En los próximos días, las cuatro comisiones que están trabajando en las demandas de los habitantes originarios de Isla de Pascua darán a conocer sus conclusiones, sobre todo en temas de recuperación de tierras y migración. En tanto, los mapuches están alerta a los próximos juicios orales donde se verá la efectividad de la recalificación de los delitos terroristas.
Domingo 17 de octubre de 2010 | LND Reportajes
Foto: Esteban Garay
Esteban Garay
Esteban Garay
Nada tranquilo está el panorama entre los pueblos indígenas. El fin de la huelga por parte de los mapuches y las mesas de negociación en el caso de los pascuenses -quienes prefieren ser llamados rapanui- no significa en ningún caso el fin de sus demandas. Al contrario, pasada la euforia por el rescate de los mineros, éstas prometen reactivarse en el corto plazo.
En el caso de los rapanui, la fecha clave que se aproxima es el próximo 24 de octubre, día en que deberían evacuarse los informes de las cuatro comisiones y que tratan los temas de migración, estatutos, plan de desarrollo y tierras.
Estas comisiones se formaron luego de la última toma terreno ocurrida a principios de septiembre, protagonizada por los clanes que exigen restitución de tierras, entre ellas, el sitio donde se emplaza el Hotel Hanga Roa, perteneciente al grupo familiar de origen alemán Schiess.
Pese a la existencia de estas comisiones, los isleños no se sienten representados, como dice Marisol Hito, una de las voceras del movimiento rapanui, a través de un correo electrónico: “Ahora quieren formar comisiones para decidir qué hacer con nuestras tierras. Quieren hacer un plan de desarrollo. Y resulta que los clanes, los hakaara, no estamos representados en esas comisiones. Sabemos que quieren disponer de nuestra isla, para privatizarla. Nosotros queremos que cualquier plan que se haga para Rapa Nui se haga respetando los estándares internacionales para el trato con los pueblos indígenas, según el Convenio 169 de la OIT que es ley en Chile”.
Por su parte, Raúl Teao, miembro de la comisión de desarrollo y uno de los directores del Parlamento Rapa Nui, explica que “no son nuestras propuestas, sino de cada dueño de los terrenos, que proponen compensación y devolución por los años de uso”. Respecto del Hotel Hanga Roa, sostiene que es “un problema del Estado el haber vendido esos terrenos de los dueños de la isla. Hay que restituir esos terrenos a las familias originarias”.
Por otro lado, en torno al tema sensible del control de migración, Tenao afirma que “hay que sacar la ley para controlar la inmigración, porque no queremos “conti” (chilenos del continente) vagos acá, pero queremos que se le entregue la responsabilidad a los
rapanui, no a Carabineros o la PDI, porque por darle un ejemplo a los hijos de los conti no los controlan, en cambio, a los míos sí. No hay credibilidad en la responsabilidad de los policías”.
Mientras tanto, el pasado 2 de octubre, los clanes de Isla de Pascua se agruparon en torno al bufete de abogados del Indian Law Resource Center, con sede en Washington, para interponer una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,en respuesta a los enfrentamientos que han tenido con la policía, que los desalojó del Hanga Roa.
El abogado Leonardo Crippa dijo a LND que está representando a 28 clanes y que posiblemente otras familias se unan en esta demanda en contra del Estado chileno: “Aunque la comisión tomó la solicitud de medidas cautelares, hasta ahora la comisión no ha recomendado ninguna medida de protección, pero tanto el gobierno como mis clientes han acordado tomar precauciones para prevenir violaciones de los derechos humanos”.
La prueba de fuego se vivirá el próximo 8 de noviembre, cuando comience el juicio oral de Cañete, donde hay 18 imputados. “Hay 36 testigos protegidos y tenemos la declaración de sólo 14 de ellos y sabemos que la Fiscalía va a perseverar en perseguir los delitos bajo la Ley Antiterrorista”, aseveró Natividad Llanquileo, vocera de los huelguistas de Concepción y que fueron los primeros en deponer la movilización que duró más de 80 días.
Por otra parte, Llanquileo será la vocera que participará en una mesa de trabajo el próximo 2 de noviembre con un representante del gobierno y el arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, para hablar otros puntos pendientes sobre las demandas mapuches. Consultada si participarían en ella los comuneros de Angol, respondió: “A ellos los invitamos, pero no nos han dicho si van a venir”, dijo la joven.
El lonko Queipul, sin embargo, descartó que su comunidad participe de dicha instancia: “No nos vamos a reunir con ellos. Ya no permitimos que el obispo sea el facilitador del nuestro diálogo, ya que tenemos una conversación con el gobierno y el garante de la negociación son las comunidades de los que apoyaron la huelga”, explica Queipul.
El dirigente dice que desecharon el rol mediador de la Iglesia Católica, “porque el obispo negoció sólo con Concepción, con la Natividad (Llanquileo) y otra persona más que nunca participó como vocero. El obispo fue parte de la estrategia del gobierno para debilitar la huelga de hambre de los hermanos”.
La Comunidad de Temucuicui ha sido desde hace varios años la más radical en cuanto a sus reivindicaciones. Más aún, dado que los comuneros manifestaron no estar de acuerdo con la propuesta del gobierno, Queipul indicó que tras una reunión sostenida con miembros de varias comunidades, entre las que se cuentan las de Valdivia, Malleco y Lleu Lleu, entre otros, en las afueras de la cárcel de Angol, “tomamos la decisión, en vista de que el gobierno no aceptó sacar a los testigos protegidos que usa el Ministerio Público, que vamos a aplicar la ley mapuche a los que sean sorprendidos prestando algún servicio a los fiscales”.
Dicha ley mapuche consiste en la expulsión del acusado de la comunidad y eso incluiría a su familia: “Se van a juntar las comunidades en un malón para denunciar a esa persona. Si él no declara delante de todos los lonkos que va a deponer su actitud como testigo protegido, claramente lo vamos a expulsar. Si su familia también está cooperando con el Ministerio Público, también la vamos a expulsar. No podemos permitir que una sola persona tenga tanta gente encarcelada”, asegura Queipul.
De hecho, los dirigentes de Temuco ya tienen el nombre de un testigo y están efectuando propia investigación para determinar si colaboró con el Ministerio Público.
Consultado si durante la negociación con el gobierno, los comuneros van a deponer las tomas, Queipul respondió: “La reivindicación de tierras es irrenunciable, porque aunque haya conversaciones con el gobierno, nosotros vamos a seguir”.
El lonko Jorge Calfuqueo aseveró a los medios que “nosotros desconocemos realmente a quiénes se les consultó, entendiendo que el gobierno tiene instancias y mecanismos a través de la Conadi, pero no es una instancia para nosotros representativa del pueblo mapuche y, para nosotros, este mecanismo de consulta, lo invalidamos”.
Tras esta visita al Congreso, el gobierno retiró la urgencia a este mecanismo para promover la participación de los pueblos originarios, como también hacer una consulta al Convenio 169 de la OIT. La negativa a esta legislación se debe, entre otros elementos, a los conceptos utilizados por la misma, que no ampliarían los derechos de los indígenas en Chile.
Según explica el abogado Jorge Contesse, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, “este proyecto tiene el problema que no satisface los estándares internacionales en materia de derecho de los pueblos indígenas, porque la iniciativa reconoce la existencia de los pueblos indígenas, pero el derecho de sus comunidades, organizaciones e integrantes. El uso de las palabras es importante, porque lo que tiene que reconocerse es el derecho de los pueblos, no de las comunidades ni de los integrantes”.
Sostiene que en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por nuestro país en 2009, “son los pueblos los titulares de los derechos y tienen derecho a ejercer la autodeterminación, lo que no significa secesión, ni separatismo, sino grados de autonomía política para definir sus propias prioridades y sus formas de desarrollo. Eso existe en el mundo y no significa que los estados se partan en dos”.
Consultado por las demandas territoriales de los mapuches y pascuenses y cómo conciliar esa demanda con el derecho de propiedad de los privados, respondió: “El Estado debe impulsar políticas públicas muy decididas para encontrar solución a ese desencuentro. Buena parte de las tierras, no todas, que hoy están en manos de particulares, lo sabemos y está probado se hizo por medios fraudulentos. En consecuencia, el Estado chileno tiene la obligación de reparar a los pueblos indígenas en este tema”.
En el caso de los rapanui, la fecha clave que se aproxima es el próximo 24 de octubre, día en que deberían evacuarse los informes de las cuatro comisiones y que tratan los temas de migración, estatutos, plan de desarrollo y tierras.
Estas comisiones se formaron luego de la última toma terreno ocurrida a principios de septiembre, protagonizada por los clanes que exigen restitución de tierras, entre ellas, el sitio donde se emplaza el Hotel Hanga Roa, perteneciente al grupo familiar de origen alemán Schiess.
Pese a la existencia de estas comisiones, los isleños no se sienten representados, como dice Marisol Hito, una de las voceras del movimiento rapanui, a través de un correo electrónico: “Ahora quieren formar comisiones para decidir qué hacer con nuestras tierras. Quieren hacer un plan de desarrollo. Y resulta que los clanes, los hakaara, no estamos representados en esas comisiones. Sabemos que quieren disponer de nuestra isla, para privatizarla. Nosotros queremos que cualquier plan que se haga para Rapa Nui se haga respetando los estándares internacionales para el trato con los pueblos indígenas, según el Convenio 169 de la OIT que es ley en Chile”.
Por su parte, Raúl Teao, miembro de la comisión de desarrollo y uno de los directores del Parlamento Rapa Nui, explica que “no son nuestras propuestas, sino de cada dueño de los terrenos, que proponen compensación y devolución por los años de uso”. Respecto del Hotel Hanga Roa, sostiene que es “un problema del Estado el haber vendido esos terrenos de los dueños de la isla. Hay que restituir esos terrenos a las familias originarias”.
Por otro lado, en torno al tema sensible del control de migración, Tenao afirma que “hay que sacar la ley para controlar la inmigración, porque no queremos “conti” (chilenos del continente) vagos acá, pero queremos que se le entregue la responsabilidad a los
rapanui, no a Carabineros o la PDI, porque por darle un ejemplo a los hijos de los conti no los controlan, en cambio, a los míos sí. No hay credibilidad en la responsabilidad de los policías”.
Mientras tanto, el pasado 2 de octubre, los clanes de Isla de Pascua se agruparon en torno al bufete de abogados del Indian Law Resource Center, con sede en Washington, para interponer una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,en respuesta a los enfrentamientos que han tenido con la policía, que los desalojó del Hanga Roa.
El abogado Leonardo Crippa dijo a LND que está representando a 28 clanes y que posiblemente otras familias se unan en esta demanda en contra del Estado chileno: “Aunque la comisión tomó la solicitud de medidas cautelares, hasta ahora la comisión no ha recomendado ninguna medida de protección, pero tanto el gobierno como mis clientes han acordado tomar precauciones para prevenir violaciones de los derechos humanos”.
Mapuches divididos
Víctor Queipul, uno de los lonkos de la Comunidad Autónoma de Temucuicui (Angol) y cuyo hijo del mismo nombre estuvo entre los huelguistas que sólo depusieron la movilización el viernes 8 de octubre, una semana después de los de Concepción, dejó en claro que si se bajaron fue sólo por razones humanitarias. Señaló, tal como los otros comuneros de Temucuicui, que no les basta que las querellas por delito terrorista sean recalificadas a delito común y les molesta que no se eliminara la figura del testigo protegido que, según ellos, ha sido la principal prueba de la Fiscalía para inculpar a los mapuches que hoy están en prisión.La prueba de fuego se vivirá el próximo 8 de noviembre, cuando comience el juicio oral de Cañete, donde hay 18 imputados. “Hay 36 testigos protegidos y tenemos la declaración de sólo 14 de ellos y sabemos que la Fiscalía va a perseverar en perseguir los delitos bajo la Ley Antiterrorista”, aseveró Natividad Llanquileo, vocera de los huelguistas de Concepción y que fueron los primeros en deponer la movilización que duró más de 80 días.
Por otra parte, Llanquileo será la vocera que participará en una mesa de trabajo el próximo 2 de noviembre con un representante del gobierno y el arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, para hablar otros puntos pendientes sobre las demandas mapuches. Consultada si participarían en ella los comuneros de Angol, respondió: “A ellos los invitamos, pero no nos han dicho si van a venir”, dijo la joven.
El lonko Queipul, sin embargo, descartó que su comunidad participe de dicha instancia: “No nos vamos a reunir con ellos. Ya no permitimos que el obispo sea el facilitador del nuestro diálogo, ya que tenemos una conversación con el gobierno y el garante de la negociación son las comunidades de los que apoyaron la huelga”, explica Queipul.
El dirigente dice que desecharon el rol mediador de la Iglesia Católica, “porque el obispo negoció sólo con Concepción, con la Natividad (Llanquileo) y otra persona más que nunca participó como vocero. El obispo fue parte de la estrategia del gobierno para debilitar la huelga de hambre de los hermanos”.
La Comunidad de Temucuicui ha sido desde hace varios años la más radical en cuanto a sus reivindicaciones. Más aún, dado que los comuneros manifestaron no estar de acuerdo con la propuesta del gobierno, Queipul indicó que tras una reunión sostenida con miembros de varias comunidades, entre las que se cuentan las de Valdivia, Malleco y Lleu Lleu, entre otros, en las afueras de la cárcel de Angol, “tomamos la decisión, en vista de que el gobierno no aceptó sacar a los testigos protegidos que usa el Ministerio Público, que vamos a aplicar la ley mapuche a los que sean sorprendidos prestando algún servicio a los fiscales”.
Dicha ley mapuche consiste en la expulsión del acusado de la comunidad y eso incluiría a su familia: “Se van a juntar las comunidades en un malón para denunciar a esa persona. Si él no declara delante de todos los lonkos que va a deponer su actitud como testigo protegido, claramente lo vamos a expulsar. Si su familia también está cooperando con el Ministerio Público, también la vamos a expulsar. No podemos permitir que una sola persona tenga tanta gente encarcelada”, asegura Queipul.
De hecho, los dirigentes de Temuco ya tienen el nombre de un testigo y están efectuando propia investigación para determinar si colaboró con el Ministerio Público.
Consultado si durante la negociación con el gobierno, los comuneros van a deponer las tomas, Queipul respondió: “La reivindicación de tierras es irrenunciable, porque aunque haya conversaciones con el gobierno, nosotros vamos a seguir”.
¿Reconocimiento constitucional?
Otro punto propuesto por el gobierno a los huelguistas fue la discusión inmediata del proyecto de Ley de Reconocimiento Constitucional a los Pueblos Originarios. Sin embargo, esta semana los líderes de la Alianza Territorial Mapuche, que representan a más 100 comunidades indígenas, fueron al Congreso para pedir al Ejecutivo que retire la suma urgencia a este proyecto. No es la primera vez, en todo caso, que manifiestan un rechazo a esta iniciativa.El lonko Jorge Calfuqueo aseveró a los medios que “nosotros desconocemos realmente a quiénes se les consultó, entendiendo que el gobierno tiene instancias y mecanismos a través de la Conadi, pero no es una instancia para nosotros representativa del pueblo mapuche y, para nosotros, este mecanismo de consulta, lo invalidamos”.
Tras esta visita al Congreso, el gobierno retiró la urgencia a este mecanismo para promover la participación de los pueblos originarios, como también hacer una consulta al Convenio 169 de la OIT. La negativa a esta legislación se debe, entre otros elementos, a los conceptos utilizados por la misma, que no ampliarían los derechos de los indígenas en Chile.
Según explica el abogado Jorge Contesse, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, “este proyecto tiene el problema que no satisface los estándares internacionales en materia de derecho de los pueblos indígenas, porque la iniciativa reconoce la existencia de los pueblos indígenas, pero el derecho de sus comunidades, organizaciones e integrantes. El uso de las palabras es importante, porque lo que tiene que reconocerse es el derecho de los pueblos, no de las comunidades ni de los integrantes”.
Sostiene que en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por nuestro país en 2009, “son los pueblos los titulares de los derechos y tienen derecho a ejercer la autodeterminación, lo que no significa secesión, ni separatismo, sino grados de autonomía política para definir sus propias prioridades y sus formas de desarrollo. Eso existe en el mundo y no significa que los estados se partan en dos”.
Consultado por las demandas territoriales de los mapuches y pascuenses y cómo conciliar esa demanda con el derecho de propiedad de los privados, respondió: “El Estado debe impulsar políticas públicas muy decididas para encontrar solución a ese desencuentro. Buena parte de las tierras, no todas, que hoy están en manos de particulares, lo sabemos y está probado se hizo por medios fraudulentos. En consecuencia, el Estado chileno tiene la obligación de reparar a los pueblos indígenas en este tema”.
DIAGUITAS Y KAWESKAR: LAS OTRAS DEMANDAS Aunque los mapuches y pascuenses han sido más visibles en sus demandas y reivindicaciones, el hecho es que los otros pueblos originarios también tienen sus propias inquietudes, como es el caso de los diaguitas, en el norte, y los kaweskar, en el sur.La presidenta de la asociación Consejo Regional Diaguita, Solange Bordones, explica que aunque han sido reconocidos como pueblo originario, “todavía no tenemos oficina Conadi y dependemos de un enlace de Copiapó y eso nos molesta, porque aunque aparecemos en la Ley Indígena como etnia, no tenemos los mismos derechos. Somos los hermanos pobres de los indígenas y deberíamos tener los mismos derechos que los mapuches, los aimaras, y los licanatays (atacameños). Nosotros estamos en un valle al interior y es súper complicado, porque no podemos viajar a Copiapó y no tenemos acceso a internet y por eso los proyectos llegan atrasados o se pierde la correspondencia”. La principal demanda de su comunidad tiene que ver con las políticas medioambientales relacionadas con las mineras que están establecidas en la zona. En el caso de la comunidad kaweskar, Juan Carlos Tonko explicó a LND que “nuestras demandas son similares a los que tienen los demás pueblos indígenas” y que en el caso de ellos, piden espacios territoriales entre la ribera norte del Golfo de Penas hasta el sector sur de la Isla Madre de Dios, donde vive la población kaweskar de Puerto Edén. “Lo que queremos es la conservación de los sitios patrimoniales y protección porque las grandes empresas de la salmonicultura están solicitando áreas de concesiones marítimas, que están en territorio kaweskar. Según el convenio de la 169 de la OIT, sería nuestra responsabilidad administrar esa zona”. La Nación |
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