jueves, 16 de diciembre de 2010

Justicia Militar absuelve a Héctor Llaitul y otros 4 comuneros mapuche

Publicado por Camila Álvarez
Jueves 16 diciembre 2010 | 18:52

La justicia militar absolvió de los cargos por maltrato de obra a Carabineros y daño de obra fiscal, a 5 comuneros mapuche, incluido Héctor Llaitul Carrillanca, por los hechos registrados en Tirúa cuando comitiva del fiscal Mario Elgueta sufrió un ataque.

kilapan.entodaspartes.net
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La información exclusiva de La Radio fue confirmada por el Juzgado Militar de Valdivia, que ha notificado este fallo tanto a los imputados como a sus abogados.
Los familiares confirman que los presos, quienes están en un juicio civil en la provincia de Arauco, recibieron en la cárcel de Lebu la notificación de un fallo absolutorio, que iría en consulta a la Corte Marcial.
Esto generaría un enorme precedente de lo que está sucediendo en el juicio civil en la provincia de Arauco. 
Radio Bío Bío

Huilcamán y Wikileaks: "Bachelet tiene que dar explicaciones al país"



Huilcamán sostuvo que los cables de la embajada de Estados Unidos dejan en evidencia una serie de errores que cometió la Concertación en el manejo del conflicto. Además, puntualizó que se confirma que la comunidad mundial no cree que el pueblo mapuche cometa actos terroristas ni que este infiltrado por extranjeros.

POR AZKINTUWE - TEMUKO, WALLMAPU - 15 / 12 / 10

Luego que se dieran a conocer nuevos cables filtrados por Wikileaks, con información de la embajada de Estados Unidos en Chile, en la que se cuestiona la labor de la Concertación y la Alianza frente al tema mapuche, y donde incluso se informa que el anterior gobierno pidió ayuda al FBI por el conflicto, el werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucan Huilcamán, sostuvo que la ex Presidenta Michelle Bachelet tiene que dar una explicación al país porque puso en riesgo la seguridad y soberanía del país.

“La Concertación, particularmente el gobierno y la señora Bachelet cometieron un gran error y creo que el país merece una explicación porque al recurrir al FBI, no tan sólo está demostrando incapacidad política para resolver los problemas internos del país, sino que también está poniendo en riesgo al país, su seguridad y soberanía”, señaló el representante mapuche.

Asimismo, Huilcamán sostuvo que los cables de la embajada de Estados Unidos dejan en evidencia una serie de errores que cometió la Concertación en el manejo del conflicto. Además, puntualizó que se confirma que la comunidad mundial no cree que el pueblo mapuche cometa actos terroristas ni que este infiltrado por extranjeros.

“Vínculos supuestamente terroristas queda demostrado que no hay, y esto es totalmente coincidente con la opinión que tienen los órganos internacionales de Derechos Humanos. La comunidad internacional no cree en absoluto que haya terrorismo en el sur… Esto es un gran tapaboca a todos quienes han intentado enlodar o ensuciar la causa indígena vinculándolo a supuestos actos de terrorismo”, recalcó werkén.

Pese a que tanto el ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y el ex titular de la Segepres, José Antonio Viera-Gallo, negaron haber tomado contacto con el embajador de EE.UU. en Chile, para Huilcamán ambos ex secretarios de Estado también deben asumir su responsabilidad por no poder superar el conflicto en el País Mapuche. “Pérez Yoma y Viera-Gallo tienen que darle un respuesta a los pueblos indígenas y al país porque los dos tuvieron una versión y lo que hizo el ministro Viera-Gallo en el sur fue simplemente un show, estaba falseando la realidad aparentado un diálogo que nunca fue sincero”, puntualizó.

Finalmente, el representante mapuche señaló que la Alianza tampoco ha mostrado reales intenciones por superar la problemática mapuche y pronosticó que el actual gobierno no logrará superar el conflicto. “La actual administración de Sebastián Piñera está en la misma lógica, lo que da cuenta que este conflicto indígena se va a prolongar al próximo gobierno. Wikileaks ha puesto de relieve toda la enfermedad que padece Chile en particular con los pueblos indígenas”, sentenció.

Identidad Lafkenche

Por su parte, desde el territorio mapuche de la costa, la organización Identidad Territorial Lafkenche, subrayó que la revelación de que los mapuche no son terroristas “es concordante con los informes que una serie de organismos y personalidades internacionales, como el Relator de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya”. A juicio de la organización, “el Estado de chile en su conjunto, en complicidad con todos los partidos políticos y canales de televisión a desoído, tergiversado y manipulado para hacer creer a todo el mundo que estamos a punto de una guerra civil y que la única forma de parar un baño de sangre era la mano dura y la aplicación de leyes de excepción”.

La ITL solicitó al gobierno y a los tribunales que sean “anulados todos los juicios que invoquen causales terrorista o de seguridad interior del estado, en especial aquellos que se basan en testigos extranjeros”. Demanda además que “sean destituidos los fiscales, generales de Carabineros y jefaturas de la PDI que estén vinculados a estos casos y que se encausen a los testigos sin rostro que participan de estos montajes”. De la misma forma, demandan que las autoridades del antiguo gobierno como del actual, incluido el presidente de la República, Sebastián Piñera, “pidan disculpa públicas y que se comprometan a no perseverar en descalificar a los mapuches”.

Cables secretos sobre mapuches en WikiLeaks provocan revuelo político en Chile


En 2008, a poco de asumir su cargo, el ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma solicitó apoyo de inteligencia a EE.UU para hacer frente a las movilizaciones del pueblo mapuche. Vocero de Alianza Territorial Mapuche declaró no estar sorprendido con las revelaciones de Wikileaks. En tanto, senador Alberto Espina rechazó el actuar de la Concertación en la materia.

POR AZKINTUWE
- TEMUKO, WALLMAPU - 14 / 12 / 10


Reacciones desde el mundo político provocaron los cables filtrados por WikiLeaks a través del diario El País de España, donde se asegura que Chile solicitó apoyo de inteligencia a Estados Unidos para hacer frente a las movilizaciones del pueblo mapuche. Según los documentos, los objetivos que llevaron a la anterior administración a recurrir al organismo estadounidense, eran vigilar una posible radicalización de los comuneros, establecer sus contactos con grupos extremistas extranjeros como las FARC y ETA y conocer sus vías de financiamiento.

En Temuko, la Alianza Territorial Mapuche aseguró hoy no estar sorprendida por las nuevas revelaciones de los cables diplomáticos. Mijael Carbone Queipul (en la Foto), uno de los líderes de la organización que es integrada por cerca de 100 comunidades, señaló que las filtraciones sólo confirman sus antiguas sospechas de que el pueblo mapuche era espiado por agencias de inteligencia estatales y extranjeras.

"Nosotros teníamos conocimiento del trabajo del FBI con los fiscales Mario Elgueta y Miguel Velásquez (ambos investigaron a comuneros en Wallmapu)", dijo el vocero. "Teníamos nuestras informaciones. Nosotros lo dimos a conocer en su momento, pero nadie dijo absolutamente nada. El gobierno lo ocultó. Nosotros sabemos que hay un satélite espiando al pueblo mapuche. Sabemos que es de los Estados Unidos y eso no nos lo va a sacar absolutamente nadie de la cabeza", agregó.

Según los documentos filtrados, el primer contacto con EE.UU. fue realizado en febrero de 2008 por el entonces ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, en momentos en que el conflicto en el País Mapuche parecía recrudecer y se sucedían los disturbios protagonizados por las comunidades más radicalizadas. Un mes después, la autoridad estadounidense le señaló a Pérez Yoma que el FBI ya estaba coordinado con los Carabineros para ayudarles a localizar la llegada de posibles contactos de los mapuches desde el exterior.

Ante ello, el ministro instó al ex embajador Paul Simons a que en lo posible, se informara a su cartera sobre la naturaleza y alcance de los programas ofrecidos a Carabineros y la PDI para garantizar una "mejor coordinación". Tras la cita de Pérez Yoma con Simons se sucedieron una serie de visitas de diplomáticos norteamericanos a la zona mapuche. Pero sus conclusiones -de acuerdo a los cables liberados- desestimaron los temores instalados en La Moneda, descartando de plano la existencia de "terrorismo mapuche" en el sur del país.

Al respecto, Carbone sostuvo que "más que una decepción del Estado chileno" por su desconfianza hacia el pueblo mapuche, se "abre un pie para enfrentar el tipo de mentira que imparte el gobierno", ya que "nos da mucho coraje que se mantenga oculta durante tanto tiempo una guerra de baja intensidad hacia nosotros". "No somos un peligro para la sociedad, buscamos una aleación con el pueblo chileno, no buscamos dañar a ninguna persona civil", señaló Carbone, agregando que "el gobierno (de Bachelet) quiso interpretar las movilizaciones del pueblo mapuche como terrorismo para proteger los intereses de las trasnacionales y los terratenientes".

Finalmente, el vocero advirtió que la agrupación plantea retomar con más intensidad las movilizaciones que ya habían intensificado en los últimos meses del Gobierno de Bachelet. "Estos 4 años van a ser los más complicados que nos tocará haber vivido en el último tiempo", enfatizó.

Contradicciones de unos y otros

Para el senador RN Alberto Espina, uno de los principales artífices de la persecución de comuneros bajo la calificación de "terroristas", la petición del entonces ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma, “no corresponde” ya que “Chile tiene los mecanismos para determinar un vínculo de esa naturaleza". En cambio, el ex ministro José Antonio Viera Gallo señaló que las revelaciones de WikiLeaks en este caso no tienen “ninguna importancia”, pero dejan en claro que “no existen vínculos entre el terrorismo internacional y el pueblo mapuche”.

El senador Espina avaló la critica de Simons a la política indígena chilena, señalando que “es un juicio político que se emite y que representa lo poco y nada que se hizo en el gobierno anterior respecto a las comunidades mapuches”. “Las políticas de la Concertación en esta materia fueron lamentablemente muy negativas", prosiguió el parlamentario en entrevista con Radio Agricultura, puntualizando que dicha política de los gobiernos anteriores se ha reflejado “en el largo distanciamiento que la Araucanía ha tenido en las elecciones presidenciales con los gobiernos de la Concertación”.

Respecto a la eventual ayuda solicitada a la Casa Blanca, el ex ministro del Interior, Francisco Vidal, señaló a La Tercera que "desconozco absolutamente esa información. Ahora, de haber ocurrido, era innecesario, considerando que la información que tiene el Gobierno de Chile, a través de Carabineros, la PDI y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) es suficiente". Vidal recalcó que "nunca yo tuve conocimiento de alguna asesoría extranjera sobre estos temas. Desconocía absolutamente ese hecho, y de haber sido como señala el cable, fue un error".

Por su parte, como “curiosa” consideró el diputado socialista Sergio Aguiló la información de la diplomacia estadounidense desclasificada por Wikileaks. En declaraciones que fueron publicadas esta tarde por el vespertino La Segunda, el parlamentario opositor consideró particularmente llamativo que las autoridades de la época hayan recurrido precisamente a los aparatos de seguridad de Estados Unidos, los mismos que propiciaron el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

“Es un tema bien curioso que un gobierno de centro-izquierda pida ayuda a los organismos que participaron en derrocar al gobierno de Salvador Allende”, dijo el parlamentario, a quien también llamó la atención el hecho que los cables responsabilicen a los grandes medios de comunicación nacionales de “crear un clima de violencia que realmente no existía en la zona mapuche”.

El diputado PPD y ex subsecretario del Interior, Felipe Harboe, subrayó que los cables revelados por Wikileaks confirman la tesis que manejaba el gobierno de Michelle Bachelet. “El embajador (Paul Simons) critica el manejo del tema y los vínculos operativos entre comunidades mapuches y grupos terroristas. Esto confirma lo que dijimos, a propósito de un viaje de Sebastián Piñera con el actual senador (Alberto) Espina, donde mostraron un dossier con supuestos vínculos operativos y nada de ello era comprobable”, dijo en Radio Agricultura.

“Creo que la información que ha sido publicada revela que estábamos en lo correcto y que en aquella oportunidad no había indicios de algún tipo de vinculación de esa naturaleza para resguardar la seguridad del país”, agregó. En esa línea, el diputado Harboe aseguró que “parece increíble que el senador Espina diga que es ridículo una vinculación entre las comunidades mapuches y las FARC cosa que fue él mismo quien lo sustento durante mucho tiempo. Es cosa de revisar las declaraciones y prensa de aquella época”.

“Aquí se habló abiertamente por parte de un grupo político de este país de que la comunidad mapuche tenía vínculos operativos con las FARC, eso fue lo que dijeron… hoy se establece una opinión respecto de una embajada importante para nuestro país que dice que no habría este tipo de vínculos”, indicó el parlamentario. “Quienes están en el gobierno se dan cuenta de lo difícil que es gestionar los temas de seguridad con la debida prudencia y con la información adecuada, para no cometer errores. Cuando se llegó a plantear así dije que no era prudente”, concluyó.

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lunes, 13 de diciembre de 2010

Chile pidió ayuda al espionaje de EE UU frente a los mapuches

El Gobierno sospechaba de contactos entre los indígenas y el terrorismo internacional .- La Embajada estadounidense no veía al movimiento mapuche como una amenaza seria

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ - Madrid - 13/12/2010

Edmundo Pérez Yoma, ministro del Interior del último Gobierno de Michelle Bachelet, transmitió a Estados Unidos su preocupación por el "problema mapuche" y le pidió apoyo "de inteligencia" para seguir de cerca su posible radicalización, sus eventuales contactos con grupos terroristas extranjeros, como las FARC colombianas o ETA, y para "seguir el dinero" que les pudiera llegar.
La conversación se produjo en 2008, a poco de tomar posesión el ministro, y cuando ya se habían registrado algunos incidentes entre grupos mapuches, fuerzas del orden, propietarios de tierras reclamadas por la comunidad indígena y empresas españolas, como Endesa, implicadas en la construcción de presas hidroeléctricas en territorio mapuche. "El consejero legal le explica que el FBI ya está coordinado con los Carabineros para ayudarles a localizar la llegada de esos posibles contactos", asegura un telegrama de la embajada.
Los sucesivos despachos enviados a Washington, a lo largo de 2008 y 2009, indican, sin embargo, que todas las investigaciones les llevaron a la misma conclusión: la comunidad mapuche es abrumadoramente no violenta; "el problema ha sido magnificado por los medios"; quienes alegan que existen lazos entre los mapuches y organizaciones terroristas extranjeras "no han proporcionado pruebas de ello" y "los expertos del Gobierno califican esos contactos de mero 'turismo de guerrilla".
Aunque no es posible saber exactamente el número de mapuches entre la población chilena (el censo de 1992 hablaba de 932.000 y el de 2002, sorprendentemente, de solo 604.000), la mayoría de las ONG que trabajan en el país manejan cifras que oscilan en torno al millón de personas (entre el 5% y el 6% de la población total).
Un detallado informe escrito en otoño de 2009, tras un viaje de varios días por el territorio en conflicto (que coincide con la muerte de un joven activista mapuche a manos de la policía chilena), recoge la opinión, bastante irónica, de los diplomáticos estadounidenses: "Un eventual observador de la cobertura informativa de la actualidad chilena podría pensar que violentos activistas mapuches, relacionados con las FARC y ETA, matan cada semana a inocentes civiles", se mofan. "El candidato presidencial de la oposición, Sebastián Piñera, ha declarado que la Araucaria arde en llamas. Los principales periódicos chilenos, que son generalmente conservadores, publican muy a menudo en primera página reportajes sobre este conflicto". Los diplomáticos ocultan a duras penas su indignación: "La destrucción de propiedades, que supone la inmensa mayoría de las acciones ilegales de los mapuches, se presenta frecuentemente a todo color con descarados titulares y a veces una cobertura muy superior a la que se da a crímenes mucho más graves cometidos por chilenos no indígenas".
Reproches a todas las partes
"Hay mucho que reprochar a todas las partes en este conflicto", informa el embajador Paul E. Simons. "Las comunidades mapuches están desorganizadas, son incoherentes y presentan demandas que van desde lo lógico a lo fantasioso (...) Por el otro lado, los sucesivos Gobiernos de la Concertación han desarrollado una política indígena chapucera, a la que se concede poca importancia y que es incapaz de establecer y alcanzar objetivos realistas", explica.
Las protestas de las comunidades mapuches, que reclaman desde hace décadas las tierras de las que fueron expulsados a lo largo de la historia por sucesivos Gobiernos chilenos, para entregarlas o venderlas a agricultores individuales o empresas, obtuvieron alguna respuesta en los años sesenta y setenta, pero con la llegada de la dictadura de Pinochet fueron, de nuevo, aplastadas. El primer Gobierno democrático de Patricio Alwyn, explica otro telegrama estadounidense, aprobó una nueva ley para devolver algunas tierras a las comunidades indígenas, "pero la situación progresó muy poco en los siguientes 16 años, contribuyendo a la visión mapuche de que el Estado chileno lleva 100 años rompiendo las promesas que les hacen".
Las quejas fueron aumentando en los últimos años, especialmente cuando las autoridades chilenas, agobiadas por la carencia de energía suficiente como para sustentar su creciente desarrollo económico, decidieron poner en marcha un plan de producción de energía hidroeléctrica y encargaron, entre otras a la empresa española Endesa, la construcción de nuevas presas, alguna de ellas en territorio ancestral mapuche. A partir de ese momento, se renovaron los incidentes, especialmente los casos de "vandalismo y destrucción de la propiedad", informa otro telegrama. "Aunque preocupantes e ilegales", asegura Simons, "esos ataques son esporádicos y claramente dirigidos contra propiedades y no contra personas". El telegrama recoge la queja de organizaciones humanitarias, escandalizadas por que se aplique a los mapuches una controvertida ley antiterrorista de le época de Pinochet.
Relaciones complejas
La embajada constata que las relaciones entre los mapuches y el Estado chileno son complejas y conflictivas, pero mayoritariamente "no violentas". "Aunque la mayoría de los chilenos asocia los mapuches a las áreas rurales de la Araucaria y regiones vecinas, la realidad es que el 70% de los mapuches vive en áreas urbanas. Santiago alberga más mapuches que ninguna otra región", explica Simons. Según la información que asegura que le ha proporcionado el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, 27 de las 2.100 comunidades mapuches del país están realmente en conflicto con el Gobierno chileno o con los propietarios de la tierra, y de esos 27 casos, solo en ocho se han registrado acciones violentas. De hecho, recuerda el embajador norteamericano, en los últimos 10 años de conflictos ha habido tres muertos, todos ellos jóvenes activistas mapuches.
El embajador reproduce también conversaciones mantenidas tanto con Rosende como con el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional chilena, Jorge Chocair, que minimizan las relaciones de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), grupo indígena vinculado a algunos hechos violentos, con grupos terroristas internacionales como las FARC o ETA. "Es cierto que algunos miembros de la CAM han viajado a Colombia, a España y al sur de México y que pueden, incluso, haber participado en algún tipo de entrenamiento. Unos pocos representantes de Askapena, brazo político de ETA, visitaron en agosto de 2009 algunas comunidades mapuches. Sin embargo, tanto Rosende como Chocair caracterizan esas relaciones con "informales e infrecuentes", asegura Simons. Chocair en concreto le dice al embajador que se trata de "turismo de guerrilla".
El último telegrama disponible, de octubre de 2009, informa de tres nuevos ataques en la región de la Araucania pero sigue calificando el tema de conflicto de "bajo nivel". La subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, les asegura, además, que no cree necesario el envío de más policías a la región. "El secretario general de la Presidencia, José Viera-Gallo, tiene razón cuando afirma que el imperio de la ley en la región está perfectamente asegurado y que esos ataques, aunque preocupantes e ilegales, siguen siendo esporádicos y contra propiedades, no contra personas", insiste la embajada.

El País



Lucha Mapuche en 30 segundos.

sábado, 27 de noviembre de 2010

Comunicado De La Comunidad Pehuenche De Kawñikú CONTRA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA REPRESA DE ENDESA

Comunicado De La Comunidad Pehuenche De Kawñikú
CONTRA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA REPRESA DE ENDESA

Desde el Alto Bío Bío hacemos extensivo nuestro pronunciamiento frente a la construcción de la nueva represa proyectada para la Comunidad Pehuenche de Cauñicú.

Somos una comunidad que representa mil trescientos habitantes y, como tal, manifestamos que nos oponemos rotundamente a la construcción de la nueva represa, puesto que la experiencia que hemos tenido en estos años con la empresa ENDESA, y sus actuales represas, ha sido fraudulenta y de poca consideración a las comunidades, apropiándose de extensiones de terrenos, ríos, y riquezas forestales. A lo anterior, sumamos promesas incumplidas, atropellamientos sociales y comunitarios, sin precedentes en Chile.

La construcción de una nueva represa irrumpe violentamente en las vidas Pehuenche, relocalizando a nuestras familias sin considerar sus costumbres, tradiciones y modos colectivos de tomar decisiones.

Lo anterior, implica un evidente atropello a los derechos inviolables de los pueblos originarios, reconocidos en el Convenio Nº 169 de la OIT (1989) y ratificado por la legislación chilena el año 2008.

La vida del Pueblo Pehuenche está íntimamente vinculada a la tierra, la inundación de ésta provocaría una desintegración social y cultural, lo que se traduce en un daño irreversible a nuestra identidad. En este contexto, no vamos aceptar ningún convenio de negocios con ENDESA, porque la comunidad así lo ha expresado.

Debido a la participación del Estado en la privatización de los derechos de agua, y a la inclusión del Convenio 169 en la legislación vigente de pueblos indígenas, le exigimos a éste, tomar las responsabilidades pertinentes, reivindicando tal convenio.

Asimismo, demandamos al Estado que reste su apoyo a empresas privadas como ENDESA, y valide el Artículo 15 del Convenio 169, incorporado como Ley de la República de Chile: “Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras, deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos”.

Cabe destacar que el Alto Bío Bío ha sido lo suficientemente dañado en el ámbito social, cultural, económico y medioambiental. Han sido doce años de mentiras y desarticulación de nuestras comunidades, que nos ha llevado a situaciones de pobreza y exclusión, mientras el prometido progreso se aleja cada vez más de nuestro territorio. La experiencia que ha vivido nuestro pueblo con las centrales Pangue, Ralco y Angostura, nos advierte que una nueva represa sería nefasta para nuestras comunidades.

Por último, queremos señalar expresamente que este comunicado refleja nuestra postura oficial frente al tema en cuestión, pues las comunidades Pehuenche unidas no toleraremos más represas. Este documento es la voz de todos y de cada uno de los que habitamos el Valle del Queuco y la Comunidad de Cauñicú, por medio de nuestros Loncos y dirigentes, nos sumamos a las demás comunidades del Alto Bío Bío para expresar en conjunto, un rotundo NO a ENDESA.

“BÛRENEMOIÑ KA YAMABEL PÛ PEWENCHE TAIÑ RAKIDUAM”

“Querer y respetar el pensamiento Pehuenche”

ATENTAMENTE,

COMUNIDAD INDÍGENA DE CAUÑICÚ
REPRESENTADO POR SUS DIRIGENTES ACTUALES

JOSÉ GUMERCINDO QUEUPIL HUENTEAO
Presidente Comunidad Indígena de Cauñicú

RAMÓN DONATO NAUPA EPUÑAN
Lonco Comunidad Indígena de Cauñicú

JUAN DE DIOS MARIPIL PORTEÑO

Secretario Comunidad Indígena de Cauñicú

JOSE BENITO MARIPIL MARIPIL
Tesorero Comunidad Indígena de Cauñicú

jueves, 25 de noviembre de 2010

Informe de DDHH cuestiona actuación de la Suprema en temas mapuches y laborales

Estudio de la Universidad Diego Portales da cuenta de faltas del Estado frente a la problemática mapuche y una visión restrictiva y contradictoria con tratados internacionales del máximo tribunal.

Jueves 25 de noviembre de 2010 | Actualizada 16:00 | País
La huelga de hambre mapuche marcó la agenda país este año, pero no tuvo una respuesta contundente del Estado para solucionar los problemas que afligen a los pueblos originarios, según sentencia la octava versión del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2010 de la Universidad Diego Portales.

Así lo afirmó el director del estudio, académico Jorge Contesse, señalando que a pesar de la plena vigencia del Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos originarios, el Ejecutivo “no da aún muestras claras de los procedimientos que aplicará para la implementación del mismo y el Parlamento debate una reforma constitucional que interesa a los pueblos indígenas desatendiendo las recomendaciones que se le han hecho para consultarlos”.

El informe cuestiona también la labor de la Corte Suprema, pues “salvo un caso, fallado por la sala civil de la Corte Suprema, el máximo tribunal ha ido desarrollando, en la sala constitucional, una jurisprudencia que desatiende las obligaciones de Chile y sitúa al Estado –una vez más–en la senda del incumplimiento de sus compromisos internacionales”.

Como ejemplo, se citan varios fallos en los cuales el máximo tribunal revirtió decisiones de las cortes de apelaciones que validaban el tratado internacional, como los de la machi Francisca Linconao; las comunidadesPalguín y Peiukëlen, entre otros.

Respecto de  las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, el Informe reconoce como avances positivos la instalación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria,  pero apunta que el máximo tribunal no cumple con los estándares internacionales sobre el derecho a reparación de las víctimas, especialmente en el terreno de las compensaciones civiles.

La Tercera Sala de la Corte Suprema desechó en casi todas las sentencias del último año la demanda civil en contra del Fisco”, consigna el documento, apuntando que en todas las causas “se  reproduce de  manera literal el modelo de sentencia con el cual rechaza estas acciones, como si se tratara de un formulario”.

Añade que la Corte Suprema ha ido desconociendo la competencia de la Inspección del Trabajo para hacer cumplir la legislación laboral, lo que resulta de mayor gravedad considerando los accidentes laborales ocurridos durante el año.

La Corte ha decretado por ejemplo que no le corresponde a la Inspección calificar relaciones contractuales laborales que pudieran ser encubiertas, con consecuencias en la aplicación de la ley de subcontratación y en la falta de negociación colectiva.

Durante los gobiernos de la Concertación la situación de los trabajadores organizados “empeoró ostensiblemente”, de acuerdo al informe, bajando desde 10,1% de trabajadores que negociaba en forma colectiva en 1991 a 5,9% en 2009, siendo Chile el país de la OCDE con menos trabajadores organizados, solo superado por Corea del Sur.

La Nación

lunes, 22 de noviembre de 2010

Doce mapuches imputados por ataque al fiscal Elgueta iniciarán huelga de hambre

Los comuneros ya formaron parte del grupo que estuvo en ayuno por 82 días, el cual finalizó el 1 de octubre pasado.

por Joaquín Peñailillo - 22/11/2010 - 17:04 
 Una nueva huelga de hambre iniciarán en Cañete 12 de los 17 mapuches que se encuentran imputados por el ataque al fiscal Mario Elgueta ocurrido en 2008 en Puerto Choque, en la Provincia de Arauco.

Los comuneros que ya formaron parte del grupo que estuvo en ayuno por 82 días, el cual finalizó el 1 de octubre pasado, tomaron la decisión debido a que, según ellos, no han tenido respuesta por parte del gobierno, en relación a tres peticiones puntuales: que los jueces que están dirigiendo el caso, sean inhabilitados por haber enjuiciado previamente a alguno de los mismos comuneros, que la fiscalía recalifique sus delitos para que no sean considerados como terroristas y por último que el Ministerio Público, no pueda utilizar a los testigos protegidos, los que harían su aparición mañana, cuando se desarrolle la jornada número 12 de juicio oral, declarando en una sala contigua al tribunal y de espaldas a una cámara de TV.

La idea de esta nueva huelga se venía barajando desde hace varios días, pero se estaba a la espera de las gestiones que estaba realizando con el gobierno monseñor Ricardo Ezzati, arzobispo de Concepción y actual presidente de la Conferencia Episcopal.
 La Tercera

martes, 16 de noviembre de 2010

Por accionar de Carabineros en su contra CORTE AGOGE RECURSO PARA PROTEGER NIÑOS Y NIÑAS MAPUCH

El recurso había sido interpuesto por la abogada Karina Riquelme de la agrupación Liberar en la Corte de apelaciones de Temuco a favor de un menor y los alumnos de la Escuela Blanco Lepin, Rewe Kimun, por la violación de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado. Los hechos fueron corroborados por un informe sicológico y la propia versión docente.

“Que tales actuaciones, constituyen conductas que vulneran el derecho protegido por el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, en cuanto perturba la actividad síquica de los educandos en cuanto se realizan sin adoptar las medidas de resguardo que el Código Procesal Penal establece a favor de las personas y que tiene por finalidad garantizar sus derechos procesales”, señala en parte el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Temuco, segunda sala.

"Con esto se comprueba que carabineros realiza acrtuaciones vulneratorio de derechos, sin dejar ningun tipo de registro y que ademas miente ante los tribunales de jusitica pues no reconoce ninguna entrada a la escuela, esto es gravisimo considerando que se trata de una institución en la cual se debería confiar además de cometer delito al mentirle a la ilustrisima corte de apelaciones", señala la abogada Karina Riquelme en atención al pronunciamiento de la Corte de apelaciones.

 De acuerdo a la información presentada en Octubre de este año, El Recurso esta basado en un informe entregado por la sicóloga Claudia Molina, el día 26 de Septiembre, entregado al Werken de la Comunidad Mateo Ñiripil. Informe que da cuenta de actos arbitrarios e ilegales cometidos por funcionarios de Carabineros, que afectan la integridad física y síquica de niños de 4º y 7º básico, que asisten a la Escuela Blanco Lepin “Rewe Kimun”, de acuerdo a lo publicado por la agrupación Liberar.

El informe da cuenta de episodios de hostigamiento policial en horario de clases, donde proceden a sacar fotografías a los niños, efectúan interrogaciones, atemorizan y amenazan, con el fin de recabar información por causas penales, actualmente seguida en Juzgado de Garantía de Lautaro, generando en los niños sensaciones de inestabilidad, inhibición y retraimiento, además de la aparición de sentimientos de desconfianza, desarrollo de conductas impulsivas y aumento de irritabilidad.

Uno de los casos expuestos en el informe es el de una niña de 9 años, quien actualmente ha desarrollado un Episodio Depresivo Mayor “ (…) prevaleciendo en ella un animo depresivo;episodios cotidianos e incontrolables de llanto; disminución de la motivación y perdida de energía, alteraciones en la ingesta alimenticia; sentimientos de desesperanza y angustia; baja en la capacidad de concentración y rendimiento académico, requiriendo incluso actualmente derivación para apoyo farmacológico y psicoterapia”.

Agrega que “Todos los demás niños y niñas evaluados presentan sintomatología asociada al desarrollo de un Trastorno de Estrés Postraumático”.

La abogada Karina Riquelme – Agrupación Liberar- expresó en el marco de la interposición del Recurso que “La situación es gravísima, ya que vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño”, lamentablemente no constituye un hecho aislado sino es una constante que ha afectado a menores de la zona a lo largo de los años, esto causa un verdadero terror en los niños y en muchos padres que temen represalias contra los menores. Situación que ya a sido conocida por esta Corte en Recurso de Protección en favor de los niños K. J. R. C. y V. M. C. Ñ, ambos domiciliados en la comunidad Indígena Muko Bajo y alumnos de la Escuela Blanco Lepín, en contra de la Prefectura de Carabineros de Cautín y de la Policía de Investigaciones de Chile, quien acogió el recurso con fecha 13 de mayo del 2010”. En la ocasión se ordenó a miembros de la PDI a “abstenerse en lo sucesivo de efectuar requerimientos o interrogaciones a los niños en cuyo favor se recurre, bajo cualquier modalidad, sin respetar los preceptos que a favor de éstos garantiza la Convención de Derechos del Niño antes citada”.

En el Recurso la abogada solicitó a la Corte que se ordene a Carabineros de Chile, abstenerse de visitar a los niños tanto en dependencias del colegio como en cualquier lugar de la comunidad y que adecue sus procedimientos a los estándares que la Convención de Derechos del Niño consagra. La Corte de apelaciones acogió dicho recurso y se limitó a establecer que “la unidad policial aludida precedentemente, dependiente de la recurrida, para poder llevar a cabo actos que afecten Garantías Constitucionales, deberá contar con la autorización judicial para practicarlos”.

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Comunicaciones G80 / www.mapuexpress.net

domingo, 7 de noviembre de 2010

Absuelven a mapuche que participó en huelga de hambre

 En su derecho a declarar, Eduardo Osses Moreno aseguró no tener responsabilidad en un supuesto incendio en la Araucanía. (Foto: wordpress.com)
En su derecho a declarar, Eduardo Osses Moreno aseguró no tener responsabilidad en un supuesto incendio en la Araucanía. (Foto: wordpress.com)
La Agrupación Liberar señaló que el joven mapuche fue encontrado inocente por dos magistrados tras la evaluación de las pruebas testimoniales de peritos y documentales exhibidas por las partes. La ONG considera necesario que la Fiscalía chilena evalúe los procedimientos de otros comuneros que aún permanecen detenidos en varias cárceles al sur de Chile y que los ajuste a los tratados internacionales.

Moreno fue uno de los 38 mapuche que participó en la huelga de hambre de más de 80 días contra la no aplicación de la ley Antiterrorista heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

La información la dio a conocer una fuente de la organización no gubernamental (ONG) Agrupación Liberar, que trabaja en las comunidades indígenas de Chile, tras señalar que en el caso de Osses Moreno "nuevamente se comprueba la inocencia de un acusado por hechos relacionados a la causa indígena".

Osses Moreno fue acusado de participar supuestamente en el atentado incendiario en contra de dos camiones en la ruta 5 Sur, a la altura de Ercilla en la Araucanía, el 6de septiembre de 2009.

Al comunero se le imputaron los ilícitos de incendio y amenazas al mayor de Carabineros (Policía chilena), Eduardo Berrios, y el fiscal César Schivar.

En atención a las pruebas testimoniales de peritos y documentales exhibidas por las partes, dos magistrados resolvieron que en el caso de incendio no había antecedentes suficientes que acreditaran responsabilidad al acusado.

En su derecho a declarar, el acusado aseguró no tener responsabilidad en los hechos ya que el día en que ocurrieron estaba en un pueblo de Ercilla, viendo un partido de la selección chilena. Desconoció además el haber realizado amenazas.

El joven fue uno de los 38 comuneros mapuche que participó de la huelga de hambre que duró más de 80 días en los penales de Temuko, Valdivia, Angol, Lebu y Concepción (sur) de Chile.

Los mapuche que participaron en la protesta de ayuno fueron arrestados en el marco de la ley Antiterrorista durante manifestaciones en la región de la Araucanía, donde la etnia indígena mantienen una lucha por el reconocimiento de sus tierras.

Los indígenas se han considerado presos políticos y, entre sus exigencias piden al Estado chileno no ser procesados a través de tribunales militares.

La Ley Antiterrorista fue sancionada durante la dictadura para perseguir a opositores, pero no ha sido derogada por ninguna de las administraciones de gobiernos posteriores al régimen pinochetista, pese a que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha criticado esta normativa porque discrimina a las comunidades indígenas.

El pueblo mapuche representa casi el 10 por ciento de la población chilena y sus principales asentamientos se encuentran en la Araucanía, a unos 600 kilómetros al sur de Santiago.

Los indígenas denuncian que en esa región tienen tierras que les pertenecen desde antes de la colonización española, las cuales les fueron arrebatadas y actualmente se encuentran en manos de empresas forestales.
 teleSUR-EFE-mapuexpress.net/kg - FC

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sábado, 30 de octubre de 2010

INVITACION A NGUILLIMAWUN CARCEL DE TEMUKO

Los Presos Políticos Mapuche de la Cárcel de Temuko, después de un mes de
haber depuesto la Huelga de Hambre de más de 80 días, que iniciamos con los
Peñi de las Cárceles Valdivia, Angol, Chol-Chol, Concepción y Lebu.

Hacemos una invitación a todo Nuestro Pueblo Mapuche , a los amigos que nos
apoyaron durante este proceso a un “NGUILLIMAWUN” a realizarse el día
Sábado 06 de Noviembre en la Cárcel de Temuko, Balmaceda n° 450 desde las 9
a las 13 hrs.

La invitación es que nos acompañen en esta ceremonia, para agradecer su
apoyo incondicional con nuestra lucha, compartir nuestras experiencias y
proyectar los pasos que vienen, ya que la Lucha de Nuestro Pueblo se
fortalece día a día y ahora debemos enfrentar los juicios o montajes
judiciales amparados por la Fiscalía y el Ministerio Publico.

Traer rokiñ, mate, muday e instrumentos musicales.

PETU, AMULEPE TAIÑ WEICHAN

AUN CONTINUA NUESTRA LUCHA

¡NEINGUETUPE PU MAPUCHE POLITIKO MALALKONKLELU!

Presos políticos mapuche de Temuco
 

domingo, 24 de octubre de 2010

NIÑO MAPUCHE EN LA CLANDESTINIDAD

Reportaja "La hija del lonco"

Nunca un lonco abre su intimidad. Pero pudimos conocer a sus hijos. Que tiemblan al hablar. Son desconfiados. Resentidos. Dibujan peleas. Pero ruegan al cerro y piden permiso al río. Son los mapuches sub 16 que va dejando el conflicto: niños heridos, herméticos, volcados hacia su propio mundo mágico y guerrero. Alejándose de Chile.
Texto y fotos: Roberto Farías


La adolescente Vania Queipul arranca la hoja de un canelo al centro del Nguillatún en la cárcel de Angol, la moja en un cuenco en licor de muday y salpica el suelo rogando en voz alta: –Ray wenu fuza, ray wenu kuze, fachi antv, mulepain tufamu putu luktulein…(padre anciano, madre anciana que estás en el cielo y en todo el universo). Furre me fimi inche, ñi peñi kume, ñi pu chau, ñi pu che, ni pu weni (te pido salud para mi hermano, mi padre, mi gente, mis amigos).
Vania tiene 16 años y es la hija de Víctor Queipul, el lonco de la comunidad de Temucuicui, “los duros”, junto a las comunidades Requém Pillán y José Guiñón, aquellos mapuches al sur del río Malleco que persistieron 10 días más en la huelga de hambre y que no querían recibir el alta de un médico, sino de una machi. Terminaron su protesta, no con la firma de un papel con el gobierno, como los huelguistas de Concepción, sino con una rogativa.
Vania creció yendo a la cárcel de Angol o de Temuco para visitar a su padre y sus tíos. Ahora vino a rogar por su hermano, Víctor Hugo, de 21 años, quien estuvo 80 días en huelga de hambre. Parece una machi infantil, con sus adornos de plata en la cabeza y en el pecho. Uno pensaría que es algo forzado, que quisiera estar en otra parte, escuchando a Hannah Montana, metida en Facebook o quizás qué. Pero Vania se arrodilla con un gesto serio y profundo, y le corren lágrimas cuando ruega en voz alta. Una y otra vez. Muchas veces. Vania y unas dos docenas de niños y adolescentes mapuches, según cálculos oficiosos, interrogados, procesados, encarcelados, incluso prófugos, son el daño colateral del conflicto mapuche.
Niños sin infancia. Serios, desconfiados, que se están impregnando de un espíritu guerrero adulto. En el Nguillatún, las amigas de Vania giran en torno al canelo en jeans y polera. Ella viste chamal y lleva cabeza –es la hija del lonco y debe dar el ejemplo. Ya le ven pasta de líder. Sus amigas le dicen que va a ser werkén (vocera), que va a ser lonca algún día. “No puedo esquivar mi responsabilidad, pero no sé”, dice Vania.
Le pregunto ingenuamente si preferiría ser una niña común y corriente y pone cara de interrogación.
–Todo es una sola cosa para los mapuches –dice convencida.
La vestimenta, las tradiciones, la lucha. Nací mapuche; la causa de mi pueblo viene conmigo de fábrica.
Su familia lucha por el territorio desde siempre. Antes resultaron muertos. Pero desde el fin de “la pacificación” en 1881, según el recuento familiar, tatarabuelos, abuelos y padres Queipul han sido juzgados y encarcelados. De hecho, Vania ya entró a “la lucha”: estuvo presa una noche y ganó un juicio en la Corte de Temuco. El año pasado, Vania y otra niña fueron acusadas de quebrar los vidrios de la Fiscalía de Collipulli. Estuvo esposada en un calabozo de Angol. En un juicio que duró 9 meses fue declarada inocente en primera instancia. Pero el fiscal César Chabir –el único testigo de la causa– apeló y llegaron a la Corte de Apelaciones. Vania volvió a ganar, defendida por la abogada Karina Riquelme. La fiscalía perdió, en las costas del juicio, dos y medio millones de pesos. La reposición del vidrio del ventanal, según consta en archivos, sumó 72.000 pesos. El lonco dice: –Dígame si eso no es una persecución de mi hija. Pero ella es inocente, ganó el juicio, el primero de los muchos juicios que probablemente enfrentará en nombre de su comunidad. –Todo fue por ser la hija del lonco –dice Vania. Pero lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. No voy a parar. ¿Cómo se llega a esa convicción a los 16 años?
El aprendizaje del Cóndor
Mankilef (Cóndor veloz) tiene 5 años, y su hermana mayor, Wangulén (Estrella), 7. Viven en Temucuicui, a muchos kilómetros de un tribunal. No saben lo que es un payaso, nunca han ido al cine ni se han subido a un juego mecánico. Manki juega con autitos de plástico yWangulén salta con un pedazo de manguera. Juegan en su patio al pillarse, pero le llaman paco-mapuche. Se divierten recogiendo del suelo casquillos de bombas lacrimógenas, gritan cuando en la radio escuchan noticias sobre los mapuches.
Conocen perfectamente los puestos de vigilancia permanente de Carabineros en los cerros entorno a la comunidad. Sus padres, Jaime Huenchullán y Griselda Calhueque, no tienen tierras, apenas unas cuantas vacas en un parcela en un bosque que les dio la Conadi. Los envían diariamente a la Escuela Básica San Francisco de Asís, en Ercilla –la misma escuela donde estudió Vania–, a 10 km de distancia, para sacarlos un poco del entorno tan policial. Cuando Jaime se despide de ellos frente al furgón municipal que los lleva, le pide permiso al cerro y se encomienda al canelo plantado delante de su casa para que los traiga de vuelta igual que como partieron. En la escuela de Ercilla, Manki es un niño normal. La hermana franciscana Isabel Monje, directora de la escuela, le permite usar el pelo largo. “Por respeto a sus costumbres”, dice, bastante resignada ante la firme decisión de sus padres. “Pero que venga peinadito”, puntualiza cariñosamente.Wangulén puede ir con la tenida tradicional y adornos de plata, en lugar de uniforme.


Isabel trata de que la escuela sea una burbuja para los alumnos. –Ésta es una escuela 100% normal –dice, pero sabe que no es cierto. Con su pobreza digna, lo poco que tiene lo invierte desde hace un año en un sicólogo para ayudar a los niños de las comunidades en conflicto. –Cada vez que hay problemas, baja la asistencia. Después queda el ambiente tenso por varios días. ¿Quién cayó preso, quién resultó herido?, se preguntan inquietos los niños.
Mediante dibujos y ejercicios de convivencia, el sicólogo diagnostica a los niños. Según Isabel Monje, hay casos críticos: –Son niños que tienen problemas de atención, de concentración, por la falta permanente de la presencia de los apoderados, que están procesados o son buscados. Para referirse a las situaciones escolares usan un lenguaje que es más propio del conflicto: paco, allanamiento, citación, testigo, memoria histórica.
El sicólogo trata de volverlos a su mundo infantil, pero es muy difícil con sólo dos sesiones a la semana para 100 alumnos. Hacemos un ejemplo con una tía. –Manki dibuja muy bien –dice ella. De inmediato él hace un dibujo de mapuches con lanzas y chuecas por un lado y, por el otro, carabineros disparando bombas lacrimógenas y helicópteros sobrevolando. Él se dibuja muy chiquitito, escondido en la ruca de la comunidad.
–¿Que piensas cuando estás ahí, Manki? –le pregunta la tía.
–En hacer la tareas.
–¿De verdad? –le pregunta incrédula.
–No. En realidad, en mi papá.
–¿Y dónde está tu papá en el dibujo, Manki?
–Aquí –e indica a los mapuches armados de lanzas y palos enfrentándose a los carabineros.
En Ercilla, si Manki ve un carabinero lo apunta con los dedos, como pistola. Si ve un auto lujoso en el destartalado pueblo,
pregunta:
–¿Es de un fiscal?
No es odio. Para Manki es un juego.
La diferencia se va haciendo cada vez más tenue. En un ambiente tan hostil, es muy difícil para la monja directora mantener el conflicto fuera de las aulas. A punta de persistencia, lo suele lograr. Hace poco, dos niños de 10 y 12 años, para el año nuevo mapuche, en la tarde del 22 de junio pasado, lanzaron piedras a los autos en la Ruta 5. Llegó Carabineros y se los llevó a la comisaría. Según ellos, los aconsejaron sobre su conducta. La hermana Isabel fue a buscarlos y los dejó en el campo a las 5 de la tarde. A las 6 tenía enfrente a una de las mamás dispuesta a hacer una denuncia “por violencia policial”. A las seis y media estaba llamando el prefecto. A las siete, el intendente regional. Las Fuerzas Especiales se preparaban para la trifulca cuando la hermana Isabel se puso en medio y mantuvo la calma en todos los bandos. Antes que estallara la hoguera.
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Pero no siempre los directores y profesores defienden a los niños. El inspector y la directora del Liceo de Collipulli –cuyas autoridades no autorizaron una entrevista con Paula– declararon en contra de Vania Queipul cuando fue detenida por la rotura de vidrios. Según su abogada, Karina Riquelme, cuando Vania volvió a clases le pusieron un inspector especial para vigilarla en los recreos, relata Vania. La PDI fue al menos cinco veces a retirarla del liceo para interrogarla o para que firmara documentos. Bajó sus notas. Por las 20 citaciones perdió muchas clases, pues el viaje a Temuco, entre ir y volver, toma tres días.
Vania ya no quería seguir yendo, pero no hay otro establecimiento cerca.
En abril, dos hermanos de 7 y 8 años fueron sacados de sus salas por civiles e interrogados sobre sus padres en la escuela de Muco, a 50 km de Ercilla. En un fallo sin precedentes en Chile, el abogado Pablo Ortega consiguió que Carabineros y la PDI no ingresaran más a las escuelas de la zona mapuche para recaudar información de los niños, porque violan la Convención de los Derechos del Niño. En un comunicado, la policía explicó que “fueron actividades en el marco de la enseñanza de la actividad policial hacia los menores”. La Corte, sin embargo, estableció que esas “actividades policiales” eran interrogatorios encubiertos y falló que el ingreso policial “no específico” a las escuelas básicas viola la Convención. Dos meses después, Carabineros de Fuerzas Especiales, con uniforme de combate, volvieron a entrar a la escuela: –Supuestamente, era para vigilar un predio aledaño. Unas carabineras, con peluches y lápices, simulando un juego, interrogaron a dos niños de 6 y 7 años sobre sus familiares- dice Eduardo Mella, investigador del tema mapuche que trabaja con Ortega.
En otro sector mapuche, la comunidad José Guiñón, el werkén José Ñecul no dejó que fotografiara a sus hijos, yme explicó: –No quisiera que fueran asociados a todo esto. Quiero sacarlos, protegerlos y mandarlos a otra parte. ¿Pero a dónde, cómo?-. Donde sus amigos y parientes pasa lo mismo. En todas las comunidades del entorno de Ercilla-Malleco-Angol el roce mapuche- policial es permanente. El conflicto tiene una mecha tan corta, que cuando estalla, hay ataques incendiarios, vienen los allanamientos y los niños quedan a merced del gas lacrimógeno que se va metiendo en sus narices y sus espíritus. No vuelven a ser iguales.
La abogada española Pilar Macía, que colaboró con Unicef y la organización Save The Children, explica estos casos: –Una vez “adultizado” un niño, por un conflicto bélico o político, es muy difícil volverlo a una infancia sin intromisiones, que debería ser un bien superior de la humanidad. Existe un principio rector de la justicia –como la igualdad ante la ley– llamado del interés superior del menor, que consiste en preservar al niño lo más posible de los líos judiciales y los procedimientos policiales. ¿Qué es el bien superior? “Su derecho a vivir su infancia sin alteraciones”, señala Macía. Según ella, en Chile se aplica una justicia cuyo trámite ya es un castigo para los adultos. “En el caso de los menores, daña su infancia. Sin tacto y con violencia verbal y sicológica. Y de nulos resultados judiciales”, señala. –Yo lo veo muy parecido al caso de los niños palestinos –dice José Ñecul mientras ve a sus sobrinos haciendo una fogata donde no queman marshmallows sino puntas de lanza de juguete–. Si viven permanentemente en la violencia, ¿qué puedes esperar de ellos sino más violencia?.
El niño invisible
Patricio Queipul, que se crió junto a Vania, es hijo postizo del lonco. Tiene 15 años y desde los 9 ha sido interrogado, apaleado, detenido, enjuiciado y baleado, hasta que huyó. Desde octubre del año pasado vive clandestino en una carpa, como un guerrillero, en los recónditos bosques de la cordillera de la costa al sur del río Malleco. Carabineros y la PDI han hecho al menos cinco allanamientos y no ha encontrado ni una pista de él. Al lonco no le sacan ni una palabra, ni un gesto que delate su escondite, porque este lonco duro, pero de buen corazón, lo cuida como a un hijo.
Vania lo va a ver y le lleva comida, cuando puede. Patricio es otro de los niños religiosos de esta comunidad. De los que pide permiso al río antes de cruzar su cauce. De los que toma una hoja de canelo y ruega en mapudungún. Intentamos ir una mañana hasta su refugio, en la cordillera, pero abortamos la misión por falta de seguridad. Hace unos meses, el abogado Fernando Lira, fundador de la ONG Liberar,
–que protege a los niños y existe hace sólo dos años– sí logró conversar con Patricio en abril pasado en su carpa, con una tetera y una fogata.
Lira dice que, a veces, Patricio baja a una comunidad cercana a darse su vuelta, deambulando como un niño invisible, tapado y disfrazado. Nadie puede verlo, nadie puede reconocerlo. Lira grabó un video conmovedor donde Patricio, con sus ojos todavía dulces, dice: –Yo no he tenido infancia. Nunca pude jugar, no sé lo que es ser niño. No elegí esta vida, andar arrancando. Por eso espero que el Estado no persiga a más niños, que no les ocurra lo que me ha pasado a mí.
Estudió con Vania en la misma escuela de Ercilla, pero él llegó hasta 4° básico. La monja lo recuerda como un niño tranquilo, con mucho gusto por el campo, muy callado, muy silencioso. Después de ser varias veces interrogado en el camino a la escuela por civiles, dejó de ir. Luego fue herido en el brazo derecho por perdigones de Fuerzas Especiales en un desalojo del fundo La Romana. –Si antes me balearon, ahora qué les queda –se pregunta Patricio–, ¿matarme?
En 2007 fue procesado por robo de animales y, posteriormente, absuelto. Cuando se vio perseguido por incendiar supuestamente el peaje de Victoria, junto a otros siete encapuchados, arriesgaba hasta 40 años de cárcel por Ley Antiterrorista. No lo resistió y se fue a la clandestinidad, como un pequeño Che Guevara, bajo la protección del espíritu del bosque, del dueño del río, a quien Patricio se encomienda todas las mañanas.
El lonco llevó su caso a la Unicef, donde el representante para Chile, Gar Sthal, se comprometió a presentarlo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora que la huelga de hambre logró que no se procese a menores por Ley Antiterrorista, el lonco espera que Patricio pueda bajar del cerro y ser visible otra vez. Volver a vivir los restos que quedan de su infancia, junto a Vania, Manki y los otros niños.
 Paula 


Video fue realizado por Marta Guerra M., periodista de la Agrupación Liberar. En esta entrevista, el joven Patricio Queipul habla de su decision de pasar a la clandestinidad en la que vive hace seis meses en cerros de la IX Región. 

Entrevista ex-juez Guzmán


Usted escribió un libro: “En el borde del mundo, Memorias del Juez que procesó a Pinochet”. ¿Cuál es su convicción respecto de la capacidad que tenía Pinochet para ser juzgado?
En cuanto a la capacidad sicológica que tenía Pinochet, sus facultades mentales, pensé en algú...n momento que estaba algo perturbado. Pero todas las pericias analizadas, había a favor y otras en contra, me llevaron a concluir que estaba normal para ser procesado... Voy a hacer un alcance: si en Chile se hicieran informes sobre las facultades mentales de la población penal, más del 90% estaría peor que el general Pinochet en cuanto a facultades mentales se refiere. O sea, en mi concepto, estaba con las facultades mentales de una persona de 83 o 85 años, que naturalmente tiene algunas fallas. Muchas veces no tienen la memoria reciente, pero eso no significa que no tengan discernimiento, inteligencia, memoria a largo alcance, una distinción clara entre el bien y el mal, entre lo que le conviene y lo que no le conviene, sensibilidad y todas las características, en general, de la inteligencia. Él las tenía, era ampliamente procesable, podía ser sujeto a una sentencia sin ningún menoscabo y con todas las normas del debido proceso.

¿Qué sentimiento alberga usted cuando se le pregunta sobre Pinochet, frustración? ¿O queda con el ánimo tranquilo por haber hecho lo que se pudo?
Yo quedo con el ánimo bien tranquilo en cuanto a lo que hice como magistrado. Lo procesé en tres ocasiones y la Corte de Apelaciones bajó los cargos absurdamente, lo que nunca entendí. De autor, que es quien intelectual o materialmente realiza un acto criminal, era el punto de vista más lógico y lo que fue probado, a encubridor, esto es, una persona que entra a actuar después de perpetrados los hechos. Eso nunca lo entendí hasta el final, cuando me dí cuenta de que todo este proceso tenía que llegar a que no se le juzgara o, en el mejor de los casos, se le juzgara por un cargo muy inferior, que no iba a comprender la cantidad ni la calidad de los crímenes que fueron cometidos durante la dictadura militar.

Usted dice que le costó entender ese proceso. ¿Quiénes llevaban a cargo u operaron ese proceso para que Pinochet no fuera juzgado?

Lamentablemente, considero que hubo complicidad de parte de la Corte Suprema de entonces, del Gobierno, que curiosamente se trataba del gobierno de la Concertación, y obviamente hubo poca entereza por parte de la mayoría de los jueces que le tocó intervenir en esta causa. En realidad, la historia es muy difícil decirla desde un punto de vista individual, como lo estoy haciendo yo. Siempre debe haber componentes de toda índole, sociales, judiciales, que en este caso son los que más influencia hubo, pero también políticos. Esta es una causa que, lamentablemente, pienso que obedeció a un arreglo previo entre la Concertación y los actores políticos del momento, del 5 de octubre de 1988, la noche en que se decidió si Pinochet iba a continuar o simplemente iba a hacer caso a lo que la ciudadanía había elegido a través del plebiscito. Creo que esa noche se decidió el destino real de Pinochet, que no se le podía tocar, que no se le debía tocar y que no se le iba a tocar.

El Poder Judicial, al que usted perteneció hasta hace cinco años, fue el único al que Pinochet no tocó. No tuvo esa buena o mala suerte, me gustaría que usted me diera su diagnóstico. ¿Cuál es el peor momento que ha vivido la Justicia en nuestro país? ¿Cuando ese año ‘73 no es disuelta y queda genuflexa frente al dictador, o a través de todo el proceso -ya entrando en democracia- cuando sigue actuando de la misma manera en que lo hizo en esos 17 años, de manera cómplice?
Primero que todo, era un Poder Judicial enrabiado, encabezado por el señor (Enrique) Urrutia Manzano, que hablaba con hiel, siendo que los jueces deben ser serenos. Una de las características de la naturaleza de ser juez es ser sereno, estar por encima de las pasiones, porque tiene que juzgar a seres humanos. Entonces, durante los primeros años, y para ser más justo, durante los 17 años de la dictadura, el Poder Judicial se doblegó, fue obsecuente y le faltó -como dijo el Presidente Aylwin en algún momento- coraje moral. Creo que usó palabras muy suaves para querer expresar realmente lo que estaba diciendo.

Se rechazaron más de 10 mil recursos de amparo, pudiendo el Poder Judicial haber salvado la vida de más 3 mil personas que estaban en cárceles ilegales, en verdaderos hoyos donde eran torturados, muertos, tratados -las mujeres sobre todo, pero también los hombres- con la peor ofensa al ser humano, integralmente considerado.

Lamentablemente, el Poder Judicial se prestó para utilizar el sistema de los recursos de amparo para decir que no estaba pasando nada en Chile, lo que estimuló a los agentes de la dictadura a continuar con la represión en contra de todas las personas que no aceptaban el sistema dictatorial. Ahí es donde el Poder Judicial se doblegó y dejó de existir. Si bien la dictadura y Pinochet lo dejan existir, en la práctica, en lo que se refiere a DD.HH y todo lo que implicaba represión, lo suprimió como si lo hubiera hecho a través de la Constitución. O sea, no hubo Poder Judicial para las personas que más lo necesitaban en ese momento, porque estaban siendo torturados, vulnerados sus derechos humanos y asesinados.

¿Cuál fue su vivencia durante esos años, como parte de ese Poder Judicial genuflexo?
Nunca me tocó una causa de DD.HH. Durante mucho tiempo fui juez común a todo tipo de formas del Derecho: comercial, civil, laboral, penal, etc. Después, en Santiago fui juez del crimen, me tocaron causas comunes. Después, como ministro de corte, me tocó fallar sobre todo tipo de materias, durante 21 años. Estuve 36 años en el Poder Judicial, de los cuales 34 más o menos fueron durante la dictadura y post dictadura. No me tocaron causas de DD.HH., estuve bastante alejado de la temática, tuve una sola persona conocida que fue presa injustamente, que era el abogado Hernán Montealegre, casado con una amiga mía de juventud. Entonces, pertenecía al grupo socioeconómico cultural en Chile que estaba cercano a la dictadura y no creía, como tanta gente, en las barbaridades, y en la calidad y cantidad, que se estaban cometiendo. Como juez, me tocó en un momento ver cuerpos de personas muertas durante los primeros días de la dictadura, pensé que eran actos aislados, propios de enfrentamientos o, como lo decían los mismos militares, casualidades que ocurrían dentro de enfrentamientos. Lamentablemente, la mayor parte o gran parte del país pensaba como yo. Por eso escribí el libro “Al borde del mundo”, que es Chile obviamente, por su forma y la gran fosa que es el Pacífico. Y al mismo tiempo, porque así es nuestra vida, estamos siempre al borde, al filo de la navaja, entre el bien y el mal a veces de manera muy inmediata, con muy pocas tonalidades.

¿Qué le habría pasado al juez Guzmán de entonces si hubiese visto y se hubiese convencido de lo que estaba pasando en Chile? ¿Hubiese podido seguir su carrera judicial?

Seguramente estaría desaparecido, porque lo que pienso hoy lo pensaron esas más de 1.200 personas que siguen desaparecidas. Creo que pensaban y actuaban conforme debían actuar ante una situación de injusticia y conocimiento de lo que estaba pasando. Esa gente fueron resistentes, heroicos. Creo que si hubiera sabido, me habría puesto en el lado de ellos.

Usted luego retomó una tarea que podría haber hecho en dictadura, y la hizo en democracia, siendo una voz activa, por ejemplo, en la defensa de los mapuche. Hoy estamos obnubilados por lo sucedido en el norte, pero hasta hace unas semanas nuestro país estaba prácticamente quebrado por una huelga de hambre que nos tenía agónicos por la situación y el trato que se le ha dado al pueblo mapuche. Usted ha dicho que “las leyes penales que se están aplicando a los comuneros mapuche son propias de un régimen fascista”. Voy a apelar ahora al abogado Juan Guzmán, ¿hasta cuando vamos a seguir viviendo un régimen fascista, con leyes emanadas de una dictadura?

Nuestro país se caracteriza por tener un doble estándar. La Concertación habló tanto e hizo tanto en un momento determinado y tan buena resistencia, tanto en Chile como en el extranjero, para que nos estableciéramos como país democrático con todas las características, porque lo importante no es solamente decirlo sino que serlo. Me estoy refiriendo desde el Presidente Frei Ruiz-Tagle para adelante, porque la labor que hizo el presidente Aylwin, creo que todos la reconocemos como extraordinariamente de ajuste del período de la dictadura a esta nueva situación que habíamos perdido durante tantos años, y considero que su labor fue extraordinaria. Hubiera querido más, pero en cuatro años fue muy poca la oportunidad que tuvo, hizo todo lo que pudo en materia legislativa. Quizás faltó algo en relación a los mapuche, pero por lo menos dio primeros pasos.

En ese momento, principios de los ‘90, ¿usted hubiera estado de acuerdo en haber llamado a una Asamblea Constituyente?
Desde luego.

¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿Por qué no fue más fuerte en haber abierto los ojos a la población respecto a lo que estaba pasando?

No, el Poder Judicial debe abocarse a las causas que está conociendo…

Pero son los que más conocen las leyes y saben que con ese drama era muy difícil empezar a hacer justicia.

No le correspondía este papel al Poder Judicial, le correspondía a los políticos, senadores, diputados, al Gobierno, y no lo hizo. Desde luego, siguió aplicando las mismas normas, la normativa relacionada con las conductas terroristas, la ley de Seguridad del Estado y lo que jamás corresponde, aplicar un fuero militar a nosotros los civiles. Siempre me gusta dar este ejemplo, para que la gente sepa lo que es un delito militar: el ejemplo más claro es un centinela que está junto a la muralla para que no ataquen un regimiento, se queda dormido y se le debe castigar en tiempos de guerra a penas superiores a 10 años y un día. Eso es un delito militar.

Pero si yo robo o le pego a un militar, y soy un civil, no es un delito militar, es un delito común. El fuero militar está para los militares. Ahora, si un militar roba, tampoco está cometiendo un delito militar, es un delito común que corresponde a la justicia ordinaria. Entonces, estos delitos se extienden en la dictadura a los civiles, y si por ejemplo un carabinero me ataca y yo me defiendo, le tomo la chaqueta y se le salen tres o cuatro botones, se me condena a 541 días por maltrato a Carabineros. Esas normas se siguen aplicando y lo peor es que ¿a quién le corresponde conocer y juzgar sobre esas materias? A la Justicia Militar, que lamentablemente es parcial, defiende a los propios y no aplica las normas penales más graves que corresponden a los militares en los casos que ponen en peligro al país, a un regimiento, a un grupo de personas que están defendiendo en forma militar, etc. Por eso me gusta aclararlo.
Pero lo peor junto con la aplicación de la Justicia Militar es que existan leyes como la de conducta terrorista, que permiten una arbitrariedad extraordinaria por parte del elemento investigador, de los fiscales. Pueden retener a una persona durante diez días antes de presentarla al juez de garantía. ¿Se imagina lo que eso implica? Tenerlo parado muchas veces, no dejarlo comer, dormir, llevarlo a la desesperación, que lo que se pretende es que confiese. Son normas represivas, por eso digo que son fascistas. Implican eliminar al enemigo interno. Antes fue el comunismo y todas aquellas personas que para el Gobierno eran tales, y hoy somos nosotros, los mapuche y la parte de mapuche que tenemos nosotros también.
Queramos o no, somos un pueblo mestizo, especialmente los que decimos pretenciosamente “mi familia está en Chile hace 500 años”. Bien, entonces tiene mucho más de mapuche que el hijo de inmigrantes alemanes, por ejemplo, que está aquí hace dos generaciones y solo tiene sangre alemana, con todo el respeto que todas las sangres merecen.

Pero además está el pueblo mapuche en sí que quiere ser mapuche. Yo puedo ser mapuche si quisiera, si quisiera vivir la cultura, religión, costumbres, tradiciones mapuches. Yo podría hacerlo, me voy a una comunidad, vivo como tal y nadie podría impedírmelo, porque en Chile existe la libertad de hacer todo lo que no es contrario a las leyes.

Usted contaba que en su carrera judicial le contó dirimir juicios comerciales. Hay una mezcla interesante en la que usted está imbuido, entre enormes empresas como las forestales, específicamente en la planta Valdivia de Celulosa Arauco y Constitución, conocida como Celco, a propósito de su dudoso comportamiento social y ético. Tenemos el componente empresarial y el componente civil, que pueden ser mapuches, pero también mineros, a la luz de lo que ha pasado en las últimas semanas. ¿Cuál es su diagnóstico de la relación trabajadores-empresas en Chile?

Fíjese, a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Me considero apolítico, independiente, y lo soy, podría hablar horas al respecto. Pero respondiendo su pregunta, ocurrió lo mismo en el norte y en el sur. En el norte, el Estado hizo todo lo que estuvo en su poder para lograr la gran obra y labor humana que fue salvar a los mineros. A todo costo, yendo el Presidente permanentemente, ministros de Minería, de Salud, hasta de RR.EE. con la llegada del Presidente Evo Morales, que era lo que correspondía. Pero al mismo tiempo, había 34 mapuche en huelga de hambre por la injusticia de la aplicación del código de Justicia Militar y la ley de conductas terroristas. Y naturalmente, toda la represión que se hace permanentemente en relación a los mapuches en los sectores que tradicional, histórica o por último físicamente son suyos, en muchos casos. El Presidente, yo encuentro, que dio igual trato. Y esto me llama extraordinariamente la atención, porque es lo que debió haber hecho la Concertación. Ahora que es oposición, claro, es fácil gobernar en oposición. Puedo decir cualquier cosa y como no está en mi poder cumplirla, simplemente aparecen como futuras promesas que generalmente no se cumplen. Yo estimo realmente que el acto, que además fueron ministros de Estado, hubo un interés extraordinariamente grande, conversaciones con las iglesias, con políticos locales…

¿Usted cree que se llegue a un buen puerto? Porque hay dudas del cumplimiento total de algunas promesas.

Yo creo que sí. Es que algunas promesas no pueden cumplirse, son materia de lo que se resuelva en el Senado y en la Cámara de Diputados. Eso depende de las mayorías, de que a veces no tienen la valentía suficiente, salen para no integrar las comisiones, o se salen de las Cámaras para no votar…

Pero respecto del Ejecutivo y las promesas que hizo a los mapuche en huelga, ¿cree que va a cumplir?


Sí, creo que debe cumplir, espero que cumpla. Como ciudadano chileno lo deseo con todo mi corazón porque quiero que mi país sea realmente democrático. Ahora, si va a cumplir o no, creo que es más probable que cumpla a que no, porque hemos visto que en este Gobierno el Ejecutivo está funcionando.
Fotografía y Fuente: Radio Universidad de Chile. Octubre - 2010...