con paz y justicia para todos los hijos e hijas de esta tierra.


En el Señor,

P. Eugenio Valenzuela sj.
Provincial de la Compañía de Jesús, Provincia de Chile.

lunes 4 de octubre de 2010


La Justicia tiene su hora


Por Juan Pablo Cárdenas

Cualquiera sea el desenlace de la prolongada huelga de hambre de los presospolíticos mapuche, su testimonio resultará fundamental en la lucha por lademocratización del país y la necesidad de que Chile, su legislación e instituciones velen efectivamente por los derechos humanos. Quienes han arriesgado su vida a tal extremo han logrado sacar al país de su letargo político y despertar la sensibilidad de millones de chilenos respecto del estado de injusticia que afecta a nuestro pueblo fundacional, así como volver a concitar la solidaridad internacional que nos ha acompañado en tantos momentos cruciales en nuestra historia.

Su ejemplo nos ha recordado que es siempre la movilización social la que obtiene los cambios. Que no son las promesas, ni las negociaciones políticas las que alientan la justicia social. Que todo cambio nace de la lucha, la protesta callejera, el enfrentamiento franco con los poderes retardatarios. Y que todo compromiso, en este sentido, siempre entraña arrojo, riesgo, sinsabores e, incluso, tragedias sociales.

Es en esta constatación que se entiende (aunque no se explica) que desde el primer día del gobierno de Patricio Aylwin se haya aplicado una política destinada a desactivar la organización social y silenciar a los medios de comunicación realmente comprometidos con una democracia genuina. Como nos confesara el Embajador de Noruega en la época, tal administración encargó incluso a una Comisión Especial viajar a Europa a demandar la suspensión de toda ayuda a las ONGs , diarios y revistas que habían encendido la protesta y las demandas que pusieron término a la Dictadura Militar. Es también en este cometido de adormecer las conciencias que se explica la debilidad del mundo sindical y estudiantil después de 20 años de post pinochetismo, cuanto que todavía siga vigente la Constitución del Dictador, la aberrante Justicia Militar, así como la llamada Ley Antiterrorista, en realidad un terrorífico cuerpo legal para neutralizar el descontento y aplastar las justas demandas de los excluidos y oprimidos.

En la indolencia y complicidad política de estas dos últimas décadas es que el Presidente Lagos agrega su rúbrica a la de Augusto Pinochet para sacralizar una Carta Fundamental que se prometió derogar con una Asamblea Constituyente. Es lo que explica, también, que el gobierno de Michelle Bachelet haya demandado a los dirigentes mapuches por una Ley que prometió nunca aplicar, pero a la cual se rindió por las presiones ejercidas por la centro derecha para extremar la represión en contra del justo levantamiento de la Araucanía. Los mismos que ahora, desde La Moneda y el Parlamento, se ven forzados a reconocer que la lucha mapuche es justa y que sus acciones no son terroristas.

La unidad y firme resolución de los mapuche tiene, por cierto, descontrolado al conjunto de la clase política. Ni el Ejecutivo, ni el Parlamento se muestran en capacidad de resolver el conflicto planteado por nuestra etnia principal y la resolución heroica de sus líderes. Es más, la Iglesia Católica ha debido reconocer su fracaso mediador o “facilitador”, como eufemísticamente se ha llamado a los esfuerzos de un obispo por avenir al gobierno y a los presos políticos en huelga de hambre. Junto con el reconocimiento que algunos prelados ya hacen en cuanto a que la misión de la Iglesia no es la búsqueda de la mediación o componenda sino el compromiso evangélico con la causa de los pobres y discriminados.

En la búsqueda de una solución digna es que debe ser el Poder Judicial el que intente ahora concebir una solución. Sobre todo cuando consta el repudio que le merece al propio Presidente de la Corte Suprema la vigencia de tribunales militares y que estos se permitan, para colmo, juzgar a los civiles. O cuando sabemos que en privado tantos jueces reconocen que les repugna aplicar la Ley Antiterrorista vigente, cuerpo legal reñido con el derecho internacional, como tantas veces se le ha representado al Estado chileno.

Nada podría limpiar más la imagen del Poder Judicial que la posibilidad de intervenir ante el fracaso de las instancias políticas. Sobre todo si se considera que lo que exigen los presos políticos mapuche no es impunidad, sino juicios justos y ajustados al debido proceso. Una posición más que prudente si se la compara con los despropósitos que han sufrido en los dos siglos que cumple nuestra pretendida república y en otros tres de colonialismo y guerra fratricida en contra de los que ya estaban aquí antes e la conquista española.
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Nancy Yánez, especialista en Derecho Indígena
Mapuches en el bicentenario o la crónica de un saqueo
El siglo pasado fue fructífero para el desarrollo del movimiento social chileno. A partir del 1900, los sectores más marginados lograron avanzar en la conquista de derechos, lo que fue acompañado de una creciente sindicalización y la posterior conformación de partidos con capacidad de disputar el liderazgo político del país. En el caso del pueblo mapuche “esta trayectoria fue diametralmente opuesta”, así lo expresa la abogada Nancy Yánez, especializada en Derecho Indígena y Antropología Jurídica, y codirectora del Observatorio Ciudadano.
Por Ana Muga
La afirmación de la especialista forma parte de la exposición realizada en el marco del lanzamiento de la campaña “Ciudadanía Bicentenaria, para crear democracia”, promovida por la Asociación Gremial de Organismos No Gubernamentales, Acción A.G., y agrega: “Si uno se posiciona en 1910, en el contexto de los pueblos indígenas, estamos en proceso de erradicación. Está concluyendo la Guerra de Arauco y está concluyendo el proceso de dominación del territorio mapuche que extiende la frontera de Chile más allá del rio Bío Bío”. Para la especialista, el proceso que vivió el pueblo mapuche a comienzos del siglo pasado es lo que “viene a gatillar la situación de reivindicación de tierras que mantiene movilizado al pueblo mapuche en la actualidad y en particular, a los dirigentes indígenas que hoy día se encuentran en huelga de hambre”.
Según la académica de la Universidad de Chile, en esa coyuntura histórica fue que el territorio mapuche se vio reducido “de 10 millones de hectáreas que habían logrado mantenerse autónomas bajo el proceso incluso colonial, a 500 mil hectáreas”, adjudicando a esta expropiación la actual condición de invisibilidad política y vulnerabilidad económica-social que afecta al pueblo mapuche y que lo ubican en los quintiles más pobres del país.
PUEBLO MAPUCHE Y REFORMA AGRARIA
Un segundo hito histórico y político en que se detiene Nancy Yánez es la Reforma Agraria, tema abordado en coautoría con el historiador Martín Correa y el geógrafo Raúl Molina en el libro “La Reforma Agraria y las tierras mapuches. Chile 1962 – 1975” (LOM editores), señalando que, incluso, durante este proceso no se contempló dar solución a las demandas territoriales mapuches, siendo nuevamente excluidos, esta vez, por gobiernos progresistas que determinaron “que revertir el proceso de erradicación era inviable en términos de unidad productiva”.
“Hay que consignar que las Reformas Agrarias en todos los países de la región consideraron la demanda histórica de los pueblos indígenas, sin embargo, no lo hizo nuestro país y esta demanda no tuvo eco en ninguno de los partido políticos que en aquella época ejercían la representación parlamentaria”.
En esa coyuntura, el pueblo mapuche se moviliza para la prosecución de sus demandas, se alía con algunos sectores de la izquierda, particularmente del MIR, “y presiona a todos los sectores políticos que habían hecho caso omiso a la reivindicación de la recuperación de sus territorios ancestrales”, logrando, en enero de 1971, el llamado Cautinazo, donde finalmente el presidente Allende ordena trasladarse a la ciudad de Temuco al Ministerio de Agricultura y a la Corporación de Reforma Agraria, para que resolvieran las demandas de las comunidades mapuches y procedieran a la expropiación de predios.
EL ACUERDO DE NUEVA IMPERIAL
Durante la dictadura militar el pueblo mapuche ve invisibilizadas nuevamente sus demandas al lado de la lucha política por la recuperación de la democracia, “demandas que tienen que ver con la resistencia al proceso de división de las tierras con la aplicación del Decreto Ley 2.568” apunta Nancy Yánez. Pero por otra parte, explica la profesional, el escenario del tránsito a la democracia, “es tal vez, el único episodio en que se dio un diálogo abierto entre el pueblo mapuche y los sectores políticos que fue el Acuerdo de Nueva Imperial”.
“Los pueblos indígenas entran a la transición democrática de la mano de la Concertación y a poco andar esa alianza se quiebra”, relata Nancy Yánez, debido al mantenimiento del modelo económico “que nadie revirtió y hasta ahora nadie está dispuesto a revertir”. Modelo que, según la abogada, “empieza a gestarse en los cambios que con la CORA se van instaurando en el proceso de reforma agraria generando una reconversión productiva en el medio rural, fundamentalmente con la expansión del modelo forestal y el frutícola” y que luego, en la época de la dictadura “son entregados a los grupos de poder y estructuran el modelo agroexportador a partir del año 75, consolidado a partir de la década del 80 con la generación del Código de Aguas, el Código de Minería y con el decreto sobre Reforma Forestal, ninguno de los cuales ha sido modificado durante los gobiernos democráticos, por el contrario, lo fueron profundizando”.
En el Acuerdo de Nueva Imperial el entonces candidato Patricio Aylwin se compromete a “hacer suyas las demandas de los pueblos indígenas de Chile”. Pero el acuerdo no fructificó. “A lo más –expresa la profesional-, la alianza podría llevar a aceptar como legítima la demanda histórica de los pueblos indígenas, pero otra cosa es aceptar que los pueblos indígenas luchen por mantener el control sobre los territorios que han logrado preservar y sobre los que se encuentran las riquezas del país”, concluye Yánez.
SOBRE LAS MODIFICACIONES A LA LEY ANTITERRORISTA
Consultada la abogada Nancy Yánez sobre las modificaciones a la Justicia Militar y a la Ley Antiterrorista propiciadas por Piñera, expresa que “en el contexto del conflicto político actual no es posible pretender que los textos van a tener legitimidad técnica si no es el resultado de un acuerdo consensuado entre el gobierno y los presos políticos mapuches”.
Siendo importantes además para la académica las señales políticas concretas respecto a la situación de los presos en huelga de hambre, “y la primera señal política es que se recalifiquen sus procesos”, porque “se ha abusado de la ambigüedad en la calificación del tipo penal de terrorismo. En la mayoría de los casos lo que se cuestiona es que estén sometidos a supresión de garantías procesales personas cuyos hechos en ningún caso pueden ser calificados como terroristas. Debemos dimensionar que hay 58 personas procesadas, de las cuales sólo hay 5 condenadas”. Sobre las modificaciones a la ley Justicia Militar, la abogada valora que el Estado cumpla con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estaba pendiente, “pero es preocupante que el gobierno mande la modificación aumentando el delito de Maltrato de Obra a Carabineros, porque finalmente acepta que no van a ser juzgados por la Justicia Militar esos hechos, pero la Justicia Civil aumenta los niveles de penalidad, inhibiendo una vez más la posibilidad de ejercer protesta social”, sentencia.
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Los mapuches no son cubanos. 34 es más que 33 

escrito por Luis Campos*   
viernes, 24 de septiembre de 2010

Cincuenta días atrás el economista y periodista argentino Atilio Borón afirmaba que a sólo 15 días de la huelga de hambre de los mapuches era claro que no estaban siendo tratados por la prensa internacional de la misma manera que los huelguistas cubanos.

Podría agregar hoy que ha quedado claro que 34 no es más que 33. Mientras que en un caso (y con justicia y necesidad) se han invertido millones de pesos en el rescate monumental y político de los 33 mineros, se ha minimizado el diálogo con el igual número de mapuches en huelga de hambre. Más enterrados que los propios mineros, las demandas y los derechos de los indígenas continúan siendo transgredidos y no reconocidos en nuestros país.

Las causas de esto son conocidas: las grandes desigualdades e injusticias que históricamente el estado chileno ha cometido con los pueblos indígenas y una visión de país deformada por el nacionalismo chovinista, que hoy conmemora el centenario y el bicentenario a espaldas de los pueblos indígenas. Basta sólo pensar qué sucedía con los pueblos indígenas en el Chile de 1910 cuando se conmemoraban los primeros cien años de la nación chilena. 22 años antes se había anexado la Isla de Pascua (y con ella paradójicamente a los isleños); menos de 30 años antes se habían incorporado forzosamente a la nación chilena likanantai, aymaras y quechuas; mientras paralelamente se materializaba la ocupación militar de la Araucanía y la miseria de la concesión de mercedes de tierra. Chile entonces celebraba su consolidación como estado nación precisamente anexándose a los pueblos indígenas. La celebración de los 200 podría haber sido distinta, pero no lo fue. Grandes proyectos mineros amenazan a los indígenas del norte, los Rapa Nui se tomaron un gran hotel y 34 mapuches llevan más de 74 días en huelga de hambre. Y todo en beneficio de la próspera nación que celebra.


Es imperioso que se reconozca como país la necesidad de avanzar en los temas indígenas. Tal como se conocieron alguna vez las violaciones a los derechos humanos en el tiempo de la dictadura. Como se veía todos los días de protesta a la gente descontenta y reprimida por la policía en los ochenta.  Como se supo de los abusos que muchos nunca han querido reconocer y dan vergüenza a nuestro país.


Los gobiernos de la Concertación tienen cierta responsabilidad. Eduardo Frei y el conflicto de Ralco,  la criminalización y la persecución judicial en el gobierno de Ricardo Lagos, la tardía ratificación del Convenio 169 de la OIT, son sólo algunos ejemplos de la ambigüedad de las políticas de la Concertación. Ambigüedad, ya que paralelo a lo anterior se promulgó la les 19.253, se abrieron varias mesas de diálogo, se creó el fondo de tierras y se generaron varios programas para atender la cuestión indígena. El problema es que nunca se dejó de ver el tema como algo relativo a la Seguridad Interior del Estado. Desde Insulza, pasando Burgos, Correa Sutil, hasta Harboe,  Pérez Yoma y Hinzpeter, todos han querido desde el Ministerio del Interior y sobre la base de la Seguridad Interior del Estado, controlar las demandas mapuche por medio de la presión policial y judicial.


Y sin lugar a dudas que la derecha gobernante ha sido la que más ha incitado esta persecución y la negación de acuerdos políticos de mayor alcance. Alberto Espina, por ejemplo, senador que hoy pide escuchar a los mapuches y modificar el cuerpo legal relativo al terrorismo, solicitó en el pasado insistentemente la aplicación de la Ley Antiterrorista a los mapuches (23 de enero de 2001). El titular de El Mercurio decía “Piden aplicar Ley Antiterrorista en la Araucanía”. Aclarando que: “El diputado de Renovación Nacional Alberto Espina solicitó hoy aplicar dicha medida por los recientes hechos de violencia ocurridos en el sur del país”[1]. O el año 2009 (sólo como ejemplo, nuevamente)  celebrando el mismo Espina que el: “Gobierno aplicará Ley Antiterrorista a mapuche detenido en Santiago”, valorando “el cambio de actitud del Ejecutivo para enfrentar las movilizaciones mapuches y que en los últimos meses han afectado intereses de agricultores y empresas forestales. Creo que esto es una demostración de que el Gobierno reconoce que en esta materia ha actuado mal, con debilidad y con una tolerancia inexcusable respecto a grupos militares, frentistas, que provienen de fuera de la región como ha quedado demostrado con el nuevo detenido y el arsenal de armas incautado”. Aclarando el actual senador, que hace unos meses había conversado el tema con el propio ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma. “En esa ocasión yo le hice ver que él tenía todas las facultades para actuar con la Ley Antiterrorista y que la policía daba cuenta de casos que tenían por finalidad intimidar a una población y que se debía aplicar la normativa”[2].


Incluso el mismo Presidente Piñera ha sido tajante al respecto. El día 13 de agosto de 2009 declaró en TVN: “En la Araucanía se han cometido hechos de terrorismo y el Gobierno en vez de aplicar la Ley Antiterrorista, salvo en dos excepciones, hace la vista gorda y cuando el Gobierno esconde la cabeza, la gente piensa que puede seguir actuando con impunidad”. (Que) “un puñado de delincuentes tengan de rodillas a todo un país es porque (el Gobierno) no esta cumpliendo con su deber”[3]. Y otra más de nuestro mandatario, el día 16 de agosto de 2010, cuando ya los comuneros tenían cerca de un mes en huelga de hambre afirmando que: “existe información que permite ligar "el terrorismo que ha habido en la Araucanía con las FARC”. Agregando que "Hace algunos años, junto al senador Alberto Espina, denunciamos estos hechos, y entonces muchos negaron la evidencia. Hoy ha quedado demostrado que existe vinculación entre grupos terroristas chilenos y las FARC, afirmando que el Ejecutivo no tendrá "contemplación ni debilidad para combatir al terrorismo"[4].


Hoy, 24 de septiembre, comienza la mesa de diálogo que ha convocado el Gobierno. No se sabe si finalmente asistirán los voceros de los comuneros mapuches en huelga de hambre. Participarán representantes del Ejecutivo, intendentes, personeros de la Iglesia y varios dirigentes indígenas. Ojala rinda buenos frutos para evitar más muertes innecesarias en el conflicto mapuche. Y ojala que, al igual que en el caso de los 33 mineros, se invierta en convocar a los mejores especialistas en el tema (que en este caso no son ingenieros) y que en conjunto con los pueblos originarios puedan delinear una nueva política que sea más que un re-conocer o un nuevo trato, lo que será difícil viniendo de una coalición que históricamente ha perseguido a los mapuche y que tiene entre sus adeptos a los más acérrimos defensores de la aplicación de la Ley Antiterrorista, de la ocupación policial de la Araucanía y de la criminalización de la demanda mapuche.