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domingo, 11 de noviembre de 2012

Héctor Llaitul, longko en prisión, explica propósitos de la CAM: Liberación nacional es la estrategia mapuche

llaitul_hectr600Cuando Héctor Llaitul aparece caminando a contraluz por la galería desde el módulo de los presos políticos mapuches, me impacta su porte. Es más alto y corpulento de lo que suponía. Bajo la casaca corta y gris luce una camiseta azul estampada con el rostro del joven Matías Catrileo, mártir de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).


El kallfü (azul) es un color sagrado para el mapuche. Es newen, energía divina y benéfica que viene del Oriente, y un vínculo con el küpál o küpálme (la familia, el linaje, la nación), y con el Wenumapu (la Tierra de Arriba, donde habitan los antepasados). Matías Catrileo llegó a ser “hermano y amigo, y parte de mi familia”, dirá Llaitul. Al verlo, pienso que su püllü (su espíritu) estuvo en la entrevista.

Llaitul trae unos ejemplares de su libro Weichan, conversaciones con un weychafe en la prisión política, escrito en conjunto con el político y escritor Jorge Arrate. Lo recuerda con cariño: “Tiene la capacidad de observar y de escuchar; a don Jorge lo considero un hombre bueno, un hombre valiente, lo respeto”. Weichan, significa “la guerra”. Llaitul dice en el libro que “…debe entenderse el weichan como la guerra propiamente tal, cuyo objetivo es la defensa del territorio y la autonomía (…) Es una sociedad en movimiento que es capaz de reproducir su diferencia y de reafirmarse”. Weychafe es el guerrero; el luchador y militante por la causa de la defensa del pueblo mapuche.

Trabajador social, próximo a cumplir 45 años, Héctor Llaitul nació en Osorno en 1967, es padre de cinco hijos (Lautaro, Neyen, Ernesto, Pelentaru y Victoria). “Yo me considero longko de la organización y un sustentador de ideas, de ideología, un pensador”. Está preso desde el 26 de febrero de 2007. Su caso fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fines de 2011. Inicialmente fue condenado a 25 años bajo el cargo de “homicidio frustrado” del fiscal Mario Elgueta en una supuesta “emboscada” y de “robo con intimidación” al campesino José Santos Jorquera. De lo primero, dice que no fue una emboscada, “fue enfrentamiento”. La Corte Suprema anuló el fallo y cambió homicidio frustrado por “lesiones” a policías y “lesiones leves” al fiscal; rebajó la pena a cuatro años. Pero dejó intacta la condena a diez por el caso Santos Jorquera. Alega que este fue un acto de justicia ancestral comunitaria. En efecto, hay una disposición legal que admite la costumbre indígena como eximente o atenuante de responsabilidad penal (artículo 54, Ley Indígena Nº 19.253). La reconsideración de la Suprema fue el resultado de 87 días de huelga de hambre (en 2010) de Llaitul y sus compañeros Ramón Llanquileo y Jonathan Huillical, entre otros. Pero hay más: la Suprema ya poseía antecedentes de que la justicia militar los había absuelto y que ambas sentencias eran contradictorias. Una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo delito. Por ello, la Defensoría Penal Pública del Bío Bío estudiaba interponer un recurso de amparo a favor de Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y Héctor Llaitul.

PF fue autorizado a entrevistar a Llaitul el viernes 12 de octubre a las 10 de la mañana. “El día de la resistencia de los pueblos”, dice Llaitul cuando le hago ver lo simbólico de la fecha. Me pide disculpas por haberme hecho esperar. Se había duchado después de su rutina diaria de ejercicios. Usa el pelo corto, no fuma, no bebe alcohol. Ocupamos la sala de abogados. Una mesa, un par de sillas y una ventana con barrotes.

¿Me puede hablar sobre la CAM?
“Falta un estudio acabado sobre la CAM desde los puntos de vista histórico, sociológico, pero sobre todo político, para analizar su verdadero rol. Hay necesidad de un registro, de una sistematización, de un análisis sobre su experiencia, su postura política, ideológica; de lo que denominamos hoy el proyecto de la CAM. Por eso prefiero dejar abierto el tema”.

MOVIMIENTO ANTICAPITALISTA

Pero, una síntesis…
“La característica fundamental de la CAM es el surgimiento, más allá del hito de las acciones en contra de las forestales que dieron cuenta del nacimiento de la CAM, de una nueva forma de hacer política en el contexto de las luchas mapuches. Una nueva forma de enfrentar lo que hasta ese momento se conoce como las demandas o reivindicaciones de nuestro pueblo. La CAM inaugura una experiencia, una práctica política distinta, en terreno, en y desde las comunidades. Y eso genera un antes y un después. Se empieza a hablar a partir de ese momento del ‘conflicto mapuche’. Las comunidades dejan de ser pasivas, sometidas, y pasan a constituirse en un actor fundamental dentro de sus procesos de reivindicaciones.

La otra característica es una concepción por sobre todo anticapitalista. Como definición, y también como práctica política. Por eso la CAM es una organización revolucionaria. Confronta al capital y esa confrontación genera el conflicto. Y nos hace antioligárquicos, anticolonialistas y antimperialistas. A partir de la realidad y de la suerte de nuestro pueblo, irrumpimos como un movimiento autónomo, mapuche y revolucionario. Eso nos hizo objeto de la atención del Estado y de los detractores de la causa mapuche, de la oligarquía histórica y del capital nacional e internacional. Entonces pasamos a constituirnos en el enemigo interno del Estado chileno.

Esa postura anticapitalista, marcada y consecuente, es tal vez lo que nos diferencia de otras organizaciones. Surgimos en un contexto político complejo, que es la Concertación; un escenario difícil para la práctica de la confrontación. Muchos nos enrostraron que no dejábamos gobernar, o que hacíamos olitas. No hubo acompañamiento político y sí mucha animosidad. Porque la Concertación es un espacio de administración política e ideológica neoliberal.

Nuestro gran desafío fue elaborar un constructo ideológico y político nuestro, propio, mapuche. Y eso es también un tema muy profundo que implicó un rompimiento con las antiguas expresiones que nos acompañaban en estas reivindicaciones. Por eso hablamos del movimiento autónomo mapuche y de una propuesta ajena a los partidos y a los movimientos de Izquierda”.

¿Y cuál es esa propuesta?
“Es una propuesta que ya de alguna manera se ha instalado, porque ha sido asumida transversalmente por otras expresiones políticas mapuches. Se trata del anticapitalismo; de una definición del enemigo del pueblo-nación mapuche, y del desarrollo de un movimiento autónomo de base cosmovisionaria”.

¿Pero cuál es la alternativa al capitalismo?
“La reconstrucción de la nación mapuche lo es por sí sola. Quienes saben de nuestra cosmovisión mapuche lo comprenden. Por eso la CAM se transformó en un referente para las comunidades. Y así empezamos a fortalecer las demandas históricas de nuestro pueblo, cuyos ejes fundamentales son el territorio y la autonomía, desde hace 100, 200, 500 años.

Ello implicó romper con el andamiaje de la institucionalidad y creamos un escenario distinto, basado en luchas, no tanto en discursos. La historia de la CAM está llena de vicisitudes y conflictos, y de acciones, de persecuciones, y de presos y de muertos, y yo estoy hablando desde la cárcel por lo mismo, porque sustento sus planteamientos.

La organización CAM fue definida como el ‘enemigo interno’ desde el año 2001. El año 2003 la CAM fue definida como una ‘asociación ilícita terrorista’. Desde entonces, hemos sido objeto de una década de persecución implacable. A la CAM se la persiguió tres veces por asociación ilícita terrorista a partir de esa fecha, porque nos hemos constituido en una expresión más alta, cualitativamente, de reclamación y demanda: el proceso de liberación nacional mapuche. Y eso está instalado”.

PRINCIPIOS DE LA AUTONOMIA

¿Qué implicancias tiene ese proceso?
“La reconstrucción nacional mapuche es una discusión interesante. Yo hice un libro precisamente para eso, para llamar a la gente a debatir. Lo que usted me está preguntando, también se lo está preguntando el mundo mapuche. Sus distintas corrientes. Pero ello no quita que se esté avanzando en términos de práctica política, ideológica y de expresión teórica en ese sentido. Para liberarnos tenemos que descolonizarnos, pero no se trata solo de una descolonización frente al sistema de dominación. Es un proceso de descolonización ideológica de todo tipo de construcción de fuera del ámbito mapuche. Por eso tenemos diferencias con otros procesos de liberación. También tenemos diferencias respecto del concepto de autonomía. Por lo mismo tenemos diferencias con otras organizaciones que se plantean la autonomía, pero que no tienen una práctica política para la autonomía. ¿Cómo vamos a lograr la autonomía? ¿Así, sobre la base de lo que tenemos? ¿O la quieren lograr sobre la base de la restitución, de algo más…?”.

¿Cómo entienden o definen la autonomía?
“La autonomía tiene sus principios. Y uno que es fundamental y eje, base de todo, es el principio de la territorialidad. Nosotros no podemos ejercer o desarrollar autonomía si no tenemos territorio. Cuando se lucha por el territorio, se tiene que hacer una práctica política de lucha por el territorio. Y no se puede hacer utilizando los instrumentos del Estado, porque no lo va a permitir. El Estado, un Estado capitalista, lo que hace hoy día es favorecer los procesos de inversión capitalistas. Más claro no puede estar. Por lo tanto, no va a querer generar territorio para los mapuches. Va a jugársela y va a generar territorios para los procesos de inversión capitalistas. Eso es así. Por lo tanto, nuestra lucha tiene que ser por territorio, metro a metro, por recuperar la tierra”.

¿Por cuánto territorio? ¿Del Bío Bío al sur?
“Es un tema a discutir. Nosotros en la CAM no vamos a plantearnos ficticiamente, porque en el hacer política no hay que ser ficticio. No vamos a decir del Bío Bío al sur, no es que sea imposible. Es que no tenemos la fuerza hoy día para plantearlo así. Si mañana tenemos un proceso mayor, ideológica y políticamente, de fuerzas políticas reales, podría ser. Nosotros estamos hablando de un proceso. Y no podemos poner la carreta delante de los bueyes. Tenemos que ir madurando, acumulando. Y lo primero que estamos diciendo es que las expresiones tienen que ser anticapitalistas y por el territorio. Si no, no hablemos de autonomía.

Nuestro planteamiento político-estratégico está muy claro en el documento Planteamiento Político Estratégico de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de marzo de 2000. Todavía está en Internet. Ahí está el por qué y el cómo”(1).

¿Y qué es lo medular del documento?
“Hay dos grandes objetivos. Uno es la resistencia mapuche a la amenaza que representan los proyectos de inversión y el latifundio; la resistencia al sistema capitalista en el territorio ancestral mapuche. El segundo eje es la reconstrucción del pueblo-nación mapuche. Y ahí está esbozada además la propuesta de autonomía revolucionaria. Para entender a la CAM hay que remitirse a ese documento”.

VIGENCIA DE LA COORDINADORA
ARAUCO-MALLECO

¿Y la CAM existe hoy, tiene expresión?
“La CAM hoy es una organización prácticamente heroica, pues nace en un contexto político difícil para una revolución, el de la Concertación, que criminalizó y judicializó nuestra lucha. Y se nos aplicó la cooptación de gente, tanto de la dirección como de militantes, usando el asistencialismo, el financiamiento de proyectos de desarrollo. El garrote y la zanahoria. Y nos obligaron a reducir nuestra base social. Y por eso es el Plan Araucanía, muchos recursos para frenar a las masas mapuches y mucha seguridad para frenar a las expresiones políticas más consecuentes, entre ellas la CAM.

Perdimos base social, pero la CAM hoy se ha constituido en un referente que ha generado gran influencia en el pueblo mapuche. El gran logro de la CAM es haber iniciado y contribuido a un proceso de autoafirmación étnica nacional. Nos sentimos parte de una identidad, de una cultura, de pueblo-nación; de un proceso de autoafirmación como un pueblo. Hoy vemos expresiones de identidad en empresarios mapuches, en miembros de las fuerzas armadas que son mapuches, en gente de distintos ámbitos que se identifican como mapuches”.

¿Que piensa de la cumbre de empresarios mapuches?
“Hay que tener cuidado con quienes pretenden construir sectores elitizados dentro del mundo que reivindican. Creen que pueden construir un pueblo-nación con clases sociales. Nosotros creemos que están equivocados. Eso implica coadyuvar a un sistema de explotación, de desigualdades, al capitalismo. Enama está potenciado por el gobierno de derecha. Hay un acercarse del sector mapuche a propuestas del neoliberalismo. Obviamente esa no es nuestra posición”.

LAS FORESTALES,
EMBLEMAS DEL CAPITALISMO

¿Cómo se manifiesta el capitalismo hoy en la territorialidad mapuche?
“Pensamos que el capitalismo en Chile tuvo una refundación. Hay hermanos que todavía usan el lenguaje de la época de la reforma agraria y hablan del latifundio aquí y del latifundista allá. Hoy la territorialidad mapuche no está sobre una base latifundaria, lo que hoy existe en la territorialidad mapuche es un proceso de transnacionalización sobre la base de una economía extractiva y, principalmente, sobre la base de la explotación forestal. Las forestales trastocaron todo el sistema de propiedad en la octava, novena y décima regiones. Tienen millones de hectáreas, y esa es una realidad que mueve toda la economía de esta zona. Esta zona es una de las que genera más riqueza para esos grupos y a la vez la mayor pobreza para la población. En esta zona todos los campos son forestales. Eso también hay que estudiarlo bien, hacer un buen diagnóstico. En esta y en otras zonas ya no existe el latifundista clásico, lo que existe son empresas forestales. Ellos tienen las grandes extensiones territoriales. Existen muy pocos latifundistas, no tienen la capacidad territorial que tuvieron en cierta época y no son lo central en la lucha de la CAM. Entre el 80 y 90 por ciento de nuestras acciones son en contra de la actividad forestal. Y en segundo lugar, contra el proceso de inversión capitalista: Endesa, centrales hidroeléctricas, mineras. En tercer o cuarto grado le estaríamos peleando a los latifundistas o a colonos, que han sido bien jodidos algunos, emblemático, como Lushinger, Urban, Figueroa, pero no han sido lo central en la lucha de la CAM. La lucha contra el capitalismo para nosotros es la propiedad usurpada que tienen las forestales”.

¿Y los parceleros y campesinos pobres?
“Lo que decimos a las comunidades también es que nosotros no queremos conflictos con parceleros. Y, por último, no está en nuestra mirada ni en nuestra conducta ni en nuestra historia tener algún conflicto con ningún campesino pobre, aunque sea el más antimapuche. Porque son pobres, porque ahí se nos caería el concepto de nuestra confrontación con el sistema capitalista. Nosotros no tenemos una propuesta para esos campesinos, pero no es la idea atacarlos. Nunca ha sido nuestra idea”.

¿Cuál es su alternativa al capitalismo? ¿El socialismo?
“¡No!... Esa es una mecánica que en los mapuches no opera. Nos retrotraemos a un mundo de equilibrios, de armonía; donde estaba desarrollado el verdadero mundo mapuche. Ese mapuche identificado con su territorio, con sus espacios, con su cultura, con su forma de vida. No era un expoliador, ni un conquistador, ni un explotador. Era una sociedad buena, justa, sana. Tal vez no la ideal para muchos, pero para nosotros suficiente para un tipo de vida correspondiente a los mapuches. Y sobre todo, respetuosa. Somos anticapitalistas porque estamos recuperando el ser de la naturaleza, de la biodiversidad, lo mapuche, que respetaba espacios y personas y hacía todo desde una mirada colectiva, de bien común”.

Le quedan quince años y medio en prisión…
“Soy el preso que tiene más alta condena en las causas mapuche; ello es un título que me ennoblece”.

¿Cómo visualiza el conflicto mapuche en el horizonte 2020?
“El conflicto mapuche tiene para rato. Recién estamos echando las bases para generar un gran proceso de liberación nacional”.

JUAN JORGE FAUNDES
En Angol

Se puede acceder en la URL: http://www.nodo50.org/weftun/


recuadro

La CAM y la Izquierda

llaitul_hectr600Héctor Llaitul agrega:
· “Estamos llamando a un fuerte debate y a una comprensión sobre el mundo mapuche, sobre su cosmovisión y nuestra cosmogonía. A cómo entendieron los mapuches su vida, cómo la hacían, y por qué existe tanto apego al territorio, a los espacios sagrados. A eso que hoy está emergiendo con mucha fuerza. Muchos de los conflictos actuales tienen que ver con la defensa de lugares que se consideran sagrados espiritualmente. Y es porque el mapuche tiene una ligazón con eso. Valora cerros, espacios, ríos, lugares que tienen un sentido profundo de identidad y de memoria histórica. En la medida que los mapuches nos vamos reencontrando con eso, más nos dedicamos a su defensa”.

· “Hay una necesidad de estudiar. Sobre todo por parte de la Izquierda que se siente detentora de la causa mapuche. La Izquierda tiene que mirar más. Pero más que ver, tiene que comprender. Y eso es un poco lo que traté de hacer en el libro que escribí con Jorge Arrate. Porque él llegó con su campaña, y tiene un buen discurso. El hombre se maneja muy bien, pero yo lo emplacé, y le dije: pero usted está haciendo campaña, don, y nuestro pueblo ha estado así milenariamente, yo me siento de alguna manera distante, por lo mismo. Y él dijo, ‘en realidad, voy a volver porque quiero tratar de entender un poco más’.
Y así empezamos a conversar, empezó a llegar, y a él se le ocurre esta idea que lo engrandece, porque demostró la capacidad de escuchar y de debatir, que es lo que hace falta. A Jorge Arrate lo considero un hombre bueno, políticamente no me voy a referir, pero lo que necesitamos son conversaciones y debates con personas buenas, con hombres buenos, que tengan esa actitud de querer escuchar y comprender. Dentro del libro narro algunos episodios donde doy cuenta de nuestros encuentros con la Izquierda. Porque la Izquierda parece tener todo resuelto; ellos piensan que tienen todo resuelto. Pero nunca nos preguntan nuestra postura frente a diversas situaciones, tampoco sobre nuestra cultura. Y nos dicen: miren, nosotros en estos cerros vamos a hacer tal cosa. Pero no nos preguntan qué valor tienen esos cerros para nosotros. Ni qué queremos. Incluso, no nos instan a crecer, a recuperar, sino que proceden a intervenir. Y lo que queremos es volver a reconstruirnos. Estamos en una etapa de reconstrucción. Somos un pueblo que tiene toda la legitimidad de plantearse un proyecto. Un proyecto propio…”.

· “Hay un estigma en torno a la CAM: que sólo tiene hombres o mujeres que hacen acciones, y no es así. La CAM tiene personas que desarrollan un proceso de reconstrucción de su pueblo desde las comunidades; desde el ámbito económico, cultural, político, ideológico, en el tema educativo, en el tema valórico. O sea, la CAM también desarrolla recuperaciones productivas. Mucho madereo, mucha agricultura, mucha ganadería, en menor escala obviamente. La gente tiene que comer, tiene que vivir, y vivir con dignidad. Eso hace la CAM también. Hay muchas experiencias de esto. La CAM nunca ha recibido dinero de proyectos internacionales, no hemos recibido plata de ninguna instancia. Pese a la persecución contra la CAM de más de diez años, nunca han encontrado ningún elemento que dé pistas de un financiamiento externo. Nunca. Ni una cuenta, ni una plata, nada.
La CAM funciona porque tiene en sus comunidades muy buenos agricultores, muy buenos criadores de animales, muy buenos trabajadores del ámbito maderero; tiene proyectos de huertos muy diversos, muy sanos. Huertos que son mantenidos por militantes de la CAM, de donde la CAM saca sus verduras, sus productos. Así se autofinancia, se autogestiona.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 770, 9 de noviembre, 2012

martes, 16 de agosto de 2011

Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgará a Chile por aplicación de Ley Antiterrorista a mapuches


juicio_cañete_mapuches

15 de Agosto 2011
 
Diana Porras
Por primera vez en la historia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos enjuiciará a Chile por violar las garantías fundamentales del pueblo mapuche a través de la aplicación de la Ley Antiterrorista en los procesos judiciales relacionados con sus reivindicaciones históricas. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó que enjuiciará al Estado chileno por aplicar la Ley Antiterrorista a Ancieto Norin y Pascual Pichún, dos autoridades tradicionales del pueblo mapuche.

La decisión se da luego que la Comisión Interamericana en esta materia enviara los casos de los lonkos a la Corte.

En esa línea, el abogado que representanta a los comuneros  en el tribunal internacional, Jaime Madariaga, dijo a Radio Universidad de Chile que la comisión conoció los antecedentes del caso y consideró que hay violación a las garantías fundamentales.

“Ha habido condenas de parte de los tribunales chilenos en que se ha presentado una discriminación racial en contra de los líderes mapuche. Con la aplicación de los testigos sin rostro efectivamente se viola el debido proceso y además la Ley Antiterrorista no cumple con los estándares internacionales. Por eso cuando la CIDH estima que esto ha ocurrido y decide llevarlo a la Corte es importante no sólo para reparar a las víctimas, sino que para garantizar a otras personas que esto no vuelva a ocurrir”, precisó el jurista.

A nivel internacional, varios informes, observadores y representantes de la comunidad indígena han cuestionado la aplicación de esta legislación en casos relacionados con la reivindicación de los mapuche.

Por lo mismo, Madariaga calificó esta medida como un “paso histórico” y afirmó que “lo importante es que esta es la primera vez que una organización internacional como esta comisión y eventualmente un tribunal de justicia internacional pueden condenar al Estado de Chile. Efectivamente ha habido informes y muchas denuncias en contra del Estado, pero sería inédito que se condene al Estado de Chile por violar la institucionalidad internacional”

Este lunes fue convocada una manifestación en el sector de Alameda con Exposición con el mensaje: “La recuperación territorial, la protección de nuestros espacios sagrados y la autodefensa no son terrorismo”.

En la convocatoria realizada por grupos de comunidades del sur del país, expresó que  “parece impresentable que no se tome con seriedad nuestras demandas, que el actual escenario político económico pretende desvirtuar y disimular”, dijeron.

 Radio U.Chile.cl

viernes, 3 de junio de 2011

MANIFIESTO EN APOYO DEL PUEBLO MAPUCHE



Ante la Huelga de Hambre que mantienen los Presos Mapuches en Chile:   Héctor  LLaitul,   Jose  Huenuche,  Ramón  LLanquileo   y   Jonathan Huillical,  desde el  15 de Marzo  de 2011, la Coordinación  de  Apoyo al Pueblo Mapuche, personalidades y entidades sociales firmantes,

Denuncian:

-   Que  la  lucha  del  pueblo  mapuche, se ha centrado en demandar sus legítimos   derechos  colectivos   como  pueblo,   que  se  expresa  en  el derecho a la  autonomía  y  recuperación  de su territorio  ancestral  como base fundamental de su existir.

-   Que este  derecho ha sido  vulnerado  históricamente  por los  sucesivos gobiernos  chilenos,  tanto en dictadura  como en democracia,  que han expropiado    sistemáticamente    los    territorios    de   las    comunidades mapuche  a  fin  de  ceder  sus  recursos  naturales   a  las   empresas forestales, mineras, hidroeléctricas y multinacionales europeas, con capitales  de  Endesa  España  y   ENAL  Italia,  SN   Power  de  Noruega, quienes   son favorecidos por el Estado chileno, en complicidad con los grupos de poder económico.

-   Que entre  otras  expropiaciones  se puede mencionar  las  represas en Ralco,  Mehuín,  Panguipulli  y   recientemente  Hidoraysén,  así  como  el traspaso  de  la  propiedad  de  las  semillas  indígenas  y   campesina  a Monsanto,

-   Que las  luchas  y  movilizaciones  emprendidas  por el  pueblo  mapuche para oponerse a este  proceso han sido  reprimidas  violentamente  por parte del Estado.

-   Que  los   gobiernos   democráticos   chilenos   siguen   utilizando   la   Ley Antiterrorista de Pinochet para criminalizar la protesta social del pueblo nación  mapuche.     Con  ella  aplican   juicios  sin  garantías  procesales objetivas    y    con   testigos    protegidos,    lo     que   ha   permitido    el procesamiento y  condena a 25 años de prisión a los líderes mapuches: Héctor LLaitul,  Jose  Huenuche, Ramón LLanquileo  y Jonathan Huillical.

-   Que  el  Estado  chileno,  liderado  por  el  actual  presidente  Sebastián Piñera,  bloquea,  limita  y  reduce los  derechos del  Convenio 169  de  la OIT ratificado por el Estado Chileno en el año 2008.

-   Que  este   Convenio  le  obliga  a consultar  previamente  a los  pueblos originarios,   en  materias   que  afecten   a  sus  territorios   y   recursos, particularmente    en  relación    con   el    desarrollo,    la    utilización   o    la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

-   Que el  gobierno  de Sebastián  Piñera  está contraviniendo,  tanto la  ley chilena como el Derecho Internacional, con su política de  privilegiar la entrada de transnacionales a territorio mapuche.

Por  todo   lo   anterior,   levantamos  nuestras   voces  para  exigir  al
Gobierno de Chile:

-  Libertad  inmediata  a los  presos  Políticos Mapuche,  encarcelados  por montajes judiciales en huelga de hambre por más de 76 días con graves perjuicios para su salud.

-  Derogación  y  eliminación  de la  aplicación  de la  ley  antiterrorista  a líderes   sociales y políticos mapuche.

-  Aplicación del Convenio 169 de la OIT (sin enmiendas)

-  Restitución de los territorios ancestrales al pueblo nación mapuche

-  Paralización de la entrada de empresas nacionales y transnacionales a territorio Mapuche

En Madrid a 2 de junio de 2011.

LUIS SEPÚLVEDA, escritor chileno. Doctor Honoris Causa por la Universidad
de    Toulon,   Francia.    Doctor   Honoris   Causa    por   la niversidad de Urbino, Italia.  Caballero de las Artes y Las Letras de la República Francesa

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CHILENOS EN ESPAÑA (FEDACHES)
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
ASOCIACIÓN PUENTES  NO MUROS
CASA PUEBLOS
AGENDA VIVA
IZQUIERDA ANTICAPITALISTA
ALIANZA INTELECTUALES ANTIIMPERIALISTAS

lunes, 23 de mayo de 2011

INDH y huelga mapuche: Estamos a la espera que se acoja la nulidad del juicio en Cañete

Lorena Fríes recalcó la falta de un debido proceso en contra de los cuatro comuneros mapuche.

Instó al Gobierno en realizar en forma urgente su anunciada modificación de la Ley Antiterrorista.

Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se mostró esperanzada en que la Justicia acoja el recurso de nulidad presentado a favor de los cuatro comuneros mapuche que ya cumplen 70 días de huelga de hambre.

"ImagenYo voy a Temuco a visitar a los comuneros, estamos a la espera de un fallo que acoja la nulidad del juicio en Cañete y esperamos que por esta vía se resuelva el caso y que prontamente se haga la reforma de manera que cualquier persona que esté sometida a una ley excepcional tenga derecho a un juicio justo", indicó a El Diario de Cooperativa.
Según Fríes, quien precisó que el fallo final se conocerá el 3 de junio próximo, "no ha habido debido proceso, porque se ha usado la Ley Antiterrorista para hacer la investigación y esta investigación termina amparándose en testigos protegidos que no tienen manera de ser confrontados por las defensas y por lo tanto terminan siendo base sustantiva para decisiones judiciales".

En vista de ello, espera que el Gobierno concrete su anunciada reforma a la Ley Antiterrorista, la cual debiera contemplar "cambiar la definición que tiene de terrorismo, tal como está, él que tira piedras en forma aislada es igual de terrorista que quien pone una bomba en forma concertada dentro de una organización para desestabilizar el país".

Lorena Fríes también se refirió a la propuesta hecha por Sebastián Piñera de crear una Subsecretaría de DD.HH., precisando que "antes del anuncio él que asumía, dentro del Gobierno, los temas que tienen que ver las demandas de la ONU o desde la OEA en materia de derechos humanos quedaban radicadas en Cancillería, con poca capacidad de coordinación del Gobierno".


Radio Cooperativa

sábado, 21 de mayo de 2011

Chile: Preocupante agravamiento de Mapuche en huelga de hambre


Dos de los cuatro líderes mapuches condenados por la justicia chilena se encuentran en estado crítico, dado el agravamiento de su salud por el ayuno que sostienen en demanda de un proceso justo.


Juan Carlos Reinao, médico de los comuneros sentenciados a penas de entre 20 y 25 años por un supuesto atentado a un fiscal, pidió el traslado de Ramón LLanquileo y José Huenuche a un hospital, informó este viernes Radio Universidad de Chile.

Según Reinao, Llanquileo presenta serios problemas cardíacos que exigen monitoreo médico, mientras que Huenuche muestra un decaimiento muy pronunciado, derivado de la alarmante pérdida de peso y de masa muscular tras 65 días de huelga.

El especialista insistió en el carácter inminente de la hospitalización de los indígenas y llamó la atención sobre el deterioro en extremo de la salud de los cuatro mapuches, quienes ya habían protagonizado un ayuno en cárcel en el segundo semestre del 2010, esa vez de más de 80 días.

Esta semana la vocera de los comuneros, Natividad Llanquileo, criticó la dilatada solución al pedido de anulación del llamado juicio de Cañete, comuna de la región del Bío Bío.

Llanquileo impugnó en particular la decisión de la Corte Suprema de postergar hasta el 3 de junio próximo su veredicto sobre el recurso de nulidad presentado por los abogados de Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical.

Es mucho tiempo porque está la huelga y ya en una etapa crítica, apuntó la portavoz de los mapuches, quienes retomaron el ayuno el pasado 15 de marzo en reclamo de un proceso justo y sin aplicación de la ley antiterrorista, aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Mientras se dilaten las resoluciones vamos a estar en la incertidumbre de lo que pueda pasar, aseveró.

El pasado mes de abril más de un centenar de personalidades políticas e intelectuales del mundo, incluidos los Premios Nobel de la Paz Rigoberta Menchú (1992) y Adolfo Pérez Esquivel (1980) solicitaron al Estado chileno la anulación del citado encausamiento.

En mensaje que también rubricaron el filósofo brasileño Emir Sader, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, el músico franco español Manu Chao y el sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein, entre otros, hicieron mención a la falta de garantías procesales que tuvieron Llanquileo, Huenuche, Huillical y Llaitul.

Criticaron que sea la criminalización la respuesta a las demandas indígenas de tierra, territorio y autonomía. Llamamos al Estado Chileno a garantizar el debido proceso de los detenidos, un juicio justo sin utilización de testigos secretos, la imparcialidad del tribunal que los procese, condiciones carcelarias dignas y fin al doble procesamiento, señalaron.

Los hermanos mapuche han debido soportar cárcel, malos tratos, abandono y sobre todo un juicio que no respetó sus derechos como ciudadanos y como integrantes de un pueblo originario, expuso en particular el argentino Pérez Esquivel en carta al presidente de la Corte chilena, Milton Juica.


lunes, 9 de mayo de 2011

Pastoral Mapuche llama a apoyar la búsqueda de justicia para luchadores mapuche

por Pastoral Mapuche (Chile)
sábado, 07 de mayo de 2011

Llamado a apoyar la búsqueda de la Justicia en la revisión por la Corte Suprema del caso de los cuatro mapuches condenados a 20 y 25 años de prisión.
La Pastoral Mapuche de Santiago convocó a una reunión y diálogo con  Natividad Llanquileo Pilquiman, estudiante de Leyes de último año y vocera de los mapuche condenados por el Ministerio Público en Juicio Oral   que permanecen en huelga de hambre, y han perdido  ya 18 kilos.  En esta reunión se presentó un video titulado "El Engaño" donde se narra en forma audiovisual los antecedentes que condujeron a  una condena penal de cuatro  personas de 20  a 25 años de cárcel.
 
Antecedentes históricos o los hechos que se ocultan 
Los antecedentes parten cuando el año 1875 el Estado Chileno, sin mediar provocación, corre la frontera con el territorio indígena que estaba fijada por tratados en el Río Paucaví.

En este "correr"  la frontera, lo que es una usurpación a todas luces, se apropió de territorios que estaban ocupados ancestralmente por  mapuches, y que, por supuesto, no tenían títulos de propiedad pasados por ninguna Notaría, ya que ese procedimiento es europeo, no nativo americano y el territorio era mapuche no conquistado.  Y si tenían algo, eran tratados de límites con el nuevo estado chileno, o con los gobiernos coloniales que representaban al Rey de España.  Ignorando estos tratados los mapuche fueron despojados de sus propiedades, dejándoles apenas un 4% de sus tierras. (1)(2)

La zona de Choque en  Lleu Lleu,  de donde proceden los inculpados, fue adquirida por Francisco Javier Ovalle y dio origen a la Hacienda Tranquete.   En el documento de venta, figuran los nombres de varios mapuches, que  aún siendo de la zona, lo que no es comprobado, no tenían derecho a vender lo que no era suyo por derecho  comunitario ancestral. Además la mayoría no sabía leer ni escribir y tampoco hablaban castellano.  Este procedimiento fue muy usado para hacerse de tierras, y aunque ustedes no lo crean, hay versiones modernas que son más o menos lo mismo.

 En 1883 Ovalle vende esta hacienda  a Jorge y Santiago Ebensperger,  dejando constancia que estaba habitada por mapuches y que ellos les correspondía echarlos.  Esta familia la tuvo en posesión hasta  el gobierno de Salvador Allende y   durante este período fue expropiada por la CORA .  Ésta, la familia, en conversaciones con los mapuches, que reclamaban su posesión, forestó con pino radiata
comprometiéndose a darles  participación a estas familias en las ganancias.  Se desconoce si esto quedó registrado en papeles o fueron solo palabras de buena crianza. Al llegar el gobierno militar todo volvió a fojas cero, la zona fue fuertemente militarizada y  la represión violenta, ya que por un rato el poder pasó a otras manos lo cual provocó una fuerte reacción  por parte de los hacendados. Las tierras fueron cambiando de manos pero los reclamos persisten, ya que los mapuches veían pasar en sus narices los camiones con la madera que se cosechaba y que ellos pensaban que les pertenecían.

La Familia Matte y su participación en los hechos
Estos fundos pasaron a manos de corporaciones transnacionales, quienes las reforestaron con especies foráneas que han roto el equilibrio hídrico de la tierra secando las norias y dejando sin agua a los pequeños propietarios. La  dueña actual de esas tierras es una formada por capitales japoneses y chilenos de la Forestal Mininco de propiedad  mayoritaria de los Matte.  Pero ya sabemos, las Corporaciones no tienen cabeza humana visible, solo accionistas mayoritarios que tienen ejecutivos contratados para hacerles la gestión, quienes dan cuenta a un directorio, es decir la responsabilidad moral humana  se diluye convenientemente, de modo de hacerse casi etérea e inalcanzable para los pequeños mortales.  Y los mapuches son familias pobres  que sobreviven en pequeños terrenitos, donde tratan de hacer su vida al modo ancestral, con su religión ancestral que les da un marco para ver el mundo, que es lo que les da sentido de pertenencia.  Y así como hay otros pobres chilenos que  al no haber heredado otra cosa que la no pertenencia a los ganadores, es decir la exclusión, lo que los hace una fácil conquista del adoctrinamiento de la sociedad de consumo como meta para sobrevivir, así éstos  se niegan a entregar la herramienta de lo que constituye parte de su ser y dignidad, que es su filiación a la tierra ancestral, a sus espíritus, a su modo de invocar, de celebrar en medio del bosque  en contacto con su tierra, con sus machis y sus rewes.  Y si les quitamos la poca tierra que les queda, los condenamos a ser pordioseros de las ciudades quitándoles su dignidad, que es lo único que les queda en su territorio anímico.

La Ley Antiterrorista que nos legó la Concertación ha permitido que los reclamos mapuches, sus tomas de tierras con piedras y palos, se transformen en delitos terroristas y no en delitos contra los vecinos y que afectan la ley y el orden y no amenazan el Estado de Derecho ni a la sociedad completa.  Los han querido vincular a la ETA, a las Farc y Al-Qaeda,  para legitimar la represión.  Y han sido condenados en base a presunciones, por los medios de comunicación, con testigos encapuchados, por personas que no son neutras en esta pelea.  
 
Por las condenas actuales, que están fuera de cualquier proporción, la Corte Suprema tiene que decidir, este próximo Jueves, si  las ratifica  o llama a un nuevo juicio, esta vez conforme a derecho  con debido proceso y respetando los tratados firmados por Chile respecto a los pueblos nativos y sus derechos.
Los chilenos no nos podemos hacer los lesos, ya que debemos presionar para que nuestro Poder Judicial funcione y esto no se convierta en un festival de dar condenas y de configurar conspiraciones de las cuales solo hay pruebas circunstanciales y  presunciones.  Ya hemos visto los chascos con un paquistaní que pasó por Santiago, con un escritor vasco que residía en Temuco y que era anarquista, según decían y por lo tanto peligroso aunque no hubiera hecho nada, y ahora con unos tipos que el Fiscal Armendáriz pasó dos años tratando de buscar pruebas para encanarlos y no encontró nada que no fuera circunstancial.  Pero llegó otro fiscal más "alentado" y con las mismas pruebas construyó un caso, que en este momento también está en discusión.

Así en este caso vemos que no hubo ningún muerto, ni siquiera herido de gravedad ya que ningún centro asistencial de la zona registra su pasada,  que no se pudo acreditar que los inculpados, que son solamente  cuatro, hubieran estado  en el evento del asalto de la Caravana del fiscal Elgueta,  que se aceptaron como testigos a encapuchados, es decir a nadie, lo que hace que las penas aplicadas sean excesivas, a menos que se trate de un amedrentamiento para  que el colectivo mapuche deje de molestar con sus reclamos.  Lo que  no es válido desde el punto de vista de la aplicación de la Justicia.
Natividad  Llanquileo pide solamente que las personas de buena voluntad y que creen todavía en la justicia y en el debido proceso, la acompañen el Jueves  12 de Mayo en la mañana entre 8 y 9 en la puerta de la Corte Suprema, y a una marcha  pacífica a las 19:00 horas, en Alameda con Ahumada.
 
LOS  HECHOS
Condenan a 25 años de cárcel a Comuneros de la Coordinadora  Mapuche Arauco-Malleco
Hector Llaitul Carillanca:  25 años de cárcel (10 por robo frustrado y 15 por homicidio frustrado del Fiscal  Mario Elgueta y PDI)
Ramón Llanquileo Pilquiman: 20 años de cárcel
José Huenuche Raiman:  20 años de cárcel
Jonathan Huillican Méndez:  20 años de cárcel
Los otros 17 implicados son dejados en libertad.

El presidente del Tribunal de Garantía de Malleco dijo que si bien hay convicción de que los hechos descritos por el Ministerio Público revisten carácter terrorista no se pudo acreditar que las personas imputadas tengan relación con lo sucedido.
 
El abogado defensor de Héctor Llaitul, Pablo Ortega, lamentó que los jueces no hayan dado a conocer las razones por las cuáles se les condenó a los imputados.
 
Del mismo modo, destacó la constante negación a las peticiones de la defensa por parte del tribunal. Ahora deberán esperar las notificaciones por correo electrónico, sin saber si llegarán efectivamente, "lo que trasunta en una nueva limitación del derecho a la defensa".

Ortega calificó este escenario de limitación al debido proceso de "muy grave", por lo que intentarán impugnar ante la Corte Suprema la resolución. Recalcando que en términos jurídicos, debe primar el derecho y no los prejuicios.

Por su parte el abogado defensor Adolfo Montiel, señaló que tenía esperanzas de que la pena no fuera tan alta, y ahora espera que la Corte Suprema revierta esta situación. Sobre todo por el delito contra el fiscal, en que -según el profesional- no se logró acreditar quienes participaron en esos hechos y todas las imputaciones se basaron en testigos protegidos.

En caso de anularse el juicio, advierte el profesional, se conocería solo los dos delitos por los que fueron condenados: robo con intimidación y homicidio frustrado contra el señor Elgueta.
ORGANIZACIONES SE MANIFIESTAN
 
El Observatorio Ciudadano, manifestó también su preocupación por las penas a las que fueron condenados los comuneros, las que califica de "desproporcionadas y excesivas", considerando que ninguno de los delitos significó la pérdida de vidas humanas, calificando la decisión de la justicia como "de falta de imparcialidad".

Agregan en su declaración pública que lo anterior "contrasta con la impunidad en que han quedado delitos similares y más graves, como el homicidio cometido en contra de personas mapuche por agentes policiales del estado, que se han verificado en el marco de los conflictos por tierras en el sur del país".

En tanto, 20 organizaciones de Colombia, Francia, Suiza y Estados Unidos, rechazan la política chilena de criminalizar las reivindicaciones de los pueblos originarios, y en tres puntos manifiestan su inquietud frente a la manera en la que este proceso fue llevado con "ley antiterrorista", y que a solo dos días de cierre del juicio el gobierno haya pedido recalificar sin esta ley, cosa que no tuvo ningún efecto, los expertos internacionales no dejarán de subrayarlo, manifiestan.

Mientras que la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) manifiesta su preocupación por la seguridad, por la integridad personal y por la situación jurídica de los prisioneros mapuche  condenados, quienes al ser líderes de la CAM la OMCT teme que su condena pueda enmarcarse dentro de una persecución política.

Cabe destacar además el hecho que el juicio estuvo marcado por una serie de irregularidades, a lo largo del proceso y que aunque el Gobierno aceptó retirar las acusaciones bajo la Ley Antiterrorista, lo hizo tardíamente.
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=6525

martes, 3 de mayo de 2011

Los Presos Políticos Mapuches en huelga de hambre...

1º Mauricio Waikilao Waikilao
Comunidad Juan Katrilaf II, Lof Yeupeko.
Prisión preventiva desde el 5 de febrero del 2009.
Ley antiterrorista.
Procesado por más de una causa.

2º Luís Sergio Tralcal Quidel
Comunidad Juan Katrilaf II, Lof Yeupeko.
Prisión preventiva desde el 5 de agosto del 2009.
Ley antiterrorista.
Procesado por más de una causa.

3º Pablo Canio Tralcal
Comunidad Juan Katrilaf II, Lof Yeupeko.
Prisión preventiva desde el 27 de octubre del 2000.
Ley antiterrorista.

4º Pedro Cheuque
Comunidad Juan Katrilaf II, Lof Yeupeko.
Prisión preventiva desde el 25 de octubre del 2009.
Ley antiterrorista.

5º Sergio Catrilaf
Comunidad Juan Katrilaf II, Lof Yeupeko.
Prisión preventiva desde el 25 de octubre del 2009.
Ley antiterrorista.

6º Daniel Canio Tralcal
Comunidad Juan Katrilaf II, Lof Yeupeko.
Prisión preventiva desde el 27 de octubre del 2009.
Ley antiterrorista.
Procesado por más de una causa.

7º Angel Reyes Cayupan
Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko.
Prisión preventiva desde el 28 de noviembre del 2009.
Ley antiterrorista.
Procesado por más de una causa.

8º Jorge Cayupan Ñirripil
Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko.
Prisión preventiva desde el 12 de febrero del 2010.
Ley antiterrorista.
Procesado por más de una causa.

9º Francisco Cayupan Ñirripil
Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko.
Prisión preventiva desde el 13 de marzo del 2010.
Ley antiterrorista.
Procesado por más de una causa.

10º Elvis Millán Colicheu
Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko.
Prisión preventiva desde el 3 de diciembre del 2009.
Ley antiterrorista.
Procesado por más de una causa.

11º Eliseo Ñirripil
Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko.
Prisión preventiva desde el 17 de enero del 2010.
Ley antiterrorista.
Procesado por más de una causa.

12º Marco Millanao Mariñan
Comunidad Pascual Coña, Lleu Lleu.
Prisión preventiva desde el 15 de agosto del 2009.
Ley antiterrorista.
Procesado por más de una causa.

13º Claudio Sánchez Lorca
Red de apoyo de Temuco.
Prisión preventiva desde el 25 de octubre del 2009.
Ley antiterrorista.

14º Ramón LLanquielo Pilquiman
Comunidad Puerto Choque, Tirúa.
Prisión preventiva desde el 11 de abril del 2009.
Ley antiterrorista.
Procesado justicia militar y civil.

15º Luis Menares Chanilao
Comunidad Nalcahue- Chol Chol.
Prisión preventiva desde el 11 de abril del 2009.
Ley antiterrorista.
Procesado justicia militar y civil.

16º José Huenuche Reiman
Comunidad Puerto Choque, Tirúa.
Prisión preventiva desde el 11 de abril del 2009.
Ley antiterrorista.
Procesado justicia militar y civil.

17º Héctor Llaitul Carrillanca
Sector San Ramón, Tirúa.
Prisión preventiva desde el 15 de julio del 2009.
Ley antiterrorista.
Procesado justicia militar y civil.
Procesado por más de una causa.

18º Jonathan Huillical Mendez
Sector Lonquimay.
Prisión preventiva desde el 14 de abril de 2009.
Ley antiterrorista.
Procesado justicia militar y civil.

19º Andrés Gutiérrez Coña
Comunidad Cristóbal Relmul, Nueva Imperial.
Prisión preventiva desde el 5 de marzo del 2009.
Ley antiterrorista.

20º Waikilaf Cadin Kalfunao
Comunidad Juan Paillalef, Cunco.
Prisión preventiva desde el 13 de mayo del 2010.
Infracción a la Ley de Armas.

21º Víctor Llanquileo P.
Comunidad Puerto Choque, Tirua.
Prisión preventiva desde el 26 de noviembre del 2009.
Ley antiterrorista.
Desde el lunes 26 de Julio.

22º Víctor Hugo Queipul Millanao
Comunidad Autónoma Temucuicui.
Prisión preventiva desde el 15 de octubre del 2009.
Ley antiterrorista.

23º José Eugenio Queipul Huaiquil
Comunidad Autónoma Temucuicui.
Prisión preventiva desde el 17 de octubre del 2009.
Ley antiterrorista.
Procesado por más de una causa.

24º Camilo Tori Quillanao
Comunidad Autónoma Temucuicui.
Prisión preventiva desde el 15 de octubre del 2009.
Ley antiterrorista.

25º Felipe Ricardo Huenchullan Cayul
Comunidad Autónoma Temucuicui.
Prisión preventiva desde el 15 de octubre del 2009.
Ley antiterrorista.

26º Lorenzo Alex Curipan Levipan
Comunidad Mapuche Rankilko.
Detenido el 26 de octubre del 2009.
Condenado el 21 de julio del 2010 a cinco años por incendio a Fundo El Carmen.

27º Fernando Enrique Millacheo Marín
Comunidad José Millacheo de Newen Mapu-Chequenco.
Prisión preventiva desde el 10 de junio del 2010.

28º José Guillermo Millacheo Marín
Comunidad José Millacheo de Newen Mapu-Chequenco.
Prisión preventiva desde el 10 de junio del 2010.

29º Eduardo Oses Moreno
Simpatizante y amigo de la causa Mapuche.
Prisión preventiva desde el 6 de septiembre del 2009.

30º Carlos Muñoz Huenuman
Comunidad Venancio Ñeguey de Choque, Tirúa.
Prisión preventiva desde el 8 de abril del 2009.
Ley antiterrorista.

31º Eduardo César Painemil Peña
Comunidad Huentelolen, Cañete.
Prisión preventiva desde el 15 de agosto del 2009.
Ley antiterrorista.
Procesado por más de una causa.

32º Juan Carlos Parra Leiva
Comunidad Venancio Neguey, Puerto Choque.
Fue detenido a principios de agosto.

33º José Ñirripil Pérez

34º Luis Marileo Cariqueo
Comunidad José Guiñón
Prisión preventiva desde el 13 de abril del 2010
Acusado de asociación ilícita

jueves, 14 de abril de 2011

El Juicio Político en Cañete, sus Condenas y las Violaciones al debido proceso

Minuta de la situación de los juicios antiterrorista contra comuneros y dirigentes mapuche en Chile /
El 22 de marzo de 2011, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dio a conocer el fallo del juicio llevado a cabo contra diecisiete comuneros y dirigentes mapuche pertenecientes a las organización conocida como CAM (por Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Mallco). En éste, el Ministerio Público acusó a los imputados de participar en los delitos de robo con fuerza, homicidio frustrado a fiscal del Ministerio Público (de carácter terrorista), atentado a la autoridad, y varios incendios de carácter terrorista…
El Juicio Político en Cañete, sus Condenas y las Violaciones al debido proceso

Caso Ministerio Público contra Héctor Llaitul y otros

Minuta de la situación de los juicios antiterrorista contra comuneros y dirigentes mapuche en Chile


Por Matías Meza-Lopehandía


I. Introducción

El 22 de marzo de 2011, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dio a conocer el fallo del juicio llevado a cabo contra diecisiete comuneros y dirigentes mapuche pertenecientes a las organización conocida como CAM (por Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Mallco). En éste, el Ministerio Público acusó a los imputados de participar en los delitos de robo con fuerza, homicidio frustrado a fiscal del Ministerio Público (de carácter terrorista), atentado a la autoridad, y varios incendios de carácter terrorista.

El caso llamó la atención de la comunidad nacional e internacional tras la huelga de hambre protagonizada por una treintena de comuneros mapuche acusados por diversos delitos terroristas. Ésta culminó con el compromiso del gobierno de retirar las querellas por ley antiterrorista y de modificar la legislación sobre la materia.


Tras el juicio que duró varias semanas, fueron absueltos trece de los imputados, siendo condenados cuatro de ellos. Héctor Llaitul, líder de la CAM, fue condenado a 10 años y 1 día de cárcel por robo con intimidación y a 15 años por homicidio frustrado contra fiscal del Ministerio Público (25 años de presidio en total). Ramón Esteban Llanquileo Pilquiman, José Santiago Huenuche Reiman y Jonathan Sady Huillical fueron condenados a 15 años de presidio por este último delito.


Uno de los puntos críticos de este juicio es que tanto la investigación como la preparación y el juicio propiamente tal, se llevaron a cabo con las reglas excepcionales contempladas en la ley antiterrorista. Esto, por cuanto basta que el Ministerio Público formalice la investigación bajo dicha normativa, para que se apliquen sus reglas, las cuales restringen drásticamente las posibilidades de la defensa de los imputados. Sin embargo, el tribunal había rechazado en la sentencia la calificación de terrorista de los hechos, pero al mismo tiempo afirmó la autoría de los acusados en los hechos con base en el testimonio de un testigo sin rostro, figura admitida únicamente para delitos terroristas.



II. Violaciones al debido proceso
 

1. La investigación: ésta fue llevada a cabo principalmente por las víctimas de los hechos denunciados (ataque a la comitiva del fiscal), lo cual constituye una violación al derecho a una investigación racional y justa, consagrada en la Constitución chilena


2. Irregularidades en materia probatoria: La sentencia en cuestión dio por probada la participación de los acusados en base a tres pruebas: el testimonio de un testigo sin rostro (testigo N° 26); el testimonio de oídas de un policía que afirma haber tomado declaración a uno de los imputados, el que a su vez señala haber sido torturado; y unas escuchas telefónicas.


a) Testimonio del Testigo N° 26 (sin rostro)

Este testimonio es la prueba central presentada por el MP y es el fundamento principal desde donde se construyó la autoría de los acusados. Como señalamos arriba, la figura del testigo sin rostro sólo es admitida en la legislación antiterrorista. Esta se aplica con la sola invocación del Ministerio Público, sin que haya control judicial de la calificación de los hechos, sino hasta la sentencia. Esto propicia el uso abusivo por parte del MP de las poderosas herramientas de investigación que les otorga esta normativa en desmedro de las garantías procesales de los imputados. En el caso en cuestión, el testimonio del Testigo N° 26 tiene varios aspectos que cabe destacar:


• El testimonio entrega detalles que hacen evidente que quien lo entrega habría participado en los hechos punibles sobre los que depone. Sin embargo, no está imputado en la causa, pese a que no existe norma que permita al MP otorgar cesar la acción penal a cambio de colaboración en la investigación. De esta manera, el MP transformó el estatus procesal de una persona, pasándola de imputado a testigo, con el consiguiente impacto en el valor de sus dichos vertidos en juicio;

• El testimonio fue entregado por un testigo cuya identidad no fue conocida por la defensa, ni esta pudo hacer preguntas para establecerla;

• El testimonio fue entregado a través de circuito cerrado de televisión, por lo que no hubo inmediatez;

• El testimonio sin rostro fue tomado como la pieza principal de prueba de autoría de un delito común, sin embargo, la legislación sólo los autoriza como medida de protección ante delitos relacionados con actos terroristas. Cabe recordar que el tribunal calificó los hechos imputados como delitos comunes. O sea, excluyó el carácter terrorista invocado por el MP. La fundamentación que el tribunal otorga para aceptar este testimonio, es totalmente insuficiente. No explicó de qué manera justifica la restricción de derechos de los acusados, pese a que él mismo reconoció que los testigos sin rostro se justificaban por “la especial trascendencia y peligrosidad que dichos ilícitos [terrorismo y de narcotráfico] han ido adquiriendo con el correr del tiempo.” (considerando 67°). Al respecto se limita a señalar que dicho testimonio es utilizado sólo como “punto de partida” y que la Ley antiterrorista autoriza su utilización. Como se señaló, el propio tribunal destaca que no comparte dicha calificación para los hechos del caso, pero que ello “obedece a un planteamiento doctrinal diverso sobre un mismo punto, como se explicará más adelante, no observando estos Jueces que de parte del Ministerio Público, hubiese existido un ejercicio abusivo o desmedido, al conducir la acción penal en dicho sentido” (considerando 68°).


b) Testimonio de oídas del Prefecto de la Policía acerca de la declaración extrajudicial del imputado Johnattan Huillical

El MP presentó como prueba de la autoría de los acusados el testimonio de oídas prestado por un Prefecto de la Policía. Según éste, el policía habría tomado declaración al imputado Jonathan Huillical a petición de éste, sin presencia de su abogado defensor y sin presencia del Fiscal, pero con su autorización. El imputado se negó a ratificar dicha declaración ante el tribunal, señalando que fue obtenida bajo torturas (“telefonazo”, esto es, golpes reiterados en el oído). El tribunal desestimó este hecho, pese a que se presentó certificación médica de lesión en el oído derecho, pues señaló que de ser cierto, la defensa lo habría alegado antes en el proceso. Cabe recordar que la investigación fue desarrollada, al menos parcialmente, por las víctimas de los hechos investigados.


Cabe señalar, que la fiscalía presentó dos testigos de oídas adicionales para probar la participación de los imputados en los incendios investigados. Se trataba de testimonios de policías que decían haber tomado declaración a dos testigos protegidos. Éstos se habían negado a deponer ante el tribunal, alegando haber sido torturados para obtener dicho testimonio. El MP no utilizó su facultad legal de hacerlos comparecer compulsivamente. La asimetría entre uno y otro caso es evidente, pues en este caso el Tribunal ponderó negativamente el testimonio de oídas de los policías.


c) Escuchas telefónicas
 

El tercer elemento probatorio fueron unas escuchas telefónicas de teléfonos legalmente intervenidos a los imputados. Éstas habrían sido producidas con fallas técnicas, pero lo más relevante es que se trata de prueba circunstancial, incapaz de imputar autoría por sí misma. Así por ejemplo, se utiliza una llamada donde se escucha “la voz del mencionado Llaitul, informando al segundo sobre la existencia de un enfrentamiento en el sector de Choque, que se estarían metiendo Carabineros a las comunidades, exigiéndole más adelante que se comunique con un tal Pacheco para dar a conocer dicha información a través de los medios de comunicación” (considerando 54°).


Finalmente, cabe señalar dos cosas. La primera es la desproporción de las penas. Héctor Llaitul fue condenado a 10 años de cárcel por un robo con intimidación de 4 celulares, 1 alicate, 2 escopetas y 1 martillo; a esto hay que agregar los 15 años que se le impusieron por homicidio frustrado a autoridad del Ministerio Público. La segunda cuestión es que existe un voto disidente extensamente fundado. Esto significa que de tres jueces, dos estuvieron por condenar y uno por absolver. Cabe señalar que el sistema normativo chileno consagra el principio de inocencia y establece que la condena debe imponerse sólo cuando la culpabilidad se pruebe más allá de toda duda razonable. El voto disidente pareciera confirmar que existe, a lo menos, una duda razonable, que debió conducir al tribunal a absolver.



III. Situación procesal actual
 

Actualmente, está vigente el plazo para interponer el recurso de nulidad. Éste contempla como causal para recurrir la violación de las normas de derechos fundamentales consagradas en tratados internacionales ratificados por Chile. El tribunal competente es la Corte Suprema.

Mapuexpress

miércoles, 13 de abril de 2011

Campaña Internacional POR LA LIBERTAD DE LOS (AS) PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE, JUICIOS JUSTOS SIN LEY ANTITERRORISTA Y NULIDAD DEL JUICIO DE CAÑETE

Adhesión y solidaridad con los presos políticos mapuche condenados en Cañete

Campaña Internacional POR LA LIBERTAD DE LOS (AS) PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE, JUICIOS JUSTOS SIN LEY ANTITERRORISTA Y NULIDAD DEL JUICIO DE CAÑETE Los (as) abajo firmantes, queremos acompañar la carta de los familiares de los Presos Políticos Mapuche condenados en el juicio oral de la ciudad de Cañete, nos adherimos y solidarizamos con el legítimo pedido de anulación y la realización de un nuevo juicio justo con un Tribunal independiente, competente e imparcial y sin la aplicación de la Ley 18.314 o Ley Antiterrorista. Sr. Milton Juica Presidente de la Corte Suprema de Chile Presente Los familiares de los presos políticos mapuche enjuiciados recientemente, en la ciudad de Cañete, región del Bío Bío, queremos hacer llegar a Ud. nuestra profunda preocupación por la situación de vulneración sufrida durante todo el desarrollo del proceso judicial y que concluyó, finalmente, con una sentencia condenatoria, razón por la cual nuestros familiares mantienen una huelga de hambre líquida, desde el día 15 de marzo. Como Ud. sabrá ellos formaron parte del grupo de 34 mapuches que estuvieron más de 80 días en huelga de hambre para pedir, entre otras cosas, que no se les aplicara la ley antiterrorista (18.314), es decir, tener la posibilidad de un juicio justo. Sin embargo, pese al acuerdo con el gobierno, entre los meses de noviembre y febrero se desarrolló un juicio oral en contra de 17 comuneros mapuche, a quienes se les aplicó dicha normativa por parte del Ministerio Público y los querellantes particulares: empresas forestales y representantes del gobierno, éstos últimos a través de su adhesión a todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, incluyendo a los testigos secretos que la ley antiterrorista faculta. En la sentencia condenatoria conocida el día 22 de marzo, los miembros del Tribunal Oral en lo Penal, los Sres. Carlos Muñoz y Jorge Díaz, expresaron haber formado su convicción de la supuesta participación en los hechos investigados y juzgados principalmente a través del testimonio de un testigo secreto (denominado “testigo Nº26”). Sin embargo, en la sentencia se rechazó la calificación de terrorista de los hechos, lo cual resulta una evidente contradicción. Una situación alarmante es que los Sres. Jueces consideraron en su sentencia el “testimonio de oídas” de un policía de investigaciones quien habría escuchado la declaración “voluntaria” de uno de nuestros familiares (igualmente imputado y condenado), quien supuestamente se habría auto inculpado e incriminado a otros comuneros mapuche. Al respecto, queremos insistir que este hecho fue denunciado ante la justicia y la opinión pública, pues dicha declaración fue obtenida bajo tortura constando con la certificación médica de las lesiones producidas. Sin embargo, en un hecho sin precedentes, la Fiscalía de Temuco decidió no perseverar la querella, archivando la causa, y no investigando los graves hechos de tortura denunciados por el comunero mapuche. Por otra parte, la aberración jurídica más grande la constituyó el hecho del doble juzgamiento al que fueron sometidos nuestros familiares, quienes por el mismo hecho fueron procesados por la justicia civil y militar al mismo tiempo. A pesar de que el Juzgado Militar de Valdivia, el 16 de diciembre de 2010, resolvió absolver a nuestros familiares por no encontrar acreditados los hechos investigados. Actualmente la causa se encuentra radicada en la Corte de Apelaciones de Concepción, sin que se tenga conocimiento de cuál será su siguiente tramitación. Nos produce consternación la situación de que si el fallo absolutorio no fuera ratificado y tuviera un retroceso, es decir, volviera a procesar a cada uno de nuestros familiares se generaría de este modo, nuevamente, un doble juzgamiento, ya que este mismo hecho fue visto, juzgado y absuelto por la Justicia Militar, y ahora juzgado y condenado por el Tribunal de Cañete. Ud. tendrá conocimiento que el Estado chileno ha recibido un informe por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre del 2010, en el cual se constata la violación de los derechos humanos de los dirigentes y miembros del pueblo mapuche que han sido juzgados y condenados mediante la Ley 18.314, particularmente por el uso de testigos “sin rostro” (Informe CIDH 176/10). Hoy el Estado arriesga una condena internacional por parte de un Tribunal Internacional como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual no puede ser sino motivo de preocupación para esta Excelentísima Corte. Nuestros familiares, todos ellos luchadores sociales de nuestro pueblo, Ramón Llanquileo Pilquiman, José Huenuche Reiman, Jonathan Huillical Méndez fueron condenados a 20 años de prisión y Héctor Llaitul Carrillanca a 25 años. Estamos convencidos de que fueron vulnerados derechos garantizados por la constitución, estos son: un debido proceso y un juicio justo. Por lo tanto, demandamos la nulidad del juicio y la realización de un nuevo juicio con un tribunal independiente, competente e imparcial y sin la aplicación de la Ley 18.314 o Ley Antiterrorista. Además, exigimos la ratificación inmediata de la sentencia absolutoria que dictó el Tribunal Militar de Valdivia. Queremos presentar además a Ud. algunas de las personas y organizaciones que nos acompañan en esta petición de justicia y se solidarizan con nuestro justo reclamo. Atentamente, Familiares de los Presos Políticos Mapuche condenados en Cañete.

lunes, 11 de abril de 2011

Familiares de mapuches solicitan a la Corte Suprema que anule juicio oral

El juicio de Cañete terminó con sentencias condenatorias de 20 años en prisión para Ramón Llanquileo Pilquiman, José Huenuche Reiman, Jonathan Huillical Méndez y 25 para Héctor Llaitul Carrillanca. Las irregularidades denunciadas tanto por los abogados defensores como por los familiares fueron corroboradas por varios observadores internacionales.

POR AZKINTUWE - TEMUKO, WALLMAPU - 11 / 04 / 11

Familiares de los comuneros mapuche que fueron condenados en el juicio de Cañete manifestaron, a través de una carta dirigida al presidente de la Corte Suprema Milton Juica, su preocupación por las irregularidades presentadas en el procesamiento y exigieron la nulidad del juicio.

La misiva indica que la utilización de testigos protegidos y la aplicación de la Ley Antiterrorista implican violaciones al derecho al debido proceso, consagrado en la Constitución. Los familiares pidieron además que se anule la sentencia emitida en Cañete y que se dé curso a un nuevo juicio en una corte “independiente, competente e imparcial”.

Además adujeron problemas jurídicos en el fallo, ya que los magistrados se habrían basado en la declaración de un funcionario de la policía que se presentó como “testigo protegido”, quien señaló que uno de los comuneros había confesado los hechos imputados. Sin embargo, posteriormente informes médicos confirmaron que existían marcas de tortura, lo que habría derivado en el testimonio.

El juicio de Cañete terminó con sentencias condenatorias de 20 años en prisión para Ramón Llanquileo Pilquiman, José Huenuche Reiman, Jonathan Huillical Méndez y 25 para Héctor Llaitul Carrillanca. Las irregularidades denunciadas tanto por los abogados defensores como por los familiares fueron corroboradas por varios observadores internacionales, quienes, además adhirieron su firma a esta carta.

Texto de la misiva

Sr. Milton Juica
Presidente de la Corte Suprema de Chile
Presente

Los familiares de los presos políticos mapuche enjuiciados recientemente, en la ciudad de Cañete, región del Bío Bío, queremos hacer llegar a Ud. nuestra profunda preocupación por la situación de vulneración sufrida durante todo el desarrollo del proceso judicial y que concluyó, finalmente, con una sentencia condenatoria, razón por la cual nuestros familiares mantienen una huelga de hambre líquida, desde el día 15 de marzo.

Como Ud. sabrá ellos formaron parte del grupo de 34 mapuches que estuvieron más de 80 días en huelga de hambre para pedir, entre otras cosas, que no se les aplicara la ley antiterrorista (18.314), es decir, tener la posibilidad de un juicio justo. Sin embargo, pese al acuerdo con el gobierno, entre los meses de noviembre y febrero se desarrolló un juicio oral en contra de 17 comuneros mapuche, a quienes se les aplicó dicha normativa por parte del Ministerio Público y los querellantes particulares: empresas forestales y representantes del gobierno, éstos últimos a través de su adhesión a todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, incluyendo a los testigos secretos que la ley antiterrorista faculta.

En la sentencia condenatoria conocida el día 22 de marzo, los miembros del Tribunal Oral en lo Penal, los Sres. Carlos Muñoz y Jorge Díaz, expresaron haber formado su convicción de la supuesta participación en los hechos investigados y juzgados principalmente a través del testimonio de un testigo secreto (denominado “testigo Nº26”). Sin embargo, en la sentencia se rechazó la calificación de terrorista de los hechos, lo cual resulta una evidente contradicción.

Una situación alarmante es que los Sres. Jueces consideraron en su sentencia el “testimonio de oídas” de un policía de investigaciones quien habría escuchado la declaración “voluntaria” de uno de nuestros familiares (igualmente imputado y condenado), quien supuestamente se habría auto inculpado e incriminado a otros comuneros mapuche. Al respecto, queremos insistir que este hecho fue denunciado ante la justicia y la opinión pública, pues dicha declaración fue obtenida bajo tortura constando con la certificación médica de las lesiones producidas. Sin embargo, en un hecho sin precedentes, la Fiscalía de Temuco decidió no perseverar la querella, archivando la causa, y no investigando los graves hechos de tortura denunciados por el comunero mapuche.

Por otra parte, la aberración jurídica más grande la constituyó el hecho del doble juzgamiento al que fueron sometidos nuestros familiares, quienes por el mismo hecho fueron procesados por la justicia civil y militar al mismo tiempo. A pesar de que el Juzgado Militar de Valdivia, el 16 de diciembre de 2010, resolvió absolver a nuestros familiares por no encontrar acreditados los hechos investigados. Actualmente la causa se encuentra radicada en la Corte de Apelaciones de Concepción, sin que se tenga conocimiento de cuál será su siguiente tramitación. Nos produce consternación la situación de que si el fallo absolutorio no fuera ratificado y tuviera un retroceso, es decir, volviera a procesar a cada uno de nuestros familiares se generaría de este modo, nuevamente, un doble juzgamiento, ya que este mismo hecho fue visto, juzgado y absuelto por la Justicia Militar, y ahora juzgado y condenado por en el Tribunal de Cañete.

Ud. tendrá conocimiento que el Estado chileno ha recibido un informe por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre del 2010, en el cual se constata la violación de los derechos humanos de los dirigentes y miembros del pueblo mapuche que han sido juzgados y condenados mediante la Ley 18.314, particularmente por el uso de testigos “sin rostro” (Informe CIDH 176/10). Hoy el Estado arriesga una condena internacional por parte de un Tribunal Internacional como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual no puede ser sino motivo de preocupación para esta Excelentísima Corte.

Nuestros familiares, todos ellos luchadores sociales de nuestro pueblo, Ramón Llanquileo Pilquiman, José Huenuche Reiman, Jonathan Huillical Méndez fueron condenados a 20 años de prisión y Héctor Llaitul Carrillanca a 25 años. Estamos convencidos de que fueron vulnerados derechos garantizados por la constitución, estos son: un debido proceso y un juicio justo. Por lo tanto, demandamos la nulidad del juicio y la realización de un nuevo juicio con un tribunal independiente, competente e imparcial y sin la aplicación de la Ley 18.314 o Ley Antiterrorista. Además, exigimos la ratificación inmediata de la sentencia absolutoria que dictó el Tribunal Militar de Valdivia. Queremos presentar además a Ud. algunas de las personas y organizaciones que nos acompañan en esta petición de justicia y se solidarizan con nuestro justo reclamo.

Atentamente,

Familiares de los Presos Políticos Mapuche condenados en Cañete.


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