Los Presos Políticos Mapuche de la Cárcel de Temuko, después de un mes de
haber depuesto la Huelga de Hambre de más de 80 días, que iniciamos con los
Peñi de las Cárceles Valdivia, Angol, Chol-Chol, Concepción y Lebu.
Hacemos una invitación a todo Nuestro Pueblo Mapuche , a los amigos que nos
apoyaron durante este proceso a un “NGUILLIMAWUN” a realizarse el día
Sábado 06 de Noviembre en la Cárcel de Temuko, Balmaceda n° 450 desde las 9
a las 13 hrs.
La invitación es que nos acompañen en esta ceremonia, para agradecer su
apoyo incondicional con nuestra lucha, compartir nuestras experiencias y
proyectar los pasos que vienen, ya que la Lucha de Nuestro Pueblo se
fortalece día a día y ahora debemos enfrentar los juicios o montajes
judiciales amparados por la Fiscalía y el Ministerio Publico.
Traer rokiñ, mate, muday e instrumentos musicales.
PETU, AMULEPE TAIÑ WEICHAN
AUN CONTINUA NUESTRA LUCHA
¡NEINGUETUPE PU MAPUCHE POLITIKO MALALKONKLELU!
Presos políticos mapuche de Temuco
sábado, 30 de octubre de 2010
viernes, 29 de octubre de 2010
domingo, 24 de octubre de 2010
Reportaja "La hija del lonco"
Nunca un lonco abre su intimidad. Pero pudimos conocer a sus hijos. Que tiemblan al hablar. Son desconfiados. Resentidos. Dibujan peleas. Pero ruegan al cerro y piden permiso al río. Son los mapuches sub 16 que va dejando el conflicto: niños heridos, herméticos, volcados hacia su propio mundo mágico y guerrero. Alejándose de Chile.
Texto y fotos: Roberto Farías
La adolescente Vania Queipul arranca la hoja de un canelo al centro del Nguillatún en la cárcel de Angol, la moja en un cuenco en licor de muday y salpica el suelo rogando en voz alta: –Ray wenu fuza, ray wenu kuze, fachi antv, mulepain tufamu putu luktulein…(padre anciano, madre anciana que estás en el cielo y en todo el universo). Furre me fimi inche, ñi peñi kume, ñi pu chau, ñi pu che, ni pu weni (te pido salud para mi hermano, mi padre, mi gente, mis amigos).
Vania tiene 16 años y es la hija de Víctor Queipul, el lonco de la comunidad de Temucuicui, “los duros”, junto a las comunidades Requém Pillán y José Guiñón, aquellos mapuches al sur del río Malleco que persistieron 10 días más en la huelga de hambre y que no querían recibir el alta de un médico, sino de una machi. Terminaron su protesta, no con la firma de un papel con el gobierno, como los huelguistas de Concepción, sino con una rogativa.
Vania creció yendo a la cárcel de Angol o de Temuco para visitar a su padre y sus tíos. Ahora vino a rogar por su hermano, Víctor Hugo, de 21 años, quien estuvo 80 días en huelga de hambre. Parece una machi infantil, con sus adornos de plata en la cabeza y en el pecho. Uno pensaría que es algo forzado, que quisiera estar en otra parte, escuchando a Hannah Montana, metida en Facebook o quizás qué. Pero Vania se arrodilla con un gesto serio y profundo, y le corren lágrimas cuando ruega en voz alta. Una y otra vez. Muchas veces. Vania y unas dos docenas de niños y adolescentes mapuches, según cálculos oficiosos, interrogados, procesados, encarcelados, incluso prófugos, son el daño colateral del conflicto mapuche.
Niños sin infancia. Serios, desconfiados, que se están impregnando de un espíritu guerrero adulto. En el Nguillatún, las amigas de Vania giran en torno al canelo en jeans y polera. Ella viste chamal y lleva cabeza –es la hija del lonco y debe dar el ejemplo. Ya le ven pasta de líder. Sus amigas le dicen que va a ser werkén (vocera), que va a ser lonca algún día. “No puedo esquivar mi responsabilidad, pero no sé”, dice Vania.
Le pregunto ingenuamente si preferiría ser una niña común y corriente y pone cara de interrogación.
–Todo es una sola cosa para los mapuches –dice convencida.
La vestimenta, las tradiciones, la lucha. Nací mapuche; la causa de mi pueblo viene conmigo de fábrica.
Su familia lucha por el territorio desde siempre. Antes resultaron muertos. Pero desde el fin de “la pacificación” en 1881, según el recuento familiar, tatarabuelos, abuelos y padres Queipul han sido juzgados y encarcelados. De hecho, Vania ya entró a “la lucha”: estuvo presa una noche y ganó un juicio en la Corte de Temuco. El año pasado, Vania y otra niña fueron acusadas de quebrar los vidrios de la Fiscalía de Collipulli. Estuvo esposada en un calabozo de Angol. En un juicio que duró 9 meses fue declarada inocente en primera instancia. Pero el fiscal César Chabir –el único testigo de la causa– apeló y llegaron a la Corte de Apelaciones. Vania volvió a ganar, defendida por la abogada Karina Riquelme. La fiscalía perdió, en las costas del juicio, dos y medio millones de pesos. La reposición del vidrio del ventanal, según consta en archivos, sumó 72.000 pesos. El lonco dice: –Dígame si eso no es una persecución de mi hija. Pero ella es inocente, ganó el juicio, el primero de los muchos juicios que probablemente enfrentará en nombre de su comunidad. –Todo fue por ser la hija del lonco –dice Vania. Pero lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. No voy a parar. ¿Cómo se llega a esa convicción a los 16 años?
El aprendizaje del Cóndor
Mankilef (Cóndor veloz) tiene 5 años, y su hermana mayor, Wangulén (Estrella), 7. Viven en Temucuicui, a muchos kilómetros de un tribunal. No saben lo que es un payaso, nunca han ido al cine ni se han subido a un juego mecánico. Manki juega con autitos de plástico yWangulén salta con un pedazo de manguera. Juegan en su patio al pillarse, pero le llaman paco-mapuche. Se divierten recogiendo del suelo casquillos de bombas lacrimógenas, gritan cuando en la radio escuchan noticias sobre los mapuches.
Conocen perfectamente los puestos de vigilancia permanente de Carabineros en los cerros entorno a la comunidad. Sus padres, Jaime Huenchullán y Griselda Calhueque, no tienen tierras, apenas unas cuantas vacas en un parcela en un bosque que les dio la Conadi. Los envían diariamente a la Escuela Básica San Francisco de Asís, en Ercilla –la misma escuela donde estudió Vania–, a 10 km de distancia, para sacarlos un poco del entorno tan policial. Cuando Jaime se despide de ellos frente al furgón municipal que los lleva, le pide permiso al cerro y se encomienda al canelo plantado delante de su casa para que los traiga de vuelta igual que como partieron. En la escuela de Ercilla, Manki es un niño normal. La hermana franciscana Isabel Monje, directora de la escuela, le permite usar el pelo largo. “Por respeto a sus costumbres”, dice, bastante resignada ante la firme decisión de sus padres. “Pero que venga peinadito”, puntualiza cariñosamente.Wangulén puede ir con la tenida tradicional y adornos de plata, en lugar de uniforme.
Isabel trata de que la escuela sea una burbuja para los alumnos. –Ésta es una escuela 100% normal –dice, pero sabe que no es cierto. Con su pobreza digna, lo poco que tiene lo invierte desde hace un año en un sicólogo para ayudar a los niños de las comunidades en conflicto. –Cada vez que hay problemas, baja la asistencia. Después queda el ambiente tenso por varios días. ¿Quién cayó preso, quién resultó herido?, se preguntan inquietos los niños.
Mediante dibujos y ejercicios de convivencia, el sicólogo diagnostica a los niños. Según Isabel Monje, hay casos críticos: –Son niños que tienen problemas de atención, de concentración, por la falta permanente de la presencia de los apoderados, que están procesados o son buscados. Para referirse a las situaciones escolares usan un lenguaje que es más propio del conflicto: paco, allanamiento, citación, testigo, memoria histórica.
El sicólogo trata de volverlos a su mundo infantil, pero es muy difícil con sólo dos sesiones a la semana para 100 alumnos. Hacemos un ejemplo con una tía. –Manki dibuja muy bien –dice ella. De inmediato él hace un dibujo de mapuches con lanzas y chuecas por un lado y, por el otro, carabineros disparando bombas lacrimógenas y helicópteros sobrevolando. Él se dibuja muy chiquitito, escondido en la ruca de la comunidad.
–¿Que piensas cuando estás ahí, Manki? –le pregunta la tía.
–En hacer la tareas.
–¿De verdad? –le pregunta incrédula.
–No. En realidad, en mi papá.
–¿Y dónde está tu papá en el dibujo, Manki?
–Aquí –e indica a los mapuches armados de lanzas y palos enfrentándose a los carabineros.
En Ercilla, si Manki ve un carabinero lo apunta con los dedos, como pistola. Si ve un auto lujoso en el destartalado pueblo,
pregunta:
–¿Es de un fiscal?
No es odio. Para Manki es un juego.
La diferencia se va haciendo cada vez más tenue. En un ambiente tan hostil, es muy difícil para la monja directora mantener el conflicto fuera de las aulas. A punta de persistencia, lo suele lograr. Hace poco, dos niños de 10 y 12 años, para el año nuevo mapuche, en la tarde del 22 de junio pasado, lanzaron piedras a los autos en la Ruta 5. Llegó Carabineros y se los llevó a la comisaría. Según ellos, los aconsejaron sobre su conducta. La hermana Isabel fue a buscarlos y los dejó en el campo a las 5 de la tarde. A las 6 tenía enfrente a una de las mamás dispuesta a hacer una denuncia “por violencia policial”. A las seis y media estaba llamando el prefecto. A las siete, el intendente regional. Las Fuerzas Especiales se preparaban para la trifulca cuando la hermana Isabel se puso en medio y mantuvo la calma en todos los bandos. Antes que estallara la hoguera.
Pero no siempre los directores y profesores defienden a los niños. El inspector y la directora del Liceo de Collipulli –cuyas autoridades no autorizaron una entrevista con Paula– declararon en contra de Vania Queipul cuando fue detenida por la rotura de vidrios. Según su abogada, Karina Riquelme, cuando Vania volvió a clases le pusieron un inspector especial para vigilarla en los recreos, relata Vania. La PDI fue al menos cinco veces a retirarla del liceo para interrogarla o para que firmara documentos. Bajó sus notas. Por las 20 citaciones perdió muchas clases, pues el viaje a Temuco, entre ir y volver, toma tres días.
Vania ya no quería seguir yendo, pero no hay otro establecimiento cerca.
En abril, dos hermanos de 7 y 8 años fueron sacados de sus salas por civiles e interrogados sobre sus padres en la escuela de Muco, a 50 km de Ercilla. En un fallo sin precedentes en Chile, el abogado Pablo Ortega consiguió que Carabineros y la PDI no ingresaran más a las escuelas de la zona mapuche para recaudar información de los niños, porque violan la Convención de los Derechos del Niño. En un comunicado, la policía explicó que “fueron actividades en el marco de la enseñanza de la actividad policial hacia los menores”. La Corte, sin embargo, estableció que esas “actividades policiales” eran interrogatorios encubiertos y falló que el ingreso policial “no específico” a las escuelas básicas viola la Convención. Dos meses después, Carabineros de Fuerzas Especiales, con uniforme de combate, volvieron a entrar a la escuela: –Supuestamente, era para vigilar un predio aledaño. Unas carabineras, con peluches y lápices, simulando un juego, interrogaron a dos niños de 6 y 7 años sobre sus familiares- dice Eduardo Mella, investigador del tema mapuche que trabaja con Ortega.
En otro sector mapuche, la comunidad José Guiñón, el werkén José Ñecul no dejó que fotografiara a sus hijos, yme explicó: –No quisiera que fueran asociados a todo esto. Quiero sacarlos, protegerlos y mandarlos a otra parte. ¿Pero a dónde, cómo?-. Donde sus amigos y parientes pasa lo mismo. En todas las comunidades del entorno de Ercilla-Malleco-Angol el roce mapuche- policial es permanente. El conflicto tiene una mecha tan corta, que cuando estalla, hay ataques incendiarios, vienen los allanamientos y los niños quedan a merced del gas lacrimógeno que se va metiendo en sus narices y sus espíritus. No vuelven a ser iguales.
La abogada española Pilar Macía, que colaboró con Unicef y la organización Save The Children, explica estos casos: –Una vez “adultizado” un niño, por un conflicto bélico o político, es muy difícil volverlo a una infancia sin intromisiones, que debería ser un bien superior de la humanidad. Existe un principio rector de la justicia –como la igualdad ante la ley– llamado del interés superior del menor, que consiste en preservar al niño lo más posible de los líos judiciales y los procedimientos policiales. ¿Qué es el bien superior? “Su derecho a vivir su infancia sin alteraciones”, señala Macía. Según ella, en Chile se aplica una justicia cuyo trámite ya es un castigo para los adultos. “En el caso de los menores, daña su infancia. Sin tacto y con violencia verbal y sicológica. Y de nulos resultados judiciales”, señala. –Yo lo veo muy parecido al caso de los niños palestinos –dice José Ñecul mientras ve a sus sobrinos haciendo una fogata donde no queman marshmallows sino puntas de lanza de juguete–. Si viven permanentemente en la violencia, ¿qué puedes esperar de ellos sino más violencia?.
El niño invisible
Patricio Queipul, que se crió junto a Vania, es hijo postizo del lonco. Tiene 15 años y desde los 9 ha sido interrogado, apaleado, detenido, enjuiciado y baleado, hasta que huyó. Desde octubre del año pasado vive clandestino en una carpa, como un guerrillero, en los recónditos bosques de la cordillera de la costa al sur del río Malleco. Carabineros y la PDI han hecho al menos cinco allanamientos y no ha encontrado ni una pista de él. Al lonco no le sacan ni una palabra, ni un gesto que delate su escondite, porque este lonco duro, pero de buen corazón, lo cuida como a un hijo.
Vania lo va a ver y le lleva comida, cuando puede. Patricio es otro de los niños religiosos de esta comunidad. De los que pide permiso al río antes de cruzar su cauce. De los que toma una hoja de canelo y ruega en mapudungún. Intentamos ir una mañana hasta su refugio, en la cordillera, pero abortamos la misión por falta de seguridad. Hace unos meses, el abogado Fernando Lira, fundador de la ONG Liberar,
–que protege a los niños y existe hace sólo dos años– sí logró conversar con Patricio en abril pasado en su carpa, con una tetera y una fogata.
Lira dice que, a veces, Patricio baja a una comunidad cercana a darse su vuelta, deambulando como un niño invisible, tapado y disfrazado. Nadie puede verlo, nadie puede reconocerlo. Lira grabó un video conmovedor donde Patricio, con sus ojos todavía dulces, dice: –Yo no he tenido infancia. Nunca pude jugar, no sé lo que es ser niño. No elegí esta vida, andar arrancando. Por eso espero que el Estado no persiga a más niños, que no les ocurra lo que me ha pasado a mí.
Estudió con Vania en la misma escuela de Ercilla, pero él llegó hasta 4° básico. La monja lo recuerda como un niño tranquilo, con mucho gusto por el campo, muy callado, muy silencioso. Después de ser varias veces interrogado en el camino a la escuela por civiles, dejó de ir. Luego fue herido en el brazo derecho por perdigones de Fuerzas Especiales en un desalojo del fundo La Romana. –Si antes me balearon, ahora qué les queda –se pregunta Patricio–, ¿matarme?
En 2007 fue procesado por robo de animales y, posteriormente, absuelto. Cuando se vio perseguido por incendiar supuestamente el peaje de Victoria, junto a otros siete encapuchados, arriesgaba hasta 40 años de cárcel por Ley Antiterrorista. No lo resistió y se fue a la clandestinidad, como un pequeño Che Guevara, bajo la protección del espíritu del bosque, del dueño del río, a quien Patricio se encomienda todas las mañanas.
El lonco llevó su caso a la Unicef, donde el representante para Chile, Gar Sthal, se comprometió a presentarlo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora que la huelga de hambre logró que no se procese a menores por Ley Antiterrorista, el lonco espera que Patricio pueda bajar del cerro y ser visible otra vez. Volver a vivir los restos que quedan de su infancia, junto a Vania, Manki y los otros niños.
Paula
Video fue realizado por Marta Guerra M., periodista de la Agrupación Liberar. En esta entrevista, el joven Patricio Queipul habla de su decision de pasar a la clandestinidad en la que vive hace seis meses en cerros de la IX Región.
Texto y fotos: Roberto Farías
La adolescente Vania Queipul arranca la hoja de un canelo al centro del Nguillatún en la cárcel de Angol, la moja en un cuenco en licor de muday y salpica el suelo rogando en voz alta: –Ray wenu fuza, ray wenu kuze, fachi antv, mulepain tufamu putu luktulein…(padre anciano, madre anciana que estás en el cielo y en todo el universo). Furre me fimi inche, ñi peñi kume, ñi pu chau, ñi pu che, ni pu weni (te pido salud para mi hermano, mi padre, mi gente, mis amigos).
Vania tiene 16 años y es la hija de Víctor Queipul, el lonco de la comunidad de Temucuicui, “los duros”, junto a las comunidades Requém Pillán y José Guiñón, aquellos mapuches al sur del río Malleco que persistieron 10 días más en la huelga de hambre y que no querían recibir el alta de un médico, sino de una machi. Terminaron su protesta, no con la firma de un papel con el gobierno, como los huelguistas de Concepción, sino con una rogativa.
Vania creció yendo a la cárcel de Angol o de Temuco para visitar a su padre y sus tíos. Ahora vino a rogar por su hermano, Víctor Hugo, de 21 años, quien estuvo 80 días en huelga de hambre. Parece una machi infantil, con sus adornos de plata en la cabeza y en el pecho. Uno pensaría que es algo forzado, que quisiera estar en otra parte, escuchando a Hannah Montana, metida en Facebook o quizás qué. Pero Vania se arrodilla con un gesto serio y profundo, y le corren lágrimas cuando ruega en voz alta. Una y otra vez. Muchas veces. Vania y unas dos docenas de niños y adolescentes mapuches, según cálculos oficiosos, interrogados, procesados, encarcelados, incluso prófugos, son el daño colateral del conflicto mapuche.
Niños sin infancia. Serios, desconfiados, que se están impregnando de un espíritu guerrero adulto. En el Nguillatún, las amigas de Vania giran en torno al canelo en jeans y polera. Ella viste chamal y lleva cabeza –es la hija del lonco y debe dar el ejemplo. Ya le ven pasta de líder. Sus amigas le dicen que va a ser werkén (vocera), que va a ser lonca algún día. “No puedo esquivar mi responsabilidad, pero no sé”, dice Vania.
Le pregunto ingenuamente si preferiría ser una niña común y corriente y pone cara de interrogación.
–Todo es una sola cosa para los mapuches –dice convencida.
La vestimenta, las tradiciones, la lucha. Nací mapuche; la causa de mi pueblo viene conmigo de fábrica.
Su familia lucha por el territorio desde siempre. Antes resultaron muertos. Pero desde el fin de “la pacificación” en 1881, según el recuento familiar, tatarabuelos, abuelos y padres Queipul han sido juzgados y encarcelados. De hecho, Vania ya entró a “la lucha”: estuvo presa una noche y ganó un juicio en la Corte de Temuco. El año pasado, Vania y otra niña fueron acusadas de quebrar los vidrios de la Fiscalía de Collipulli. Estuvo esposada en un calabozo de Angol. En un juicio que duró 9 meses fue declarada inocente en primera instancia. Pero el fiscal César Chabir –el único testigo de la causa– apeló y llegaron a la Corte de Apelaciones. Vania volvió a ganar, defendida por la abogada Karina Riquelme. La fiscalía perdió, en las costas del juicio, dos y medio millones de pesos. La reposición del vidrio del ventanal, según consta en archivos, sumó 72.000 pesos. El lonco dice: –Dígame si eso no es una persecución de mi hija. Pero ella es inocente, ganó el juicio, el primero de los muchos juicios que probablemente enfrentará en nombre de su comunidad. –Todo fue por ser la hija del lonco –dice Vania. Pero lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. No voy a parar. ¿Cómo se llega a esa convicción a los 16 años?
El aprendizaje del Cóndor
Mankilef (Cóndor veloz) tiene 5 años, y su hermana mayor, Wangulén (Estrella), 7. Viven en Temucuicui, a muchos kilómetros de un tribunal. No saben lo que es un payaso, nunca han ido al cine ni se han subido a un juego mecánico. Manki juega con autitos de plástico yWangulén salta con un pedazo de manguera. Juegan en su patio al pillarse, pero le llaman paco-mapuche. Se divierten recogiendo del suelo casquillos de bombas lacrimógenas, gritan cuando en la radio escuchan noticias sobre los mapuches.
Conocen perfectamente los puestos de vigilancia permanente de Carabineros en los cerros entorno a la comunidad. Sus padres, Jaime Huenchullán y Griselda Calhueque, no tienen tierras, apenas unas cuantas vacas en un parcela en un bosque que les dio la Conadi. Los envían diariamente a la Escuela Básica San Francisco de Asís, en Ercilla –la misma escuela donde estudió Vania–, a 10 km de distancia, para sacarlos un poco del entorno tan policial. Cuando Jaime se despide de ellos frente al furgón municipal que los lleva, le pide permiso al cerro y se encomienda al canelo plantado delante de su casa para que los traiga de vuelta igual que como partieron. En la escuela de Ercilla, Manki es un niño normal. La hermana franciscana Isabel Monje, directora de la escuela, le permite usar el pelo largo. “Por respeto a sus costumbres”, dice, bastante resignada ante la firme decisión de sus padres. “Pero que venga peinadito”, puntualiza cariñosamente.Wangulén puede ir con la tenida tradicional y adornos de plata, en lugar de uniforme.
Isabel trata de que la escuela sea una burbuja para los alumnos. –Ésta es una escuela 100% normal –dice, pero sabe que no es cierto. Con su pobreza digna, lo poco que tiene lo invierte desde hace un año en un sicólogo para ayudar a los niños de las comunidades en conflicto. –Cada vez que hay problemas, baja la asistencia. Después queda el ambiente tenso por varios días. ¿Quién cayó preso, quién resultó herido?, se preguntan inquietos los niños.
Mediante dibujos y ejercicios de convivencia, el sicólogo diagnostica a los niños. Según Isabel Monje, hay casos críticos: –Son niños que tienen problemas de atención, de concentración, por la falta permanente de la presencia de los apoderados, que están procesados o son buscados. Para referirse a las situaciones escolares usan un lenguaje que es más propio del conflicto: paco, allanamiento, citación, testigo, memoria histórica.
El sicólogo trata de volverlos a su mundo infantil, pero es muy difícil con sólo dos sesiones a la semana para 100 alumnos. Hacemos un ejemplo con una tía. –Manki dibuja muy bien –dice ella. De inmediato él hace un dibujo de mapuches con lanzas y chuecas por un lado y, por el otro, carabineros disparando bombas lacrimógenas y helicópteros sobrevolando. Él se dibuja muy chiquitito, escondido en la ruca de la comunidad.
–¿Que piensas cuando estás ahí, Manki? –le pregunta la tía.
–En hacer la tareas.
–¿De verdad? –le pregunta incrédula.
–No. En realidad, en mi papá.
–¿Y dónde está tu papá en el dibujo, Manki?
–Aquí –e indica a los mapuches armados de lanzas y palos enfrentándose a los carabineros.
En Ercilla, si Manki ve un carabinero lo apunta con los dedos, como pistola. Si ve un auto lujoso en el destartalado pueblo,
pregunta:
–¿Es de un fiscal?
No es odio. Para Manki es un juego.
La diferencia se va haciendo cada vez más tenue. En un ambiente tan hostil, es muy difícil para la monja directora mantener el conflicto fuera de las aulas. A punta de persistencia, lo suele lograr. Hace poco, dos niños de 10 y 12 años, para el año nuevo mapuche, en la tarde del 22 de junio pasado, lanzaron piedras a los autos en la Ruta 5. Llegó Carabineros y se los llevó a la comisaría. Según ellos, los aconsejaron sobre su conducta. La hermana Isabel fue a buscarlos y los dejó en el campo a las 5 de la tarde. A las 6 tenía enfrente a una de las mamás dispuesta a hacer una denuncia “por violencia policial”. A las seis y media estaba llamando el prefecto. A las siete, el intendente regional. Las Fuerzas Especiales se preparaban para la trifulca cuando la hermana Isabel se puso en medio y mantuvo la calma en todos los bandos. Antes que estallara la hoguera.
Pero no siempre los directores y profesores defienden a los niños. El inspector y la directora del Liceo de Collipulli –cuyas autoridades no autorizaron una entrevista con Paula– declararon en contra de Vania Queipul cuando fue detenida por la rotura de vidrios. Según su abogada, Karina Riquelme, cuando Vania volvió a clases le pusieron un inspector especial para vigilarla en los recreos, relata Vania. La PDI fue al menos cinco veces a retirarla del liceo para interrogarla o para que firmara documentos. Bajó sus notas. Por las 20 citaciones perdió muchas clases, pues el viaje a Temuco, entre ir y volver, toma tres días.
Vania ya no quería seguir yendo, pero no hay otro establecimiento cerca.
En abril, dos hermanos de 7 y 8 años fueron sacados de sus salas por civiles e interrogados sobre sus padres en la escuela de Muco, a 50 km de Ercilla. En un fallo sin precedentes en Chile, el abogado Pablo Ortega consiguió que Carabineros y la PDI no ingresaran más a las escuelas de la zona mapuche para recaudar información de los niños, porque violan la Convención de los Derechos del Niño. En un comunicado, la policía explicó que “fueron actividades en el marco de la enseñanza de la actividad policial hacia los menores”. La Corte, sin embargo, estableció que esas “actividades policiales” eran interrogatorios encubiertos y falló que el ingreso policial “no específico” a las escuelas básicas viola la Convención. Dos meses después, Carabineros de Fuerzas Especiales, con uniforme de combate, volvieron a entrar a la escuela: –Supuestamente, era para vigilar un predio aledaño. Unas carabineras, con peluches y lápices, simulando un juego, interrogaron a dos niños de 6 y 7 años sobre sus familiares- dice Eduardo Mella, investigador del tema mapuche que trabaja con Ortega.
En otro sector mapuche, la comunidad José Guiñón, el werkén José Ñecul no dejó que fotografiara a sus hijos, yme explicó: –No quisiera que fueran asociados a todo esto. Quiero sacarlos, protegerlos y mandarlos a otra parte. ¿Pero a dónde, cómo?-. Donde sus amigos y parientes pasa lo mismo. En todas las comunidades del entorno de Ercilla-Malleco-Angol el roce mapuche- policial es permanente. El conflicto tiene una mecha tan corta, que cuando estalla, hay ataques incendiarios, vienen los allanamientos y los niños quedan a merced del gas lacrimógeno que se va metiendo en sus narices y sus espíritus. No vuelven a ser iguales.
La abogada española Pilar Macía, que colaboró con Unicef y la organización Save The Children, explica estos casos: –Una vez “adultizado” un niño, por un conflicto bélico o político, es muy difícil volverlo a una infancia sin intromisiones, que debería ser un bien superior de la humanidad. Existe un principio rector de la justicia –como la igualdad ante la ley– llamado del interés superior del menor, que consiste en preservar al niño lo más posible de los líos judiciales y los procedimientos policiales. ¿Qué es el bien superior? “Su derecho a vivir su infancia sin alteraciones”, señala Macía. Según ella, en Chile se aplica una justicia cuyo trámite ya es un castigo para los adultos. “En el caso de los menores, daña su infancia. Sin tacto y con violencia verbal y sicológica. Y de nulos resultados judiciales”, señala. –Yo lo veo muy parecido al caso de los niños palestinos –dice José Ñecul mientras ve a sus sobrinos haciendo una fogata donde no queman marshmallows sino puntas de lanza de juguete–. Si viven permanentemente en la violencia, ¿qué puedes esperar de ellos sino más violencia?.
El niño invisible
Patricio Queipul, que se crió junto a Vania, es hijo postizo del lonco. Tiene 15 años y desde los 9 ha sido interrogado, apaleado, detenido, enjuiciado y baleado, hasta que huyó. Desde octubre del año pasado vive clandestino en una carpa, como un guerrillero, en los recónditos bosques de la cordillera de la costa al sur del río Malleco. Carabineros y la PDI han hecho al menos cinco allanamientos y no ha encontrado ni una pista de él. Al lonco no le sacan ni una palabra, ni un gesto que delate su escondite, porque este lonco duro, pero de buen corazón, lo cuida como a un hijo.
Vania lo va a ver y le lleva comida, cuando puede. Patricio es otro de los niños religiosos de esta comunidad. De los que pide permiso al río antes de cruzar su cauce. De los que toma una hoja de canelo y ruega en mapudungún. Intentamos ir una mañana hasta su refugio, en la cordillera, pero abortamos la misión por falta de seguridad. Hace unos meses, el abogado Fernando Lira, fundador de la ONG Liberar,
–que protege a los niños y existe hace sólo dos años– sí logró conversar con Patricio en abril pasado en su carpa, con una tetera y una fogata.
Lira dice que, a veces, Patricio baja a una comunidad cercana a darse su vuelta, deambulando como un niño invisible, tapado y disfrazado. Nadie puede verlo, nadie puede reconocerlo. Lira grabó un video conmovedor donde Patricio, con sus ojos todavía dulces, dice: –Yo no he tenido infancia. Nunca pude jugar, no sé lo que es ser niño. No elegí esta vida, andar arrancando. Por eso espero que el Estado no persiga a más niños, que no les ocurra lo que me ha pasado a mí.
Estudió con Vania en la misma escuela de Ercilla, pero él llegó hasta 4° básico. La monja lo recuerda como un niño tranquilo, con mucho gusto por el campo, muy callado, muy silencioso. Después de ser varias veces interrogado en el camino a la escuela por civiles, dejó de ir. Luego fue herido en el brazo derecho por perdigones de Fuerzas Especiales en un desalojo del fundo La Romana. –Si antes me balearon, ahora qué les queda –se pregunta Patricio–, ¿matarme?
En 2007 fue procesado por robo de animales y, posteriormente, absuelto. Cuando se vio perseguido por incendiar supuestamente el peaje de Victoria, junto a otros siete encapuchados, arriesgaba hasta 40 años de cárcel por Ley Antiterrorista. No lo resistió y se fue a la clandestinidad, como un pequeño Che Guevara, bajo la protección del espíritu del bosque, del dueño del río, a quien Patricio se encomienda todas las mañanas.
El lonco llevó su caso a la Unicef, donde el representante para Chile, Gar Sthal, se comprometió a presentarlo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora que la huelga de hambre logró que no se procese a menores por Ley Antiterrorista, el lonco espera que Patricio pueda bajar del cerro y ser visible otra vez. Volver a vivir los restos que quedan de su infancia, junto a Vania, Manki y los otros niños.
Paula
Video fue realizado por Marta Guerra M., periodista de la Agrupación Liberar. En esta entrevista, el joven Patricio Queipul habla de su decision de pasar a la clandestinidad en la que vive hace seis meses en cerros de la IX Región.
Entrevista ex-juez Guzmán
Usted escribió un libro: “En el borde del mundo, Memorias del Juez que procesó a Pinochet”. ¿Cuál es su convicción respecto de la capacidad que tenía Pinochet para ser juzgado?
En cuanto a la capacidad sicológica que tenía Pinochet, sus facultades mentales, pensé en algú...n momento que estaba algo perturbado. Pero todas las pericias analizadas, había a favor y otras en contra, me llevaron a concluir que estaba normal para ser procesado... Voy a hacer un alcance: si en Chile se hicieran informes sobre las facultades mentales de la población penal, más del 90% estaría peor que el general Pinochet en cuanto a facultades mentales se refiere. O sea, en mi concepto, estaba con las facultades mentales de una persona de 83 o 85 años, que naturalmente tiene algunas fallas. Muchas veces no tienen la memoria reciente, pero eso no significa que no tengan discernimiento, inteligencia, memoria a largo alcance, una distinción clara entre el bien y el mal, entre lo que le conviene y lo que no le conviene, sensibilidad y todas las características, en general, de la inteligencia. Él las tenía, era ampliamente procesable, podía ser sujeto a una sentencia sin ningún menoscabo y con todas las normas del debido proceso.
¿Qué sentimiento alberga usted cuando se le pregunta sobre Pinochet, frustración? ¿O queda con el ánimo tranquilo por haber hecho lo que se pudo?
Yo quedo con el ánimo bien tranquilo en cuanto a lo que hice como magistrado. Lo procesé en tres ocasiones y la Corte de Apelaciones bajó los cargos absurdamente, lo que nunca entendí. De autor, que es quien intelectual o materialmente realiza un acto criminal, era el punto de vista más lógico y lo que fue probado, a encubridor, esto es, una persona que entra a actuar después de perpetrados los hechos. Eso nunca lo entendí hasta el final, cuando me dí cuenta de que todo este proceso tenía que llegar a que no se le juzgara o, en el mejor de los casos, se le juzgara por un cargo muy inferior, que no iba a comprender la cantidad ni la calidad de los crímenes que fueron cometidos durante la dictadura militar.
Usted dice que le costó entender ese proceso. ¿Quiénes llevaban a cargo u operaron ese proceso para que Pinochet no fuera juzgado?
Lamentablemente, considero que hubo complicidad de parte de la Corte Suprema de entonces, del Gobierno, que curiosamente se trataba del gobierno de la Concertación, y obviamente hubo poca entereza por parte de la mayoría de los jueces que le tocó intervenir en esta causa. En realidad, la historia es muy difícil decirla desde un punto de vista individual, como lo estoy haciendo yo. Siempre debe haber componentes de toda índole, sociales, judiciales, que en este caso son los que más influencia hubo, pero también políticos. Esta es una causa que, lamentablemente, pienso que obedeció a un arreglo previo entre la Concertación y los actores políticos del momento, del 5 de octubre de 1988, la noche en que se decidió si Pinochet iba a continuar o simplemente iba a hacer caso a lo que la ciudadanía había elegido a través del plebiscito. Creo que esa noche se decidió el destino real de Pinochet, que no se le podía tocar, que no se le debía tocar y que no se le iba a tocar.
El Poder Judicial, al que usted perteneció hasta hace cinco años, fue el único al que Pinochet no tocó. No tuvo esa buena o mala suerte, me gustaría que usted me diera su diagnóstico. ¿Cuál es el peor momento que ha vivido la Justicia en nuestro país? ¿Cuando ese año ‘73 no es disuelta y queda genuflexa frente al dictador, o a través de todo el proceso -ya entrando en democracia- cuando sigue actuando de la misma manera en que lo hizo en esos 17 años, de manera cómplice?
Primero que todo, era un Poder Judicial enrabiado, encabezado por el señor (Enrique) Urrutia Manzano, que hablaba con hiel, siendo que los jueces deben ser serenos. Una de las características de la naturaleza de ser juez es ser sereno, estar por encima de las pasiones, porque tiene que juzgar a seres humanos. Entonces, durante los primeros años, y para ser más justo, durante los 17 años de la dictadura, el Poder Judicial se doblegó, fue obsecuente y le faltó -como dijo el Presidente Aylwin en algún momento- coraje moral. Creo que usó palabras muy suaves para querer expresar realmente lo que estaba diciendo.
Se rechazaron más de 10 mil recursos de amparo, pudiendo el Poder Judicial haber salvado la vida de más 3 mil personas que estaban en cárceles ilegales, en verdaderos hoyos donde eran torturados, muertos, tratados -las mujeres sobre todo, pero también los hombres- con la peor ofensa al ser humano, integralmente considerado.
Lamentablemente, el Poder Judicial se prestó para utilizar el sistema de los recursos de amparo para decir que no estaba pasando nada en Chile, lo que estimuló a los agentes de la dictadura a continuar con la represión en contra de todas las personas que no aceptaban el sistema dictatorial. Ahí es donde el Poder Judicial se doblegó y dejó de existir. Si bien la dictadura y Pinochet lo dejan existir, en la práctica, en lo que se refiere a DD.HH y todo lo que implicaba represión, lo suprimió como si lo hubiera hecho a través de la Constitución. O sea, no hubo Poder Judicial para las personas que más lo necesitaban en ese momento, porque estaban siendo torturados, vulnerados sus derechos humanos y asesinados.
¿Cuál fue su vivencia durante esos años, como parte de ese Poder Judicial genuflexo?
Nunca me tocó una causa de DD.HH. Durante mucho tiempo fui juez común a todo tipo de formas del Derecho: comercial, civil, laboral, penal, etc. Después, en Santiago fui juez del crimen, me tocaron causas comunes. Después, como ministro de corte, me tocó fallar sobre todo tipo de materias, durante 21 años. Estuve 36 años en el Poder Judicial, de los cuales 34 más o menos fueron durante la dictadura y post dictadura. No me tocaron causas de DD.HH., estuve bastante alejado de la temática, tuve una sola persona conocida que fue presa injustamente, que era el abogado Hernán Montealegre, casado con una amiga mía de juventud. Entonces, pertenecía al grupo socioeconómico cultural en Chile que estaba cercano a la dictadura y no creía, como tanta gente, en las barbaridades, y en la calidad y cantidad, que se estaban cometiendo. Como juez, me tocó en un momento ver cuerpos de personas muertas durante los primeros días de la dictadura, pensé que eran actos aislados, propios de enfrentamientos o, como lo decían los mismos militares, casualidades que ocurrían dentro de enfrentamientos. Lamentablemente, la mayor parte o gran parte del país pensaba como yo. Por eso escribí el libro “Al borde del mundo”, que es Chile obviamente, por su forma y la gran fosa que es el Pacífico. Y al mismo tiempo, porque así es nuestra vida, estamos siempre al borde, al filo de la navaja, entre el bien y el mal a veces de manera muy inmediata, con muy pocas tonalidades.
¿Qué le habría pasado al juez Guzmán de entonces si hubiese visto y se hubiese convencido de lo que estaba pasando en Chile? ¿Hubiese podido seguir su carrera judicial?
Seguramente estaría desaparecido, porque lo que pienso hoy lo pensaron esas más de 1.200 personas que siguen desaparecidas. Creo que pensaban y actuaban conforme debían actuar ante una situación de injusticia y conocimiento de lo que estaba pasando. Esa gente fueron resistentes, heroicos. Creo que si hubiera sabido, me habría puesto en el lado de ellos.
Usted luego retomó una tarea que podría haber hecho en dictadura, y la hizo en democracia, siendo una voz activa, por ejemplo, en la defensa de los mapuche. Hoy estamos obnubilados por lo sucedido en el norte, pero hasta hace unas semanas nuestro país estaba prácticamente quebrado por una huelga de hambre que nos tenía agónicos por la situación y el trato que se le ha dado al pueblo mapuche. Usted ha dicho que “las leyes penales que se están aplicando a los comuneros mapuche son propias de un régimen fascista”. Voy a apelar ahora al abogado Juan Guzmán, ¿hasta cuando vamos a seguir viviendo un régimen fascista, con leyes emanadas de una dictadura?
Nuestro país se caracteriza por tener un doble estándar. La Concertación habló tanto e hizo tanto en un momento determinado y tan buena resistencia, tanto en Chile como en el extranjero, para que nos estableciéramos como país democrático con todas las características, porque lo importante no es solamente decirlo sino que serlo. Me estoy refiriendo desde el Presidente Frei Ruiz-Tagle para adelante, porque la labor que hizo el presidente Aylwin, creo que todos la reconocemos como extraordinariamente de ajuste del período de la dictadura a esta nueva situación que habíamos perdido durante tantos años, y considero que su labor fue extraordinaria. Hubiera querido más, pero en cuatro años fue muy poca la oportunidad que tuvo, hizo todo lo que pudo en materia legislativa. Quizás faltó algo en relación a los mapuche, pero por lo menos dio primeros pasos.
En ese momento, principios de los ‘90, ¿usted hubiera estado de acuerdo en haber llamado a una Asamblea Constituyente?
Desde luego.
¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿Por qué no fue más fuerte en haber abierto los ojos a la población respecto a lo que estaba pasando?
No, el Poder Judicial debe abocarse a las causas que está conociendo…
Pero son los que más conocen las leyes y saben que con ese drama era muy difícil empezar a hacer justicia.
No le correspondía este papel al Poder Judicial, le correspondía a los políticos, senadores, diputados, al Gobierno, y no lo hizo. Desde luego, siguió aplicando las mismas normas, la normativa relacionada con las conductas terroristas, la ley de Seguridad del Estado y lo que jamás corresponde, aplicar un fuero militar a nosotros los civiles. Siempre me gusta dar este ejemplo, para que la gente sepa lo que es un delito militar: el ejemplo más claro es un centinela que está junto a la muralla para que no ataquen un regimiento, se queda dormido y se le debe castigar en tiempos de guerra a penas superiores a 10 años y un día. Eso es un delito militar.
Pero si yo robo o le pego a un militar, y soy un civil, no es un delito militar, es un delito común. El fuero militar está para los militares. Ahora, si un militar roba, tampoco está cometiendo un delito militar, es un delito común que corresponde a la justicia ordinaria. Entonces, estos delitos se extienden en la dictadura a los civiles, y si por ejemplo un carabinero me ataca y yo me defiendo, le tomo la chaqueta y se le salen tres o cuatro botones, se me condena a 541 días por maltrato a Carabineros. Esas normas se siguen aplicando y lo peor es que ¿a quién le corresponde conocer y juzgar sobre esas materias? A la Justicia Militar, que lamentablemente es parcial, defiende a los propios y no aplica las normas penales más graves que corresponden a los militares en los casos que ponen en peligro al país, a un regimiento, a un grupo de personas que están defendiendo en forma militar, etc. Por eso me gusta aclararlo.
Pero lo peor junto con la aplicación de la Justicia Militar es que existan leyes como la de conducta terrorista, que permiten una arbitrariedad extraordinaria por parte del elemento investigador, de los fiscales. Pueden retener a una persona durante diez días antes de presentarla al juez de garantía. ¿Se imagina lo que eso implica? Tenerlo parado muchas veces, no dejarlo comer, dormir, llevarlo a la desesperación, que lo que se pretende es que confiese. Son normas represivas, por eso digo que son fascistas. Implican eliminar al enemigo interno. Antes fue el comunismo y todas aquellas personas que para el Gobierno eran tales, y hoy somos nosotros, los mapuche y la parte de mapuche que tenemos nosotros también.
Queramos o no, somos un pueblo mestizo, especialmente los que decimos pretenciosamente “mi familia está en Chile hace 500 años”. Bien, entonces tiene mucho más de mapuche que el hijo de inmigrantes alemanes, por ejemplo, que está aquí hace dos generaciones y solo tiene sangre alemana, con todo el respeto que todas las sangres merecen.
Pero además está el pueblo mapuche en sí que quiere ser mapuche. Yo puedo ser mapuche si quisiera, si quisiera vivir la cultura, religión, costumbres, tradiciones mapuches. Yo podría hacerlo, me voy a una comunidad, vivo como tal y nadie podría impedírmelo, porque en Chile existe la libertad de hacer todo lo que no es contrario a las leyes.
Usted contaba que en su carrera judicial le contó dirimir juicios comerciales. Hay una mezcla interesante en la que usted está imbuido, entre enormes empresas como las forestales, específicamente en la planta Valdivia de Celulosa Arauco y Constitución, conocida como Celco, a propósito de su dudoso comportamiento social y ético. Tenemos el componente empresarial y el componente civil, que pueden ser mapuches, pero también mineros, a la luz de lo que ha pasado en las últimas semanas. ¿Cuál es su diagnóstico de la relación trabajadores-empresas en Chile?
Fíjese, a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Me considero apolítico, independiente, y lo soy, podría hablar horas al respecto. Pero respondiendo su pregunta, ocurrió lo mismo en el norte y en el sur. En el norte, el Estado hizo todo lo que estuvo en su poder para lograr la gran obra y labor humana que fue salvar a los mineros. A todo costo, yendo el Presidente permanentemente, ministros de Minería, de Salud, hasta de RR.EE. con la llegada del Presidente Evo Morales, que era lo que correspondía. Pero al mismo tiempo, había 34 mapuche en huelga de hambre por la injusticia de la aplicación del código de Justicia Militar y la ley de conductas terroristas. Y naturalmente, toda la represión que se hace permanentemente en relación a los mapuches en los sectores que tradicional, histórica o por último físicamente son suyos, en muchos casos. El Presidente, yo encuentro, que dio igual trato. Y esto me llama extraordinariamente la atención, porque es lo que debió haber hecho la Concertación. Ahora que es oposición, claro, es fácil gobernar en oposición. Puedo decir cualquier cosa y como no está en mi poder cumplirla, simplemente aparecen como futuras promesas que generalmente no se cumplen. Yo estimo realmente que el acto, que además fueron ministros de Estado, hubo un interés extraordinariamente grande, conversaciones con las iglesias, con políticos locales…
¿Usted cree que se llegue a un buen puerto? Porque hay dudas del cumplimiento total de algunas promesas.
Yo creo que sí. Es que algunas promesas no pueden cumplirse, son materia de lo que se resuelva en el Senado y en la Cámara de Diputados. Eso depende de las mayorías, de que a veces no tienen la valentía suficiente, salen para no integrar las comisiones, o se salen de las Cámaras para no votar…
Pero respecto del Ejecutivo y las promesas que hizo a los mapuche en huelga, ¿cree que va a cumplir?
Sí, creo que debe cumplir, espero que cumpla. Como ciudadano chileno lo deseo con todo mi corazón porque quiero que mi país sea realmente democrático. Ahora, si va a cumplir o no, creo que es más probable que cumpla a que no, porque hemos visto que en este Gobierno el Ejecutivo está funcionando.
sábado, 23 de octubre de 2010
DOS ARTÍCULOS DE JOSÉ GALIANO HAENSCH* [Especial para Fortin Mapocho]
En un artículo reciente [infra] expliqué – en términos muy breves porque la reducida prensa democrática carece de espacio para publicar opiniones explícitas de fondo – como surgió la “aberración jurídico-penal de los delitos terroristas”.
Pero siendo tales delitos una realidad práctica en muchos Estados de la Cultura Occidental, creo útil tratar de difundir algunos juicios lógicos y elementales de tratadistas contemporáneos, en materia de filosofía jurídico-penal. He escogido solo opiniones muy sencillas; para que, en una breve lectura y sin necesidad de ser abogado, se comprenda el grave error social en que está incurriendo la Política chilena, los servicios de seguridad e incluso la justicia respecto del riguroso, dramático, injusto y abusivo trato, de que siguen siendo víctimas nuestros nobles e históricos compatriotas mapuches.
Luis Jimenez de Asúa – tratadista español del siglo XX; considerado como el más notable jurista y sociólogo contemporáneo de la lengua hispana – sostiene en su obra “Los Delitos Sociales” [Págs. 22 y 23] publicado en Madrid en 1921, lo siguiente:
“Si estos delincuentes, a quienes se les llama terroristas, sólo son peligrosos para el Estado y la clase social o política imperante, las sanciones no sólo no pueden ser irreparables, sino que deben ser benignas y fáciles de rectificar”.
Cincuenta años antes, otro notable jurista de apellido CHRETIEM y de nacionalidad francesa, había afirmado – en la publicación científica “Revue Critique” que se editaba en Paris en 1868 – el siguiente juicio, sobre esos ilícitos que ahora se llaman “terroristas”.
“Los hechos incorrectos, agresivos o violentos que objetivamente no tienen propósito de agredir derechos de determinados individuos, sino que atacan directamente al Estado, en su forma de constitución o conducción, o sobre una materia determinada no ameritan la aplicación de la ley penal. En tales casos, NO HAY DELITO NI PENA; sino una conducta bélico – sectorial, local, inicial o exploratoria – pero naturalmente, ajena al Ordenamiento Jurídico-Penal. Una profunda y trascendente diversidad de opiniones, que alcanza caracteres de conflicto permanente, incluso con expresiones de violencia o agresividad, constituye un enfrentamiento que por propia condición es ajeno al Ordenamiento Jurídico Penal”.
En tales casos, al Poder Político, como autoridad que representa la soberanía nacional, sólo le caben dos opciones: a] Acoger la materia objeto de la protesta o el conflicto como tarea de análisis intelectual y discusión política o social; o b] Ejercer su atribución del “Jus Belli”; es decir el derecho a la violencia de que dispone la autoridad ejecutiva y de la cual carece el Poder Judicial.
Por si hubiera alguien que no entendiera la “Lógica de la Democracia”; y su concurrencia equilibrada con la “Ética de la Democracia”; simplemente debería tratar de explicarse: ¿porqué ningún tribunal de la República abrió proceso alguno para investigar, procesar y sancionar a los responsables del bombardeo a la Moneda en 1973 y el arresto, la tortura y el desaparecimiento de cientos de miles de personas durante 17 años? Porque nadie podría pensar que esos fueron hechos lícitos.
En otras palabras: los Tribunales de Justicia no pueden ser “utilizados para disimular jurídicamente la violencia y el abuso del Poder Ejecutivo”.
* José M. Galiano Haensch es Abogado de Derechos Humanos
10/10/10
Este proceso escenográfico, en que se han transformado las acciones penales interpuestas contra algunos compatriotas, pertenecientes a las Comunidades Mapuches – que históricamente constituyen un honor, para nuestra Patria y nuestro Estado – debe resolverse a la brevedad. Todos los regímenes políticos – desde Bernardo O’Higgins hasta hoy – han eludido este problema yacente de nuestra convivencia, o lo han abordado erradamente; y en algunos casos, con indiferencia.
Los Gobiernos de los siglos XX y XXI han venido imitando a los europeos, que desde 1930 en adelante trataron de resolver el problema yugoeslavo por la vía judicial; como si hubieran descubierto el pararrayos.
Una breve referencia histórica – y universal – nos sirve para ubicar el tema en su correcta dimensión y ubicación.
En marzo y luego en agosto de 1935, respondiendo a la convocatoria de la Sociedad de las Naciones de esa época, se celebraron dos conferencias internacionales de Derecho Penal, en la ciudad de Copenhague. Su finalidad – y virtualmente su temática exclusiva – fue el propósito surgido en las naciones europeas de incorporar en sus respectivas legislaciones penales, un tipo delictual que sancionara severamente el “TERRORISMO”; o una categoría de delitos, que por los móviles o las circunstancias de su perpetración, cayeran en la categoría de “DELITOS TERRORISTAS”.
La inquietud había surgido a raíz del asesinato del Rey Alejandro de Yugoslavia, cometido en Marsella el 9 de Octubre de 1934. La extrema preocupación de los gobernantes europeos, era explicable. Aún no cicatrizaban las heridas sociales de la 1ª. Guerra Mundial; y los hechos de violencia, vinculados a las consecuencias de ese conflicto, se prolongaban ya por más de una década.
Pero las conductas ilícitas de violencia que se quería reprimir por la vía jurídica y con el método del escarmiento, no eran delitos terroristas sino políticos. El caso no es excepcional – ni raro – puesto que, simplemente, el llamado “DELITO TERRORISTA”, no existe. Porque para todos los diccionarios enciclopédicos de nuestra lengua, la acepción genérica del término TERROR es sinónimo de MIEDO, TEMOR, ESPANTO O PAVOR de un MAL o de un PELIGRO. Y está fuera de dudas que el sentido genérico, es el que aporta la forma jurídicamente correcta de interpretar un término; a menos que se advierta – de manera expresa – que ha sido aplicado en alguno de sus significados puntuales o específicos.
Ahora bien; todos los delitos son aptos para producir miedo. Las informaciones periodísticas de los homicidios, las lesiones, los robos, los hurtos, las estafas, las violaciones, los incendios, etc., etc., infunden el temor entre los informados, de que puedan ser ellos, las futuras víctimas de alguno de esos delitos. De modo que si se quiere clasificar las conductas ilícitas por sus efectos sociales y generales, “TODOS LOS DELITOS SON TERRORISTAS”.
Por otra parte, está absolutamente definido en los Estados de cultura occidentalista, que los elementos configurantes de todo delito – y de cada delito – son rigurosamente cuatro: - la acción [u omisión]; - el tipo ilícito descrito en la ley; - la antijuridicidad de la acción [u omisión]; y – la culpabilidad. De manera que la intención, el móvil o el propósito, aunque consista en producir temor, miedo, terror o pavor, no son elementos de la conducta delictual. Pueden ser circunstancias agravantes o atenuantes de un delito, pero no sirven como elemento estructurante de ningún delito.
Si me disfrazo y salgo a la calle con apariencia satánica, de vampiro o de brujo, puedo causar terror a mucha gente, pero no he cometido delito alguno.
Han sido los dictadores los que han inventado – bajo formalidades legales – los llamados DELITOS TERRORISTAS, para encubrir, bajo ese título estremecedor, la extrema arbitrariedad de los abusos políticos o sociales que llegan a originar protestas de magnitud delictual.
Esperamos que nuestros políticos no terminen resolviendo el conflicto de convivencia con nuestro pueblo originario, como “se resolvió” el conflicto yugoeslavo, 70 años después del “genial invento del TERRORISMO”.
* José Galiano es abogado penalista y miembro de la Asociación Interamericana de Juristas
Fortín Mapocho
lunes, 18 de octubre de 2010
CORTE SUPREMA RECHAZA RECURSO DE COMUNIDADES INDÍGENAS POR FALTA DE CONSULTA EN PROCESO AMBIENTAL
La Corte Suprema determinó que no es necesario realizar un nuevo proceso de consulta a las comunidades indígenas en el marco de los proyectos que son sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), previsto en la legislación específica. Lo anterior, referido al fallo dividido (en causa rol 4078 / 2010), en que los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal -Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda, Haroldo Brito y Roberto Jacob- ratificaron el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que rechazó un recurso de protección presentado por comunidades costeras de la zona de Mehuin en contra de la resolución de la Conama que autorizó la construcción de un ducto de la empresa Arauco.
El fallo del máximo tribunal determina que no es necesaria la realización de un proceso de consulta especial a las comunidades indígenas en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que basta con el proceso previsto por la Ley Ambiental.
“Cabe destacar a su vez que la consulta a los pueblos interesados que prevé el numeral 1° del artículo 6 del Convenio tiene por finalidad arribar a un acuerdo acerca de las medidas propuestas, pero jamás dicha forma de participación podría constituirse en una consulta popular vinculante ni afectar las atribuciones privativas de las autoridades que la Carta Fundamental determina. La soberanía, conforme lo dispuesto en el artículo 5°, reside esencialmente en la Nación y se ejerce a través del plebiscito y elecciones periódicas y por las autoridades que la propia Constitución establece, y ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Lo anterior significa que los pueblos indígenas, al igual que el resto de los habitantes de este país, están sometidos al ordenamiento constitucional vigente, sin que se les hayan transferido potestades que impliquen, en los hechos, un ejercicio de la soberanía. Sí se les reconoce el goce de determinados derechos que quedan comprendidos, como se ha dicho, dentro de los ámbitos que define nuestro texto constitucional”, dice el fallo.
Y agrega que: “conforme a estos lineamientos, forzoso es concluir que el deber general de consulta a los pueblos indígenas en lo concerniente a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental estatuido en la Ley N° 19.300 y su Reglamento ya se encuentra incorporado a dicha legislación ambiental a través del procedimiento de participación ciudadana que los artículos 26 a 31 de la citada ley establecen”.
Además, se concluye: “Que la integración armónica del Convenio N°169 en nuestro ordenamiento jurídico interno a que deben propender todos los órganos de la Administración del Estado en las áreas de sus respectivas competencias ha sido claramente satisfecha por la autoridad recurridaal cumplir con las exigencias jurídicas aplicables conforme a la normativa sectorial que la rige, las cuales son enteramente conciliables con los estándares que orientan el Convenio”.
La decisión se adoptó con el voto en contra del ministro Brito, quien consideró que en el proceso de consulta no se cumplió con el requisito de recoger las opiniones de las comunidades afectadas por lo que se cometió un acto arbitrario e ilegal.
"Así las cosas, la decisión atacada incumple el deber general de fundamentación de los actos administrativos, porque no es consecuencia de un claro proceso de consulta en el que se hayan tenido en cuenta aquellos elementos para el razonamiento y justificación que esta particular autorización requiere. Tal carencia torna arbitraria la decisión y lesiona la garantía de igualdad ante la ley, porque al no aplicarse la consulta que el convenio previene, niega trato de iguales a las comunidades indígenas reclamantes, porque la omisión implica “no igualar” para los efectos de resolver”, sostiene en su voto del ministro Brito.
'Chile: Corte Suprema contra Derechos Humanos Pretextando Derecho Ciudadano'
“Resulta conveniente consignar que la normativa en análisis del Convenio
N°169 sobre pueblos indígenas viene a concretar el derecho fundamental de
todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional a participar con
igualdad de oportunidades en su mayor realización espiritual y material
posible”. Tamaño despropósito, que nulifica por completo el referido
Convenio y que vulnera radicalmente una norma de derechos humanos como lo es la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, acaba de cometerlo la Tercera Sala de la Corte Suprema de la
República de Chile, la Sala de Asuntos Constitucionales y Contencioso
Administrativo. Un oportuno voto en contra recuerda el derecho vulnerado por el
propio tribunal. La desvergonzada resolución atropella derechos a cuya
garantía Chile está obligado por el derecho internacional de los derechos
humanos y por la ratificación de un tratado multilateral, el Convenio 169. El
sitio web oficial del Poder Judicial convierte el pronunciamiento en noticia de
primer orden. Si se atienen por fin al derecho, el Congreso y el Gobierno no
pueden lavarse las manos que no tienen nada limpias o, aún menos, aprovecharse
de ningún modo del dislate judicial para seguir ensuciándoselas.
El texto completo está disponible para lectura y comentarios en:
http://clavero.derechosindigenas.org/?p=7787
Saludos cordiales,
Bartolomé Clavero
N°169 sobre pueblos indígenas viene a concretar el derecho fundamental de
todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional a participar con
igualdad de oportunidades en su mayor realización espiritual y material
posible”. Tamaño despropósito, que nulifica por completo el referido
Convenio y que vulnera radicalmente una norma de derechos humanos como lo es la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, acaba de cometerlo la Tercera Sala de la Corte Suprema de la
República de Chile, la Sala de Asuntos Constitucionales y Contencioso
Administrativo. Un oportuno voto en contra recuerda el derecho vulnerado por el
propio tribunal. La desvergonzada resolución atropella derechos a cuya
garantía Chile está obligado por el derecho internacional de los derechos
humanos y por la ratificación de un tratado multilateral, el Convenio 169. El
sitio web oficial del Poder Judicial convierte el pronunciamiento en noticia de
primer orden. Si se atienen por fin al derecho, el Congreso y el Gobierno no
pueden lavarse las manos que no tienen nada limpias o, aún menos, aprovecharse
de ningún modo del dislate judicial para seguir ensuciándoselas.
El texto completo está disponible para lectura y comentarios en:
http://clavero.derechosindigenas.org/?p=7787
Saludos cordiales,
Bartolomé Clavero
Conflictos latentes por demandas indígenas
Pamela Gutiérrez
En los próximos días, las cuatro comisiones que están trabajando en las demandas de los habitantes originarios de Isla de Pascua darán a conocer sus conclusiones, sobre todo en temas de recuperación de tierras y migración. En tanto, los mapuches están alerta a los próximos juicios orales donde se verá la efectividad de la recalificación de los delitos terroristas.
Domingo 17 de octubre de 2010 | LND Reportajes
Foto: Esteban Garay
Esteban Garay
Esteban Garay
Nada tranquilo está el panorama entre los pueblos indígenas. El fin de la huelga por parte de los mapuches y las mesas de negociación en el caso de los pascuenses -quienes prefieren ser llamados rapanui- no significa en ningún caso el fin de sus demandas. Al contrario, pasada la euforia por el rescate de los mineros, éstas prometen reactivarse en el corto plazo.
En el caso de los rapanui, la fecha clave que se aproxima es el próximo 24 de octubre, día en que deberían evacuarse los informes de las cuatro comisiones y que tratan los temas de migración, estatutos, plan de desarrollo y tierras.
Estas comisiones se formaron luego de la última toma terreno ocurrida a principios de septiembre, protagonizada por los clanes que exigen restitución de tierras, entre ellas, el sitio donde se emplaza el Hotel Hanga Roa, perteneciente al grupo familiar de origen alemán Schiess.
Pese a la existencia de estas comisiones, los isleños no se sienten representados, como dice Marisol Hito, una de las voceras del movimiento rapanui, a través de un correo electrónico: “Ahora quieren formar comisiones para decidir qué hacer con nuestras tierras. Quieren hacer un plan de desarrollo. Y resulta que los clanes, los hakaara, no estamos representados en esas comisiones. Sabemos que quieren disponer de nuestra isla, para privatizarla. Nosotros queremos que cualquier plan que se haga para Rapa Nui se haga respetando los estándares internacionales para el trato con los pueblos indígenas, según el Convenio 169 de la OIT que es ley en Chile”.
Por su parte, Raúl Teao, miembro de la comisión de desarrollo y uno de los directores del Parlamento Rapa Nui, explica que “no son nuestras propuestas, sino de cada dueño de los terrenos, que proponen compensación y devolución por los años de uso”. Respecto del Hotel Hanga Roa, sostiene que es “un problema del Estado el haber vendido esos terrenos de los dueños de la isla. Hay que restituir esos terrenos a las familias originarias”.
Por otro lado, en torno al tema sensible del control de migración, Tenao afirma que “hay que sacar la ley para controlar la inmigración, porque no queremos “conti” (chilenos del continente) vagos acá, pero queremos que se le entregue la responsabilidad a los
rapanui, no a Carabineros o la PDI, porque por darle un ejemplo a los hijos de los conti no los controlan, en cambio, a los míos sí. No hay credibilidad en la responsabilidad de los policías”.
Mientras tanto, el pasado 2 de octubre, los clanes de Isla de Pascua se agruparon en torno al bufete de abogados del Indian Law Resource Center, con sede en Washington, para interponer una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,en respuesta a los enfrentamientos que han tenido con la policía, que los desalojó del Hanga Roa.
El abogado Leonardo Crippa dijo a LND que está representando a 28 clanes y que posiblemente otras familias se unan en esta demanda en contra del Estado chileno: “Aunque la comisión tomó la solicitud de medidas cautelares, hasta ahora la comisión no ha recomendado ninguna medida de protección, pero tanto el gobierno como mis clientes han acordado tomar precauciones para prevenir violaciones de los derechos humanos”.
La prueba de fuego se vivirá el próximo 8 de noviembre, cuando comience el juicio oral de Cañete, donde hay 18 imputados. “Hay 36 testigos protegidos y tenemos la declaración de sólo 14 de ellos y sabemos que la Fiscalía va a perseverar en perseguir los delitos bajo la Ley Antiterrorista”, aseveró Natividad Llanquileo, vocera de los huelguistas de Concepción y que fueron los primeros en deponer la movilización que duró más de 80 días.
Por otra parte, Llanquileo será la vocera que participará en una mesa de trabajo el próximo 2 de noviembre con un representante del gobierno y el arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, para hablar otros puntos pendientes sobre las demandas mapuches. Consultada si participarían en ella los comuneros de Angol, respondió: “A ellos los invitamos, pero no nos han dicho si van a venir”, dijo la joven.
El lonko Queipul, sin embargo, descartó que su comunidad participe de dicha instancia: “No nos vamos a reunir con ellos. Ya no permitimos que el obispo sea el facilitador del nuestro diálogo, ya que tenemos una conversación con el gobierno y el garante de la negociación son las comunidades de los que apoyaron la huelga”, explica Queipul.
El dirigente dice que desecharon el rol mediador de la Iglesia Católica, “porque el obispo negoció sólo con Concepción, con la Natividad (Llanquileo) y otra persona más que nunca participó como vocero. El obispo fue parte de la estrategia del gobierno para debilitar la huelga de hambre de los hermanos”.
La Comunidad de Temucuicui ha sido desde hace varios años la más radical en cuanto a sus reivindicaciones. Más aún, dado que los comuneros manifestaron no estar de acuerdo con la propuesta del gobierno, Queipul indicó que tras una reunión sostenida con miembros de varias comunidades, entre las que se cuentan las de Valdivia, Malleco y Lleu Lleu, entre otros, en las afueras de la cárcel de Angol, “tomamos la decisión, en vista de que el gobierno no aceptó sacar a los testigos protegidos que usa el Ministerio Público, que vamos a aplicar la ley mapuche a los que sean sorprendidos prestando algún servicio a los fiscales”.
Dicha ley mapuche consiste en la expulsión del acusado de la comunidad y eso incluiría a su familia: “Se van a juntar las comunidades en un malón para denunciar a esa persona. Si él no declara delante de todos los lonkos que va a deponer su actitud como testigo protegido, claramente lo vamos a expulsar. Si su familia también está cooperando con el Ministerio Público, también la vamos a expulsar. No podemos permitir que una sola persona tenga tanta gente encarcelada”, asegura Queipul.
De hecho, los dirigentes de Temuco ya tienen el nombre de un testigo y están efectuando propia investigación para determinar si colaboró con el Ministerio Público.
Consultado si durante la negociación con el gobierno, los comuneros van a deponer las tomas, Queipul respondió: “La reivindicación de tierras es irrenunciable, porque aunque haya conversaciones con el gobierno, nosotros vamos a seguir”.
El lonko Jorge Calfuqueo aseveró a los medios que “nosotros desconocemos realmente a quiénes se les consultó, entendiendo que el gobierno tiene instancias y mecanismos a través de la Conadi, pero no es una instancia para nosotros representativa del pueblo mapuche y, para nosotros, este mecanismo de consulta, lo invalidamos”.
Tras esta visita al Congreso, el gobierno retiró la urgencia a este mecanismo para promover la participación de los pueblos originarios, como también hacer una consulta al Convenio 169 de la OIT. La negativa a esta legislación se debe, entre otros elementos, a los conceptos utilizados por la misma, que no ampliarían los derechos de los indígenas en Chile.
Según explica el abogado Jorge Contesse, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, “este proyecto tiene el problema que no satisface los estándares internacionales en materia de derecho de los pueblos indígenas, porque la iniciativa reconoce la existencia de los pueblos indígenas, pero el derecho de sus comunidades, organizaciones e integrantes. El uso de las palabras es importante, porque lo que tiene que reconocerse es el derecho de los pueblos, no de las comunidades ni de los integrantes”.
Sostiene que en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por nuestro país en 2009, “son los pueblos los titulares de los derechos y tienen derecho a ejercer la autodeterminación, lo que no significa secesión, ni separatismo, sino grados de autonomía política para definir sus propias prioridades y sus formas de desarrollo. Eso existe en el mundo y no significa que los estados se partan en dos”.
Consultado por las demandas territoriales de los mapuches y pascuenses y cómo conciliar esa demanda con el derecho de propiedad de los privados, respondió: “El Estado debe impulsar políticas públicas muy decididas para encontrar solución a ese desencuentro. Buena parte de las tierras, no todas, que hoy están en manos de particulares, lo sabemos y está probado se hizo por medios fraudulentos. En consecuencia, el Estado chileno tiene la obligación de reparar a los pueblos indígenas en este tema”.
En el caso de los rapanui, la fecha clave que se aproxima es el próximo 24 de octubre, día en que deberían evacuarse los informes de las cuatro comisiones y que tratan los temas de migración, estatutos, plan de desarrollo y tierras.
Estas comisiones se formaron luego de la última toma terreno ocurrida a principios de septiembre, protagonizada por los clanes que exigen restitución de tierras, entre ellas, el sitio donde se emplaza el Hotel Hanga Roa, perteneciente al grupo familiar de origen alemán Schiess.
Pese a la existencia de estas comisiones, los isleños no se sienten representados, como dice Marisol Hito, una de las voceras del movimiento rapanui, a través de un correo electrónico: “Ahora quieren formar comisiones para decidir qué hacer con nuestras tierras. Quieren hacer un plan de desarrollo. Y resulta que los clanes, los hakaara, no estamos representados en esas comisiones. Sabemos que quieren disponer de nuestra isla, para privatizarla. Nosotros queremos que cualquier plan que se haga para Rapa Nui se haga respetando los estándares internacionales para el trato con los pueblos indígenas, según el Convenio 169 de la OIT que es ley en Chile”.
Por su parte, Raúl Teao, miembro de la comisión de desarrollo y uno de los directores del Parlamento Rapa Nui, explica que “no son nuestras propuestas, sino de cada dueño de los terrenos, que proponen compensación y devolución por los años de uso”. Respecto del Hotel Hanga Roa, sostiene que es “un problema del Estado el haber vendido esos terrenos de los dueños de la isla. Hay que restituir esos terrenos a las familias originarias”.
Por otro lado, en torno al tema sensible del control de migración, Tenao afirma que “hay que sacar la ley para controlar la inmigración, porque no queremos “conti” (chilenos del continente) vagos acá, pero queremos que se le entregue la responsabilidad a los
rapanui, no a Carabineros o la PDI, porque por darle un ejemplo a los hijos de los conti no los controlan, en cambio, a los míos sí. No hay credibilidad en la responsabilidad de los policías”.
Mientras tanto, el pasado 2 de octubre, los clanes de Isla de Pascua se agruparon en torno al bufete de abogados del Indian Law Resource Center, con sede en Washington, para interponer una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,en respuesta a los enfrentamientos que han tenido con la policía, que los desalojó del Hanga Roa.
El abogado Leonardo Crippa dijo a LND que está representando a 28 clanes y que posiblemente otras familias se unan en esta demanda en contra del Estado chileno: “Aunque la comisión tomó la solicitud de medidas cautelares, hasta ahora la comisión no ha recomendado ninguna medida de protección, pero tanto el gobierno como mis clientes han acordado tomar precauciones para prevenir violaciones de los derechos humanos”.
Mapuches divididos
Víctor Queipul, uno de los lonkos de la Comunidad Autónoma de Temucuicui (Angol) y cuyo hijo del mismo nombre estuvo entre los huelguistas que sólo depusieron la movilización el viernes 8 de octubre, una semana después de los de Concepción, dejó en claro que si se bajaron fue sólo por razones humanitarias. Señaló, tal como los otros comuneros de Temucuicui, que no les basta que las querellas por delito terrorista sean recalificadas a delito común y les molesta que no se eliminara la figura del testigo protegido que, según ellos, ha sido la principal prueba de la Fiscalía para inculpar a los mapuches que hoy están en prisión.La prueba de fuego se vivirá el próximo 8 de noviembre, cuando comience el juicio oral de Cañete, donde hay 18 imputados. “Hay 36 testigos protegidos y tenemos la declaración de sólo 14 de ellos y sabemos que la Fiscalía va a perseverar en perseguir los delitos bajo la Ley Antiterrorista”, aseveró Natividad Llanquileo, vocera de los huelguistas de Concepción y que fueron los primeros en deponer la movilización que duró más de 80 días.
Por otra parte, Llanquileo será la vocera que participará en una mesa de trabajo el próximo 2 de noviembre con un representante del gobierno y el arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, para hablar otros puntos pendientes sobre las demandas mapuches. Consultada si participarían en ella los comuneros de Angol, respondió: “A ellos los invitamos, pero no nos han dicho si van a venir”, dijo la joven.
El lonko Queipul, sin embargo, descartó que su comunidad participe de dicha instancia: “No nos vamos a reunir con ellos. Ya no permitimos que el obispo sea el facilitador del nuestro diálogo, ya que tenemos una conversación con el gobierno y el garante de la negociación son las comunidades de los que apoyaron la huelga”, explica Queipul.
El dirigente dice que desecharon el rol mediador de la Iglesia Católica, “porque el obispo negoció sólo con Concepción, con la Natividad (Llanquileo) y otra persona más que nunca participó como vocero. El obispo fue parte de la estrategia del gobierno para debilitar la huelga de hambre de los hermanos”.
La Comunidad de Temucuicui ha sido desde hace varios años la más radical en cuanto a sus reivindicaciones. Más aún, dado que los comuneros manifestaron no estar de acuerdo con la propuesta del gobierno, Queipul indicó que tras una reunión sostenida con miembros de varias comunidades, entre las que se cuentan las de Valdivia, Malleco y Lleu Lleu, entre otros, en las afueras de la cárcel de Angol, “tomamos la decisión, en vista de que el gobierno no aceptó sacar a los testigos protegidos que usa el Ministerio Público, que vamos a aplicar la ley mapuche a los que sean sorprendidos prestando algún servicio a los fiscales”.
Dicha ley mapuche consiste en la expulsión del acusado de la comunidad y eso incluiría a su familia: “Se van a juntar las comunidades en un malón para denunciar a esa persona. Si él no declara delante de todos los lonkos que va a deponer su actitud como testigo protegido, claramente lo vamos a expulsar. Si su familia también está cooperando con el Ministerio Público, también la vamos a expulsar. No podemos permitir que una sola persona tenga tanta gente encarcelada”, asegura Queipul.
De hecho, los dirigentes de Temuco ya tienen el nombre de un testigo y están efectuando propia investigación para determinar si colaboró con el Ministerio Público.
Consultado si durante la negociación con el gobierno, los comuneros van a deponer las tomas, Queipul respondió: “La reivindicación de tierras es irrenunciable, porque aunque haya conversaciones con el gobierno, nosotros vamos a seguir”.
¿Reconocimiento constitucional?
Otro punto propuesto por el gobierno a los huelguistas fue la discusión inmediata del proyecto de Ley de Reconocimiento Constitucional a los Pueblos Originarios. Sin embargo, esta semana los líderes de la Alianza Territorial Mapuche, que representan a más 100 comunidades indígenas, fueron al Congreso para pedir al Ejecutivo que retire la suma urgencia a este proyecto. No es la primera vez, en todo caso, que manifiestan un rechazo a esta iniciativa.El lonko Jorge Calfuqueo aseveró a los medios que “nosotros desconocemos realmente a quiénes se les consultó, entendiendo que el gobierno tiene instancias y mecanismos a través de la Conadi, pero no es una instancia para nosotros representativa del pueblo mapuche y, para nosotros, este mecanismo de consulta, lo invalidamos”.
Tras esta visita al Congreso, el gobierno retiró la urgencia a este mecanismo para promover la participación de los pueblos originarios, como también hacer una consulta al Convenio 169 de la OIT. La negativa a esta legislación se debe, entre otros elementos, a los conceptos utilizados por la misma, que no ampliarían los derechos de los indígenas en Chile.
Según explica el abogado Jorge Contesse, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, “este proyecto tiene el problema que no satisface los estándares internacionales en materia de derecho de los pueblos indígenas, porque la iniciativa reconoce la existencia de los pueblos indígenas, pero el derecho de sus comunidades, organizaciones e integrantes. El uso de las palabras es importante, porque lo que tiene que reconocerse es el derecho de los pueblos, no de las comunidades ni de los integrantes”.
Sostiene que en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por nuestro país en 2009, “son los pueblos los titulares de los derechos y tienen derecho a ejercer la autodeterminación, lo que no significa secesión, ni separatismo, sino grados de autonomía política para definir sus propias prioridades y sus formas de desarrollo. Eso existe en el mundo y no significa que los estados se partan en dos”.
Consultado por las demandas territoriales de los mapuches y pascuenses y cómo conciliar esa demanda con el derecho de propiedad de los privados, respondió: “El Estado debe impulsar políticas públicas muy decididas para encontrar solución a ese desencuentro. Buena parte de las tierras, no todas, que hoy están en manos de particulares, lo sabemos y está probado se hizo por medios fraudulentos. En consecuencia, el Estado chileno tiene la obligación de reparar a los pueblos indígenas en este tema”.
DIAGUITAS Y KAWESKAR: LAS OTRAS DEMANDAS Aunque los mapuches y pascuenses han sido más visibles en sus demandas y reivindicaciones, el hecho es que los otros pueblos originarios también tienen sus propias inquietudes, como es el caso de los diaguitas, en el norte, y los kaweskar, en el sur.La presidenta de la asociación Consejo Regional Diaguita, Solange Bordones, explica que aunque han sido reconocidos como pueblo originario, “todavía no tenemos oficina Conadi y dependemos de un enlace de Copiapó y eso nos molesta, porque aunque aparecemos en la Ley Indígena como etnia, no tenemos los mismos derechos. Somos los hermanos pobres de los indígenas y deberíamos tener los mismos derechos que los mapuches, los aimaras, y los licanatays (atacameños). Nosotros estamos en un valle al interior y es súper complicado, porque no podemos viajar a Copiapó y no tenemos acceso a internet y por eso los proyectos llegan atrasados o se pierde la correspondencia”. La principal demanda de su comunidad tiene que ver con las políticas medioambientales relacionadas con las mineras que están establecidas en la zona. En el caso de la comunidad kaweskar, Juan Carlos Tonko explicó a LND que “nuestras demandas son similares a los que tienen los demás pueblos indígenas” y que en el caso de ellos, piden espacios territoriales entre la ribera norte del Golfo de Penas hasta el sector sur de la Isla Madre de Dios, donde vive la población kaweskar de Puerto Edén. “Lo que queremos es la conservación de los sitios patrimoniales y protección porque las grandes empresas de la salmonicultura están solicitando áreas de concesiones marítimas, que están en territorio kaweskar. Según el convenio de la 169 de la OIT, sería nuestra responsabilidad administrar esa zona”. La Nación |
sábado, 16 de octubre de 2010
Chile. Proyecto de Reforma constitucional debe ser consultado de acuerdo a las normas internacionales
Chile. Conferencia de Prensa al final de visita oficial de James Anaya, Relator de Naciones Unidas Para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas. Recomendaciones al estado de Chile sobre los requisitos obligados de la consulta indigena a efectuar en relación a la reforma constitucional relativa a derechos de los pueblos indigenas, y los contenidos de dicha reforma. Santiago 9 abril 2009. (Fragmento gentileza Radio Tierra FM)
Con fecha 8 de octubre, el Gobierno chileno le ha asignado urgencia de "discusión inmediata" (3 dias para despachar) a un controversial proyecto de reforma constitucional de "reconocimiento". El proyecto no ha sido consultado de buena fe ni acordado con los pueblos indigenas. Sus contenidos son contrarios a los estandares de derechos humanos. Proyecto Bol. 5324 La consulta previa del proyecto de reforma es una de las recomendaciones formuladas al estado de Chile, por el Relator Especial ONU, James Anaya
domingo, 10 de octubre de 2010
viernes, 8 de octubre de 2010
Rodrigo Curipán: La reunión con Milton Juica fue "satisfactoria e importante"
Mientras se desarrollaba la cita, cerca de 30 estudiantes universitarios y secundarios hicieron una manifestación a las afueras de Tribunales.
por La Tercera - 07/10/2010 - 13:24
Como "satisfactoria e importante" calificó el vocero de los presos mapuches de Angol, Rodrigo Curipán, la reunión que sostuvo con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, en el Palacio de Tribunales. El representante de los presos que todavía se mantienen en huelga de hambre llegó acompañado de los voceros Víctor Queipul y Jorge Huenchullán y del abogado Jaime Madariaga."Nos hemos trasladado hasta el Poder Judicial para podernos entrevistar con su presidente don Milton Juica y en base a eso hoy día nos vamos con una sensación de que nos escuchó y que compartió nuestra decisión", señaló Curipán a la salida de la reunión.
El vocero junto a sus acompañantes se mostraron abiertos a dialogar y señalaron que esperan que esta sea la señal correcta por parte del Estado Chileno en relación a las reivindicaciones que tienen que ver principalmente con la devolución de tierras en las cercanías de Temucuicui y Angol, además de las modificaciones a la ley antiterrorista.
Mientras se realizaba la reunión, cerca de 30 estudiantes universitarios y secundarios manifestaron en las afueras del Palacio de Tribunales en apoyo a la causa mapuche e intentaron entrar al edificio. De inmediato fueron desalojados del recinto luego de que rompieran las vallas que resguardaban el lugar, según consigno canal 24 Horas.
La Tercera
jueves, 7 de octubre de 2010
Rechazan dar libertad provisional a prisioneros mapuche en Cañete
Oct 07, 2010 Durante esta jornada el Tribunal de Cañete rechazó otorgar la libertad provisional a ninguno de los 18 procesados por distintos hechos relacionados a la resistencia mapuche en la zona del Lleu Lleu.
En la audiencia de revisión de medida cautelar, los defensores solicitaron a los jueces la libertad provisional con los argumentos de que los comuneros no representan un peligro para la sociedad, de que ya han sobrepasado el tiempo establecido para su prisión preventiva, que se extiende por cerca de 18 meses, y que recién vienen saliendo de la huelga de hambre que sostuvieron por 82 días.
Además los abogados de los comuneros encarcelados en Lebu, Concepción y Temuco, recordaron al Tribunal que el Gobierno se comprometió a reformular las querellas que habían interpuesto bajo Ley Antiterrorista, pasándolas a la ley común.
Ante ello, el fiscal antimapuche Andrés Cruz, dijo que el Gobierno y el Parlamento si han llegado a algún arreglo con los prisioneros mapuche, ese acuerdo no puede intervenir en el actuar del Ministerio Público y sus fiscales, puesto que la Ley 18.314 que castiga “las conductas terroristas” goza de buena salud, está vigente y no ha sido modificada.
9 de los mapuche procesados en esta causa, que agrupa el enfrentamiento con la comitiva del fiscal Elgueta y varios incendios en Lleu Lleu, bajaron la huelga de hambre que continuaron 14 hermanos, por haber llegado a un acuerdo con el Gobierno.
Ya realizada la preparación de juicio oral, la fecha para el inicio del mismo está fijada para el 8 de noviembre.
Comunero que continúa en huelga de hambre en Puerto Montt sufre descompensación
Jueves 7 Octubre 2010
Publicado por Camila Álvarez
Uno de los comuneros que siguen en huelga de hambre en la sede de la CUT en Puerto Montt, sufrió una descompensación debido a una baja de presión cuando salió a apoyar una nueva marcha en solidaridad con los 14 mapuches que aun siguen en huelga en la cárcel de Angol.
Diego Montiel Paillan, comunero mapuche que vino desde Hualaihué a sumarse a la huelga de hambre que lleva adelante el lonco Eric Vargas Quinchaman, sufrió una fuerte descompensación en momentos en que salía a apoyar una marcha por las calles de Puerto Montt.
A la sede de la CUT, llego personal del Samu del Hospital Base para revisar su estado de salud, dejándolo con suero fisiológico.
Por su parte, Adan Marileo, dirigente mapuche, señalo que esta es una nueva muestra de que las demandas que llevan adelante son legitimas poniendo en riesgo día a día la vida de los huelguistas.
Diego Montiel Paillan decidió seguir adelante con la huelga de hambre, a pesar de esta complicación medica, ya que según él y su familia, la problemática mapuche debe ser solucionada en toda su magnitud.
Radio Bío-Bío
Publicado por Camila Álvarez
Uno de los comuneros que siguen en huelga de hambre en la sede de la CUT en Puerto Montt, sufrió una descompensación debido a una baja de presión cuando salió a apoyar una nueva marcha en solidaridad con los 14 mapuches que aun siguen en huelga en la cárcel de Angol.
Diego Montiel Paillan, comunero mapuche que vino desde Hualaihué a sumarse a la huelga de hambre que lleva adelante el lonco Eric Vargas Quinchaman, sufrió una fuerte descompensación en momentos en que salía a apoyar una marcha por las calles de Puerto Montt.
A la sede de la CUT, llego personal del Samu del Hospital Base para revisar su estado de salud, dejándolo con suero fisiológico.
Por su parte, Adan Marileo, dirigente mapuche, señalo que esta es una nueva muestra de que las demandas que llevan adelante son legitimas poniendo en riesgo día a día la vida de los huelguistas.
Diego Montiel Paillan decidió seguir adelante con la huelga de hambre, a pesar de esta complicación medica, ya que según él y su familia, la problemática mapuche debe ser solucionada en toda su magnitud.
Radio Bío-Bío
miércoles, 6 de octubre de 2010
El problema para el gobierno chileno continúa ¿POR QUÉ 14 MAPUCHE SIGUEN EN HUELGA DE HAMBRE?
"Se depone la huelga de hambre que comenzó hace 83 días, en las cárceles de Concepción, Lebu , Valdivia y parte de los presos de Temuco, ya que aún quedan tres comuneros en esa penitenciaría que mantienen su posición de huelga. Además están los diez presos de la cárcel de Angol y un menor detenido en el Centro de Internación Provisoria del Sename, en Chol Chol. Esta es la situación post acuerdo firmado con el gobierno"
El acuerdo menciona que el gobierno ha promovido reformas a la Ley Antiterrorista y a la justicia militar y que esta voluntad de cambio forma parte de su programa de gobierno y “responde a convicciones y principios democráticos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, el que se inspira en nuestra Carta Constitucional, normas del derecho internacional, de los derechos humanos, y el Convenio 169 de la OIT, así como en recomendaciones de organismos internacionales”.
Los presos que se niegan a aceptar un acuerdo con el gobierno argumentan que los proyectos enviados al Congreso, no constituyen mejoras sustanciales a la legislación vigente y siguen sin cumplir con las recomendaciones y decisiones de la comunidad internacional orientadas a garantizar el justo proceso a los mapuche .
En ese sentido, las modificaciones a la Ley Antiterrorista, tienden a perfeccionar su aplicación y no garantiza de que no se vuelva a aplicar a la protesta reivindicativa mapuche, tal como lo recomienda el Relator Especial de la ONU, James Anaya, de tal manera que estos conceptos y penalidades propuestos en la reforma a la Ley, no se ajustan a las exigencias internacionales.
El acuerdo estima no perseverar en la querella terrorista. Sin embargo, el retiro de las querellas por parte del ejecutivo no cambia la actual situación procesal de los presos. En ese sentido le corresponde al Ministerio Público pronunciarse si serán recalificados por el derecho penal común, de otra manera, no tendrá el efecto esperado por los presos y sus familias.
La otra modificación a la Ley - según el acuerdo- es sobre enjuiciamiento de civiles por parte de tribunales militares, esta permitirá evitar el doble juzgamiento de los presos mapuche, pero seguirá administrando la justicia en los delitos que cometan agentes policiales en contra de civiles. En definitiva cuando un policía cometa un delito, será la justicia militar quien procese y de sanción, no la justicia civil como lo exige el derecho internacional.
Este un tema muy preocupante para los defensores de derechos humanos, considerando la represión cometida por parte de Carabineros y Policía de Investigaciones en contra de las comunidades, situación que ha atentado continuamente contra los derechos humanos, mientras que las sanciones a agentes del estado que ha provocado la muerte a comuneros mapuche han quedado en la impunidad.
En estos últimos años han sido muchas las denuncias a los organismos internacionales sobre el tema de la violencia aplicada por las policias a las comunidades, entre ellas: secuestro e interrogatorios a niños, allanamientos sin órdenes judiciales, denuncias de torturas y malos tratos a los presos, etc.
Otro de los temas que preocupa a los presos de Angol y a quienes los defienden es que el hecho de mantener la figura del testigo protegido, que a pesar de que con las modificaciones a la Ley se pueda contrainterrogar, atenta contra el debido proceso, ya que en la mayoría de las acusaciones del Ministerio Público se basan en testimonios de testigos sin rostros, que a pesar de que finalmente la Justicia considere esas pruebas inconsistentes, el preso ya habrá pasado muchos meses encarcelado.
En un comunicado público los presos de Algol aclaran que esta movilización para ellos nunca tuvo un fin judicial, independientemente del hecho de que esperan un juicio justo en donde se compruebe su inocencia, Explican “el fondo de esta huelga de hambre tiene que ver con lo que nosotros esperamos para el futuro de nuestro Pueblo Nación Mapuche. Las distintas comunidades mapuche seguirán luchando por el derecho al territorio, seguirán defendiendo nuestro derecho a vivir como mapuche y negándose a ser asimilados por la cultura chilena, lo que acarreará nuevos conflictos con la justicia chilena”.
Sostienen que mantendrán la huelga de hambre hasta las últimas consecuencias, mientras el Estado no de solución a los puntos planteados al inicio de la movilización.
Ante esta situación el problema para el gobierno chileno continúa, por un lado no ha solucionado totalmente la huelga de hambre y no han quedado claras las formas de solución del problema de fondo, que es la devolución de las tierras que ancestralmente reclaman como suyas las comunidades de la Araucanía.
Marta Guerra M.
Movimiento G80
PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE AÚN EN HUELGA DE HAMBRE CARCEL DE ANGOL: 1.- Victor Llanquileo Pilquiman 2.- Fernando Millacheo Marin 3.- José Queipul Huaiquil HOSPITAL DE VICTORIA: 4.- Victor Hugo Queipul 5.- Felipe Huenchullan Cayul 6.- Camilo Tori Quiñinao 7.- Eduardo Osses Moreno 8.- Alex Curipan Levipan 9.- Carlos Huaiquillan Palacio 10.- *Waikilaf Cadin Calfunao CARCEL DE TEMUCO: 11.- Hugo Melinao 12.- Cristián Levinao 13.- Sergio Lican Levio CARCEL DE CHOL CHOL: 14.- Luis Marileo Cariqueo |
Los presos que se niegan a aceptar un acuerdo con el gobierno argumentan que los proyectos enviados al Congreso, no constituyen mejoras sustanciales a la legislación vigente y siguen sin cumplir con las recomendaciones y decisiones de la comunidad internacional orientadas a garantizar el justo proceso a los mapuche .
En ese sentido, las modificaciones a la Ley Antiterrorista, tienden a perfeccionar su aplicación y no garantiza de que no se vuelva a aplicar a la protesta reivindicativa mapuche, tal como lo recomienda el Relator Especial de la ONU, James Anaya, de tal manera que estos conceptos y penalidades propuestos en la reforma a la Ley, no se ajustan a las exigencias internacionales.
El acuerdo estima no perseverar en la querella terrorista. Sin embargo, el retiro de las querellas por parte del ejecutivo no cambia la actual situación procesal de los presos. En ese sentido le corresponde al Ministerio Público pronunciarse si serán recalificados por el derecho penal común, de otra manera, no tendrá el efecto esperado por los presos y sus familias.
La otra modificación a la Ley - según el acuerdo- es sobre enjuiciamiento de civiles por parte de tribunales militares, esta permitirá evitar el doble juzgamiento de los presos mapuche, pero seguirá administrando la justicia en los delitos que cometan agentes policiales en contra de civiles. En definitiva cuando un policía cometa un delito, será la justicia militar quien procese y de sanción, no la justicia civil como lo exige el derecho internacional.
Este un tema muy preocupante para los defensores de derechos humanos, considerando la represión cometida por parte de Carabineros y Policía de Investigaciones en contra de las comunidades, situación que ha atentado continuamente contra los derechos humanos, mientras que las sanciones a agentes del estado que ha provocado la muerte a comuneros mapuche han quedado en la impunidad.
En estos últimos años han sido muchas las denuncias a los organismos internacionales sobre el tema de la violencia aplicada por las policias a las comunidades, entre ellas: secuestro e interrogatorios a niños, allanamientos sin órdenes judiciales, denuncias de torturas y malos tratos a los presos, etc.
Otro de los temas que preocupa a los presos de Angol y a quienes los defienden es que el hecho de mantener la figura del testigo protegido, que a pesar de que con las modificaciones a la Ley se pueda contrainterrogar, atenta contra el debido proceso, ya que en la mayoría de las acusaciones del Ministerio Público se basan en testimonios de testigos sin rostros, que a pesar de que finalmente la Justicia considere esas pruebas inconsistentes, el preso ya habrá pasado muchos meses encarcelado.
En un comunicado público los presos de Algol aclaran que esta movilización para ellos nunca tuvo un fin judicial, independientemente del hecho de que esperan un juicio justo en donde se compruebe su inocencia, Explican “el fondo de esta huelga de hambre tiene que ver con lo que nosotros esperamos para el futuro de nuestro Pueblo Nación Mapuche. Las distintas comunidades mapuche seguirán luchando por el derecho al territorio, seguirán defendiendo nuestro derecho a vivir como mapuche y negándose a ser asimilados por la cultura chilena, lo que acarreará nuevos conflictos con la justicia chilena”.
Sostienen que mantendrán la huelga de hambre hasta las últimas consecuencias, mientras el Estado no de solución a los puntos planteados al inicio de la movilización.
Ante esta situación el problema para el gobierno chileno continúa, por un lado no ha solucionado totalmente la huelga de hambre y no han quedado claras las formas de solución del problema de fondo, que es la devolución de las tierras que ancestralmente reclaman como suyas las comunidades de la Araucanía.
Marta Guerra M.
Movimiento G80
Declaración del Observatorio Ciudadano ante el término de la huelga de hambre mapuche
Ante el término de la huelga de hambre de presos mapuche en algunos penales del sur del país
Observatorio Ciudadano, 4 de octubre de 2010
Ante el término de la huelga de hambre de los presos mapuche que se encuentran recluidos en las cárceles de Concepción, Lebu, Valdivia y Temuco el pasado 1 de octubre, y la persistencia de dicha huelga por parte de 10 presos mapuche en la cárcel de Angol y de un niño mapuche en el Centro de Internación Provisoria de Chol Chol, dependiente del SENAME, el Observatorio Ciudadano se hace un deber señalar a la opinión pública lo siguiente:
Observatorio Ciudadano, 4 de octubre de 2010
Ante el término de la huelga de hambre de los presos mapuche que se encuentran recluidos en las cárceles de Concepción, Lebu, Valdivia y Temuco el pasado 1 de octubre, y la persistencia de dicha huelga por parte de 10 presos mapuche en la cárcel de Angol y de un niño mapuche en el Centro de Internación Provisoria de Chol Chol, dependiente del SENAME, el Observatorio Ciudadano se hace un deber señalar a la opinión pública lo siguiente:1.- Valoramos el acuerdo logrado entre el gobierno y la mayor parte de los presos mapuche, lo que permitió el levantamiento de la huelga que sostuvieron por 82 días.
Reconocemos, sin embargo, las insuficiencias que este acuerdo tiene en relación a las demandas que originaron la huelga de hambre y manifestamos nuestra preocupación por los presos que aún mantienen esta medida. Como organismo de derechos humanos, valoramos la vida e integridad física como bienes jurídicos fundamentales, por lo que instamos al gobierno a desarrollar en forma urgente un diálogo directo con los presos mapuche de la cárcel de Angol y del CIP-CRC de Chol Chol, de modo que se pueda lograr un acuerdo que de respuesta también a sus demandas por un justo proceso.
2.- En el acuerdo suscrito por el gobierno, éste decide no perseverar en las querellas por delitos terroristas que se presentaran en su contra “bajo la administración de la Presidenta Bachelet”, estableciendo que “no tiene la convicción que los hechos por los que se les ha imputado… puedan seguir siendo calificados como conductas terroristas”. Por lo mismo, el gobierno manifiesta su disposición a desistirse de tales querellas y a replantear tales acciones bajo las normas del derecho penal común.
Asimismo, valoramos el reconocimiento que el gobierno hace en dicho acuerdo, en el sentido de que al suscribirlo se orienta y fundamenta su decisión, entre otros aspectos, en las normas del derecho internacional de los derechos humanos, el Convenio 169 de la OIT, así como en las recomendaciones de los organismos internacionales, lo que pone de manifiesto su adhesión y compromiso con ellos hacia el futuro.
Consideramos que el reconocimiento de los derechos humanos y de los pueblos indígenas sientan las bases para una revisión más profunda de las reformas legales necesarias para enfrentar las demandas de esta huelga, y orientar así cambios institucionales y culturales que el país necesita para enfrentar una nueva relación con sus pueblos originarios.
3.- Igualmente relevante es la disposición manifestada por las partes de generar un mecanismo, con la participación de Monseñor Ezzati, para hacer seguimiento y garantizar el cumplimiento de los compromisos contenidos en el acuerdo. Asimismo, en este acuerdo el gobierno manifiesta disposición a gestionar acciones para seguir avanzando en la búsqueda de soluciones a diversos temas que preocupan a la “causa mapuche”, y concuerda con los presos mapuche en que “éste sea el inicio de una relación apropiada en el marco de la cual se fundará un nuevo trato con el pueblo mapuche.” Se trata de acuerdos que pueden marcar un nuevo rumbo en el tratamiento que la autoridad ha dado a la fecha al pueblo mapuche, cuyas deficiencias han quedado en evidencia con la huelga de hambre.
4.- Lamentamos, sin embargo, que a este acuerdo se haya llegado tan tardíamente. Ello obedeció a la negativa prolongada del gobierno a desarrollar un diálogo directo con los presos mapuche en huelga de hambre para buscar una solución a sus demandas; a sus equívocos intentos iniciales de aplacarla por la vía de desconocerla socialmente; buscar la alimentación forzosa de los huelguistas; y a la confusa convocatoria que el Presidente Piñera hiciera a las organizaciones mapuche para desarrollar un diálogo sobre una materia que en nada decía relación con las demandas de los huelguistas, el Plan Araucanía, en momentos críticos para su salud y su vida. También ello se debió a la inconducencia de las propuestas legislativas formuladas, también tardíamente por el ejecutivo, para garantizar un juicio justo a los mapuche en huelga de hambre de conformidad a lo demandado por ellos legítimamente.
5.- Al respecto debemos señalar que los proyectos enviados al Congreso Nacional y hasta ahora aprobados por sus cámaras, no constituyen mejoras sustanciales a la legislación vigente y siguen sin cumplir con las recomendaciones y decisiones de la comunidad internacional orientadas a garantizar el justo proceso a los mapuche y a la población civil en general.
En efecto, el proyecto de ley antiterrorista que fue discutido y aprobado por el Congreso Nacional mantiene conceptos y penalidades que no se ajustan a las exigencias de un estado de derecho, como es el caso de los delitos en contra de la propiedad, incluyendo el delito de incendio, como delitos terroristas.
El proyecto de reforma corta a la justicia militar, en tanto, si bien permitirá evitar el doble juzgamiento de los presos mapuche, no contempla el que los delitos que cometan militares y agentes policiales en contra de civiles –que se relacionan con las denuncias de violaciones a los derechos humanos producto de la militarización en algunas comunidades- sigan siendo de competencia de la justicia militar, sin dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Chile en el caso Palamara, que ordenó poner término a dicha competencia.
Estas tramitaciones en el Congreso evidencian las dificultades que el país tiene para avanzar en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos, lo que será un serio escollo para construir una nueva política pública que responda a las preocupaciones de la “causa mapuche” como expresa el acuerdo. Dando muestras el parlamento de no estas a la altura de un país que necesita perfeccionar su democracia.
7.- Si bien no todas las legitimas demandas de los presos mapuche han sido atendidas a través del acuerdo suscrito, y persisten varios de los problemas que les llevaron a la huelga, se han verificado avances significativos a favor de un abordaje más profundo de los problemas que afectan la convivencia entre el Estado, la sociedad chilena y los pueblos indígenas en el país, en especial con el pueblo mapuche. Ello, a través del reconocimiento de las injusticias históricas de las que han sido objeto por parte del Estado; del tratamiento discriminatorio que les ha afectado, incluyendo el trato discriminatorio ante la justicia; de los déficit que el país tiene en esta materia; y de la necesidad de desarrollar una política pública consistente, con miras a abordar su realidad histórica y presente, asegurando sus derechos colectivos como pueblos así como los derechos individuales de quienes los integran, conforme a los lineamientos internacionales de derechos humanos que en el acuerdo recién suscrito el gobierno reconoce como orientadores de su acción.
8. – Valoramos el rol de facilitador del dialogo desarrollado por la iglesia católica, en particular por monseñor Ezzati, el que contribuyó, de manera determinante a un acercamiento entre el gobierno y los presos mapuche, y al acuerdo que logró poner término a la huelga en los penales antes señalados.
Valoramos, asimismo, la amplia y diversa solidaridad y las acciones públicas que se desarrollaron en torno a la huelga de hambre en gran parte del país. Sin duda, lo prolongado de este ayuno permitió a miles de personas conocer la realidad de los mapuche y expresar su apoyo, abriendo un nuevo espacio para el diálogo intercultural del cual todos nos debemos hacer responsables para su continuidad.
9.- Finalmente, valoramos el que los medios de comunicación nacionales, que por largo tiempo han ignorado y/o desinformado sobre la realidad y problemas de los pueblos indígenas, sobre lo que erróneamente ellos mismos han dado en llamar “el conflicto mapuche”, en la etapa final de esta huelga de hambre hayan dado una importante cobertura a ésta y a los problemas subyacentes que la motivaron, abriéndose a la inclusión de la perspectiva de las organizaciones del pueblo mapuche como no había ocurrido en el pasado.
El acuerdo logrado entre el gobierno y los presos mapuche en los penales señalados abre puertas para un nuevo escenario que, de persistir en el tiempo, permitiría avanzar en la generación de nuevas formas más justas y armoniosas de convivencia interétnica en el país basadas en el reconocimiento del otro y en el respeto mutuo.
martes, 5 de octubre de 2010
Comunicado Publico prisioneros Politicos Mapuche en Huelga de hambre
COMUNICADO PÚBLICO
Los Prisioneros Políticos Mapuche de la Cárcel de Angol, ante las comunidades y organizaciones mapuche, opinión pública en general, señalamos lo siguiente:
Estando en conocimiento de que los huelguistas mapuche de las cárceles de Concepción y Temuco han depuesto la huelga de hambre iniciada hace 83 días y que dicha actitud obedece a un acuerdo firmado con el gobierno, decidimos mantener la huelga en base a los siguientes argumentos:
· El acuerdo menciona que el gobierno ha promovido reformas a la Ley Antiterrorista y a la justicia militar y que esta voluntad de cambio forma parte de su programa de gobierno y “responde a convicciones y principios democráticos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, el que se inspira en nuestra Carta Constitucional, normas del derecho internacional, de los derechos humanos, y el Convenio 169 de la OIT, así como en recomendaciones de organismos internacionales”. Esto es completamente falso. Las reformas propuestas por el gobierno siguen atentando contra derechos humanos fundamentales, entre ellos, el debido proceso, el derecho a la intimidad, el derecho de defensa, y en lo que respecta a la Justicia Militar, la reforma sólo beneficia a los uniformados, ya que aumenta las penas de los delitos que se cometan en su contra, otorgándoles más protección para actuar con impunidad como ya lo hacen actualmente en las comunidades mapuche. Respecto a la Ley Antiterrorista, las modificaciones tienden a perfeccionar su aplicación y no hay garantías de que no se vuelva a aplicar a la protesta social mapuche, tal como lo recomienda James Anaya, Relator Especial de la ONU para el tema indígena.
· El retiro de las querellas por parte del Ejecutivo no cambia en nada la actual situación procesal de los huelguistas. A este respecto, corresponde al Ministerio Público pronunciarse respecto de las causas que se siguen en contra de nuestro pu peñi, en el sentido de aclarar públicamente que los delitos que se imputan en base a la Ley Antiterrorista serán recalificados a los tipos penales comunes. Respecto del ejecutivo, esta actitud sólo puede ser interpretada como buena fe.
· No validamos tampoco el hecho de que se siga manteniendo la figura del testigo protegido en las modificaciones propuestas por el gobierno y que se agregue además el agente encubierto y el informante. Dichas figuras continúan atentando contra el debido proceso, ya que en la mayoría de los procesos seguidos en contra nuestra, la única prueba son los dichos de este testigo, quien además es un delincuente, pues asegura haber participado en los hechos y que además recibe un sueldo por parte del Ministerio Público, lo que hace dudar de la imparcialidad y veracidad de su testimonio. En el Territorio de Malleco, este testigo ha hecho acusaciones al azar, respecto de familias emblemáticas dentro de la lucha territorial.
· Lamentamos que los presos de Concepción y Temuco no hayan tenido la claridad y el newen suficiente para mantener esta movilización. No compartimos su postura, pero la respetamos.
· Aclaramos ante la opinión pública que esta movilización, en lo que a los prisioneros políticos mapuche de Angol respecta, nunca tuvo un fin judicial. Independientemente del hecho de que esperamos un juicio justo en donde se compruebe nuestra inocencia, el fondo de esta huelga de hambre tiene que ver con lo que nosotros esperamos para el futuro de nuestro Pueblo Nación Mapuche. Las distintas comunidades mapuche seguirán luchando por el derecho al territorio, seguirán defendiendo nuestro derecho a vivir como mapuche y negándose a ser asimilados por la cultura chilena, lo que acarreará nuevos conflictos con la justicia chilena.
En base a estos motivos, decidimos mantener nuestra huelga de hambre, hasta las últimas consecuencias, para que el Estado de solución a los puntos planteados al inicio de la movilización.
Hacemos un llamado amplio a organizaciones y comunidades mapuche, como también a los organismos internacionales, a seguir apoyando la huelga de hambre.
Jose Queipul Huiaqui, Carcel de Angol.
Victor Llanquileo Carcel de Angol
Fernando Millacheo Marin Carcel de Angol
Felipe Huenchullan Cayul Hospital de Victoria
Victor Hugo Queipul Millanao Hospital de Victoria
Huaikilaf Calfunao Cadin Hospital de Victoria
Camilo Tori Quiñinao Hospital de Victoria
Alex Curipan Levipan Hospital de Victoria
Eduardo Oses Moreno Hospital de Victoria
Carlos Huiaquillan Palacio Hospital de Victoria.
Prisioneros Politicos cárcel de Angol
Hospital de Victoria
Domingo 03 de Octubre de 2010
lunes, 4 de octubre de 2010
La Justicia tiene su hora
Por Juan Pablo Cárdenas
Cualquiera sea el desenlace de la prolongada huelga de hambre de los presospolíticos mapuche, su testimonio resultará fundamental en la lucha por lademocratización del país y la necesidad de que Chile, su legislación e instituciones velen efectivamente por los derechos humanos. Quienes han arriesgado su vida a tal extremo han logrado sacar al país de su letargo político y despertar la sensibilidad de millones de chilenos respecto del estado de injusticia que afecta a nuestro pueblo fundacional, así como volver a concitar la solidaridad internacional que nos ha acompañado en tantos momentos cruciales en nuestra historia.
Cualquiera sea el desenlace de la prolongada huelga de hambre de los presospolíticos mapuche, su testimonio resultará fundamental en la lucha por lademocratización del país y la necesidad de que Chile, su legislación e instituciones velen efectivamente por los derechos humanos. Quienes han arriesgado su vida a tal extremo han logrado sacar al país de su letargo político y despertar la sensibilidad de millones de chilenos respecto del estado de injusticia que afecta a nuestro pueblo fundacional, así como volver a concitar la solidaridad internacional que nos ha acompañado en tantos momentos cruciales en nuestra historia.
Su ejemplo nos ha recordado que es siempre la movilización social la que obtiene los cambios. Que no son las promesas, ni las negociaciones políticas las que alientan la justicia social. Que todo cambio nace de la lucha, la protesta callejera, el enfrentamiento franco con los poderes retardatarios. Y que todo compromiso, en este sentido, siempre entraña arrojo, riesgo, sinsabores e, incluso, tragedias sociales.
Es en esta constatación que se entiende (aunque no se explica) que desde el primer día del gobierno de Patricio Aylwin se haya aplicado una política destinada a desactivar la organización social y silenciar a los medios de comunicación realmente comprometidos con una democracia genuina. Como nos confesara el Embajador de Noruega en la época, tal administración encargó incluso a una Comisión Especial viajar a Europa a demandar la suspensión de toda ayuda a las ONGs , diarios y revistas que habían encendido la protesta y las demandas que pusieron término a la Dictadura Militar. Es también en este cometido de adormecer las conciencias que se explica la debilidad del mundo sindical y estudiantil después de 20 años de post pinochetismo, cuanto que todavía siga vigente la Constitución del Dictador, la aberrante Justicia Militar, así como la llamada Ley Antiterrorista, en realidad un terrorífico cuerpo legal para neutralizar el descontento y aplastar las justas demandas de los excluidos y oprimidos.
En la indolencia y complicidad política de estas dos últimas décadas es que el Presidente Lagos agrega su rúbrica a la de Augusto Pinochet para sacralizar una Carta Fundamental que se prometió derogar con una Asamblea Constituyente. Es lo que explica, también, que el gobierno de Michelle Bachelet haya demandado a los dirigentes mapuches por una Ley que prometió nunca aplicar, pero a la cual se rindió por las presiones ejercidas por la centro derecha para extremar la represión en contra del justo levantamiento de la Araucanía. Los mismos que ahora, desde La Moneda y el Parlamento, se ven forzados a reconocer que la lucha mapuche es justa y que sus acciones no son terroristas.
La unidad y firme resolución de los mapuche tiene, por cierto, descontrolado al conjunto de la clase política. Ni el Ejecutivo, ni el Parlamento se muestran en capacidad de resolver el conflicto planteado por nuestra etnia principal y la resolución heroica de sus líderes. Es más, la Iglesia Católica ha debido reconocer su fracaso mediador o “facilitador”, como eufemísticamente se ha llamado a los esfuerzos de un obispo por avenir al gobierno y a los presos políticos en huelga de hambre. Junto con el reconocimiento que algunos prelados ya hacen en cuanto a que la misión de la Iglesia no es la búsqueda de la mediación o componenda sino el compromiso evangélico con la causa de los pobres y discriminados.
En la búsqueda de una solución digna es que debe ser el Poder Judicial el que intente ahora concebir una solución. Sobre todo cuando consta el repudio que le merece al propio Presidente de la Corte Suprema la vigencia de tribunales militares y que estos se permitan, para colmo, juzgar a los civiles. O cuando sabemos que en privado tantos jueces reconocen que les repugna aplicar la Ley Antiterrorista vigente, cuerpo legal reñido con el derecho internacional, como tantas veces se le ha representado al Estado chileno.
Nada podría limpiar más la imagen del Poder Judicial que la posibilidad de intervenir ante el fracaso de las instancias políticas. Sobre todo si se considera que lo que exigen los presos políticos mapuche no es impunidad, sino juicios justos y ajustados al debido proceso. Una posición más que prudente si se la compara con los despropósitos que han sufrido en los dos siglos que cumple nuestra pretendida república y en otros tres de colonialismo y guerra fratricida en contra de los que ya estaban aquí antes e la conquista española.
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