Jueves 25 de noviembre de 2010 | Actualizada 16:00 | País
La huelga de hambre mapuche marcó la agenda país este año, pero no tuvo una respuesta contundente del Estado para solucionar los problemas que afligen a los pueblos originarios, según sentencia la octava versión del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2010 de la Universidad Diego Portales.
Así lo afirmó el director del estudio, académico Jorge Contesse, señalando que a pesar de la plena vigencia del Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos originarios, el Ejecutivo “no da aún muestras claras de los procedimientos que aplicará para la implementación del mismo y el Parlamento debate una reforma constitucional que interesa a los pueblos indígenas desatendiendo las recomendaciones que se le han hecho para consultarlos”.
El informe cuestiona también la labor de la Corte Suprema, pues “salvo un caso, fallado por la sala civil de la Corte Suprema, el máximo tribunal ha ido desarrollando, en la sala constitucional, una jurisprudencia que desatiende las obligaciones de Chile y sitúa al Estado –una vez más–en la senda del incumplimiento de sus compromisos internacionales”.
Como ejemplo, se citan varios fallos en los cuales el máximo tribunal revirtió decisiones de las cortes de apelaciones que validaban el tratado internacional, como los de la machi Francisca Linconao; las comunidadesPalguín y Peiukëlen, entre otros.
Respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, el Informe reconoce como avances positivos la instalación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria, pero apunta que el máximo tribunal no cumple con los estándares internacionales sobre el derecho a reparación de las víctimas, especialmente en el terreno de las compensaciones civiles.
“La Tercera Sala de la Corte Suprema desechó en casi todas las sentencias del último año la demanda civil en contra del Fisco”, consigna el documento, apuntando que en todas las causas “se reproduce de manera literal el modelo de sentencia con el cual rechaza estas acciones, como si se tratara de un formulario”.
Añade que la Corte Suprema ha ido desconociendo la competencia de la Inspección del Trabajo para hacer cumplir la legislación laboral, lo que resulta de mayor gravedad considerando los accidentes laborales ocurridos durante el año.
La Corte ha decretado por ejemplo que no le corresponde a la Inspección calificar relaciones contractuales laborales que pudieran ser encubiertas, con consecuencias en la aplicación de la ley de subcontratación y en la falta de negociación colectiva.
Durante los gobiernos de la Concertación la situación de los trabajadores organizados “empeoró ostensiblemente”, de acuerdo al informe, bajando desde 10,1% de trabajadores que negociaba en forma colectiva en 1991 a 5,9% en 2009, siendo Chile el país de la OCDE con menos trabajadores organizados, solo superado por Corea del Sur.
La Nación
Así lo afirmó el director del estudio, académico Jorge Contesse, señalando que a pesar de la plena vigencia del Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos originarios, el Ejecutivo “no da aún muestras claras de los procedimientos que aplicará para la implementación del mismo y el Parlamento debate una reforma constitucional que interesa a los pueblos indígenas desatendiendo las recomendaciones que se le han hecho para consultarlos”.
El informe cuestiona también la labor de la Corte Suprema, pues “salvo un caso, fallado por la sala civil de la Corte Suprema, el máximo tribunal ha ido desarrollando, en la sala constitucional, una jurisprudencia que desatiende las obligaciones de Chile y sitúa al Estado –una vez más–en la senda del incumplimiento de sus compromisos internacionales”.
Como ejemplo, se citan varios fallos en los cuales el máximo tribunal revirtió decisiones de las cortes de apelaciones que validaban el tratado internacional, como los de la machi Francisca Linconao; las comunidadesPalguín y Peiukëlen, entre otros.
Respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, el Informe reconoce como avances positivos la instalación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria, pero apunta que el máximo tribunal no cumple con los estándares internacionales sobre el derecho a reparación de las víctimas, especialmente en el terreno de las compensaciones civiles.
“La Tercera Sala de la Corte Suprema desechó en casi todas las sentencias del último año la demanda civil en contra del Fisco”, consigna el documento, apuntando que en todas las causas “se reproduce de manera literal el modelo de sentencia con el cual rechaza estas acciones, como si se tratara de un formulario”.
Añade que la Corte Suprema ha ido desconociendo la competencia de la Inspección del Trabajo para hacer cumplir la legislación laboral, lo que resulta de mayor gravedad considerando los accidentes laborales ocurridos durante el año.
La Corte ha decretado por ejemplo que no le corresponde a la Inspección calificar relaciones contractuales laborales que pudieran ser encubiertas, con consecuencias en la aplicación de la ley de subcontratación y en la falta de negociación colectiva.
Durante los gobiernos de la Concertación la situación de los trabajadores organizados “empeoró ostensiblemente”, de acuerdo al informe, bajando desde 10,1% de trabajadores que negociaba en forma colectiva en 1991 a 5,9% en 2009, siendo Chile el país de la OCDE con menos trabajadores organizados, solo superado por Corea del Sur.
La Nación
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