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jueves, 29 de septiembre de 2011

Tribunal de Traiguén Decreta Libertad a Pascual Pichun Collonao


Elías Paillan C.   

El Juzgado de Letras y Garantía de Traiguen, en la Región de la Araucanía, decretó el mediodía del martes 27, la libertad completa de Pascual Pichun Collonao, quien había sido condenado por supuesto delito de incendio en el año 2003 ante lo que se concibe como una persecución a las legítimas demandas del Pueblo Mapuche. Lo anterior, tras acoger la solicitud de prescripción de la pena solicitada por su defensor, el abogado y miembro del Observatorio Ciudadano, Cristóbal Carmona.

Cabe recordar que Pascual Pichun Collonao es hijo del lonko de la comunidad de Temulemu, Pascual Pichun Pallaleo, cuyo caso fue recientemente derivado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte del sistema de protección de derechos de la OEA, tras constatar que en su juzgamiento existió vulneración de derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José).

“Este es un pequeño triunfo en la defensa de acusaciones a miembros del pueblo mapuche, que hemos esperado durante tanto tiempo”, dijo Pichun a la salida del tribunal. Agregando que “ha sido un proceso duro, en términos de estar preso y clandestino, pero también importante en términos de maduración en diversos aspectos”, señaló.

Por su parte, el abogado Cristóbal Carmona calificó el hecho como un paso importante, en términos de hacer valer el imperio del derecho, al explicar las razones de esta decisión judicial. En ese sentido, afirmó que: “el Tribunal reconoció que en el caso efectivamente había transcurrido el plazo de cinco años que contempla el artículo 97 del Código Penal para decretar la prescripción de la pena, rechazando además el argumento expuesto por la Fiscalía, que pretendía desvirtuar el transcurso de dicho plazo, fundado a partir del informe de la Interpol o la PDI, mediante el cual se pretendía argumentar que el condenado Pascual Pichun estuvo un tiempo ausente del país, hecho que influiría para el cómputo del plazo de la prescripción”.

Rosa Collonao, madre del joven, aún visiblemente emocionada expresó su satisfacción por la resolución. “Rume ayiukvli tañi piuke inche / estoy muy contenta y emocionada por la libertad de mi hijo, que hartos años también ha estado afuera“, expresó en mapuzugun, y luego envío un saludo de agradecimiento a toda la gente que apoyó a su familia, así como también a otros comuneros mapuche que continúan presos.

Finalmente, el lonko Pascual Pichun Pallaleo, junto con agradecer este apoyo general a su familia y particularmente a su hijo, aseguró que esta judicialización de las demandas mapuche cada vez que reclaman sus derechos, “es una cosa muy larga en el tiempo, afectando a muchas familias de nuestro pueblo”. Acotando que “el mapuche reclama sus derechos, sus tierras, porque se le ha robado. Porque somos dueños de las tierras, éstas deben ser recuperadas, y por eso nos llaman terroristas”, finalizó.


Red Diario Digital

viernes, 3 de junio de 2011

MANIFIESTO EN APOYO DEL PUEBLO MAPUCHE



Ante la Huelga de Hambre que mantienen los Presos Mapuches en Chile:   Héctor  LLaitul,   Jose  Huenuche,  Ramón  LLanquileo   y   Jonathan Huillical,  desde el  15 de Marzo  de 2011, la Coordinación  de  Apoyo al Pueblo Mapuche, personalidades y entidades sociales firmantes,

Denuncian:

-   Que  la  lucha  del  pueblo  mapuche, se ha centrado en demandar sus legítimos   derechos  colectivos   como  pueblo,   que  se  expresa  en  el derecho a la  autonomía  y  recuperación  de su territorio  ancestral  como base fundamental de su existir.

-   Que este  derecho ha sido  vulnerado  históricamente  por los  sucesivos gobiernos  chilenos,  tanto en dictadura  como en democracia,  que han expropiado    sistemáticamente    los    territorios    de   las    comunidades mapuche  a  fin  de  ceder  sus  recursos  naturales   a  las   empresas forestales, mineras, hidroeléctricas y multinacionales europeas, con capitales  de  Endesa  España  y   ENAL  Italia,  SN   Power  de  Noruega, quienes   son favorecidos por el Estado chileno, en complicidad con los grupos de poder económico.

-   Que entre  otras  expropiaciones  se puede mencionar  las  represas en Ralco,  Mehuín,  Panguipulli  y   recientemente  Hidoraysén,  así  como  el traspaso  de  la  propiedad  de  las  semillas  indígenas  y   campesina  a Monsanto,

-   Que las  luchas  y  movilizaciones  emprendidas  por el  pueblo  mapuche para oponerse a este  proceso han sido  reprimidas  violentamente  por parte del Estado.

-   Que  los   gobiernos   democráticos   chilenos   siguen   utilizando   la   Ley Antiterrorista de Pinochet para criminalizar la protesta social del pueblo nación  mapuche.     Con  ella  aplican   juicios  sin  garantías  procesales objetivas    y    con   testigos    protegidos,    lo     que   ha   permitido    el procesamiento y  condena a 25 años de prisión a los líderes mapuches: Héctor LLaitul,  Jose  Huenuche, Ramón LLanquileo  y Jonathan Huillical.

-   Que  el  Estado  chileno,  liderado  por  el  actual  presidente  Sebastián Piñera,  bloquea,  limita  y  reduce los  derechos del  Convenio 169  de  la OIT ratificado por el Estado Chileno en el año 2008.

-   Que  este   Convenio  le  obliga  a consultar  previamente  a los  pueblos originarios,   en  materias   que  afecten   a  sus  territorios   y   recursos, particularmente    en  relación    con   el    desarrollo,    la    utilización   o    la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

-   Que el  gobierno  de Sebastián  Piñera  está contraviniendo,  tanto la  ley chilena como el Derecho Internacional, con su política de  privilegiar la entrada de transnacionales a territorio mapuche.

Por  todo   lo   anterior,   levantamos  nuestras   voces  para  exigir  al
Gobierno de Chile:

-  Libertad  inmediata  a los  presos  Políticos Mapuche,  encarcelados  por montajes judiciales en huelga de hambre por más de 76 días con graves perjuicios para su salud.

-  Derogación  y  eliminación  de la  aplicación  de la  ley  antiterrorista  a líderes   sociales y políticos mapuche.

-  Aplicación del Convenio 169 de la OIT (sin enmiendas)

-  Restitución de los territorios ancestrales al pueblo nación mapuche

-  Paralización de la entrada de empresas nacionales y transnacionales a territorio Mapuche

En Madrid a 2 de junio de 2011.

LUIS SEPÚLVEDA, escritor chileno. Doctor Honoris Causa por la Universidad
de    Toulon,   Francia.    Doctor   Honoris   Causa    por   la niversidad de Urbino, Italia.  Caballero de las Artes y Las Letras de la República Francesa

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CHILENOS EN ESPAÑA (FEDACHES)
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
ASOCIACIÓN PUENTES  NO MUROS
CASA PUEBLOS
AGENDA VIVA
IZQUIERDA ANTICAPITALISTA
ALIANZA INTELECTUALES ANTIIMPERIALISTAS

miércoles, 1 de junio de 2011

Arzobispo de Concepción visitó a comuneros mapuche en huelga de hambre en cárcel de Angol

Miércoles 1 junio 2011 | 19:40
Publicado por Iván Oliveros | La Información es de Wladimir Sáez •  
Imagen:Fernando Chomali | iglesia.cl
Imagen: Fernando Chomali | iglesia.cl

El arzobispo de Concepción, Fernando Chomali, viajó hasta la Región de La Araucanía para visitar a los 4 comuneros mapuches que mantienen una huelga de hambre por 79 días. 

Chomalí llegó hasta la cárcel de Angol para visitar a Héctor Llaitul y Jonathan Huillical, dos de los cuatro comuneros mapuches condenados por el ataque al fiscal Mario Elgueta.

Tras la reunión, que se mantuvo por cerca de dos horas, el arzobispo de Concepción Fernando Chomali señaló que el deseo más profundo es que la huelga de hambre termine lo antes posible, porque la vida es un valor fundamental, y espera que eso ocurra pronto.

Cabe mencionar que el arzobispo de Concepción estuvo acompañado en todo momento por el alcaide del recinto penitenciario de Angol, quien señaló que el estado de salud de los comuneros mapuche es estable.

En tanto, también estuvo presente la vocera de los comuneros mapuche, Natividad Llanquileo, hermana de Ramón Llanquileo, quien reiteró que espera que la Corte Suprema de Santiago haga justicia en el “Caso Cañete”

Respecto a lo anterior, este viernes la Corte Suprema deberá entregar su resolución sobre la solicitud de anulación del juicio que condenó a los comuneros a penas de 20 y 25 años por el enfrentamiento con el fiscal Mario Elgueta.

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 Radio Bío-Bío

lunes, 23 de mayo de 2011

INDH y huelga mapuche: Estamos a la espera que se acoja la nulidad del juicio en Cañete

Lorena Fríes recalcó la falta de un debido proceso en contra de los cuatro comuneros mapuche.

Instó al Gobierno en realizar en forma urgente su anunciada modificación de la Ley Antiterrorista.

Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se mostró esperanzada en que la Justicia acoja el recurso de nulidad presentado a favor de los cuatro comuneros mapuche que ya cumplen 70 días de huelga de hambre.

"ImagenYo voy a Temuco a visitar a los comuneros, estamos a la espera de un fallo que acoja la nulidad del juicio en Cañete y esperamos que por esta vía se resuelva el caso y que prontamente se haga la reforma de manera que cualquier persona que esté sometida a una ley excepcional tenga derecho a un juicio justo", indicó a El Diario de Cooperativa.
Según Fríes, quien precisó que el fallo final se conocerá el 3 de junio próximo, "no ha habido debido proceso, porque se ha usado la Ley Antiterrorista para hacer la investigación y esta investigación termina amparándose en testigos protegidos que no tienen manera de ser confrontados por las defensas y por lo tanto terminan siendo base sustantiva para decisiones judiciales".

En vista de ello, espera que el Gobierno concrete su anunciada reforma a la Ley Antiterrorista, la cual debiera contemplar "cambiar la definición que tiene de terrorismo, tal como está, él que tira piedras en forma aislada es igual de terrorista que quien pone una bomba en forma concertada dentro de una organización para desestabilizar el país".

Lorena Fríes también se refirió a la propuesta hecha por Sebastián Piñera de crear una Subsecretaría de DD.HH., precisando que "antes del anuncio él que asumía, dentro del Gobierno, los temas que tienen que ver las demandas de la ONU o desde la OEA en materia de derechos humanos quedaban radicadas en Cancillería, con poca capacidad de coordinación del Gobierno".


Radio Cooperativa

sábado, 21 de mayo de 2011

Chile: Preocupante agravamiento de Mapuche en huelga de hambre


Dos de los cuatro líderes mapuches condenados por la justicia chilena se encuentran en estado crítico, dado el agravamiento de su salud por el ayuno que sostienen en demanda de un proceso justo.


Juan Carlos Reinao, médico de los comuneros sentenciados a penas de entre 20 y 25 años por un supuesto atentado a un fiscal, pidió el traslado de Ramón LLanquileo y José Huenuche a un hospital, informó este viernes Radio Universidad de Chile.

Según Reinao, Llanquileo presenta serios problemas cardíacos que exigen monitoreo médico, mientras que Huenuche muestra un decaimiento muy pronunciado, derivado de la alarmante pérdida de peso y de masa muscular tras 65 días de huelga.

El especialista insistió en el carácter inminente de la hospitalización de los indígenas y llamó la atención sobre el deterioro en extremo de la salud de los cuatro mapuches, quienes ya habían protagonizado un ayuno en cárcel en el segundo semestre del 2010, esa vez de más de 80 días.

Esta semana la vocera de los comuneros, Natividad Llanquileo, criticó la dilatada solución al pedido de anulación del llamado juicio de Cañete, comuna de la región del Bío Bío.

Llanquileo impugnó en particular la decisión de la Corte Suprema de postergar hasta el 3 de junio próximo su veredicto sobre el recurso de nulidad presentado por los abogados de Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical.

Es mucho tiempo porque está la huelga y ya en una etapa crítica, apuntó la portavoz de los mapuches, quienes retomaron el ayuno el pasado 15 de marzo en reclamo de un proceso justo y sin aplicación de la ley antiterrorista, aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Mientras se dilaten las resoluciones vamos a estar en la incertidumbre de lo que pueda pasar, aseveró.

El pasado mes de abril más de un centenar de personalidades políticas e intelectuales del mundo, incluidos los Premios Nobel de la Paz Rigoberta Menchú (1992) y Adolfo Pérez Esquivel (1980) solicitaron al Estado chileno la anulación del citado encausamiento.

En mensaje que también rubricaron el filósofo brasileño Emir Sader, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, el músico franco español Manu Chao y el sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein, entre otros, hicieron mención a la falta de garantías procesales que tuvieron Llanquileo, Huenuche, Huillical y Llaitul.

Criticaron que sea la criminalización la respuesta a las demandas indígenas de tierra, territorio y autonomía. Llamamos al Estado Chileno a garantizar el debido proceso de los detenidos, un juicio justo sin utilización de testigos secretos, la imparcialidad del tribunal que los procese, condiciones carcelarias dignas y fin al doble procesamiento, señalaron.

Los hermanos mapuche han debido soportar cárcel, malos tratos, abandono y sobre todo un juicio que no respetó sus derechos como ciudadanos y como integrantes de un pueblo originario, expuso en particular el argentino Pérez Esquivel en carta al presidente de la Corte chilena, Milton Juica.


lunes, 9 de mayo de 2011

Pastoral Mapuche llama a apoyar la búsqueda de justicia para luchadores mapuche

por Pastoral Mapuche (Chile)
sábado, 07 de mayo de 2011

Llamado a apoyar la búsqueda de la Justicia en la revisión por la Corte Suprema del caso de los cuatro mapuches condenados a 20 y 25 años de prisión.
La Pastoral Mapuche de Santiago convocó a una reunión y diálogo con  Natividad Llanquileo Pilquiman, estudiante de Leyes de último año y vocera de los mapuche condenados por el Ministerio Público en Juicio Oral   que permanecen en huelga de hambre, y han perdido  ya 18 kilos.  En esta reunión se presentó un video titulado "El Engaño" donde se narra en forma audiovisual los antecedentes que condujeron a  una condena penal de cuatro  personas de 20  a 25 años de cárcel.
 
Antecedentes históricos o los hechos que se ocultan 
Los antecedentes parten cuando el año 1875 el Estado Chileno, sin mediar provocación, corre la frontera con el territorio indígena que estaba fijada por tratados en el Río Paucaví.

En este "correr"  la frontera, lo que es una usurpación a todas luces, se apropió de territorios que estaban ocupados ancestralmente por  mapuches, y que, por supuesto, no tenían títulos de propiedad pasados por ninguna Notaría, ya que ese procedimiento es europeo, no nativo americano y el territorio era mapuche no conquistado.  Y si tenían algo, eran tratados de límites con el nuevo estado chileno, o con los gobiernos coloniales que representaban al Rey de España.  Ignorando estos tratados los mapuche fueron despojados de sus propiedades, dejándoles apenas un 4% de sus tierras. (1)(2)

La zona de Choque en  Lleu Lleu,  de donde proceden los inculpados, fue adquirida por Francisco Javier Ovalle y dio origen a la Hacienda Tranquete.   En el documento de venta, figuran los nombres de varios mapuches, que  aún siendo de la zona, lo que no es comprobado, no tenían derecho a vender lo que no era suyo por derecho  comunitario ancestral. Además la mayoría no sabía leer ni escribir y tampoco hablaban castellano.  Este procedimiento fue muy usado para hacerse de tierras, y aunque ustedes no lo crean, hay versiones modernas que son más o menos lo mismo.

 En 1883 Ovalle vende esta hacienda  a Jorge y Santiago Ebensperger,  dejando constancia que estaba habitada por mapuches y que ellos les correspondía echarlos.  Esta familia la tuvo en posesión hasta  el gobierno de Salvador Allende y   durante este período fue expropiada por la CORA .  Ésta, la familia, en conversaciones con los mapuches, que reclamaban su posesión, forestó con pino radiata
comprometiéndose a darles  participación a estas familias en las ganancias.  Se desconoce si esto quedó registrado en papeles o fueron solo palabras de buena crianza. Al llegar el gobierno militar todo volvió a fojas cero, la zona fue fuertemente militarizada y  la represión violenta, ya que por un rato el poder pasó a otras manos lo cual provocó una fuerte reacción  por parte de los hacendados. Las tierras fueron cambiando de manos pero los reclamos persisten, ya que los mapuches veían pasar en sus narices los camiones con la madera que se cosechaba y que ellos pensaban que les pertenecían.

La Familia Matte y su participación en los hechos
Estos fundos pasaron a manos de corporaciones transnacionales, quienes las reforestaron con especies foráneas que han roto el equilibrio hídrico de la tierra secando las norias y dejando sin agua a los pequeños propietarios. La  dueña actual de esas tierras es una formada por capitales japoneses y chilenos de la Forestal Mininco de propiedad  mayoritaria de los Matte.  Pero ya sabemos, las Corporaciones no tienen cabeza humana visible, solo accionistas mayoritarios que tienen ejecutivos contratados para hacerles la gestión, quienes dan cuenta a un directorio, es decir la responsabilidad moral humana  se diluye convenientemente, de modo de hacerse casi etérea e inalcanzable para los pequeños mortales.  Y los mapuches son familias pobres  que sobreviven en pequeños terrenitos, donde tratan de hacer su vida al modo ancestral, con su religión ancestral que les da un marco para ver el mundo, que es lo que les da sentido de pertenencia.  Y así como hay otros pobres chilenos que  al no haber heredado otra cosa que la no pertenencia a los ganadores, es decir la exclusión, lo que los hace una fácil conquista del adoctrinamiento de la sociedad de consumo como meta para sobrevivir, así éstos  se niegan a entregar la herramienta de lo que constituye parte de su ser y dignidad, que es su filiación a la tierra ancestral, a sus espíritus, a su modo de invocar, de celebrar en medio del bosque  en contacto con su tierra, con sus machis y sus rewes.  Y si les quitamos la poca tierra que les queda, los condenamos a ser pordioseros de las ciudades quitándoles su dignidad, que es lo único que les queda en su territorio anímico.

La Ley Antiterrorista que nos legó la Concertación ha permitido que los reclamos mapuches, sus tomas de tierras con piedras y palos, se transformen en delitos terroristas y no en delitos contra los vecinos y que afectan la ley y el orden y no amenazan el Estado de Derecho ni a la sociedad completa.  Los han querido vincular a la ETA, a las Farc y Al-Qaeda,  para legitimar la represión.  Y han sido condenados en base a presunciones, por los medios de comunicación, con testigos encapuchados, por personas que no son neutras en esta pelea.  
 
Por las condenas actuales, que están fuera de cualquier proporción, la Corte Suprema tiene que decidir, este próximo Jueves, si  las ratifica  o llama a un nuevo juicio, esta vez conforme a derecho  con debido proceso y respetando los tratados firmados por Chile respecto a los pueblos nativos y sus derechos.
Los chilenos no nos podemos hacer los lesos, ya que debemos presionar para que nuestro Poder Judicial funcione y esto no se convierta en un festival de dar condenas y de configurar conspiraciones de las cuales solo hay pruebas circunstanciales y  presunciones.  Ya hemos visto los chascos con un paquistaní que pasó por Santiago, con un escritor vasco que residía en Temuco y que era anarquista, según decían y por lo tanto peligroso aunque no hubiera hecho nada, y ahora con unos tipos que el Fiscal Armendáriz pasó dos años tratando de buscar pruebas para encanarlos y no encontró nada que no fuera circunstancial.  Pero llegó otro fiscal más "alentado" y con las mismas pruebas construyó un caso, que en este momento también está en discusión.

Así en este caso vemos que no hubo ningún muerto, ni siquiera herido de gravedad ya que ningún centro asistencial de la zona registra su pasada,  que no se pudo acreditar que los inculpados, que son solamente  cuatro, hubieran estado  en el evento del asalto de la Caravana del fiscal Elgueta,  que se aceptaron como testigos a encapuchados, es decir a nadie, lo que hace que las penas aplicadas sean excesivas, a menos que se trate de un amedrentamiento para  que el colectivo mapuche deje de molestar con sus reclamos.  Lo que  no es válido desde el punto de vista de la aplicación de la Justicia.
Natividad  Llanquileo pide solamente que las personas de buena voluntad y que creen todavía en la justicia y en el debido proceso, la acompañen el Jueves  12 de Mayo en la mañana entre 8 y 9 en la puerta de la Corte Suprema, y a una marcha  pacífica a las 19:00 horas, en Alameda con Ahumada.
 
LOS  HECHOS
Condenan a 25 años de cárcel a Comuneros de la Coordinadora  Mapuche Arauco-Malleco
Hector Llaitul Carillanca:  25 años de cárcel (10 por robo frustrado y 15 por homicidio frustrado del Fiscal  Mario Elgueta y PDI)
Ramón Llanquileo Pilquiman: 20 años de cárcel
José Huenuche Raiman:  20 años de cárcel
Jonathan Huillican Méndez:  20 años de cárcel
Los otros 17 implicados son dejados en libertad.

El presidente del Tribunal de Garantía de Malleco dijo que si bien hay convicción de que los hechos descritos por el Ministerio Público revisten carácter terrorista no se pudo acreditar que las personas imputadas tengan relación con lo sucedido.
 
El abogado defensor de Héctor Llaitul, Pablo Ortega, lamentó que los jueces no hayan dado a conocer las razones por las cuáles se les condenó a los imputados.
 
Del mismo modo, destacó la constante negación a las peticiones de la defensa por parte del tribunal. Ahora deberán esperar las notificaciones por correo electrónico, sin saber si llegarán efectivamente, "lo que trasunta en una nueva limitación del derecho a la defensa".

Ortega calificó este escenario de limitación al debido proceso de "muy grave", por lo que intentarán impugnar ante la Corte Suprema la resolución. Recalcando que en términos jurídicos, debe primar el derecho y no los prejuicios.

Por su parte el abogado defensor Adolfo Montiel, señaló que tenía esperanzas de que la pena no fuera tan alta, y ahora espera que la Corte Suprema revierta esta situación. Sobre todo por el delito contra el fiscal, en que -según el profesional- no se logró acreditar quienes participaron en esos hechos y todas las imputaciones se basaron en testigos protegidos.

En caso de anularse el juicio, advierte el profesional, se conocería solo los dos delitos por los que fueron condenados: robo con intimidación y homicidio frustrado contra el señor Elgueta.
ORGANIZACIONES SE MANIFIESTAN
 
El Observatorio Ciudadano, manifestó también su preocupación por las penas a las que fueron condenados los comuneros, las que califica de "desproporcionadas y excesivas", considerando que ninguno de los delitos significó la pérdida de vidas humanas, calificando la decisión de la justicia como "de falta de imparcialidad".

Agregan en su declaración pública que lo anterior "contrasta con la impunidad en que han quedado delitos similares y más graves, como el homicidio cometido en contra de personas mapuche por agentes policiales del estado, que se han verificado en el marco de los conflictos por tierras en el sur del país".

En tanto, 20 organizaciones de Colombia, Francia, Suiza y Estados Unidos, rechazan la política chilena de criminalizar las reivindicaciones de los pueblos originarios, y en tres puntos manifiestan su inquietud frente a la manera en la que este proceso fue llevado con "ley antiterrorista", y que a solo dos días de cierre del juicio el gobierno haya pedido recalificar sin esta ley, cosa que no tuvo ningún efecto, los expertos internacionales no dejarán de subrayarlo, manifiestan.

Mientras que la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) manifiesta su preocupación por la seguridad, por la integridad personal y por la situación jurídica de los prisioneros mapuche  condenados, quienes al ser líderes de la CAM la OMCT teme que su condena pueda enmarcarse dentro de una persecución política.

Cabe destacar además el hecho que el juicio estuvo marcado por una serie de irregularidades, a lo largo del proceso y que aunque el Gobierno aceptó retirar las acusaciones bajo la Ley Antiterrorista, lo hizo tardíamente.
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=6525

jueves, 14 de abril de 2011

El Juicio Político en Cañete, sus Condenas y las Violaciones al debido proceso

Minuta de la situación de los juicios antiterrorista contra comuneros y dirigentes mapuche en Chile /
El 22 de marzo de 2011, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dio a conocer el fallo del juicio llevado a cabo contra diecisiete comuneros y dirigentes mapuche pertenecientes a las organización conocida como CAM (por Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Mallco). En éste, el Ministerio Público acusó a los imputados de participar en los delitos de robo con fuerza, homicidio frustrado a fiscal del Ministerio Público (de carácter terrorista), atentado a la autoridad, y varios incendios de carácter terrorista…
El Juicio Político en Cañete, sus Condenas y las Violaciones al debido proceso

Caso Ministerio Público contra Héctor Llaitul y otros

Minuta de la situación de los juicios antiterrorista contra comuneros y dirigentes mapuche en Chile


Por Matías Meza-Lopehandía


I. Introducción

El 22 de marzo de 2011, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dio a conocer el fallo del juicio llevado a cabo contra diecisiete comuneros y dirigentes mapuche pertenecientes a las organización conocida como CAM (por Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Mallco). En éste, el Ministerio Público acusó a los imputados de participar en los delitos de robo con fuerza, homicidio frustrado a fiscal del Ministerio Público (de carácter terrorista), atentado a la autoridad, y varios incendios de carácter terrorista.

El caso llamó la atención de la comunidad nacional e internacional tras la huelga de hambre protagonizada por una treintena de comuneros mapuche acusados por diversos delitos terroristas. Ésta culminó con el compromiso del gobierno de retirar las querellas por ley antiterrorista y de modificar la legislación sobre la materia.


Tras el juicio que duró varias semanas, fueron absueltos trece de los imputados, siendo condenados cuatro de ellos. Héctor Llaitul, líder de la CAM, fue condenado a 10 años y 1 día de cárcel por robo con intimidación y a 15 años por homicidio frustrado contra fiscal del Ministerio Público (25 años de presidio en total). Ramón Esteban Llanquileo Pilquiman, José Santiago Huenuche Reiman y Jonathan Sady Huillical fueron condenados a 15 años de presidio por este último delito.


Uno de los puntos críticos de este juicio es que tanto la investigación como la preparación y el juicio propiamente tal, se llevaron a cabo con las reglas excepcionales contempladas en la ley antiterrorista. Esto, por cuanto basta que el Ministerio Público formalice la investigación bajo dicha normativa, para que se apliquen sus reglas, las cuales restringen drásticamente las posibilidades de la defensa de los imputados. Sin embargo, el tribunal había rechazado en la sentencia la calificación de terrorista de los hechos, pero al mismo tiempo afirmó la autoría de los acusados en los hechos con base en el testimonio de un testigo sin rostro, figura admitida únicamente para delitos terroristas.



II. Violaciones al debido proceso
 

1. La investigación: ésta fue llevada a cabo principalmente por las víctimas de los hechos denunciados (ataque a la comitiva del fiscal), lo cual constituye una violación al derecho a una investigación racional y justa, consagrada en la Constitución chilena


2. Irregularidades en materia probatoria: La sentencia en cuestión dio por probada la participación de los acusados en base a tres pruebas: el testimonio de un testigo sin rostro (testigo N° 26); el testimonio de oídas de un policía que afirma haber tomado declaración a uno de los imputados, el que a su vez señala haber sido torturado; y unas escuchas telefónicas.


a) Testimonio del Testigo N° 26 (sin rostro)

Este testimonio es la prueba central presentada por el MP y es el fundamento principal desde donde se construyó la autoría de los acusados. Como señalamos arriba, la figura del testigo sin rostro sólo es admitida en la legislación antiterrorista. Esta se aplica con la sola invocación del Ministerio Público, sin que haya control judicial de la calificación de los hechos, sino hasta la sentencia. Esto propicia el uso abusivo por parte del MP de las poderosas herramientas de investigación que les otorga esta normativa en desmedro de las garantías procesales de los imputados. En el caso en cuestión, el testimonio del Testigo N° 26 tiene varios aspectos que cabe destacar:


• El testimonio entrega detalles que hacen evidente que quien lo entrega habría participado en los hechos punibles sobre los que depone. Sin embargo, no está imputado en la causa, pese a que no existe norma que permita al MP otorgar cesar la acción penal a cambio de colaboración en la investigación. De esta manera, el MP transformó el estatus procesal de una persona, pasándola de imputado a testigo, con el consiguiente impacto en el valor de sus dichos vertidos en juicio;

• El testimonio fue entregado por un testigo cuya identidad no fue conocida por la defensa, ni esta pudo hacer preguntas para establecerla;

• El testimonio fue entregado a través de circuito cerrado de televisión, por lo que no hubo inmediatez;

• El testimonio sin rostro fue tomado como la pieza principal de prueba de autoría de un delito común, sin embargo, la legislación sólo los autoriza como medida de protección ante delitos relacionados con actos terroristas. Cabe recordar que el tribunal calificó los hechos imputados como delitos comunes. O sea, excluyó el carácter terrorista invocado por el MP. La fundamentación que el tribunal otorga para aceptar este testimonio, es totalmente insuficiente. No explicó de qué manera justifica la restricción de derechos de los acusados, pese a que él mismo reconoció que los testigos sin rostro se justificaban por “la especial trascendencia y peligrosidad que dichos ilícitos [terrorismo y de narcotráfico] han ido adquiriendo con el correr del tiempo.” (considerando 67°). Al respecto se limita a señalar que dicho testimonio es utilizado sólo como “punto de partida” y que la Ley antiterrorista autoriza su utilización. Como se señaló, el propio tribunal destaca que no comparte dicha calificación para los hechos del caso, pero que ello “obedece a un planteamiento doctrinal diverso sobre un mismo punto, como se explicará más adelante, no observando estos Jueces que de parte del Ministerio Público, hubiese existido un ejercicio abusivo o desmedido, al conducir la acción penal en dicho sentido” (considerando 68°).


b) Testimonio de oídas del Prefecto de la Policía acerca de la declaración extrajudicial del imputado Johnattan Huillical

El MP presentó como prueba de la autoría de los acusados el testimonio de oídas prestado por un Prefecto de la Policía. Según éste, el policía habría tomado declaración al imputado Jonathan Huillical a petición de éste, sin presencia de su abogado defensor y sin presencia del Fiscal, pero con su autorización. El imputado se negó a ratificar dicha declaración ante el tribunal, señalando que fue obtenida bajo torturas (“telefonazo”, esto es, golpes reiterados en el oído). El tribunal desestimó este hecho, pese a que se presentó certificación médica de lesión en el oído derecho, pues señaló que de ser cierto, la defensa lo habría alegado antes en el proceso. Cabe recordar que la investigación fue desarrollada, al menos parcialmente, por las víctimas de los hechos investigados.


Cabe señalar, que la fiscalía presentó dos testigos de oídas adicionales para probar la participación de los imputados en los incendios investigados. Se trataba de testimonios de policías que decían haber tomado declaración a dos testigos protegidos. Éstos se habían negado a deponer ante el tribunal, alegando haber sido torturados para obtener dicho testimonio. El MP no utilizó su facultad legal de hacerlos comparecer compulsivamente. La asimetría entre uno y otro caso es evidente, pues en este caso el Tribunal ponderó negativamente el testimonio de oídas de los policías.


c) Escuchas telefónicas
 

El tercer elemento probatorio fueron unas escuchas telefónicas de teléfonos legalmente intervenidos a los imputados. Éstas habrían sido producidas con fallas técnicas, pero lo más relevante es que se trata de prueba circunstancial, incapaz de imputar autoría por sí misma. Así por ejemplo, se utiliza una llamada donde se escucha “la voz del mencionado Llaitul, informando al segundo sobre la existencia de un enfrentamiento en el sector de Choque, que se estarían metiendo Carabineros a las comunidades, exigiéndole más adelante que se comunique con un tal Pacheco para dar a conocer dicha información a través de los medios de comunicación” (considerando 54°).


Finalmente, cabe señalar dos cosas. La primera es la desproporción de las penas. Héctor Llaitul fue condenado a 10 años de cárcel por un robo con intimidación de 4 celulares, 1 alicate, 2 escopetas y 1 martillo; a esto hay que agregar los 15 años que se le impusieron por homicidio frustrado a autoridad del Ministerio Público. La segunda cuestión es que existe un voto disidente extensamente fundado. Esto significa que de tres jueces, dos estuvieron por condenar y uno por absolver. Cabe señalar que el sistema normativo chileno consagra el principio de inocencia y establece que la condena debe imponerse sólo cuando la culpabilidad se pruebe más allá de toda duda razonable. El voto disidente pareciera confirmar que existe, a lo menos, una duda razonable, que debió conducir al tribunal a absolver.



III. Situación procesal actual
 

Actualmente, está vigente el plazo para interponer el recurso de nulidad. Éste contempla como causal para recurrir la violación de las normas de derechos fundamentales consagradas en tratados internacionales ratificados por Chile. El tribunal competente es la Corte Suprema.

Mapuexpress

lunes, 11 de abril de 2011

Familiares de mapuches solicitan a la Corte Suprema que anule juicio oral

El juicio de Cañete terminó con sentencias condenatorias de 20 años en prisión para Ramón Llanquileo Pilquiman, José Huenuche Reiman, Jonathan Huillical Méndez y 25 para Héctor Llaitul Carrillanca. Las irregularidades denunciadas tanto por los abogados defensores como por los familiares fueron corroboradas por varios observadores internacionales.

POR AZKINTUWE - TEMUKO, WALLMAPU - 11 / 04 / 11

Familiares de los comuneros mapuche que fueron condenados en el juicio de Cañete manifestaron, a través de una carta dirigida al presidente de la Corte Suprema Milton Juica, su preocupación por las irregularidades presentadas en el procesamiento y exigieron la nulidad del juicio.

La misiva indica que la utilización de testigos protegidos y la aplicación de la Ley Antiterrorista implican violaciones al derecho al debido proceso, consagrado en la Constitución. Los familiares pidieron además que se anule la sentencia emitida en Cañete y que se dé curso a un nuevo juicio en una corte “independiente, competente e imparcial”.

Además adujeron problemas jurídicos en el fallo, ya que los magistrados se habrían basado en la declaración de un funcionario de la policía que se presentó como “testigo protegido”, quien señaló que uno de los comuneros había confesado los hechos imputados. Sin embargo, posteriormente informes médicos confirmaron que existían marcas de tortura, lo que habría derivado en el testimonio.

El juicio de Cañete terminó con sentencias condenatorias de 20 años en prisión para Ramón Llanquileo Pilquiman, José Huenuche Reiman, Jonathan Huillical Méndez y 25 para Héctor Llaitul Carrillanca. Las irregularidades denunciadas tanto por los abogados defensores como por los familiares fueron corroboradas por varios observadores internacionales, quienes, además adhirieron su firma a esta carta.

Texto de la misiva

Sr. Milton Juica
Presidente de la Corte Suprema de Chile
Presente

Los familiares de los presos políticos mapuche enjuiciados recientemente, en la ciudad de Cañete, región del Bío Bío, queremos hacer llegar a Ud. nuestra profunda preocupación por la situación de vulneración sufrida durante todo el desarrollo del proceso judicial y que concluyó, finalmente, con una sentencia condenatoria, razón por la cual nuestros familiares mantienen una huelga de hambre líquida, desde el día 15 de marzo.

Como Ud. sabrá ellos formaron parte del grupo de 34 mapuches que estuvieron más de 80 días en huelga de hambre para pedir, entre otras cosas, que no se les aplicara la ley antiterrorista (18.314), es decir, tener la posibilidad de un juicio justo. Sin embargo, pese al acuerdo con el gobierno, entre los meses de noviembre y febrero se desarrolló un juicio oral en contra de 17 comuneros mapuche, a quienes se les aplicó dicha normativa por parte del Ministerio Público y los querellantes particulares: empresas forestales y representantes del gobierno, éstos últimos a través de su adhesión a todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, incluyendo a los testigos secretos que la ley antiterrorista faculta.

En la sentencia condenatoria conocida el día 22 de marzo, los miembros del Tribunal Oral en lo Penal, los Sres. Carlos Muñoz y Jorge Díaz, expresaron haber formado su convicción de la supuesta participación en los hechos investigados y juzgados principalmente a través del testimonio de un testigo secreto (denominado “testigo Nº26”). Sin embargo, en la sentencia se rechazó la calificación de terrorista de los hechos, lo cual resulta una evidente contradicción.

Una situación alarmante es que los Sres. Jueces consideraron en su sentencia el “testimonio de oídas” de un policía de investigaciones quien habría escuchado la declaración “voluntaria” de uno de nuestros familiares (igualmente imputado y condenado), quien supuestamente se habría auto inculpado e incriminado a otros comuneros mapuche. Al respecto, queremos insistir que este hecho fue denunciado ante la justicia y la opinión pública, pues dicha declaración fue obtenida bajo tortura constando con la certificación médica de las lesiones producidas. Sin embargo, en un hecho sin precedentes, la Fiscalía de Temuco decidió no perseverar la querella, archivando la causa, y no investigando los graves hechos de tortura denunciados por el comunero mapuche.

Por otra parte, la aberración jurídica más grande la constituyó el hecho del doble juzgamiento al que fueron sometidos nuestros familiares, quienes por el mismo hecho fueron procesados por la justicia civil y militar al mismo tiempo. A pesar de que el Juzgado Militar de Valdivia, el 16 de diciembre de 2010, resolvió absolver a nuestros familiares por no encontrar acreditados los hechos investigados. Actualmente la causa se encuentra radicada en la Corte de Apelaciones de Concepción, sin que se tenga conocimiento de cuál será su siguiente tramitación. Nos produce consternación la situación de que si el fallo absolutorio no fuera ratificado y tuviera un retroceso, es decir, volviera a procesar a cada uno de nuestros familiares se generaría de este modo, nuevamente, un doble juzgamiento, ya que este mismo hecho fue visto, juzgado y absuelto por la Justicia Militar, y ahora juzgado y condenado por en el Tribunal de Cañete.

Ud. tendrá conocimiento que el Estado chileno ha recibido un informe por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre del 2010, en el cual se constata la violación de los derechos humanos de los dirigentes y miembros del pueblo mapuche que han sido juzgados y condenados mediante la Ley 18.314, particularmente por el uso de testigos “sin rostro” (Informe CIDH 176/10). Hoy el Estado arriesga una condena internacional por parte de un Tribunal Internacional como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual no puede ser sino motivo de preocupación para esta Excelentísima Corte.

Nuestros familiares, todos ellos luchadores sociales de nuestro pueblo, Ramón Llanquileo Pilquiman, José Huenuche Reiman, Jonathan Huillical Méndez fueron condenados a 20 años de prisión y Héctor Llaitul Carrillanca a 25 años. Estamos convencidos de que fueron vulnerados derechos garantizados por la constitución, estos son: un debido proceso y un juicio justo. Por lo tanto, demandamos la nulidad del juicio y la realización de un nuevo juicio con un tribunal independiente, competente e imparcial y sin la aplicación de la Ley 18.314 o Ley Antiterrorista. Además, exigimos la ratificación inmediata de la sentencia absolutoria que dictó el Tribunal Militar de Valdivia. Queremos presentar además a Ud. algunas de las personas y organizaciones que nos acompañan en esta petición de justicia y se solidarizan con nuestro justo reclamo.

Atentamente,

Familiares de los Presos Políticos Mapuche condenados en Cañete.


PARA ADHERIR Y SOLIDARIZAR INGRESE AQUÍ:

OTRAS NOTICIAS

viernes, 25 de marzo de 2011

Terrorismo Jurídico



Periodística
Escrito por Troika   
Jueves, 24 de Marzo de 2011 23:04
altEl ex candidato presidencial, Jorge Arrate, flanqueado por dirigentes de su nuevo referente ciudadano, la Nueva Fuerza de Izquierda, rechazó las condenas a cuatro comuneros mapuches impuestas por el tribunal oral de Cañete. El diputado Sergio Aguiló, por su parte, solicitó una entrevista con el Presidente de la Corte Suprema y aseguró poseer antecedentes de graves irregularidades en el proceso.

El ex candidato presidencial del pacto Juntos Podemos, Jorge Arrate, junto al diputado Sergio Aguiló y otros dirigentes políticos, sociales y ambientalistas reunidos en torno al movimiento denominado Nueva Fuerza de Izquierda, manifestaron su rotundo rechazo a la condena impuesta por el tribunal oral de Cañete, el martes 22 de marzo, a los líderes de la Coordinadora Arauco-Malleco, por un supuesto ataque al fiscal Mario Elgueta, además de un cargo de robo con intimidación al agricultor José Santos.

altEn el fallo, el comunero Héctor Llaitul, sindicado como alguien de cargo superior en la coordinadora, fue condenado a 25 años y dos días de cárcel, pena efectiva, mientras que Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Hullical, recibieron 20 años y dos días por los mismos cargos. Los condenados fueron trasladados desde el penal de El Manzano hasta la cárcel de Angol, donde cumplirían con sus penas en instalaciones apartadas del resto de la población penal.

La defensa de los comuneros ha decidido recurrir de nulidad al fallo, argumentando que no se cumplieron las garantías de debido proceso.

Los dirigentes de la Nueva Fuerza de Izquierda, por su parte, rechazaron enérgicamente el fallo, catalogándolo de “terrorismo jurídico”. El ex ministro Jorge Arrate, presente en sesiones del juicio oral que evacuó las sentencias, indicó que el proceso careció de las condiciones mínimas: “Queremos decir que esta sentencia es un acto jurídico aberrante, el corolario de un proceso absolutamente irregular que solo busca disciplinar al pueblo mapuche, a sus líderes y a quienes apoyamos la existencia en Chile de un estado multinacional y pluricultural, a través de condenas que son las máximas aplicables a quienes estaban implicados en este juicio”.

El ex candidato profundizó sus dichos, indicando que el proceso tiene vicios de base: “Todo el juicio se ha llevado a cabo conforme a los preceptos de la Ley Antiterrorista. Y si bien las penas corresponden a un proceso penal común (ya que de aplicarse las penas contempladas en la legislación antes mencionada, Llaitul podría haber recibido 103 años de presidio), todo el proceso nos parece viciado. La principal irregularidad detectada, que yo mismo vi tras asistir a dos sesiones del juicio, es la presencia de los llamados testigos protegidos”.

Los testigos antes mencionados declaran ante el tribunal dentro de las prerrogativas que establece la Ley Antiterrorista, es decir, por video conferencia, a rostro cubierto y provistos de efectos sónicos que distorsionan la voz a fin de hacerla irreconocible. Esto bloquea casi absolutamente el trabajo de la defensa, que no puede objetar al testigo ni interrogarlo adecuadamente al no conocer su identidad ni qué relación pudiera tener con los hechos. Arrate agrega: “El fallo, además, fue decidido por el testimonio de un testigo protegido, y por lo tanto se sostiene en la Ley antiterrorista”.


Expresión de Solidaridad.

altJorge Arrate exigió, a título de la colectividad que representa, que todos los partidos políticos -particularmente los de la Concertación- y organizaciones sociales adopten una actitud de condena frente a estos hechos, recordando que el carabinero que asesinó a Matías Catrileo fue condenado a tres años, con pena remitida. Además expresó la más absoluta solidaridad con los dirigentes mapuches: “Participaremos en todas las manifestaciones pacíficas que se realicen para repudiar este hecho, teniendo claro que esta legislación es usada con el único objetivo de aterrorizar a los indígenas y a la población en general. Debemos recordar que en el caso de los jóvenes okupas procesados desde agosto por el caso “Bombas”, que nadie sabe en qué terminará, y con respecto al mismo juicio en Cañete, hace dos meses atrás, once comuneros mapuches fueron puestos en libertad por falta de pruebas tras haber estado más de un año en prisión preventiva, ya que ésta es la única medida cautelar que la Ley Antiterrorista admite”.

La mesa de la Nueva Fuerza de Izquierda, además, buscará otras instancias de apelación: “El diputado Sergio Aguiló ha solicitado una entrevista con el presidente de la Corte Suprema (Milton Juica) a fin de exponerle nuestros puntos de vista con respecto a esta materia, y además hemos recibido información, por parte de la defensa de los comuneros, que si el recurso de nulidad que piensan presentar no prospera, recurrirán a la Corte Suprema, y, de ser necesario, a tribunales internacionales, a pesar de que Chile mantiene una larga tradición de no respetar los fallos de estos últimos, pero vamos a perseverar en apoyar a todo aquél que recurra a instancias internacionales cuando la justicia chilena actúe con ánimo de atemorizar a la población”.


alt

Para cerrar, Arrate informó que una delegación de la colectividad, liderada por Moisés Sherman, dirigente social de Ñuñoa, viajará en los próximos días a Angol para entregar personalmente a los condenados el compromiso de solidaridad expresado por la Nueva Fuerza de Izquierda. Sherman, junto a otros dirigentes de la novena región, han seguido de cerca el proceso a los comuneros, expresando en reiteradas ocasiones que, en el momento en el que se dejó de aplicar la Ley Antiterrorista, tras el acuerdo que puso fin a la huelga de hambre de 2010, el juicio debió anularse, iniciándose un nuevo proceso basado en la penalidad común.

Aguiló espera la entrevista y apunta a fiscales.

El diputado Sergio Aguiló, por su parte, indicó que la entrevista con el Presidente de la Corte Suprema ha sido solicitada para el próximo lunes 28 de marzo. En el encuentro -de concretarse- el parlamentario entregará antecedentes que dice poseer a propósito de una colusión entre algunos fiscales de la zona con empresas madereras que han usurpado tierras a los mapuches en el pasado.

Del mismo modo, concluyó criticando al poder judicial por el no cumplimiento de uno de sus roles primarios: “La función principal de la justicia es entregar paz social, y juicios tan aberrantes e irregulares como éste generan y generarán expresiones de solidaridad que no contribuyen a este objetivo. Vigilias, protestas, tomas de iglesias (como la ya movilizada en la catedral de Cañete), apuntan al efecto beligerante que estos procesos y estos fallos tienen sobre la sociedad”.



El Juicio de los comuneros mapuche está viciado y es incompatible con la verdad y la democracia LAS RAZONES DE LA HUELGA DE HAMBRE DE LOS CONDENADOS MAPUCHE

25 de marzo 2011
La declaración de los cuatro presos políticos mapuche condenados discute en detalle las razones claves de por que el juicio al que fueron sometidos no es legítimo y ni siquiera legal. Agreguemos a esto que la tortura viola los convenios claves de los pueblos -hechos que sí sucedieron como lo describen y también en también otros individuos que testimoniaron en ese juicio. Pese a la gravedad de esto el Fiscal Andrés Cruz se permitió en este juicio, como lo ha hecho frecuentemente, intimidar a un abogado que demostrara esto (en otros dos casos) y lanzarle una querella "por inducir a dos testigos a cambiar sus declaraciones". Lo que esto demuestra es el "intimo convencimiento" que la Fiscalía tiene de los métodos inmorales como es la tortura. Más aún lo es el uso indiscriminado para basar sus decisiones , y luego, corroborado por los jueces mismos, de las ventajas ilegales que les da la Ley Anti-Terrorista.

Fiscales y jueces se han acostumbrado a tratar a quienes disputen la visión oficial de la legalidad, la legitimidad y de los derechos fundamentales de nuestros pueblos con acciones y medidas absolutamente anti-democráticas. Muestran su incapacidad de aceptar los principios del Debido Derecho para que se haga Justicia. Y en este caso al pueblo Mapuche se lo desprecia y se le excluye de la posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales.

Estas son las razones de por que los ilegítimamente condenados, así como observadores internacionales, han llamado a los que deberían asegurar que justicia fuese hecha, como típicos prevaricadores.
La declaración adjunta es firmada por los cuatro condenados y pienso que es muy importante que sea conocida. La realidad chilena es que la información en Chile no es ni un derecho del pueblo o periodistas ni tampoco a ser informados, en lo que se refiere a todos los habitantes de este país. Quienes pueden, les ruego la traduzcan y hagan llegar a parlamentarios, gobiernos y grupos de derechos humanos para que exijan que se anule el juicio que los lleva a condenas en las que nunca pudieron demostrar ni la menor evidencia de participación de los acusados.
Agradeceré la inclusión de esta declaración en sus propios medios para apoyar el análisis que se pueda hacer ante este hecho mayor que opaca la vida democrática de Chile y el deseo de Justicia del país todo.

José Venturelli, Pediatra, Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura CECT-SE
Desde Buin, Chile


LAS RAZONES DE LA HUELGA DE HAMBRE

Los Presos Políticos Mapuche (PPM) recluidos en la cárcel de Lebu a siete días de haber iniciado una huelga de hambre liquida, un hecho que para nosotros, nuestra familia y el pueblo mapuche no es algo menor. Consideramos entonces las razones a esta drástica determinación que viene a tomar el carácter de denuncia y exige un trato justo ante instancias judiciales, respetando los derechos fundamentales que garantizan un debido proceso. Así en la medida que conocen los detalles y pormenores del proceso judicial se desprende el carácter político jurídico que este adquirió desde el primer momento, en este escenario participan diversos actores que tienen mucha relevancia al momento de asumir responsabilidades y dependiendo de la dirección que este tome influirá en las variaciones que pueda tomar esta huelga de hambre.
Aquí las razones de esta movilización:

1.- LOS TESTIGOS SECRETOS, INSTRUMENTO DE LA LEY ANTI-TERRORISTA

La Ley Anti-terrorista o ley 18.314 fue usada durante todo el proceso judicial por parte del Ministerio Público, los querellantes y con la complicidad del gobierno. Esto ha quedado en evidencia y de forma explícita en las audiencias del Juicio Oral en donde el Tribunal de Cañete validó el uso de la figura del testigo secreto contemplada en dicha ley, e incluso este tribunal adicionó más seguridad a este secretismo; permitiendo que declararan en una sala contigua y a través de circuito cerrado de Televisión lo que imposibilitó que nuestra defensas tuvieran la posibilidad de contrainterrogar de forma directa y se diera el principio de inmediatez que debe regir en todo juicio oral y en un sistema judicial garantista.

Pues es así como ingresaron una a una las declaraciones de los testigos secretos y producto de ello dos de tres jueces que condenaron; los señores Carlos Muñoz y Jorge Díaz se formaron la convicción de nuestra supuesta participación en los hechos investigados y juzgados.

Esto ha quedado mucho más claro con la lectura del Veredicto Condenatorio en donde los argumentos principales de nuestra condena está basada en las declaraciones de dos testigos secretos, número 26 y número 8.

En concreto, si bien en la sentencia no se aplicó la Ley Anti-terrorista, para la tipificación de los delitos si se consideraron las declaraciones de los testigos secretos, figura que solo la cuestionada Ley Anti-terrorista permite como medio de prueba.

Misma situación en la que ya ha sido condenado el Estado chileno por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el uso de la Ley Anti-terrorista y los testigos secretos en causas mapuche.

Es más, el Gobierno de Chile, en un acuerdo firmado, se comprometió a no utilizar la Ley Anti-terrorista, pero lo que pasó en el juicio fue algo totalmente diferente ya que el abogado en representación del Gobierno chileno en todo momento se allanó a la utilización de los testigos secretos que como ya dijimos, únicamente los permiten la Ley- Anti-terrorista. En resumen; El Gobierno chileno sigue aplicando la Ley Anti-terrorista en causas mapuche.

2.- Un hecho público y notorio que se dio tanto en los casi dos años de investigación, como en el ejercicio del juicio la violación de garantías constitucionales que a continuación pasamos a detallar:

a) Dos de los tres jueces del Tribunal Oral de Cañete acogieron como prueba condenatoria el testimonio de oídas de un alto oficial de la PDI: Don Alfredo Espinoza, quién en su declaración ante el Tribunal dijo haber escuchado una declaración de un comunero imputado, en la cual, según el oficial, el comunero se auto-inculpaba e inculpaba a otros comuneros. Pues bien en el contra-interrogatorio hecho por la defensa no solo quedo claro que parte de lo que el oficial reprodujo en el Tribunal, en realidad no estaba en las declaraciones que él había escuchado, específicamente la parte donde el comunero se auto-inculpaba e inculpaba a otros comuneros, además el propio Sr. Espinoza al responder las preguntas de la defensa deja de manifiesto que durante todo el proceso de detención y posterior al interrogatorio al comunero co-imputado se habían violado garantías constitucionales fundamentales. Si bien el oficial no reconoció las acusaciones de tortura que se le atribuían a él y a su equipo de detectives compuesto además, por el Sr. José Luis Gallegos, Sergio Ogueda y José López Leiva, los dos últimos supuestas víctimas del hecho investigado, acusaciones puesta por el comunero y su defensa, si reconoció que:

- Las dos declaraciones atribuidas al comunero se habían firmado luego de 17 y 20 horas de detención respectivamente.
- No existía registro de que él y los oficiales, que aparecen tomando la declaración, hayan leído sus derechos al comunero co-imputado.
- Que esas declaraciones se tomaron sin un abogado defensor como exige la ley.
- Que en la declaración policial estaban presentes el Sr. López y el Sr. Ogueda, quienes por ser víctimas del hecho en cuestión deberían estar inhabilitado para realizar diligencias de la investigación.

Cabe mencionar que éste comunero denunció estos hechos e incluso su familia, interpuso una querella por apremios ilegítimos en la ciudad de Temuco, en contra de la PDI. Dicha querella debería hacerse extensiva a la PDI de Concepción, específicamente, a los oficiales mencionados anteriormente, pero en un hecho sin precedentes la Fiscalía de Temuco decidió no perseverar la querella, archivando la causa, y no investigando los graves hechos de Tortura denunciados por el comunero mapuche.

b) Otra situación que tiene el carácter de violaciones de garantías constitucionales, es que durante las audiencias del juicio, específicamente cuando declaró el testigo Nº 26 y al momento del contra-interrogatorio practicado por la defensa, quedó en evidencia que al momento de prestar su primera declaración estaba detenido y que en esa declaración, el testigo aparece reconociendo y confesando ser "él quién disparó" en contra de la caravana que la noche del 16 de octubre transitaba por Puerto Choque. Lo insólito es que a pesar de reconocer su autoría en los hechos, la Fiscalía lo presentado como testigo secreto. A esto también hay que agregar que este testigo secreto fue utilizado en la causa llevada en nuestra contra por la segunda Fiscalía Militar de Concepción, quienes en su sentencia argumentaron que dicho testigo no aportaba información suficiente ni contundente para dictar una sentencia condenatoria, aún así en el Tribunal Oral de Cañete el testimonio de este testigo fue la prueba principal pasa fundamentar nuestra condena.

c) Punto aparte merece también la falta de objetividad de la investigación y que queda de manifiesto con la declaración de varios de los oficiales de la PDI de Concepción, quienes desfilaron en el estrado, exponiendo el rol que a cada uno le había tocado realizar en la investigación y los cuales al preguntarles quién dirigía sus diligencias, no dudaron en contestar que: "el que ordenaba y monitoreaba estas diligencias era el jefe de la BIPE de Concepción Don José Luis López Leiva y don Sergio Agueda". Estos dos oficiales mencionados, otrora victimas del hecho en cuestión y quienes en su declaración en el Tribunal dijeron que luego de ocurrido el hecho ellos se habían marginado de la investigación y que no habían realizado ninguna diligencia atribuible a la investigación, lo que se contrapone totalmente con la versión entregada por la mayoría de sus subalternos. Es más las propias normas internas de la PDI inhabilitaban a estos oficiales para dirigir la investigación del hecho en el cual figuraban como víctimas. Pero no lo hicieron. Entonces ¿Existió una investigación objetiva y sin prevaricación en nuestra contra…?

d) Con los tres puntos expuestos queda en evidencia las infracciones a las garantías constitucionales que se cometieron durante todo el desarrollo tanto de la investigación como en el trascurso del juicio oral llevando en nuestra contra, en el primer caso. Incluso violándose los derechos humanos de un comunero, hechos denunciados como tortura y los cuales el Tribunal de Cañete dejó en la completa impunidad. Dando credibilidad a un testigo de oídas que era un oficial de la Policía de Investigaciones de Concepción y que actualmente está ascendido en Santiago. Entonces si se infringieron todos estas garantías ¿Existió un debido proceso y un juicio justo como lo "garantiza" la constitución en nuestras contra?

3.- DOBLE PROCESAMIENTO "NON BIS IN DEM"

De la sentencia Nº 47 del Tercer Juzgar Militar de Valdivia causa Rol Nº 890-2008 13 de diciembre de 2010, proceso en Contra de Ramón Llanquileo Pilquiman, Jonathan Huillical Méndez, José Huenuche Raimán y Héctor Llaitul Carricanca y Luis Menares Chanilao, por los hechos del 16 de octubre del 2008, investigada por la Segunda Fiscalía Militar Letrado de Concepción, por la comisión EVENTUAL del delito de maltrato de obra a Carabinero en ejercicio de sus funciones con resultado de lesiones menos graves y leves y delito de daño a vehículo policiales se resolvió: A dicha investigación iniciada se acompañaron diversos documentos y diligencias (partes policiales, set fotográfico, informes médicos, informes periciales, entre otros). Con lo que el Ministerio Público Militar sometió a proceso a los cinco mapuche antes nombrados. Luego de reunidos los diversos elementos de convicción se determinaron los hechos, se realizaron las declaraciones de los procesados y declaraciones de dos testigos con reserva de Identidad (Nº 1 y Nº 9) (mismos utilizados por la fiscalía en el Juicio Oral de Cañete) tras esto se consideró que los medios de prueba incorporados al proceso no reúnen la fuerza probatoria suficiente para configurar participación de los procesados en dichos sucesos, y la sola declaración, por si sola, del testigo con reserva de identidad Nº 1 (el mismo que en el juicio oral de Cañete fue presentado como testigo secreto Nº 26), no basta para dictar sentencia condenatoria.
Finalmente el Tercer Juzgado militar de Valdivia Absolvió de los cargos a los cinco procesados, cuatro de nosotros nos encontramos asumiendo esta HUELGA DE HAMBRE LÍQUIDA, siendo estaba sentencia ejecutoriada.
Sin embrago esta causa no alcanzó a ser ratificada posteriormente por la Corte Marcial y tras la modificación del código de Justicia Militar, fue traspasada totalmente a Tribunales Civiles, radicada en la Corte de Apelaciones de Concepción, no quedando claro cual será la siguiente tramitación, siendo un hecho preocupante si la causa no fuera ratificada y tuviera un retroceso procesal, es decir, volviera a procesar a cada uno de Nosotros usando las declaraciones del Testigo Secreto Nº 1 y Nº 26, que recordamos "solo lo permite la Ley Anti-terrorista" , generándose de este modo el DOBLE JUZGAMIENTO "NON BIS IN DIEM" ya que este mimo hecho fue visto, juzgado y condenado, en el Tribunal de Cañete.
Por consiguiente, consideramos que estas causas siga su tramitación en las instancias correspondientes, ratificándose la ABSOLUCIÓN ya dictada y ejecutoriada de los acusados en ella.

4.- TRASLADO A LA CÁRCEL DE ANGOL EN CONDICIONES CARCELARIAS DIGNAS Y RECONOCIMIENTOS DEL CARÁCTER DE PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE.

Consideramos que dado el carácter del Juicio y nuestra condición de miembros de un pueblo originario ancestral y de acuerdo a los diversos tratados y pactos que reconocen y amparan la condición de indígenas, condición que el Estado chileno a ratificado oficialmente con el Convenio 169 de la OIT, seamos tratados como Prisioneros Políticos miembros del Pueblo Mapuche, que aspiran al pleno reconocimiento de sus derechos, territorio y autonomía. Por tanto exigimos condiciones carcelarias mínimas que permitan el desarrollo de nuestras actividades culturales y religiosas propias del Pueblo Nación y que el hecho de permanecer privado de libertad, no limite el ejercicio de derechos elementales como Mapuche.

Con todos esto antecedentes reunidos es que encontramos totalmente justificadas las razones de esta Huelga de Hambre Líquida, que llevaremos hasta las últimas consecuencias. En evidencia quedó tanto para la gente que presenció el juicio, como para la opinión internacional representada con distintos observadores que acudieron a Cañete a presenciar el juicio más emblemático de la lucha mapuche. Por lo tanto nuestras exigencias son:

1.- Un juicio justo con un Tribunal independiente, competente e imparcial y sin la aplicación de la Ley 18.314 o Ley Anti-terrorista.
2.- Fin doble procesamiento y ratificar la sentencia absolutoria que dictó el Tribunal militar de Valdivia.
3.- Traslado a la Cárcel de Angol, con condiciones carcelarias dignas y el reconocimiento de Presos Político Mapuche.

Presos Políticos Mapuche de Lebu

Ramón Llanquileo Pilquiman.
José Huenuche Reiman
Jonathan Huillical Méndez
Héctor Llaitul Carrillanca

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José Venturelli




G80

martes, 15 de marzo de 2011

COMUNICADO PÚBLICO: PRESOS MAPUCHE RETOMAN HUELGA DE HAMBRE.


15/03/2011
Los presos políticos mapuche, miembros de la CAM, prisioneros en la Cárcel de Lebu, frente a nuestra actual situación, comunicamos a la Nación Mapuche y a la opinión pública internacional lo siguiente:

1. Es de amplio conocimiento el extenso proceso investigativo y judicial que se ha desarrollado en contra nuestra y de otros 13 hermanos, bajo la Ley Antiterrorista, cuyo resultado ha sido una condena política a cuatro militantes de la CAM.

2. Que el Tribunal Oral de Cañete ha arribado a dicha condena basado, únicamente, en declaraciones de un testigo secreto y de testigos de oídas, es decir, con estándares de prueba inaceptables en cualquier otro lugar mundo.

3. Que por lo tanto, al no haber tenido un debido proceso y como resultado de ello, arriesgar altas penas de cárcel, hemos decidido iniciar una huelga de hambre liquida, de carácter indefinida, hasta el logro de nuestras demandas:


DEBIDO PROCESO Y JUICIO JUSTO

SIN UTILIZACION DE TESTIGOS SECRETOS, SIN LEY ANTITERRORISTA.

NULIDAD DEL JUICIO ORAL

SER JUZGADOS POR UN TRIBUNAL COMPETENTE E IMPARCIAL

FIN AL DOBLE PROCESAMIENTO EN LA JUSTCIA CIVIL

TRASLADO A LA CARCEL DE ANGOL Y CONDICIONES CARCELARIAS DIGNAS.

Cárcel de Lebu, 15 de Marzo de 2011


JOSE HUENUCHE REIMAN

HECTOR LLAITUL CARRILLANCA

RAMON LLANQUILEO PILQUIMAN

JONATHAN HUILLICAL MENDEZ