martes, 6 de enero de 2015

El debate global sobre empresas y derechos humanos

José Aylwin

Co Director, Observatorio Ciudadano.

El Tercer Foro Anual de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos dejó al descubierto, además, que la responsabilidad social empresarial, más allá de la retórica, no ha logrado cambiar el comportamiento de las empresas y su afectación grave a derechos individuales y colectivos, como se denunció en el caso del pueblo mapuche en Chile y Argentina.

Con la asistencia de más de dos mil personas, entre ellos delegados de Naciones Unidas, de los estados, de pueblos indígenas y de la sociedad civil, así como representantes de empresas, se realizó en Ginebra

El Foro -el más importante sobre esta temática de creciente relevancia global- fue convocado por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que tiene como uno de sus mandatos el promover los Principios Rectores de esta entidad en la materia.

Tales principios, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos el 2011, incluyen la obligación de los estados de proteger de los abusos de derechos humanos cometidos por terceros, incluidas las empresas; la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos, de evitar vulnerar los derechos de las personas y de reparar las consecuencias negativas de sus actividades; y la necesidad de que los estados y empresas establezcan mecanismos efectivos de reparación para las víctimas de abusos a sus derechos humanos por empresas.

Una preocupación manifestada por la mayor parte de las organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil asistentes al evento, fue la  de la continuidad de las prácticas violatorias de derechos humanos por parte de estas empresas a nivel global, y a la impunidad en que estas prácticas quedan. Es así como en el marco de este evento el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y FIDH dieron a conocer su informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el mundo, afectadas generalmente por la actividad de empresas.

En este informe se da cuenta de que entre el 2011 y 2014 se constataron 43 casos de asesinatos de defensores del derecho a la tierra y 123 de hostigamiento judicial, a manos de policías, militares, agentes de seguridad de empresas privadas o incluso mercenarios, en muchas ocasiones acompañado por detenciones arbitrarias. Se trata de números que reflejan una parte ínfima de una realidad que afecta a todas las regiones del mundo, en especial a Asia y Latinoamérica. De acuerdo a este informe, un 95% de estas graves violaciones a los derechos humanos de defensores quedan impunes. Dicha situación  es consecuencia de la ausencia a nivel estatal e internacional de normas de carácter vinculante  para hacer efectiva la responsabilidad de los estados y las empresas frente a dichas violaciones de derechos humanos.

Es por ello que una de las discusiones más relevantes verificadas en el Foro de Ginebra fue la referida al proceso para la elaboración de un tratado vinculante para regular la actividad de las empresas trasnacionales y su relación con los derechos humanos, iniciativa que el Consejo de Derechos Humanos aprobó en junio de 2014, a propuesta de los estados de Ecuador y de Sudáfrica. Se trata de una iniciativa que ha concitado el respaldo de un número creciente de estados y de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil.

Por lo mismo es que una de las materias que se espera aborde dicho tratado vinculante sobre empresas trasnacionales y derechos humanos sea el de la responsabilidad extraterritorial de los estados frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas trasnacionales en ellos domiciliados pero con actividades fuera de los mismos, situación cada vez más común en el marco de una economía globalizada. Esta iniciativa, frente a la cual muchos estados latinoamericanos, entre ellos Chile, se abstuvieron al momento de su votación por el Consejo de Derechos Humanos, ha ganado cada vez más soporte internacional. Ello no sólo de parte desde la sociedad civil, la que ha conformado una alianza global para su respaldo, sino también por parte de diversos estados del sur global, incluyendo Chile de acuerdo a la intervención del Subsecretario de Relaciones Exteriores Edgardo Riveros en Ginebra, e incluso estados del norte, los que se abren a su consideración.

Otro tema relevante abordado en Ginebra fue el de los planes nacionales de empresas y derechos humanos que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la materia ha venido promoviendo desde el 2012. Se trata de planes para coordinar la acción política y legislativa de los estados a fin de asegurar que la actividad económica y de las empresas no resulte en la violación de derechos humanos, y que por ahora solo algunos estados europeos, como Reino Unido, Países Bajos, Italia y Dinamarca han elaborado. En contraste con ello, en América Latina sólo Colombia ha avanzado en el desarrollo de este plan, mientras que Chile no muestra, más allá de los anuncios, avances en esta materia, menos aún en abrir un debate amplio, con participación de organismos de sociedad civil y de pueblos indígenas, para su elaboración.

La situación de los derechos de los pueblos indígenas, cuyas tierras y territorios se ven afectados por la actividad de empresas, muchas de ellas extractivas de recursos naturales, fue  también una temática central de este evento. Ello no es casual sino que resulta de una práctica empresarial casi generalizada, en particular en los estados del sur global, que ha resultado en graves violaciones a derechos colectivos de estos pueblos, como el derecho a la consulta y al consentimiento previo, a la tierra, el territorio y los recursos naturales, la libre determinación y a la autonomía, y el derecho a definir prioridades en materia de desarrollo, todos ellos reconocidos por el derecho internacional que les es aplicable, en particular el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre derechos de pueblos indígenas.

Se trata de una realidad constatada por el propio Grupo de Trabajo de Naciones Unidas el que en su informe de 2013 señalara: “[…] los pueblos indígenas figuran entre los grupos más gravemente afectados por las actividades de los sectores extractivo, agroindustrial y energético. Los impactos adversos denunciados van desde efectos sobre el derecho de los pueblos indígenas a mantener el modo de vida tradicional que han elegido […], hasta el desplazamiento mediante reasentamiento forzoso o económico y los graves atropellos conexos de los derechos civiles y políticos, incluidos los efectos sobre los defensores de los derechos humanos[…], y los derechos a la vida y a la integridad física”.

América Latina, como sabemos, no es una excepción a esta realidad, ya que las estrategias de “desarrollo” impulsadas por los estados se siguen cimentando en la explotación indiscriminada de los recursos naturales de los pueblos indígenas, explotación que se contrapone a sus culturas y planes de vida, y que por lo mismo genera conflictos que terminan por ser criminalizados. Tal como la CEPAL señalara en septiembre pasado  en su informe a la Conferencia Mundial de la ONU sobre  Pueblos Indígenas “la expansión de las actividades primario-exportadoras en la región ha implicado graves impactos ambientales, reclasificación espacial y afectación de derechos, intereses, territorios y recursos de pueblos indígenas. Las disputas relacionadas con el control de los territorios y los recursos naturales se prestan fácilmente al conflicto violento, aunque estos pueden verse agravados en contextos de exclusión política, discriminación social y marginalización económica”.

Por ello no resulta casual que los representantes de pueblos indígenas de los cinco continentes reunidos en Ginebra en forma previa al Foro subrayaran la necesidad de que los estados garanticen la vida de los pueblos indígenas y los protejan frente a las amenazas de la actividad empresarial; respeten y protejan sus propias actividades económicas dentro de sus territorios, sin criminalización; y que no restrinjan el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas frente a la actividad empresarial. Igualmente instaron al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la materia a profundizar en el análisis del cumplimiento de la “debida diligencia” que las empresas deben tener para asegurar el respeto por sus derechos. Finalmente reclamaron la necesidad de que los estados garanticen el acceso a la justicia para víctimas de violaciones de derechos humanos, y consideren en los planes de acción nacionales en derechos humanos la aplicación de la jurisdicción extraterritorial cuando las víctimas no encuentren justicia en sus propios países.

Por su parte, la Relatora Especial de la ONU sobre derechos de pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz, intervino en el Foro para llamar la atención sobre la gravedad y magnitud de las violaciones de derechos humanos de pueblos indígenas cometidas por empresas, señalando que el abordaje de esta realidad será uno de los principales focos de su mandato. La Relatora Especial ahondó en la relación que existe entre los tratados y los acuerdos multilaterales y bilaterales sobre inversión y comercio y los derechos de pueblos indígenas, señalando que muchas veces estos repercuten directamente sobre sus tierras, sus recursos, formas de vida y conocimientos. Por lo mismo, planteó que ésta será una materia de preocupación fundamental de su Relatoría especial.

La afectación de los derechos del pueblo mapuche por la actividad empresarial también fue denunciada en este evento. Por un lado, los lonkos Juan Pichun y Ciriaco Millacheo, junto a representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), dieron cuenta de la inexistencia en Chile de mecanismos efectivos de remediación y reparación, como lo disponen los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos frente a las violaciones a los derechos sobre sus tierras y territorios de ocupación tradicional por parte de las empresas forestales. También dieron cuenta de los procesos de criminalización de la protesta social de sus comunidades, mediante la aplicación de legislación antiterrorista, lo que les llevó, junto a otros defensores de derechos mapuche, a plantear sus causas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, encontrando allí la justicia que no encontraron en el estado chileno.

Por otro lado, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de Neuquén, y el Observatorio Ciudadano de Chile, dieron a conocer a diferentes personeros de Naciones Unidas preocupados de esta materia, como el integrante del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, Pavel Sulyandziga,  y la Relatora Especial Victoria Tauli Corpus, la situación de vulneración de  derechos que hoy vive el pueblo mapuche como consecuencia de numerosas actividades extractivas y productivas, en particular la explotación de petróleo por vías convencionales y mediante el fracking que afecta a las comunidades de la provincia de Neuquén, Argentina; y los proyectos forestales, hidroeléctricos y pisciculturas que se han instalado o que se propone instalar en el territorio mapuche en las regiones de la Araucanía y Los Ríos en Chile.

Se trata de proyectos que se emplazan en sus tierras de ocupación tradicional, que son impuestos  sin procesos de consulta adecuados, sin que las empresas hayan  tenido la debida diligencia en el respeto de los derechos humanos, y sin que existan mecanismos adecuados para lograr la reparación de los daños causados.  Cabe señalar que estas actividades se desarrollan en estados que han ratificado el Convenio 169 de la OIT, cuyos derechos no han sido implementados mediante la adecuación de la legislación interna, ni tampoco mediante políticas públicas referidas a los pueblos indígenas. Por lo mismo, solicitaron una investigación sobre esta crítica realidad de derechos humanos.

El Foro de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos deja en evidencia el incumplimiento por parte de los estados y las empresas  de la región, Chile incluido, de los Principios Rectores de Naciones Unidas antes referidos. También hace urgente la necesidad de que los estados adopten medidas no solo políticas, sino también medidas legislativas para asegurar la coherencia de su actuación en la materia, para permitir hacer efectiva la responsabilidad de las empresas por la violación de derechos humanos, así como la responsabilidad extraterritorial que en ocasiones corresponde a los estados donde éstas se domicilian.

El Foro  dejó al descubierto, además, que la responsabilidad social empresarial, más allá de la retórica, no ha logrado cambiar el comportamiento  de las empresas y su afectación grave a derechos individuales y colectivos, como se denunció en el caso del pueblo mapuche en Chile y Argentina. Ello da  cuenta de la urgente necesidad de avanzar hacia  la elaboración de normas internacionales vinculantes, como las propuestas por Ecuador y Sudáfrica, que permitan hacer efectiva la responsabilidad de los estados, así como también de las empresas, frente a las violaciones de derechos humanos que les son imputables.

http://blog.lanacion.cl/2014/12/24/el-debate-global-sobre-empresas-y-derechos-humanos/


martes, 23 de diciembre de 2014

Observadores de DDHH y activistas internacionales respaldan a Machi Millaray Huichalaf

Diversos activistas y observadores nacionales e internacionales del ámbito de los DDHH ofrecieron respaldo a la Machi Millaray Huichalaf, autoridad ancestral mapuche inmersa en la campaña de defensa del Río Pilmaikén, donde se proyecta una hidroeléctrica que inundaría el Kintuante, espacio sagrado para las comunidades mapuche williche.

Machi Millaray Huichalaf
Machi Millaray Huichalaf
Cabe recordar que la machi fue recientemente enjuiciada por el caso Pisu Pisué, relativo al incendio que tuvo lugar en una casa al interior del fundo de mismo nombre la noche del 9 de Enero de 2013. Se apuntó entonces a una persecución política, acusación que ha ido tomando más peso a tenor del proceso investigatorio irregular que se llevó a cabo, donde se vulneraron los derechos de los imputados.

Finalmente, se declaró a Huichalaf culpable por encubrimiento de un delito sin autores y fue condenada a 61 días de presidio remitido, pena que, a pesar de haber sido ya abonada (la machi estuvo en prisión 120 días tras el allanamiento a su casa en el marco del proceso investigatorio) fue recurrida por la defensa.
En una carta dirigida a la Presidenta Bachelet, al Ministro de Justicia, a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado de Chile y a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados de Chile, los activistas ofrecen apoyo a la machi y exigen “respeto por los derechos humanos del pueblo Mapuche y el cumplimiento de los tratados internacionales”.

Sra. Michelle Bachelet Jeria, Presidenta de la República De Chile

– Sr. José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia

– Comisión Permanente de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado de Chile

– Comisión Permanente de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados de Chile

Copia a:

– Sra. Victoria Tauli Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas

– Sra. Rose-Marie Belle Antoine, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

– Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile

De nuestra mayor consideración:

Con la correspondiente carta, diversas organizaciones internacionales, nacionales, observadores de derechos humanos (DDHH) y activistas de diversas nacionalidades queremos respaldar a la autoridad espiritual ancestral Mapuche, Machi Millaray Huichalaf.

Diversas expresiones internacionales han iniciado una campaña de adhesiones que será dirigida a representaciones del ejecutivo, legislativo del estado chileno y organismos internacionales de Derechos Humanos, en apoyo a la Machi Millaray Huichalaf ante los sucesivos hechos de persecución y criminalización que ha venido enfrentando, en el marco de los procesos de defensa del territorio. Asimismo exigen respeto al Pueblo Mapuche y el cumplimiento de los tratados internacionales de Derechos Humanos.

Extendemos a continuación carta difundida por Internet para sus respectivas adhesiones.

Petición para Michelle Bachelet Jeria

RESPALDAMOS a MACHI MILLARAY HUICHALAF, autoridad espiritual ancestral Mapuche y EXIGIMOS: Respeto por los derechos humanos del pueblo Mapuche y el cumplimiento de los tratados internacionales

- Sra. Michelle Bachelet Jeria, Presidenta de la República De Chile

– Sr. José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia

– Comisión Permanente de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado de Chile

– Comisión Permanente de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados de Chile

Copia a:

– Sra. Victoria Tauli Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas

– Sra. Rose-Marie Belle Antoine, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

– Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile

De nuestra mayor consideración:

Con la correspondiente carta, diversas organizaciones internacionales, nacionales, observadores de derechos humanos (DDHH) y activistas de diversas nacionalidades queremos respaldar a la autoridad espiritual ancestral Mapuche, Machi Millaray Huichalaf.

La Machi, como es sabido, se ha visto enfrentada a la justicia chilena sin las garantías que judicialmente le corresponden. Esta última afirmación se basa en cómo se ha ido desarrollando la acusación y posterior juicio contra la autoridad espiritual Mapuche: para empezar, la prensa oficial y muchos políticos en los últimos años han criminalizado la legítima resistencia de las comunidades ancestrales y sus autoridades, entre ellas a la Machi que guía la lucha por defender el territorio sagrado del Ngen Kintuante, ubicado entre las Regiones de los Ríos y de los Lagos, a orillas del Río Pilmaiquen.

En los últimos meses el gobierno chileno ha hablado de respetar al pueblo Mapuche y sus derechos, ha avanzado en el respeto hacia su cultura, por ejemplo, en un hospital público fue entregada la placenta de un bebe Mapuche a los padres, para una posterior ceremonia privada tradicional. Sin embargo, aún no se ha hecho el reconocimiento constitucional del pueblo Mapuche como tal y no ha habido ningún cambio en la mirada hacia sus legítimas reivindicaciones. La criminalización y la violencia siguen siendo las mismas que durante el gobierno de Piñera. Lo demuestran las afirmaciones del Intendente Egon Montecinos de la Región de Los Ríos, que continúa solicitando la represión en contra de los comuneros Mapuche que revindican el territorio sagrado del Ngen Kintuante y el fundo de Lumaco Bajo, cerca de donde se pretende construir el muro de la represa. Montecinos utiliza el mismo lenguaje y los conceptos de tenor represivo, antes expresados por el ex-gobernador de la provincia de Ranco –de la UDI, Eduardo Hölck.

Les recordamos que tanto la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU) como el Convenio 169 de la OIT (jurídicamente vinculante) legitiman la conservación de estos espacios, este último lo plantéa en la Parte II. Tierras. Artículo. 13. 1: « (…) los gobiernos deben respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras y territorios que ocupan o utilizan de alguna otra manera. Deberán instituirse procedimientos adecuados para solucionar las reivindicaciones de tierras.» Sin embargo, nos encontramos con un gobierno que respalda con el silencio o la inoperancia el proyecto hidroeléctrico Osorno de la Empresa Eléctrica Pilmaiquen S.A.:

1- Validando en primer lugar un juicio contra miembros de diversas comunidades del Pilmaiquen, que solo defienden lo que legítimamente le corresponde como pueblo originario: la reivindicación y conservación de sus tierras, la conservación de su cultura, costumbres, religiosidad, etc., etc.

2- En segundo lugar, pero de mayor gravedad, es el silencio cómplice del Estado para la legitimización de este proyecto. La hidroeléctrica ha provocado divisiones, trabajando con los dirigentes de las comunidades jurídicas, ofreciendo dinero y beneficios para “comprar” el consentimiento. Lo que ha llevado al quiebre de algunas comunidades. Al contrario, las autoridades ancestrales del lugar no han sido consultadas por el hecho, ya que su posición en contra del proyecto ha sido siempre muy clara y no tienen intención de vender su espiritualidad por beneficios. Por otra parte, las actas de consentimiento de la medida de mitigación, calificación que debe hacer la CONADI, de intervención del sitio ceremonial, llevan firmas de miembros de diversas comunidades obtenidas con engaños. Por ejemplo, fueron entregadas como consentimiento algunas firmas de simple asistencia a las reuniones para tratar el tema. Otras fueron recogidas casa por casa para llamar a reunión, estas fueron ocupadas posteriormente como aprobación de la mitigación en favor de la hidroeléctrica.
De todo esto existen declaraciones grabadas y el mismo director de CONADI de la Región de Los Ríos, Christian Cayul, ha sido informado por una delegación de las autoridades ancestrales, acompañadas por el Observatorio ciudadano.

3- Y por último, la complicidad llega al extremo de dar continuidad –casi sin cuestionamientos– a otros mega proyectos tanto de diversas forestales como proyectos mineros, que significarían la destrucción no solo de territorio sagrado Mapuche, sino del medio ambiente: la contaminación de ríos, playas, ciudades, etc. Tal como ocurrió y continúa ocurriendo en diversas regiones del sur de Chile a manos de las forestales (que han secado las cuencas de los ríos) y en el norte, específicamente, la Región de Atacama, donde el agua «potable» es la más contaminada del país debido a que las mineras han ocupado la que correspondía a la población (generando esto, variados y no menores problemas de salud; enfermedades y hasta la muerte en la población aledaña). Un hecho que llevó a que los habitantes deban comprar bidones de agua purificada «extra», por la presencia excesiva de minerales en el agua de sus hogares –contaminada por la la minera y por la cual también pagan–. Además, existen 20 millas de mar (playas y borde costero) en las cercanías y en la misma bahía de Chañaral, hasta hoy en día contaminadas con los relaves vertidos en ellas durante casi 52 años por la minera Codelco. Zonas marinas en las que ya no existe o no ha podido recuperarse aún la vida.

Entonces nos preguntamos: ¿Este es el futuro que el Estado quiere ofrecerle a las comunidades Mapuche, a los ciudadanos chilenos de la zona y del país, tan solo para resguardar los intereses económicos de algunos pocos? O más bien, respetar lo que el gobierno mismo dice a través del video que se puede encontrar en la web, «Consulta Previa Ministerio Consejo (s) Pueblos Indígenas»: «(…) El convenio internacional 169 de la OIT, firmado por Chile, establece que el Estado debe consultar a los pueblos indígenas, cada vez que se tomen medidas que les pueden afectar directamente».

Justamente en el contexto de una de estas consultas, se desestimó la existencia de la comunidad Maihue-Carimallín a la que pertenece la Machi Millaray, no pudiendo presentar esta, oficialmente, su rechazo a la instalación de la hidroeléctrica. Sin embargo, según el Convenio 169 y la Declaración sobre los Pueblos Indígenas, tienen derecho a ser consultados tanto los «propietarios de terrenos» como los «interesados o afectados», tanto las comunidades indígenas jurídicas como las tradicionales.

Además, la comunidad envió cartas que no fueron respondidas y una petición de la compra de tan solo once hectáreas que corresponden al territorio sagrado (aun cuando se efectuaron los pasos correspondientes trámites y solicitud de compra) la CONADI rechazó la petición, de esta forma alineándose con la hidroeléctrica.

¿Casualidad? Claramente no, por ende toda la apertura del gobierno a la consulta indígena y la creación de un Ministerio Indígena, nos parecen más pasos a un blanqueo de imagen internacional del Estado de Chile, bastante enlodada en esta materia y en muchas otras. Sin embargo, demos espacio a la duda y si ustedes consideran que esto no es así: invitamos al gobierno que se consulte en cada caso (como los tratados internacionales lo indican), a cada grupo o comunidad y, principalmente, a las que verán afectadas tanto su calidad de vida como su cultura, como es el caso del Ngen Kintuante en Pilmaiquen. Y más aún, a que sean realmente oídas las peticiones legítimas de las diversas comunidades que se ven afectadas por «los mega proyectos en favor de la economía de las zonas» como algunos políticos majaderos tienen el descaro de declarar en su ignorancia, o tal vez no, de la terrible realidad que ocurre y viven las comunidades Mapuche.

En el caso Pisu Pisué, relativo al incendio de una casa ubicada en el fundo con el mismo nombre y que tuvo lugar en enero del 2013, los imputados fueron dejados en libertad tras la revocación de la prisión preventiva el día 31 de mayo del mismo año. Luego enfrentaron la reformalización y posteriormente el dictamen de veredicto en un juicio oral el día jueves 13 de noviembre en la ciudad de Valdivia. El Machi Tito Cañulef y otros dos defensores del «Kintuante» fueron absueltos. La Machi Millaray, sin embargo, fue encontrada culpable y declarada encubridora de un hecho, sin pruebas concretas y aún sin culpables del mismo delito. Además, vale la pena destacar, en primer lugar, que las pruebas fueron recogidas de manera ilegal, otro vicio en este juicio, pues, la PDI no contaba con la autorización judicial pertinente, por lo cual el juez Daniel Chaucon no las admitió en el juicio oral. Después de esto, la corte de apelaciones de Valdivia las incorpora en un fallo de tres jueces: de los cuales dos estaban ausentes y fueron reemplazados por un abogado integrante de la corte y un fiscal judicial, también integrante. Cabe subrayar que la sentencia de la corte de apelación es por lo menos extraña, ya que solo se limita a aceptar todo lo que el fiscal pide, sin fundamentar mínimamente el fallo, lo que parece indicar una voluntad persecutoria.

En segundo lugar, y de extrema gravedad fue la omisión de la entrega de muchos antecedentes de parte del fiscal Sergio Fuentes, en este sentido, un grueso de ellos fueron presentados como secretos (aun siendo un juicios penal, se aplican solapadamente algunos de los elementos o herramientas de la ley antiterrorista , como suele suceder en juicios contra Mapuche «varios observadores de DDHH han sido testigos de esto»). Toda la documentación fue entregada finalmente recién el día de la preparación del juicio oral, vulnerando el derecho de defensa de los imputados (como aparece en el video del link adjunto)[1]. Igualmente ilegal fue la utilización de antecedentes obtenidos por la ANI y pedidos por el fiscal regional y no por el fiscal nacional: única persona a la cual la Ley Chilena entrega expresamente este poder. Debido a todas estás irregularidades, la defensa presentó un recurso de nulidad para que la Machi sea absuelta ( detallado en el link adjunto).[2]

Con todo esto nuevamente se ve demostrado que en Chile, en realidad, no se respetan ni nunca se han respetado los mínimos derechos de un juicio justo y de una debida defensa cuando se trata de un o una Mapuche. Por lo cual, no solo este grupo de defensores de los derechos humanos está movilizado, sino que diversas instituciones nacionales e internacionales, políticos e individualidades han alzado la voz y han tomado medidas frente a estos hechos aberrantes. Por ejemplo, Mapuexpress, un medio alternativo, hace mención de una carta entregada a la Relatora de la ONU, Tauli-Corpuz, los días 29 y 30 de octubre en Copenhague: « (…) en una reciente conferencia internacional de Derechos Humanos en Dinamarca organizada por IWGIA, la que fue entregada por organizaciones de Derechos Humanos, manifestándole su preocupación por la situación que enfrentan diversas familias y comunidades afectadas directamente por numerosos proyectos hidroeléctricos que incluye los intereses de algunas empresas transnacionales (…). La misiva fue extendida por varias organizaciones y representaciones territoriales Mapuche».

También nos podemos encontrar con situaciones como las disculpas públicas al pueblo Mapuche emitidas, como es sabido, por el intendente de la Región de la Araucanía Francisco Huenchumilla; y la Acción de Amparo en contra de Carabineros de la IX zona Araucanía, representada por el general de Carabineros Nabih Soza Cárdenas, interpuesta por la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries. A esto debemos sumar, por su relevancia, la admisión del caso Alex Lemun por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado chileno por el caso del asesinato del comunero Mapuche y, por supuesto, la intervención de Verónica Huilipan, el 02 y 03 de Diciembre pasado, en nombre del Observatorio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas (ODHPI) en la sesión del Foro sobre Empresas y Derechos Humanos que se realizó en Ginebra (Suiza), entre muchos otros ejemplos.

Todas estas acciones ponen en evidencia una preocupación generalizada por la persecución del Estado y de sus organismos al pueblo Mapuche, a través de la historia. Persecución reconocida internacionalmente y que no se ha detenido. Acoso basado en los intereses de unos pocos –Chile sufre estas injusticia hace ya 41 años, razón de las actuales reformas– y que lamentablemente el gobierno chileno sigue respaldando, por ejemplo, potenciando la forestación de monocultivo de especies exóticas mediante la prórroga del decreto 701, creado en 1974 en plena dictadura. Que pretende, duplicar las plantaciones y que augura, sin duda, una profundización del conflicto identitario, económico y político entre las forestales, el Estado y el pueblo Mapuche.

Por todo lo anterior, nos vemos en la obligación de exigir que se garanticen los derechos básicos y, principalmente, la transparencia en los juicios contra Mapuche y activistas de derechos humanos que se ven enfrentados a la justicia chilena en el contexto de la lucha territorial reinvindicativa. Además, que se cumpla con la premisa «igualdad ante la ley», de la que hace mención la respuesta a nuestra anterior carta, documento que se nos hizo llegar por medio del Sistema de Apoyo de Seguimiento Institucional (SASI). Respuesta que representa la posición del Estado chileno: «Cabe destacar que en Chile todos los habitantes gozan de los mismos derechos y garantías, sin distinción ni discriminación de cualquier tipo (…)». Basándonos justamente en este último párrafo, que forma parte de la respuesta, nuestro respaldo se vuelve más fuerte y crítico, y queda en evidencia que esta carta no es antojadiza. Por el contrario, con ella queremos comunicarles que con la información recopilada por diversos activistas y observadores de derechos humanos en las comunidades afectadas –por los allanamientos, persecución política de sus dirigentes y autoridades ancestrales, violencia racista de parte de carabineros, etc., etc.– podemos probar que la situación continúa siendo crítica tanto para la Machi Millaray como para tantos otros comuneros Mapuche (con diversas causas en los juzgados del sur de Chile).

Nos consta, además, que ninguno de ellos ha contado con ninguna de las garantías de las que la presidencia nos habla. Lo lamentable de este tipo de situaciones es que estas no son aisladas, sino habituales y siguen repitiéndose sin pausa en el sur de Chile.

Como organizaciones de defensa de los DDHH nos vemos en la obligación moral y ética de estar pendientes de estos y cualquier otro paso que haya dado, dé o pretenda dar el Estado chileno para supuestamente cumplir, como es debido, los tratados internacionales. Esperamos que frente a esta carta, el Estado chileno cuestione con seriedad la situación de violaciones de los derechos básicos a los imputados en el caso Pisu Pisué y en otros procesos judiciales viciados que se aproximan. Además, le exigimos al Estado que «supervise de mejor forma» a las instituciones y personas responsables de las violaciones de los derechos humanos y sus garantías judiciales, y estas sean sancionadas por las irregularidades cometidas en este y muchos otros juicios contra Mapuche y activistas de derechos humanos.

No queremos limpieza de imagen del Estado chileno en la comunidad internacional, sino acciones que se condigan con lo que este dice.
Saludan atentamente a ustedes.

Anja Habersang – Politóloga Internacional – Alemania (activista de DDHH)

David Monticelli – Antropólogo y Director de la Asociación IL CERCHIO,
Coordinación Italiana de apoyo a/por los Nativos Americanos.
Ecomapuche, associazione di amicizia con il popolo mapuche, Italiawww.ecomapuche.com

Elena Urrutia – Directora de la Asoc. Maricheweu – Germany (por los DDHH del pueblo mapuche)

Elizabeth Cueto Campaña – Chile (Activista de DDHH)

Luisa Costalbano – Observadora de DDHH y de los derechos de los Pueblos Indígenas. Asociación italiana IL CERCHIO.

Manuel Zani – Observador de DDHH y de los derechos de los Pueblos Indígenas. Asociación italiana IL CERCHIO.

Man-Ya Kniese – Directora de la Asoc. Maricheweu – International–, Holanda (Por los DDHH del pueblo mapuche)

Pamela Ydígoras: Escritora chilena (activista de DDHH).

Silvia Leiva: Grupo Temático Pueblos Originarios Solidaridad Suecia Latinoamérica (SAL).



[1] https://www.youtube.com/watch?v=CU87lJuX_bs


[2] http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/5820/defensa-publica-presento-recurso-de-nulidad-para-absolver-a-machi- millaray-huichalaf


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El Ciudadano

viernes, 31 de mayo de 2013

Finaliza juicio histórico del pueblo mapuche contra Estado chileno en CIDH


Este 30 de mayo finalizó el histórico juicio en la Corte interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante dos intensos días se han realizado testimonios, relatos e informes periciales y sus respectivos alegatos a la espera del dictamen que sostendrá este tribunal internacional en los próximos meses.

Se trata de un evento histórico, que está relacionado a la demanda por abusos, aberraciones y desproporcionalidad en la aplicación de la ley antiterrorista y las diversas irregularidades que afectaron al debido proceso y otras garantías sobre derechos humanos en contra de dirigentes y autoridades ancestrales del Pueblo Mapuche.

Caso Norín Catrimán y otros (Lonkos, dirigentes y activistas del pueblo indígena Mapuche) Vs. Chile. La Corte ha escuchado la declaración de dos testigos, uno propuesto por un interviniente común y otro por el Estado, y el dictamen de tres peritos, uno propuesto por los intervinientes comunes y la Comisión Interamericana, uno propuesto por un interviniente común y el tercero por el Estado.

Este caso se refiere al procesamiento y condena por acusaciones de delitos terroristas de ocho personas dirigentes y miembros del pueblo Mapuche. Asimismo, uno de los elementos en cuestión, son las diversas irregularidades que habrían afectado el debido proceso y otras garantías.

En el primer día de juicio se recabaron los testimonios de Jaime Marileo, del Lof Jose Guiñón, de Juan Pichun, en representación del lonko recientemente fallecido, Pascual Pichun de Temulemu y del werken Víctor Ancalaf de la comunidad Choin Lafkenche de Collipulli. Este último manifestó que “este es un momento histórico para la nación Mapuche y para todas las naciones del continente porque se está sentando un precedente para la opinión internacional en un caso donde una nación originaria busca justicia y reparación por la violencia infligida por parte del estado”

Por su parte, en representación del estado chileno participó en testimonios Juan Domingo Acosta, asesor legislativo del gobierno y académico, quien relató su participación sobre la reforma a la ley antiterrorista el año 2010, intentando explicar que hasta dicho año la normativa presentaba una serie de falencias. A modo de ejemplo, sobre presunción, entre otras, pero, a juicio del delegado estas habrían sido superadas. Cabe mencionar que el gobierno, estratégicamente busca demostrar que dicha normativa heredada de la dictadura militar cumple con los estándares internacionales .

Hoy 30 de Mayo del 2013 finalizó el juicio con los respectivos alegatos de las partes para cerrar así este episodio en que el estado chileno ha sido llevado a los tribunales internacionales de justicia y cuya resolución provendrá en meses siguientes.

jueves, 21 de marzo de 2013

La porfía del lonko Pichún

Desde el primer ingreso, en octubre de 1998, las familias no volvieron a salir más del predio de la familia Matte. Los sacaban y regresaban. El mismo día, al día siguiente, poco importaba, ellos habían vuelto para quedarse.


Parte importante de la historia mapuche reciente se puede resumir en la figura del lonko Pascual Pichún. Y también en la entrega de tierras que el pasado viernes realizó el gobierno a su comunidad. Al lonko lo conocí allá por el año 98’ y gracias a su hijo Juan, con quien compartí residencia estudiantil en Temuco. Juan estudiaba Pedagogía Básica Intercultural y era un activo dirigente estudiantil. Yo un idealista estudiante de leyes, que creía a pie juntillas en la imparcialidad de la justicia, la presunción de inocencia y la efectividad de la Ley Indígena, entre otras ingenuidades propias de la edad.

“En mi comunidad vamos a recuperar un fundo”, me lanzó Juan cierto día, mientras almorzábamos en el casino de la UCT. “Estudias sobre la justicia. ¿Quieres pasar de la teoría a la práctica?”, me dijo sonriente y provocador. “Vamos, te invito a la comunidad, mi viejo te quiere conocer”, cerró y sin esperar respuesta alguna de mi parte. Y así llegué a Temulemu, al suroeste de Traiguén, un verdadero oasis de tierras erosionadas y resecas donde malvivían cientos de familias mapuches, rodeados de gigantescas plantaciones forestales, guardias privados malas pulgas y aviones fumigadores con pésima puntería. Para mí, mapuche proveniente de Ragnintuleufu, aquel fértil valle bendecido por las aguas de los ríos Quepe y Cautín, el paisaje resultaba brutalmente desolador.

Si la memoria no me falla, fue en octubre de 1998 cuando acompañé a las familias en su primer ingreso al fundo “Santa Rosa de Colpi” de Mininco, aledaño a la comunidad de Pichún. Se trataba de 2 mil y tantas hectáreas de pino radiata, listas para ser explotadas y acrecentar con ello el patrimonio ya desorbitante de la familia Matte, una de las cien más ricas del mundo según el listado Forbes de aquel año. La gente de Temulemu no estaba sola en su reclamo. El fundo, gigantesco como todos los dominios forestales sureños, colindaba con otros dos sectores rurales, tan pobres y abandonados como Temulemu.

Se trataba de Pantano y Didaico, este último liderado por el lonko Aniceto Norin, años más tarde compañero de celda y desventuras del lonko Pichún. Recuerdo aquella mañana como si fuera ayer. Lejos de las caricaturas de las “minorías mapuches violentas”, fueron cientos las familias que cruzaron la cerca del predio aquel día. Hablo de familias completas, adultos, ancianos, mujeres y niños, acompañados hasta de sus perros y uno que otro gato con quien la curiosidad pudo más. Una caravana de gente y de historia. Allí estaban los Nahuelpi, los Lincopi, los Nahuelcura, los Tranamil, los Pichincura, los Ñiripil, los Paillalao, los Pichun y tantos otros cuyos linajes familiares honraban.

No fue en absoluto una ocupación violenta, como tituló y en rojo furioso El Austral de Temuco al día siguiente. Me consta. Ningún encapuchado, ningún AK-47, ningún enviado especial de las FARC dando instrucciones por walkie-talkie. Por el contrario; un nguillatun de dos días recordó a todos la verdadera razón de por qué estábamos allí. “Es el retorno a la tierra de nuestros padres y abuelos”, me señaló el lonko Pichún en nuestro primer cruce de palabras. “Por donde vive su gente, peñi Pedro, ¿aún hay ríos, aún queda algo de bosque nativo?”, me preguntó. “Sí, peñi, es una linda tierra la de mis abuelos… y todavía no llegan las forestales”, respondí. Charlamos largamente con el lonko aquel día y los siguientes, que se volvieron meses y luego años de profunda amistad.

Siempre me preguntaba por mi lof, por mi comunidad, allá en la lejana Entreríos. Y en cada una de mis respuestas veía en sus ojos la nostalgia de un territorio alguna vez rebosante de vida, más luego avasallado y explotado sin contemplación por las leyes del hombre y del mercado. “Temulemu”, la tierra del árbol de Temu, pero sin Temu. Y sin medicina natural. Y sin ríos. Y sin agua. Y sin futuro para sus niños y jóvenes, obligados todos a migrar en búsqueda de una vida menos mala en la periferia de las grandes ciudades. “Somos extranjeros en nuestra propia tierra”, me dijo el lonko en una de nuestras charlas. La registré en una libreta de notas que me acompaña desde entonces.

***
¿Qué hacía un estudiante de leyes metido en la “toma” de un fundo? Nada ilegal, por cierto. Y es que el reclamo de las comunidades no solo era legítimo. También absolutamente legal. Así lo averiguamos con Juan, el hijo letrado del lonko, escudriñando en apolillados títulos de dominio de mediados del siglo XX. Cuento corto, tras la ocupación de la Araucanía (también llamada “Pacificación”), el Estado tomó el control del extenso territorio de los bisabuelos de Pichún, radicándolos a ellos en una mínima fracción restante (de allí el nombre legal de las actuales comunidades: “reducciones”).

En 1926, las familias solicitaron la ampliación del Título de Merced, para incluir tierras antiguas que fueron jurisdicción de sus lonkos y la restitución de aquellas usurpadas por particulares. En 1931, para sorpresa de muchos, el Juzgado de Indios de Victoria falló a favor de los mapuches, siendo -décadas más tarde- la Corporación de Reforma Agraria la encargada de devolverles sus tierras. Como ya sospecharán, todo volvió a fojas cero tras el golpe militar. Expulsados nuevamente, el predio volvió a manos de sus anteriores ocupantes, quienes a fines de los setenta -previendo tal vez que hasta la paciencia mapuche tiene un límite- optaron por vender a Forestal Mininco y largarse.

Fue lo que me tocó explicar en Ginebra, Suiza, en abril de 1999. Hasta allí llegué enviado por el lonko Pichún y otros dirigentes, para exponer los atropellos y abusos “legales” cometidos por empresas y latifundistas al sur del Biobío. Todo ello, claro, con la complicidad del Estado, el gobierno y sus sacrosantas instituciones. En la Comisión de Derechos Humanos de la ONU pocos podían creer lo que les contaba. Uno de ellos, el despistado cónsul honorario de Chile en Ginebra, un señor de origen francés que aseguraba -muy suelto de cuerpo- la no existencia de pueblos indígenas en el país. Cada vez que nos cruzábamos en los pasillos del Palacio de las Naciones, bajaba la vista. Avergonzado de su rol, quisiera pensar.

En aquel viaje no solo me correspondió hablar por Temulemu. También por Cuyinco, LleuLleu, Rucañanco, Colcuma, Pichilonkoyan, Catrioñancul, Choin Lafkenche y Caillin, entre otras comunidades movilizadas y donde la historia del despojo, una y otra vez, se repetía calcadamente hasta el cansancio. “Invasión, Reducción y Usurpación”. La trilogía del arribo chileno al Wallmapu, el país soberano de nuestros bisabuelos. Y como si no fuera poco, los usurpadores no eran el Estado, ni los colonos, ni las madereras. No, señor, los usurpadores eran los comuneros. Corrijo, los usurpadores eran ellos y todos quienes, desde la ciudad, osáramos apoyarles en su reclamo.

Esto lo entendí al aterrizar en el aeropuerto de Santiago, a mi regreso de la ONU. De aquel vuelo Iberia bajamos dos personas esposadas. Un ciudadano español, buscado por drogas por INTERPOL. Y el joven estudiante de leyes de Temuco, vocero internacional de la “subversión mapuche en los campos del sur”, según consignó la prensa. “Así que estudias derecho en la Católica. Pero hombre, ¿qué cresta andas haciendo con estos indios comunistas?”, me lanzó el ministro en visita que había ordenado, desde Traiguén, mi captura internacional. “Hice lo que me enseñaron ustedes; elaboré un informe jurídico y lo fui a presentar a la ONU. Hasta creo que debieran darme un premio como alumno destacado”, respondí.

El ministro, tristemente célebre en la zona por su marcado racismo y mal aliento, no estaba precisamente para bromas. “¿Sabes que si te proceso perderás tu carrera?”, preguntó amenazante. “¿Y aquello de la presunción de inocencia que aprendí en primer año?”, respondí. Era bastante sabio el ministro Loyola, hoy jubilado para tranquilidad de moros y cristianos. Juntarme con “los indios” sí tendría sus consecuencias. Encarcelado y formalizado por usurpación de tierras, robo de madera y encubrimientos varios, implicó ese año mi despedida de la Escuela de Leyes. Al año siguiente, tras persistir todo el 99’ con las malas juntas, ingresé a estudiar periodismo en Temuco (Gracias, magistrado, por el favor concedido).

No fui el único encarcelado aquel año, por cierto. Y al lado de lo que sufrieron los lonkos y sus familias, lo mío no dejó de ser una anécdota. Desde el primer ingreso, en octubre de 1998, las familias no volvieron a salir más del predio de la familia Matte. Los sacaban y regresaban. El mismo día, al día siguiente, poco importaba, ellos habían vuelto para quedarse. Una y otra vez los desalojaron de manera violenta, cientos de carabineros armados hasta los dientes y endiablados quizás con qué. Varios desalojos y allanamientos los presencié estando en la comunidad. Siempre recuerdo un operativo en especial, acontecido en junio de 1999 y que implicó un masivo apaleo policial de mujeres, ancianos y niños, sin distinción alguna. Detenido esa mañana por una patrulla del GOPE en las inmediaciones del fundo, todo lo observé desde una micro policial, esposado y bajo custodia de un oficial que disfrutaba la escena a carcajada limpia.

Aquel día mucha sangre se derramó en Temulemu. Sangre mapuche solamente. Sangre del lonko Pascual, agredido por matones de uniforme que lo subieron a la micro maniatado y bañado en sudor y lágrimas. Sentado frente a mí, jadeando, con dificultades para respirar incluso, aún recuerdo sus palabras: “No se preocupe, peñi Pedro; vamos a volver, vamos a volver”. Dos años más tarde, junto al lonko Aniceto Norin, sería acusado de “amenaza terrorista” por el gobierno, el ex ministro Juan Agustín Figueroa y un regimiento de abogados de apellidos vinosos. Un primer juicio lo absolvió de cargos. Un segundo, de tipo kafkiano y ordenado por la Suprema, lo condenó de manera inapelable a cinco años en prisión. Gobernaba don Ricardo Lagos Escobar, alias "el demócrata".

Visité al lonko numerosas veces en la cárcel. Siempre le llevaba un ejemplar de Azkintuwe, el periódico que fundamos en el sur el 2003. Acompañados de mate, nos reíamos. Nunca perdió el sentido del humor. Ni la serenidad que otorgan los años y los desalojos en el cuerpo. “Esas tierras volverán a manos de la comunidad”, me decía siempre, con la esperanza intacta. Y hace unos días su sueño se volvió realidad. Tres mil 576 millones de pesos desembolsó el Estado para comprar las 2 mil 554 hectáreas que Forestal Mininco y otros “propietarios” poseían en medio de las comunidades de Traiguén. Uno de los fundos, “Santa Rosa de Colpi”. Cuesta creerlo. Mas de una década debió transcurrir para que las familias de Temulemu, Didaico y Pantano pudieran recuperar sus tierras. Más de una década, cientos de mapuches detenidos, condenados, heridos y apaleados.

“¿Qué impedimento ve usted para que el Estado chileno no resuelva estos conflictos, en apariencia de fácil abordaje legal?”, me preguntó un colega de Radio Francia Internacional en aquel periplo europeo del 99’. “Racismo”, respondí. “La familia Matte, que posee casi un millón de hectáreas de plantaciones, no quedará precisamente en la ruina devolviendo 2 mil. Lo que se busca es enviar un mensaje; no vendemos, no devolvemos, no nos doblarán la mano estos indios”. Paradojas del destino, fue un gobierno de derecha quien tuvo los cojones para resolver finalmente el entuerto. Lo que no hizo en una década la Concertación, en dos años lo resolvió Piñera. “Este es un triunfo del pueblo mapuche”, me dijo el lonko Pichún hace tan solo unos días, tras una pausa en la ceremonia de agradecimiento a la tierra. Lo es, estimado peñi. Del pueblo mapuche y de su porfía.


* Publicado originalmente en The Clinic.

lunes, 18 de marzo de 2013

Becas Indígenas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos


Programa de becas para representantes indígenas

Esta abierta la convocatoria para el año 2014 hasta el día quince de abril.

El Programa de Becas para representantes indígenas fue iniciado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el contexto del primer Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas (1995-2004).

El objetivo de este programa es dar la oportunidad a personas indígenas de conocer el sistema y los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, especialmente aquellos que analizan cuestiones indígenas, con el fin de ayudar a sus organizaciones y comunidades a proteger y promover los derechos de sus respectivos pueblos. Durante su primera década, más de 100 hombres y mujeres indígenas de 46 países diferentes participaron en el programa.

El Programa de becas tiene lugar cada año y está formado por 4 programas lingüísticos diferentes: inglés, francés, español y ruso. El programa cubre los gastos de viaje de los becarios así como sus gastos de subsistencia y un seguro médico básico. En el año 2011, el Programa de becas ha sido modificado y los 4 programas lingüísticos se han fusionado en uno (con interpretación simultánea). Las fechas del Programa suelen coincidir con las sesiones del Mecanismo de Expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas para que los becarios puedan participar más activamente en este Mecanismo. La Sección de Minorías y Pueblos Indígenas de la OACNUDH – que está responsable de este Programa de becas – tiene la intención de establecer en el futuro unos programas de formación a nivel regional para preparar a los becarios antes de su llegada a Ginebra.

¿Quiénes pueden solicitar las becas?
1. El candidato/la candidata debe ser indígena (no se tomarán en cuenta las candidaturas de personas no indígenas, incluso cuando tengan un vínculo fuerte con una comunidad o con una organización indígena).
2. La edad no es un impedimento para participar en el programa.
3. La falta de títulos educativos no es un impedimento para participar en el programa, debido a las dificultades que los pueblos indígenas han enfrentado y las dificultades que han tenido para acceder a la educación superior.
4. Los candidatos deben tener la voluntad de formar en los temas estudiados a otras personas indígenas una vez que regresen a sus respectivas comunidades y organizaciones.
5. El candidato/la candidata deberá ser presentado y su candidatura apoyada por una organización indígena o su comunidad. Se valora que la organización que le apoya esté firmemente constituida y que sea representativa de su pueblo o comunidad.
6. El candidato/la candidata debe tener un buen conocimiento de la lengua en que se imparten los cursos.
Proceso de selección:

La selección de los becarios debe asegurar una equilibrada representación regional y de género. Se toma en consideración la situación general de los derechos humanos en los países durante el proceso de selección.
Los becarios del curso anterior hacen una preselección de 15 candidatos (candidatos prioritarios y alternativos). Un grupo consultivo compuesto por representantes indígenas finaliza la selección de candidatos.
Debido al gran número de solicitudes recibidas, sólo los candidatos seleccionados recibirán una respuesta.

¿Como solicitar las becas?
Solo las solicitudes completas en todos sus apartados serán tomadas en consideración. Las dos partes I y II deberán ser firmadas y enviadas por fax o por correo ordinario a la dirección siguiente:
Indigenous Peoples and Minorities Unit
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
UNOG-OHCHR
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
Fax: (+41 22) 917 90 08
El formulario debe ir acompañado de una carta de recomendación oficial de la organización o comunidad indígena.
Aconsejamos envíen su solicitud por correo postal o fax con antelación.
Dado que recibimos numerosas solicitudes al año, nos resulta muy difícil imprimir las solicitudes escaneadas. Es la razón por la cual no tomaremos en cuenta las solicitudes escaneadas y mandadas por correo electrónico.
Cualquier cuestión relativa al programa, puede ser enviada a la dirección postal recién mencionada o al siguiente correo electrónico: fellowship@ohchr.org

martes, 5 de marzo de 2013

Catastro de Industrias extractivas y generación de energía que afecten a pueblos indígenas



El Relator Especial de la ONU para las cuestiones indígenas James Anaya recaba informaciones para un nuevo estudio.

El Relator Especial de la ONU para las cuestiones indígenas James Anaya, de acuerdo a su mandato, está realizando un estudio sobre las industrias extractivas y energía en territorios indígenas o en sus cercanías. El objetivo es analizar sus impactos sobre los pueblos indígenas y los problemas de derechos humanos que han generado, y para identificar buenas prácticas que superan estas problemas. El informe final sobre el estudio, que será presentado al Consejo de Derechos Humanos en el año 2013, incluirá una exposición los principios de derechos humanos aplicables y una serie de recomendaciones.

Se invita a participar en este estudio a través de la página web del Relator Especial. Están invitados los pueblos indígenas, las ONGs que trabajan con ellos, los Gobiernos, las empresas y otros interesados, a ingresar información acerca de casos de industrias extractivas (proyectos de minería, petróleo o gas) y de generación de energía (tales como proyectos hidroeléctricos) en o cerca de territorios indígenas.
Se solicita información sobre localización, descripción, impactos, partes involucradas, legislación aplicable, procesos de consulta y consentimiento, situaciones de conflicto, buenas prácticas, experiencias de acuerdos o convenios de reparto de beneficios, que fortalezcan autodeterminación de los pueblos indígenas Esta información sobre casos de industrias extractivas contribuirá al estudio sobre el tema que está realizando el Relator Especial.

Los interesados también pueden presentar comentarios sobre los informes del Relator Especial en relación con las industrias extractivas desde 2012, 2011 y 2010.

El Relator Especial de la ONU solicita la entrega de información y comentarios antes del 1 de abril de 2013.

Fuente:  http://www.salvalaselva.org/temas/materias_primas

Estudio sobre Industrias Extractivas y Energía

sábado, 17 de noviembre de 2012

PasalaVoz - Audio: Voz Movimientos 90

AUDIO: Voz de los Movimientos No. 90

En El Salvador se realizó la Conferencia Internacional Cambio Climático, Territorios y Movimientos Sociales.  Como resultado se propuso la creación de nuevas economías para la vida, construidas sobre una base armónica con la Madre Tierra y relaciones de justicia, igualdad y equidad.

En Guatemala mujeres de distintas organizaciones comparten su experiencia de trabajo y vida con la Agroecología.  La variedad de alimentos que consiguen, el desarrollo de huertos familiares y métodos de compartir.

En Colombia se realizará el Foro Nacional de Comunicación Indígena, en el que se buscará identificar colectivamente el sentido de la comunicación indígena y mostrarla como alternativa a la mercantilización de la palabra.  Este Foro se enmarca en el Año Internacional de la Comunicación Indígena.

Se anuncian nuevos ataques del Estado de Israel contra el territorio palestino de Gaza.  La Marcha Mundial de las Mujeres llama a la comunidad internacional a ejercer presión para que cese la violencia contra el pueblo palestino.


Duración: 13:15 min

Ud. puede descargar este programa o escucharlo en línea en:

http://www.radioteca.net/result.php/13030212

* Estas son algunas de las emisoras que transmiten Voz de los Movimientos en América Latina:

- En Ecuador, Radio Latacunga AM, 1.080 Khz y en http://www.latacungaradio.com (transmisión martes a las 15h30). 
Underline Radio, emisora online, http://www.underlineradio.com, (transmisión lunes de 11h a 11h30)

- En Chile, Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 fm, http://www.radioplaceres.cl

- En Argentina: Radio-web De Orugas y Mariposas (transmisión martes y jueves a las 18h). 
En Jocolí, norte provincia Mendoza, Radio Tierra Campesina (transmisión los lunes a las 11h). (Radio de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, CLOC, Vía Campesina).

- En México, Radio La Nueva República en los programas "Desde la raíz" (transmisión lunes de 21h a 23 h y miércoles de 21h a 22 h) y "Sabía usted que" (transmite los domingos de 11 a 13 hrs) (hora del Centro). (Miembro del Tribunal Internacional de Conciencia -TIC-)

- En Uruguay (Florida), 94.5 FM del Pueblo (horario de la mañana)

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Se invita a las radioemisoras a reproducirlo todo o en parte en su programación, mencionando la fuente. Agradecemos informarnos (a pasalavoz@movimientos.org) si lo retransmite en su radioemisora.

"Voz de los Movimientos" es una producción de la Minga Informativa de Movimientos Sociales, que congrega a una decena de redes y coordinaciones sociales de América Latina y el Caribe.
http://www.movimientos.org

Puede oír o descargar también los programas anteriores: http://www.radioteca.net/temas.php?t=13&st=3