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sábado, 14 de enero de 2012

Alianza Territorial Mapuche estudia presentación ante Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon


En medio del complicado escenario que vive el pueblo mapuche, luego de la violencia y las acusaciones desatadas desde el propio Gobierno tras el incendio de Carahue, la Alianza Territorial Mapuche (ATM) ha decidido apelar a organismos internacionales para denunciar lo que ellos llaman “el evidente genocidio” en contra de su nación.

“Hoy la arremetida del Gobierno de turno con la policía tiene instrucciones claras de hostigamiento hacia nuestras comunidades. Nuestra esperanza es acudir a las Naciones Unidas donde Chile tiene algunos compromisos que debe cumplir”, argumenta Mijael Carbone, werkén de Temucuicui. Carbone ha denunciado constantemente las persecuciones lideradas por el Estado chileno contra su pueblo, siendo protagonista recientemente de un episodio de enfrentamiento policial que lo llevó a escapar y refugiarse en las comunidades para proteger su vida.

La ya compleja situación de los mapuche ha empeorado luego del incendio de Carahue, donde murieron 7 brigadistas. Apenas a unas horas del incidente, las palabras de Sebastián Piñera y el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, apuntaban evidentemente a la posible responsabilidad de comuneros indígenas. Desde entonces, los allanamientos, la vigilancia y la violencia se han desatado a destajo al interior del Wallmapu.

“La cobarde agresión policial a Guillermina Painevilu y Jessica Guzmán Painevilu y los menores de edad, y el ingreso ilegal a propiedad mapuche de Rofue, Makewe Lof Mapu, 10 kilómetros al sur de Temuco, el día 10 de enero, es una más de las constantes agresiones que sufre nuestra Nación Mapuche, la que sólo fue considerada en los medios debido a la filmación de los hechos por parte de la propia comunidad”, declaró la Alianza Territorial Mapuche en un comunicado donde describen algunas de las situaciones de violencia.

Según la declaración de ATM, la militarización vivida hoy en la Araucanía no se diferencia de la que diariamente viven “otras naciones ocupadas por fuerzas extranjeras para el control de la población y sus recursos naturales”.

Para el joven werkén de Temucuicui, “la justicia chilena ya está agotada”. Carbone asegura que pese a estar en pleno conocimiento de las situaciones de abuso policial vividas al interior de las comunidades, el poder judicial los sigue criminalizando. Por ello la intención de acudir a instancias internacionales que, al menos, permitan denunciar lo que está pasando dado el evidente cerco mediático de la prensa tradicional chilena.

En tanto, el Colegio de Antropólogos de Chile declaró esta mañana que “la premura del Gobierno por calificar por anticipado a los mapuche de delito terrorista, sigue una lógica de persecución del enemigo interno insurgente, pretendiendo hacer uso de una legislación repudiable y contradictoria con los acuerdos de respeto a los derechos humanos en general y en particular de la condición de los mapuche como pueblo. Asimismo este Gobierno da continuidad a la protección del empresariado como un deber instalado en la sociedad chilena desde décadas, al identificar las demandas territoriales, por autonomía política y autodeterminación, levantadas por una diversidad de organizaciones del pueblo mapuche, como una creciente amenaza al crecimiento productivo empresarial y como un atentado a la unidad nacional de las y los chilenos”.

“AQUÍ HAY MÁS CARABINEROS QUE CIVILES”
Los dirigentes mapuches reconocen la dificultad de expresar al paìs y al resto del mundo los episodios de violencia vividos en Wallmapu y por ello registran una lista de sucesos cubiertos por los medios de comunicación durante el último tiempo. Ahí, se observa que bajo la conducción de Iván Bezmalinovic, jefe de policía de la zona, se ha perpetuado el asesinato de Jaime Mendoza Collío y posterior montaje, el ataque al lonko Juan Curinao, los golpes al hijo del Lonko Curinao en Ercilla, el ataque a una escuela en Temucuicui, las amenazas de lanzar desde un helicóptero a un menor en Rufuwe, niños heridos escoltados por colonos en Ercilla, la detención de Felipe Marillán, la persecución y homicidio frustrado de Mijael Carbone, el allanamiento a la comunidad Wente Wikul Mapu -donde una mujer mapuche fue herida en sus senos- y mujeres golpeadas en Rufuwe, Metrenco Temuco. Estos hechos son sólo los que han sido conocidos y difundidos por los medios de comunicación.

La Alianza Territorial Mapuche ha expuesto su petición de renuncia al ministro Hinzpeter -algo que también realizó la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) durante esta semana-, quien, según Carbone, “no duda al culparnos sin certeza de la muerte lamentable de los 7 brigadistas en Carahue”. También piden la renuncia del intendente de la región, Andrés Molina y del jefe policial Bezmalinovic.

Ante los dichos de ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, y del vocero de Gobierno, quienes durante esta semana aseguraron que el Gobierno mantiene buenas relaciones con el pueblo mapuche y que no tienen razones para algo “tan absurdo como militarizar la Araucanía”, Carbone manifiesta que “aquí hay más carabineros que civiles. Hay helicópteros y avionetas vigilándonos diariamente. Esto hay que verlo en el terreno mismo, Hinzpeter o yo podemos decir mucha cosas, pero hay que venir acá para constatar. Los medios deben denunciar lo que nos está pasando, la Araucanía ya está militarizada”.

La ATM cierra su comunicado haciendo un llamado a su pueblo “a sacrificarse por sus hijos y nietos y por toda la vida en la ñuke mapu, pues no hay hora ni lugar especial para mantener estos derechos, todo momento y toda acción que fortalezca nuestro newen es válida, hermosa y legítima. Ahora, no mañana”.

Durante el cierre de esta nota, el werkén Carbone denunció que “en estos momentos, uno de los vocero de de la Alianza Territorial Mapuche en la zona de Curacautín, Pascual Curamil, sufre un violento allanamiento por parte de personas de civil mientra él se encontraba en su casa acompañado de sus dos hijos (6 y 11 años), cuando irrumpe una camioneta con 4 personas armadas y de manera imediata intentan agredirlo. El vocero logró defenderse con una herramienta de trabajo”.

Noticia en desarrollo
Por Vanessa Vargas Rojas
Fotografías: Felipe Durán

El Ciudadano

lunes, 9 de mayo de 2011

Pastoral Mapuche llama a apoyar la búsqueda de justicia para luchadores mapuche

por Pastoral Mapuche (Chile)
sábado, 07 de mayo de 2011

Llamado a apoyar la búsqueda de la Justicia en la revisión por la Corte Suprema del caso de los cuatro mapuches condenados a 20 y 25 años de prisión.
La Pastoral Mapuche de Santiago convocó a una reunión y diálogo con  Natividad Llanquileo Pilquiman, estudiante de Leyes de último año y vocera de los mapuche condenados por el Ministerio Público en Juicio Oral   que permanecen en huelga de hambre, y han perdido  ya 18 kilos.  En esta reunión se presentó un video titulado "El Engaño" donde se narra en forma audiovisual los antecedentes que condujeron a  una condena penal de cuatro  personas de 20  a 25 años de cárcel.
 
Antecedentes históricos o los hechos que se ocultan 
Los antecedentes parten cuando el año 1875 el Estado Chileno, sin mediar provocación, corre la frontera con el territorio indígena que estaba fijada por tratados en el Río Paucaví.

En este "correr"  la frontera, lo que es una usurpación a todas luces, se apropió de territorios que estaban ocupados ancestralmente por  mapuches, y que, por supuesto, no tenían títulos de propiedad pasados por ninguna Notaría, ya que ese procedimiento es europeo, no nativo americano y el territorio era mapuche no conquistado.  Y si tenían algo, eran tratados de límites con el nuevo estado chileno, o con los gobiernos coloniales que representaban al Rey de España.  Ignorando estos tratados los mapuche fueron despojados de sus propiedades, dejándoles apenas un 4% de sus tierras. (1)(2)

La zona de Choque en  Lleu Lleu,  de donde proceden los inculpados, fue adquirida por Francisco Javier Ovalle y dio origen a la Hacienda Tranquete.   En el documento de venta, figuran los nombres de varios mapuches, que  aún siendo de la zona, lo que no es comprobado, no tenían derecho a vender lo que no era suyo por derecho  comunitario ancestral. Además la mayoría no sabía leer ni escribir y tampoco hablaban castellano.  Este procedimiento fue muy usado para hacerse de tierras, y aunque ustedes no lo crean, hay versiones modernas que son más o menos lo mismo.

 En 1883 Ovalle vende esta hacienda  a Jorge y Santiago Ebensperger,  dejando constancia que estaba habitada por mapuches y que ellos les correspondía echarlos.  Esta familia la tuvo en posesión hasta  el gobierno de Salvador Allende y   durante este período fue expropiada por la CORA .  Ésta, la familia, en conversaciones con los mapuches, que reclamaban su posesión, forestó con pino radiata
comprometiéndose a darles  participación a estas familias en las ganancias.  Se desconoce si esto quedó registrado en papeles o fueron solo palabras de buena crianza. Al llegar el gobierno militar todo volvió a fojas cero, la zona fue fuertemente militarizada y  la represión violenta, ya que por un rato el poder pasó a otras manos lo cual provocó una fuerte reacción  por parte de los hacendados. Las tierras fueron cambiando de manos pero los reclamos persisten, ya que los mapuches veían pasar en sus narices los camiones con la madera que se cosechaba y que ellos pensaban que les pertenecían.

La Familia Matte y su participación en los hechos
Estos fundos pasaron a manos de corporaciones transnacionales, quienes las reforestaron con especies foráneas que han roto el equilibrio hídrico de la tierra secando las norias y dejando sin agua a los pequeños propietarios. La  dueña actual de esas tierras es una formada por capitales japoneses y chilenos de la Forestal Mininco de propiedad  mayoritaria de los Matte.  Pero ya sabemos, las Corporaciones no tienen cabeza humana visible, solo accionistas mayoritarios que tienen ejecutivos contratados para hacerles la gestión, quienes dan cuenta a un directorio, es decir la responsabilidad moral humana  se diluye convenientemente, de modo de hacerse casi etérea e inalcanzable para los pequeños mortales.  Y los mapuches son familias pobres  que sobreviven en pequeños terrenitos, donde tratan de hacer su vida al modo ancestral, con su religión ancestral que les da un marco para ver el mundo, que es lo que les da sentido de pertenencia.  Y así como hay otros pobres chilenos que  al no haber heredado otra cosa que la no pertenencia a los ganadores, es decir la exclusión, lo que los hace una fácil conquista del adoctrinamiento de la sociedad de consumo como meta para sobrevivir, así éstos  se niegan a entregar la herramienta de lo que constituye parte de su ser y dignidad, que es su filiación a la tierra ancestral, a sus espíritus, a su modo de invocar, de celebrar en medio del bosque  en contacto con su tierra, con sus machis y sus rewes.  Y si les quitamos la poca tierra que les queda, los condenamos a ser pordioseros de las ciudades quitándoles su dignidad, que es lo único que les queda en su territorio anímico.

La Ley Antiterrorista que nos legó la Concertación ha permitido que los reclamos mapuches, sus tomas de tierras con piedras y palos, se transformen en delitos terroristas y no en delitos contra los vecinos y que afectan la ley y el orden y no amenazan el Estado de Derecho ni a la sociedad completa.  Los han querido vincular a la ETA, a las Farc y Al-Qaeda,  para legitimar la represión.  Y han sido condenados en base a presunciones, por los medios de comunicación, con testigos encapuchados, por personas que no son neutras en esta pelea.  
 
Por las condenas actuales, que están fuera de cualquier proporción, la Corte Suprema tiene que decidir, este próximo Jueves, si  las ratifica  o llama a un nuevo juicio, esta vez conforme a derecho  con debido proceso y respetando los tratados firmados por Chile respecto a los pueblos nativos y sus derechos.
Los chilenos no nos podemos hacer los lesos, ya que debemos presionar para que nuestro Poder Judicial funcione y esto no se convierta en un festival de dar condenas y de configurar conspiraciones de las cuales solo hay pruebas circunstanciales y  presunciones.  Ya hemos visto los chascos con un paquistaní que pasó por Santiago, con un escritor vasco que residía en Temuco y que era anarquista, según decían y por lo tanto peligroso aunque no hubiera hecho nada, y ahora con unos tipos que el Fiscal Armendáriz pasó dos años tratando de buscar pruebas para encanarlos y no encontró nada que no fuera circunstancial.  Pero llegó otro fiscal más "alentado" y con las mismas pruebas construyó un caso, que en este momento también está en discusión.

Así en este caso vemos que no hubo ningún muerto, ni siquiera herido de gravedad ya que ningún centro asistencial de la zona registra su pasada,  que no se pudo acreditar que los inculpados, que son solamente  cuatro, hubieran estado  en el evento del asalto de la Caravana del fiscal Elgueta,  que se aceptaron como testigos a encapuchados, es decir a nadie, lo que hace que las penas aplicadas sean excesivas, a menos que se trate de un amedrentamiento para  que el colectivo mapuche deje de molestar con sus reclamos.  Lo que  no es válido desde el punto de vista de la aplicación de la Justicia.
Natividad  Llanquileo pide solamente que las personas de buena voluntad y que creen todavía en la justicia y en el debido proceso, la acompañen el Jueves  12 de Mayo en la mañana entre 8 y 9 en la puerta de la Corte Suprema, y a una marcha  pacífica a las 19:00 horas, en Alameda con Ahumada.
 
LOS  HECHOS
Condenan a 25 años de cárcel a Comuneros de la Coordinadora  Mapuche Arauco-Malleco
Hector Llaitul Carillanca:  25 años de cárcel (10 por robo frustrado y 15 por homicidio frustrado del Fiscal  Mario Elgueta y PDI)
Ramón Llanquileo Pilquiman: 20 años de cárcel
José Huenuche Raiman:  20 años de cárcel
Jonathan Huillican Méndez:  20 años de cárcel
Los otros 17 implicados son dejados en libertad.

El presidente del Tribunal de Garantía de Malleco dijo que si bien hay convicción de que los hechos descritos por el Ministerio Público revisten carácter terrorista no se pudo acreditar que las personas imputadas tengan relación con lo sucedido.
 
El abogado defensor de Héctor Llaitul, Pablo Ortega, lamentó que los jueces no hayan dado a conocer las razones por las cuáles se les condenó a los imputados.
 
Del mismo modo, destacó la constante negación a las peticiones de la defensa por parte del tribunal. Ahora deberán esperar las notificaciones por correo electrónico, sin saber si llegarán efectivamente, "lo que trasunta en una nueva limitación del derecho a la defensa".

Ortega calificó este escenario de limitación al debido proceso de "muy grave", por lo que intentarán impugnar ante la Corte Suprema la resolución. Recalcando que en términos jurídicos, debe primar el derecho y no los prejuicios.

Por su parte el abogado defensor Adolfo Montiel, señaló que tenía esperanzas de que la pena no fuera tan alta, y ahora espera que la Corte Suprema revierta esta situación. Sobre todo por el delito contra el fiscal, en que -según el profesional- no se logró acreditar quienes participaron en esos hechos y todas las imputaciones se basaron en testigos protegidos.

En caso de anularse el juicio, advierte el profesional, se conocería solo los dos delitos por los que fueron condenados: robo con intimidación y homicidio frustrado contra el señor Elgueta.
ORGANIZACIONES SE MANIFIESTAN
 
El Observatorio Ciudadano, manifestó también su preocupación por las penas a las que fueron condenados los comuneros, las que califica de "desproporcionadas y excesivas", considerando que ninguno de los delitos significó la pérdida de vidas humanas, calificando la decisión de la justicia como "de falta de imparcialidad".

Agregan en su declaración pública que lo anterior "contrasta con la impunidad en que han quedado delitos similares y más graves, como el homicidio cometido en contra de personas mapuche por agentes policiales del estado, que se han verificado en el marco de los conflictos por tierras en el sur del país".

En tanto, 20 organizaciones de Colombia, Francia, Suiza y Estados Unidos, rechazan la política chilena de criminalizar las reivindicaciones de los pueblos originarios, y en tres puntos manifiestan su inquietud frente a la manera en la que este proceso fue llevado con "ley antiterrorista", y que a solo dos días de cierre del juicio el gobierno haya pedido recalificar sin esta ley, cosa que no tuvo ningún efecto, los expertos internacionales no dejarán de subrayarlo, manifiestan.

Mientras que la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) manifiesta su preocupación por la seguridad, por la integridad personal y por la situación jurídica de los prisioneros mapuche  condenados, quienes al ser líderes de la CAM la OMCT teme que su condena pueda enmarcarse dentro de una persecución política.

Cabe destacar además el hecho que el juicio estuvo marcado por una serie de irregularidades, a lo largo del proceso y que aunque el Gobierno aceptó retirar las acusaciones bajo la Ley Antiterrorista, lo hizo tardíamente.
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=6525

jueves, 3 de febrero de 2011

The Mapuche Wikileaks Links

Condenar como delitos terroristas lo que ocurría en el sur. Allí comenzó el éxito de la campaña auspiciada por El Mercurio, como señala el Embajador. Detrás me temo que estaba el Instituto de extrema derecha Libertad y Desarrollo en que el tema mapuche estaba a cargo de la actual ministra vocera Ena Von Baer.


POR JOSÉ BENGOA - TEMUKO, WALLMAPU - 03 / 02 / 11

Lamentable e increíble, más bien insólito: el Embajador de los Estados Unidos en Chile tenía una opinión claramente más lúcida e inteligente sobre el llamado “conflicto mapuche” que las elites políticas criollas. Su crítica a los medios de comunicación que denomina “conservadores”, esto es, todos los medios y el “agrandamiento” del fenómeno, es coincidente con la que muchos, mapuches y no mapuches, hemos realizado durante estos años. Ha sido una década de criminalización de la causa mapuche. Porque hasta el año 1997, nadie se recuerda, El Mercurio levantó algunas figuras románticas y anti sistémicas mapuches que le servían para hacer oposición a la Concertación. Pueden buscar los lectores entusiastas un famoso reportaje de una niña periodista de mucha fama en esa época, que participaba en una toma de fundos en la localidad de Cajón junto a Aucán Huilcamán. La aventura era contada como algo maravilloso. Por cierto que el Decano no hace meas culpas, ni tampoco se responsabiliza de nada.

La Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza hace ya años analizó los noticiarios de la televisión, de todos los canales, y se dio cuenta que aunque se tratara de noticias mapuches neutras e incluso de evidente no violencia, las imágenes que se usaban eran las mismas: enmascarados arrojando piedras, fuego e incendios, ambiente de guerra y terror. Las imágenes eran viejas, pero las seguían utilizando sin cambiarlas, año tras año. Como en el juego del “aprendiz del brujo”, los mismos que promovieron la campaña se convencieron de lo que habían inventado y luego se asustaron con ello. Asustados fueron a la Embajada a ver si existían contactos terroristas internacionales y pidieron ayuda. Se asustaron de su propio susto. Lamentable.

El Embajador de Estados Unidos señala que la campaña presidencial del candidato Sebastián Piñera estuvo marcada por esta obsesión. Son terroristas, se dijo y repitió, están conectados a grupos terroristas internacionales, en fin, suma y sigue. El candidato en Temuco ofreció “mano dura” y ante el ambiente ya convencido de temucanos asustados, ganó ampliamente las elecciones. No se prometió el desarrollo de la Región, sino que se jugó con el miedo ya introducido por una década y media de “campañas del terror”. Francisco Huenchumilla, prestigioso abogado mapuche chileno, ex diputado de la DC, y alcalde de Temuco, que pretendió moderar los discursos y dar un marco de cordura a la cuestión mapuche, perdió la senaturía. Le ganó un candidato que no habló del tema y que manipula en forma eficiente sus clientelas cautivas. En la provincia de Malleco el candidato al senado Alberto Espina, en cambio, arrasó prometiendo “mano dura” a la amenaza terrorista.

Dice el Embajador de manera textual en los Wikileaks capturados: “El candidato presidencial de la oposición, Sebastián Piñera, ha declarado que 'la Araucaria arde en llamas'. Los principales periódicos chilenos, que son generalmente conservadores, publican muy a menudo en primera página reportajes sobre este conflicto”, y agrega, “la destrucción de propiedades, que supone la inmensa mayoría de las acciones ilegales de los mapuches, se presenta frecuentemente a todo color con descarados titulares y a veces una cobertura muy superior a la que se da a crímenes mucho más graves cometidos por chilenos no indígenas”. (El Mostrador, 14 diciembre 2010).

Ante estas filtraciones, el senador Alberto Espina señala: “Las políticas de la Concertación en esta materia fueron lamentablemente muy negativas. No trajeron beneficios ni ayuda, ni resolvieron las materias de tierra de las comunidades (…) es un juicio político… que representa lo poco y nada que se hizo en el gobierno anterior respecto a las comunidades mapuches y que se reflejó en el largo distanciamiento que la Araucanía ha tenido en las elecciones presidenciales con los gobiernos de la Concertación”, concluyó el parlamentario (El Mostrador, 15 diciembre 2010). ¿Serán las políticas llevadas a cabo las que provocaron “el largo distanciamiento que la Araucanía ha tenido en las elecciones presidenciales con el Gobierno de la Concertación” o aquí hay un enorme éxito de campañas orquestadas en las cuales cayeron incluso muchos o la mayoría de los mismos personeros de la Concertación?

Los Wikileaks tienen la ventaja de mostrarnos las políticas que se hacen en los bastidores, en las telarañas escondidas y a veces podridas del poder. No cabe mucha duda que el Ministerio del Interior del Gobierno de Bachelet se dejó convencer por estas prédicas amenazantes y actuó en consecuencia. Acusó el golpe mediático sin siquiera darse cuenta, como ya lo había hecho el subsecretario del interior del Presidente Lagos, Jorge Correa Sutil, al condenar como delitos terroristas lo que ocurría en el sur. Allí comenzó el éxito de la campaña auspiciada por El Mercurio, como señala el Embajador. Detrás de la campaña me temo que estaba el conocido Instituto de extrema derecha llamado Libertad y Desarrollo en que el tema mapuche estaba a cargo de la actual ministra vocera Ena Von Baer. Ella como candidata al senado por Temuco tuvo el mismo discurso de mano dura de su candidato a la presidencia. Perdió por muy escasos votos frente a un contendor impecable: había sido el alcalde designado, no elegido, de esa ciudad durante la dictadura de Pinochet.

El Embajador de los Estados Unidos en Chile, mucho más prudente, dice que la mayoría de las demandas mapuches “son razonables” y califica a algunas de ellas, pocas insiste, de “fantasiosas”. Pero se da la capacidad de observar que en todos estos tipos de movimientos hay quienes tienen “demandas fantasiosas”, mostrando que conoce, o sus asesores, lo que ocurre en otras partes del mundo. Y agrega que “las comunidades mapuches están desorganizadas”, lo que es un correcto diagnóstico, y que “… los sucesivos Gobiernos de la Concertación han desarrollado una política indígena chapucera, a la que se concede poca importancia y que es incapaz de establecer y alcanzar objetivos realistas”, señalando que el gobierno de Patricio Aylwin logró mejorar las condiciones de los pueblos indígenas que se habían deteriorado durante la dictadura de Augusto Pinochet, “pero la situación progresó muy poco en los siguientes 16 años, contribuyendo a la visión mapuche de que el Estado chileno lleva 100 años rompiendo las promesas que les hacen”.

Los que alegan que estos Wikileaks son “cahuines” no están muy acertados. Con lenguaje coloquial este Embajador dice una verdad y media. Felipe Harboe, que era el Subsecretario de Interior y hoy diputado, dice: “Aquí se habló abiertamente por parte de un grupo político de este país de que la comunidad mapuche tenía vínculos operativos con las FARC, eso fue lo que dijeron… hoy se establece una opinión respecto de una embajada importante para nuestro país que dice que no habría este tipo de vínculos”. Para las elites políticas criollas, de todos los colores, transversalmente,los mapuches no tendrían la capacidad de llevar a cabo acciones y propuestas políticas de manera autónoma. Es por ello que cada vez que observan algún éxito mapuche corren a buscar a los asesores extranjeros. Hay una idea racista: los mapuches son poco desarrollados y si hacen alguna acción política significativa es porque están inducidos, adoctrinados o asesorados por fuerzas externas, obviamente mas capacitadas como son los vascos o las FARC. Pura ideología racista, como es evidente. Harboe agrega, “Quienes están en el gobierno se dan cuenta de lo difícil que es gestionar los temas de seguridad con la debida prudencia y con la información adecuada, para no cometer errores. Cuando se llegó a plantear así dije que no era prudente”, con lo cual está reconociendo que efectivamente ocurrieron los hechos descritos por Wikeleaks.

Las fronteras ideológicas en estas materias no son las mismas que las que propone el sistema binominal de Concertación y Alianza de derecha. Hay continuidades y traslapos. Una parte del Gobierno de la Concertación, el Ministerio del Interior concretamente, y la derecha estaban trabajando sobre las mismas coordenadas: la protesta mapuche es de carácter terrorista y probablemente esté relacionada con fuerzas terroristas internacionales. Esa fue la tendencia dominante.

Pero los archivos desclasificados por Wikileaks muestran una segunda tendencia, que estaría a nuestro modo de ver ubicada cercana a la Presidencia de la República de esa época. Como se recordará, a raíz del asesinato de un joven comunero mapuche se resolvió constituir una suerte de “Comisario” especial para ver los temas indígenas que estaba por encima de la institucionalidad ordinaria del Estado y que dependía directamente de la Presidencia de la República. Allí se nombró a uno de los más altos asesores de la Presidenta, el sociólogo Rodrigo Egaña Barahona quien llevó a cabo el plan denominado “Re conocer”. Este programa sacó del canasto de los papeles el Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato y volvió a asumir o intentar asumir, los temas políticos en las relaciones entre el Estado y los Pueblos Indígenas.

Podríamos decir que esas dos tendencias políticas eran incompatibles. Alguien podría decir que era un asunto solamente de oportunismo. Por un lado desde el Gobierno Interior se condenaba por terrorismo a los mapuches y sus organizaciones y por el otro lado se hablaba, con un alto nivel de ingenuidad, de reconocer sus demandas de autonomía. Las mismas demandas que el Embajador de Estados Unidos consideraba “fantasiosas”. Sin embargo en el legado de la Presidenta Bachelet, junto a los comuneros asesinados y los presos mapuches acusados de terrorismo, y sus Huelgas de hambre, va a quedar la aprobación del Convenio 169 de la OIT como el logro jurídico principal del período. Y esto fue gracias a las políticas que se llevaron a cabo desde el otro lado del mismo Palacio de La Moneda, desde el famoso “segundo piso”. La importancia de la aprobación de este Convenio es muy grande y para muchos implica un antes y un después en las cuestiones referidas a los derechos indígenas.

Llama la atención que frente a las cuestiones indígenas las posiciones políticas cruzan todos los espectros gubernamentales y políticos partidarios. Los Wikileaks señalan las distinciones que hacía el Embajador norteamericano, entre el Ministerio del Interior y “el secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, (que) tiene razón cuando afirma que el imperio de la ley en la región está perfectamente asegurado y que esos ataques, aunque preocupantes e ilegales, siguen siendo esporádicos y contra propiedades, no contra personas”. Fue justamente esa repartición que jugando con una supuesta carta que explicaría y limitaría las reglamentaciones del Convenio 169 logró su aprobación en el Congreso y luego en el temido Tribunal Constitucional. Finalmente no hubo aclaraciones y se lo ha promulgado, ratificado y depositado en la OIT y es ley de la República.

Pasa algo semejante con el actual Gobierno que mientras Espina y sus Malleco Boys, entre ellos suponemos el ahora denominado Ministro “Larroulef” (interesante broma interna de ambiguo contenido), originario según dice de Puerto Saavedra, predican el Plan Araucanía que percibe a los mapuches como un conjunto de personas pobres, el diputado de la UDI Gonzalo Arenas despotrica: “…..podemos tomar decisiones rápidas en lo que siempre nuestras autoridades han creído es el principal problema del pueblo Mapuche, esto es, la pobreza. Así, cuando desaparezca la pobreza ya no existirá el problema Mapuche; entonces, a trabajar con Mideplan, a implementar el Plan Araucanía, esperemos que suba el per cápita regional y se acabo el problema…. Es lo más ingenuo…”.

Han pasado ya tres meses desde que terminó la huelga de hambre de los presos políticos mapuches y como siempre el olvido se transforma en costumbre. Los Wikileaks nos han traído nuevamente el tema. Nos dicen ni más ni menos que las elites han construido relaciones e imágenes inter étnicas tan evidentemente falsas que un observador externo tan poco perpicaz como suelen ser los Embajadores norteamericanos, se da cuenta. Esas imágenes obviamente condicionan y a veces matan. Los chilenitos que nos creemos tan inteligentes, tan capaces, nos vemos desnudos en estos Wikileaks. Bienvenidos sean.

+ Gentileza www.theclinic.cl