El debate global sobre empresas y derechos humanos

José Aylwin

Co Director, Observatorio Ciudadano.

El Tercer Foro Anual de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos dejó al descubierto, además, que la responsabilidad social empresarial, más allá de la retórica, no ha logrado cambiar el comportamiento de las empresas y su afectación grave a derechos individuales y colectivos, como se denunció en el caso del pueblo mapuche en Chile y Argentina.

Con la asistencia de más de dos mil personas, entre ellos delegados de Naciones Unidas, de los estados, de pueblos indígenas y de la sociedad civil, así como representantes de empresas, se realizó en Ginebra

El Foro -el más importante sobre esta temática de creciente relevancia global- fue convocado por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que tiene como uno de sus mandatos el promover los Principios Rectores de esta entidad en la materia.

Tales principios, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos el 2011, incluyen la obligación de los estados de proteger de los abusos de derechos humanos cometidos por terceros, incluidas las empresas; la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos, de evitar vulnerar los derechos de las personas y de reparar las consecuencias negativas de sus actividades; y la necesidad de que los estados y empresas establezcan mecanismos efectivos de reparación para las víctimas de abusos a sus derechos humanos por empresas.

Una preocupación manifestada por la mayor parte de las organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil asistentes al evento, fue la  de la continuidad de las prácticas violatorias de derechos humanos por parte de estas empresas a nivel global, y a la impunidad en que estas prácticas quedan. Es así como en el marco de este evento el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y FIDH dieron a conocer su informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el mundo, afectadas generalmente por la actividad de empresas.

En este informe se da cuenta de que entre el 2011 y 2014 se constataron 43 casos de asesinatos de defensores del derecho a la tierra y 123 de hostigamiento judicial, a manos de policías, militares, agentes de seguridad de empresas privadas o incluso mercenarios, en muchas ocasiones acompañado por detenciones arbitrarias. Se trata de números que reflejan una parte ínfima de una realidad que afecta a todas las regiones del mundo, en especial a Asia y Latinoamérica. De acuerdo a este informe, un 95% de estas graves violaciones a los derechos humanos de defensores quedan impunes. Dicha situación  es consecuencia de la ausencia a nivel estatal e internacional de normas de carácter vinculante  para hacer efectiva la responsabilidad de los estados y las empresas frente a dichas violaciones de derechos humanos.

Es por ello que una de las discusiones más relevantes verificadas en el Foro de Ginebra fue la referida al proceso para la elaboración de un tratado vinculante para regular la actividad de las empresas trasnacionales y su relación con los derechos humanos, iniciativa que el Consejo de Derechos Humanos aprobó en junio de 2014, a propuesta de los estados de Ecuador y de Sudáfrica. Se trata de una iniciativa que ha concitado el respaldo de un número creciente de estados y de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil.

Por lo mismo es que una de las materias que se espera aborde dicho tratado vinculante sobre empresas trasnacionales y derechos humanos sea el de la responsabilidad extraterritorial de los estados frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas trasnacionales en ellos domiciliados pero con actividades fuera de los mismos, situación cada vez más común en el marco de una economía globalizada. Esta iniciativa, frente a la cual muchos estados latinoamericanos, entre ellos Chile, se abstuvieron al momento de su votación por el Consejo de Derechos Humanos, ha ganado cada vez más soporte internacional. Ello no sólo de parte desde la sociedad civil, la que ha conformado una alianza global para su respaldo, sino también por parte de diversos estados del sur global, incluyendo Chile de acuerdo a la intervención del Subsecretario de Relaciones Exteriores Edgardo Riveros en Ginebra, e incluso estados del norte, los que se abren a su consideración.

Otro tema relevante abordado en Ginebra fue el de los planes nacionales de empresas y derechos humanos que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la materia ha venido promoviendo desde el 2012. Se trata de planes para coordinar la acción política y legislativa de los estados a fin de asegurar que la actividad económica y de las empresas no resulte en la violación de derechos humanos, y que por ahora solo algunos estados europeos, como Reino Unido, Países Bajos, Italia y Dinamarca han elaborado. En contraste con ello, en América Latina sólo Colombia ha avanzado en el desarrollo de este plan, mientras que Chile no muestra, más allá de los anuncios, avances en esta materia, menos aún en abrir un debate amplio, con participación de organismos de sociedad civil y de pueblos indígenas, para su elaboración.

La situación de los derechos de los pueblos indígenas, cuyas tierras y territorios se ven afectados por la actividad de empresas, muchas de ellas extractivas de recursos naturales, fue  también una temática central de este evento. Ello no es casual sino que resulta de una práctica empresarial casi generalizada, en particular en los estados del sur global, que ha resultado en graves violaciones a derechos colectivos de estos pueblos, como el derecho a la consulta y al consentimiento previo, a la tierra, el territorio y los recursos naturales, la libre determinación y a la autonomía, y el derecho a definir prioridades en materia de desarrollo, todos ellos reconocidos por el derecho internacional que les es aplicable, en particular el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre derechos de pueblos indígenas.

Se trata de una realidad constatada por el propio Grupo de Trabajo de Naciones Unidas el que en su informe de 2013 señalara: “[…] los pueblos indígenas figuran entre los grupos más gravemente afectados por las actividades de los sectores extractivo, agroindustrial y energético. Los impactos adversos denunciados van desde efectos sobre el derecho de los pueblos indígenas a mantener el modo de vida tradicional que han elegido […], hasta el desplazamiento mediante reasentamiento forzoso o económico y los graves atropellos conexos de los derechos civiles y políticos, incluidos los efectos sobre los defensores de los derechos humanos[…], y los derechos a la vida y a la integridad física”.

América Latina, como sabemos, no es una excepción a esta realidad, ya que las estrategias de “desarrollo” impulsadas por los estados se siguen cimentando en la explotación indiscriminada de los recursos naturales de los pueblos indígenas, explotación que se contrapone a sus culturas y planes de vida, y que por lo mismo genera conflictos que terminan por ser criminalizados. Tal como la CEPAL señalara en septiembre pasado  en su informe a la Conferencia Mundial de la ONU sobre  Pueblos Indígenas “la expansión de las actividades primario-exportadoras en la región ha implicado graves impactos ambientales, reclasificación espacial y afectación de derechos, intereses, territorios y recursos de pueblos indígenas. Las disputas relacionadas con el control de los territorios y los recursos naturales se prestan fácilmente al conflicto violento, aunque estos pueden verse agravados en contextos de exclusión política, discriminación social y marginalización económica”.

Por ello no resulta casual que los representantes de pueblos indígenas de los cinco continentes reunidos en Ginebra en forma previa al Foro subrayaran la necesidad de que los estados garanticen la vida de los pueblos indígenas y los protejan frente a las amenazas de la actividad empresarial; respeten y protejan sus propias actividades económicas dentro de sus territorios, sin criminalización; y que no restrinjan el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas frente a la actividad empresarial. Igualmente instaron al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la materia a profundizar en el análisis del cumplimiento de la “debida diligencia” que las empresas deben tener para asegurar el respeto por sus derechos. Finalmente reclamaron la necesidad de que los estados garanticen el acceso a la justicia para víctimas de violaciones de derechos humanos, y consideren en los planes de acción nacionales en derechos humanos la aplicación de la jurisdicción extraterritorial cuando las víctimas no encuentren justicia en sus propios países.

Por su parte, la Relatora Especial de la ONU sobre derechos de pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz, intervino en el Foro para llamar la atención sobre la gravedad y magnitud de las violaciones de derechos humanos de pueblos indígenas cometidas por empresas, señalando que el abordaje de esta realidad será uno de los principales focos de su mandato. La Relatora Especial ahondó en la relación que existe entre los tratados y los acuerdos multilaterales y bilaterales sobre inversión y comercio y los derechos de pueblos indígenas, señalando que muchas veces estos repercuten directamente sobre sus tierras, sus recursos, formas de vida y conocimientos. Por lo mismo, planteó que ésta será una materia de preocupación fundamental de su Relatoría especial.

La afectación de los derechos del pueblo mapuche por la actividad empresarial también fue denunciada en este evento. Por un lado, los lonkos Juan Pichun y Ciriaco Millacheo, junto a representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), dieron cuenta de la inexistencia en Chile de mecanismos efectivos de remediación y reparación, como lo disponen los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos frente a las violaciones a los derechos sobre sus tierras y territorios de ocupación tradicional por parte de las empresas forestales. También dieron cuenta de los procesos de criminalización de la protesta social de sus comunidades, mediante la aplicación de legislación antiterrorista, lo que les llevó, junto a otros defensores de derechos mapuche, a plantear sus causas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, encontrando allí la justicia que no encontraron en el estado chileno.

Por otro lado, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de Neuquén, y el Observatorio Ciudadano de Chile, dieron a conocer a diferentes personeros de Naciones Unidas preocupados de esta materia, como el integrante del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, Pavel Sulyandziga,  y la Relatora Especial Victoria Tauli Corpus, la situación de vulneración de  derechos que hoy vive el pueblo mapuche como consecuencia de numerosas actividades extractivas y productivas, en particular la explotación de petróleo por vías convencionales y mediante el fracking que afecta a las comunidades de la provincia de Neuquén, Argentina; y los proyectos forestales, hidroeléctricos y pisciculturas que se han instalado o que se propone instalar en el territorio mapuche en las regiones de la Araucanía y Los Ríos en Chile.

Se trata de proyectos que se emplazan en sus tierras de ocupación tradicional, que son impuestos  sin procesos de consulta adecuados, sin que las empresas hayan  tenido la debida diligencia en el respeto de los derechos humanos, y sin que existan mecanismos adecuados para lograr la reparación de los daños causados.  Cabe señalar que estas actividades se desarrollan en estados que han ratificado el Convenio 169 de la OIT, cuyos derechos no han sido implementados mediante la adecuación de la legislación interna, ni tampoco mediante políticas públicas referidas a los pueblos indígenas. Por lo mismo, solicitaron una investigación sobre esta crítica realidad de derechos humanos.

El Foro de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos deja en evidencia el incumplimiento por parte de los estados y las empresas  de la región, Chile incluido, de los Principios Rectores de Naciones Unidas antes referidos. También hace urgente la necesidad de que los estados adopten medidas no solo políticas, sino también medidas legislativas para asegurar la coherencia de su actuación en la materia, para permitir hacer efectiva la responsabilidad de las empresas por la violación de derechos humanos, así como la responsabilidad extraterritorial que en ocasiones corresponde a los estados donde éstas se domicilian.

El Foro  dejó al descubierto, además, que la responsabilidad social empresarial, más allá de la retórica, no ha logrado cambiar el comportamiento  de las empresas y su afectación grave a derechos individuales y colectivos, como se denunció en el caso del pueblo mapuche en Chile y Argentina. Ello da  cuenta de la urgente necesidad de avanzar hacia  la elaboración de normas internacionales vinculantes, como las propuestas por Ecuador y Sudáfrica, que permitan hacer efectiva la responsabilidad de los estados, así como también de las empresas, frente a las violaciones de derechos humanos que les son imputables.

http://blog.lanacion.cl/2014/12/24/el-debate-global-sobre-empresas-y-derechos-humanos/

La porfía del lonko Pichún

Desde el primer ingreso, en octubre de 1998, las familias no volvieron a salir más del predio de la familia Matte. Los sacaban y regresaban. El mismo día, al día siguiente, poco importaba, ellos habían vuelto para quedarse.

Parte importante de la historia mapuche reciente se puede resumir en la figura del lonko Pascual Pichún. Y también en la entrega de tierras que el pasado viernes realizó el gobierno a su comunidad. Al lonko lo conocí allá por el año 98’ y gracias a su hijo Juan, con quien compartí residencia estudiantil en Temuco. Juan estudiaba Pedagogía Básica Intercultural y era un activo dirigente estudiantil. Yo un idealista estudiante de leyes, que creía a pie juntillas en la imparcialidad de la justicia, la presunción de inocencia y la efectividad de la Ley Indígena, entre otras ingenuidades propias de la edad.

“En mi comunidad vamos a recuperar un fundo”, me lanzó Juan cierto día, mientras almorzábamos en el casino de la UCT. “Estudias sobre la justicia. ¿Quieres pasar de la teoría a la práctica?”, me dijo sonriente y provocador. “Vamos, te invito a la comunidad, mi viejo te quiere conocer”, cerró y sin esperar respuesta alguna de mi parte. Y así llegué a Temulemu, al suroeste de Traiguén, un verdadero oasis de tierras erosionadas y resecas donde malvivían cientos de familias mapuches, rodeados de gigantescas plantaciones forestales, guardias privados malas pulgas y aviones fumigadores con pésima puntería. Para mí, mapuche proveniente de Ragnintuleufu, aquel fértil valle bendecido por las aguas de los ríos Quepe y Cautín, el paisaje resultaba brutalmente desolador.

Si la memoria no me falla, fue en octubre de 1998 cuando acompañé a las familias en su primer ingreso al fundo “Santa Rosa de Colpi” de Mininco, aledaño a la comunidad de Pichún. Se trataba de 2 mil y tantas hectáreas de pino radiata, listas para ser explotadas y acrecentar con ello el patrimonio ya desorbitante de la familia Matte, una de las cien más ricas del mundo según el listado Forbes de aquel año. La gente de Temulemu no estaba sola en su reclamo. El fundo, gigantesco como todos los dominios forestales sureños, colindaba con otros dos sectores rurales, tan pobres y abandonados como Temulemu.

Se trataba de Pantano y Didaico, este último liderado por el lonko Aniceto Norin, años más tarde compañero de celda y desventuras del lonko Pichún. Recuerdo aquella mañana como si fuera ayer. Lejos de las caricaturas de las “minorías mapuches violentas”, fueron cientos las familias que cruzaron la cerca del predio aquel día. Hablo de familias completas, adultos, ancianos, mujeres y niños, acompañados hasta de sus perros y uno que otro gato con quien la curiosidad pudo más. Una caravana de gente y de historia. Allí estaban los Nahuelpi, los Lincopi, los Nahuelcura, los Tranamil, los Pichincura, los Ñiripil, los Paillalao, los Pichun y tantos otros cuyos linajes familiares honraban.

No fue en absoluto una ocupación violenta, como tituló y en rojo furioso El Austral de Temuco al día siguiente. Me consta. Ningún encapuchado, ningún AK-47, ningún enviado especial de las FARC dando instrucciones por walkie-talkie. Por el contrario; un nguillatun de dos días recordó a todos la verdadera razón de por qué estábamos allí. “Es el retorno a la tierra de nuestros padres y abuelos”, me señaló el lonko Pichún en nuestro primer cruce de palabras. “Por donde vive su gente, peñi Pedro, ¿aún hay ríos, aún queda algo de bosque nativo?”, me preguntó. “Sí, peñi, es una linda tierra la de mis abuelos… y todavía no llegan las forestales”, respondí. Charlamos largamente con el lonko aquel día y los siguientes, que se volvieron meses y luego años de profunda amistad.

Siempre me preguntaba por mi lof, por mi comunidad, allá en la lejana Entreríos. Y en cada una de mis respuestas veía en sus ojos la nostalgia de un territorio alguna vez rebosante de vida, más luego avasallado y explotado sin contemplación por las leyes del hombre y del mercado. “Temulemu”, la tierra del árbol de Temu, pero sin Temu. Y sin medicina natural. Y sin ríos. Y sin agua. Y sin futuro para sus niños y jóvenes, obligados todos a migrar en búsqueda de una vida menos mala en la periferia de las grandes ciudades. “Somos extranjeros en nuestra propia tierra”, me dijo el lonko en una de nuestras charlas. La registré en una libreta de notas que me acompaña desde entonces.

***
¿Qué hacía un estudiante de leyes metido en la “toma” de un fundo? Nada ilegal, por cierto. Y es que el reclamo de las comunidades no solo era legítimo. También absolutamente legal. Así lo averiguamos con Juan, el hijo letrado del lonko, escudriñando en apolillados títulos de dominio de mediados del siglo XX. Cuento corto, tras la ocupación de la Araucanía (también llamada “Pacificación”), el Estado tomó el control del extenso territorio de los bisabuelos de Pichún, radicándolos a ellos en una mínima fracción restante (de allí el nombre legal de las actuales comunidades: “reducciones”).

En 1926, las familias solicitaron la ampliación del Título de Merced, para incluir tierras antiguas que fueron jurisdicción de sus lonkos y la restitución de aquellas usurpadas por particulares. En 1931, para sorpresa de muchos, el Juzgado de Indios de Victoria falló a favor de los mapuches, siendo -décadas más tarde- la Corporación de Reforma Agraria la encargada de devolverles sus tierras. Como ya sospecharán, todo volvió a fojas cero tras el golpe militar. Expulsados nuevamente, el predio volvió a manos de sus anteriores ocupantes, quienes a fines de los setenta -previendo tal vez que hasta la paciencia mapuche tiene un límite- optaron por vender a Forestal Mininco y largarse.

Fue lo que me tocó explicar en Ginebra, Suiza, en abril de 1999. Hasta allí llegué enviado por el lonko Pichún y otros dirigentes, para exponer los atropellos y abusos “legales” cometidos por empresas y latifundistas al sur del Biobío. Todo ello, claro, con la complicidad del Estado, el gobierno y sus sacrosantas instituciones. En la Comisión de Derechos Humanos de la ONU pocos podían creer lo que les contaba. Uno de ellos, el despistado cónsul honorario de Chile en Ginebra, un señor de origen francés que aseguraba -muy suelto de cuerpo- la no existencia de pueblos indígenas en el país. Cada vez que nos cruzábamos en los pasillos del Palacio de las Naciones, bajaba la vista. Avergonzado de su rol, quisiera pensar.

En aquel viaje no solo me correspondió hablar por Temulemu. También por Cuyinco, LleuLleu, Rucañanco, Colcuma, Pichilonkoyan, Catrioñancul, Choin Lafkenche y Caillin, entre otras comunidades movilizadas y donde la historia del despojo, una y otra vez, se repetía calcadamente hasta el cansancio. “Invasión, Reducción y Usurpación”. La trilogía del arribo chileno al Wallmapu, el país soberano de nuestros bisabuelos. Y como si no fuera poco, los usurpadores no eran el Estado, ni los colonos, ni las madereras. No, señor, los usurpadores eran los comuneros. Corrijo, los usurpadores eran ellos y todos quienes, desde la ciudad, osáramos apoyarles en su reclamo.

Esto lo entendí al aterrizar en el aeropuerto de Santiago, a mi regreso de la ONU. De aquel vuelo Iberia bajamos dos personas esposadas. Un ciudadano español, buscado por drogas por INTERPOL. Y el joven estudiante de leyes de Temuco, vocero internacional de la “subversión mapuche en los campos del sur”, según consignó la prensa. “Así que estudias derecho en la Católica. Pero hombre, ¿qué cresta andas haciendo con estos indios comunistas?”, me lanzó el ministro en visita que había ordenado, desde Traiguén, mi captura internacional. “Hice lo que me enseñaron ustedes; elaboré un informe jurídico y lo fui a presentar a la ONU. Hasta creo que debieran darme un premio como alumno destacado”, respondí.

El ministro, tristemente célebre en la zona por su marcado racismo y mal aliento, no estaba precisamente para bromas. “¿Sabes que si te proceso perderás tu carrera?”, preguntó amenazante. “¿Y aquello de la presunción de inocencia que aprendí en primer año?”, respondí. Era bastante sabio el ministro Loyola, hoy jubilado para tranquilidad de moros y cristianos. Juntarme con “los indios” sí tendría sus consecuencias. Encarcelado y formalizado por usurpación de tierras, robo de madera y encubrimientos varios, implicó ese año mi despedida de la Escuela de Leyes. Al año siguiente, tras persistir todo el 99’ con las malas juntas, ingresé a estudiar periodismo en Temuco (Gracias, magistrado, por el favor concedido).

No fui el único encarcelado aquel año, por cierto. Y al lado de lo que sufrieron los lonkos y sus familias, lo mío no dejó de ser una anécdota. Desde el primer ingreso, en octubre de 1998, las familias no volvieron a salir más del predio de la familia Matte. Los sacaban y regresaban. El mismo día, al día siguiente, poco importaba, ellos habían vuelto para quedarse. Una y otra vez los desalojaron de manera violenta, cientos de carabineros armados hasta los dientes y endiablados quizás con qué. Varios desalojos y allanamientos los presencié estando en la comunidad. Siempre recuerdo un operativo en especial, acontecido en junio de 1999 y que implicó un masivo apaleo policial de mujeres, ancianos y niños, sin distinción alguna. Detenido esa mañana por una patrulla del GOPE en las inmediaciones del fundo, todo lo observé desde una micro policial, esposado y bajo custodia de un oficial que disfrutaba la escena a carcajada limpia.

Aquel día mucha sangre se derramó en Temulemu. Sangre mapuche solamente. Sangre del lonko Pascual, agredido por matones de uniforme que lo subieron a la micro maniatado y bañado en sudor y lágrimas. Sentado frente a mí, jadeando, con dificultades para respirar incluso, aún recuerdo sus palabras: “No se preocupe, peñi Pedro; vamos a volver, vamos a volver”. Dos años más tarde, junto al lonko Aniceto Norin, sería acusado de “amenaza terrorista” por el gobierno, el ex ministro Juan Agustín Figueroa y un regimiento de abogados de apellidos vinosos. Un primer juicio lo absolvió de cargos. Un segundo, de tipo kafkiano y ordenado por la Suprema, lo condenó de manera inapelable a cinco años en prisión. Gobernaba don Ricardo Lagos Escobar, alias "el demócrata".

Visité al lonko numerosas veces en la cárcel. Siempre le llevaba un ejemplar de Azkintuwe, el periódico que fundamos en el sur el 2003. Acompañados de mate, nos reíamos. Nunca perdió el sentido del humor. Ni la serenidad que otorgan los años y los desalojos en el cuerpo. “Esas tierras volverán a manos de la comunidad”, me decía siempre, con la esperanza intacta. Y hace unos días su sueño se volvió realidad. Tres mil 576 millones de pesos desembolsó el Estado para comprar las 2 mil 554 hectáreas que Forestal Mininco y otros “propietarios” poseían en medio de las comunidades de Traiguén. Uno de los fundos, “Santa Rosa de Colpi”. Cuesta creerlo. Mas de una década debió transcurrir para que las familias de Temulemu, Didaico y Pantano pudieran recuperar sus tierras. Más de una década, cientos de mapuches detenidos, condenados, heridos y apaleados.

“¿Qué impedimento ve usted para que el Estado chileno no resuelva estos conflictos, en apariencia de fácil abordaje legal?”, me preguntó un colega de Radio Francia Internacional en aquel periplo europeo del 99’. “Racismo”, respondí. “La familia Matte, que posee casi un millón de hectáreas de plantaciones, no quedará precisamente en la ruina devolviendo 2 mil. Lo que se busca es enviar un mensaje; no vendemos, no devolvemos, no nos doblarán la mano estos indios”. Paradojas del destino, fue un gobierno de derecha quien tuvo los cojones para resolver finalmente el entuerto. Lo que no hizo en una década la Concertación, en dos años lo resolvió Piñera. “Este es un triunfo del pueblo mapuche”, me dijo el lonko Pichún hace tan solo unos días, tras una pausa en la ceremonia de agradecimiento a la tierra. Lo es, estimado peñi. Del pueblo mapuche y de su porfía.


* Publicado originalmente en The Clinic.

Azkintuwe

Catastro de Industrias extractivas y generación de energía que afecten a pueblos indígenas

El Relator Especial de la ONU para las cuestiones indígenas James Anaya recaba informaciones para un nuevo estudio.

El Relator Especial de la ONU para las cuestiones indígenas James Anaya, de acuerdo a su mandato, está realizando un estudio sobre las industrias extractivas y energía en territorios indígenas o en sus cercanías. El objetivo es analizar sus impactos sobre los pueblos indígenas y los problemas de derechos humanos que han generado, y para identificar buenas prácticas que superan estas problemas. El informe final sobre el estudio, que será presentado al Consejo de Derechos Humanos en el año 2013, incluirá una exposición los principios de derechos humanos aplicables y una serie de recomendaciones.

Se invita a participar en este estudio a través de la página web del Relator Especial. Están invitados los pueblos indígenas, las ONGs que trabajan con ellos, los Gobiernos, las empresas y otros interesados, a ingresar información acerca de casos de industrias extractivas (proyectos de minería, petróleo o gas) y de generación de energía (tales como proyectos hidroeléctricos) en o cerca de territorios indígenas.
Se solicita información sobre localización, descripción, impactos, partes involucradas, legislación aplicable, procesos de consulta y consentimiento, situaciones de conflicto, buenas prácticas, experiencias de acuerdos o convenios de reparto de beneficios, que fortalezcan autodeterminación de los pueblos indígenas Esta información sobre casos de industrias extractivas contribuirá al estudio sobre el tema que está realizando el Relator Especial.

Los interesados también pueden presentar comentarios sobre los informes del Relator Especial en relación con las industrias extractivas desde 2012, 2011 y 2010.

El Relator Especial de la ONU solicita la entrega de información y comentarios antes del 1 de abril de 2013.

Fuente:  http://www.salvalaselva.org/temas/materias_primas

Estudio sobre Industrias Extractivas y Energía

Héctor Llaitul, longko en prisión, explica propósitos de la CAM: Liberación nacional es la estrategia mapuche

Cuando Héctor Llaitul aparece caminando a contraluz por la galería desde el módulo de los presos políticos mapuches, me impacta su porte. Es más alto y corpulento de lo que suponía. Bajo la casaca corta y gris luce una camiseta azul estampada con el rostro del joven Matías Catrileo, mártir de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).

El kallfü (azul) es un color sagrado para el mapuche. Es newen, energía divina y benéfica que viene del Oriente, y un vínculo con el küpál o küpálme (la familia, el linaje, la nación), y con el Wenumapu (la Tierra de Arriba, donde habitan los antepasados). Matías Catrileo llegó a ser “hermano y amigo, y parte de mi familia”, dirá Llaitul. Al verlo, pienso que su püllü (su espíritu) estuvo en la entrevista.

Llaitul trae unos ejemplares de su libro Weichan, conversaciones con un weychafe en la prisión política, escrito en conjunto con el político y escritor Jorge Arrate. Lo recuerda con cariño: “Tiene la capacidad de observar y de escuchar; a don Jorge lo considero un hombre bueno, un hombre valiente, lo respeto”. Weichan, significa “la guerra”. Llaitul dice en el libro que “…debe entenderse el weichan como la guerra propiamente tal, cuyo objetivo es la defensa del territorio y la autonomía (…) Es una sociedad en movimiento que es capaz de reproducir su diferencia y de reafirmarse”. Weychafe es el guerrero; el luchador y militante por la causa de la defensa del pueblo mapuche.

Trabajador social, próximo a cumplir 45 años, Héctor Llaitul nació en Osorno en 1967, es padre de cinco hijos (Lautaro, Neyen, Ernesto, Pelentaru y Victoria). “Yo me considero longko de la organización y un sustentador de ideas, de ideología, un pensador”. Está preso desde el 26 de febrero de 2007. Su caso fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fines de 2011. Inicialmente fue condenado a 25 años bajo el cargo de “homicidio frustrado” del fiscal Mario Elgueta en una supuesta “emboscada” y de “robo con intimidación” al campesino José Santos Jorquera. De lo primero, dice que no fue una emboscada, “fue enfrentamiento”. La Corte Suprema anuló el fallo y cambió homicidio frustrado por “lesiones” a policías y “lesiones leves” al fiscal; rebajó la pena a cuatro años. Pero dejó intacta la condena a diez por el caso Santos Jorquera. Alega que este fue un acto de justicia ancestral comunitaria. En efecto, hay una disposición legal que admite la costumbre indígena como eximente o atenuante de responsabilidad penal (artículo 54, Ley Indígena Nº 19.253). La reconsideración de la Suprema fue el resultado de 87 días de huelga de hambre (en 2010) de Llaitul y sus compañeros Ramón Llanquileo y Jonathan Huillical, entre otros. Pero hay más: la Suprema ya poseía antecedentes de que la justicia militar los había absuelto y que ambas sentencias eran contradictorias. Una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo delito. Por ello, la Defensoría Penal Pública del Bío Bío estudiaba interponer un recurso de amparo a favor de Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y Héctor Llaitul.

PF fue autorizado a entrevistar a Llaitul el viernes 12 de octubre a las 10 de la mañana. “El día de la resistencia de los pueblos”, dice Llaitul cuando le hago ver lo simbólico de la fecha. Me pide disculpas por haberme hecho esperar. Se había duchado después de su rutina diaria de ejercicios. Usa el pelo corto, no fuma, no bebe alcohol. Ocupamos la sala de abogados. Una mesa, un par de sillas y una ventana con barrotes.

¿Me puede hablar sobre la CAM?

“Falta un estudio acabado sobre la CAM desde los puntos de vista histórico, sociológico, pero sobre todo político, para analizar su verdadero rol. Hay necesidad de un registro, de una sistematización, de un análisis sobre su experiencia, su postura política, ideológica; de lo que denominamos hoy el proyecto de la CAM. Por eso prefiero dejar abierto el tema”.

MOVIMIENTO ANTICAPITALISTA

Pero, una síntesis…

“La característica fundamental de la CAM es el surgimiento, más allá del hito de las acciones en contra de las forestales que dieron cuenta del nacimiento de la CAM, de una nueva forma de hacer política en el contexto de las luchas mapuches. Una nueva forma de enfrentar lo que hasta ese momento se conoce como las demandas o reivindicaciones de nuestro pueblo. La CAM inaugura una experiencia, una práctica política distinta, en terreno, en y desde las comunidades. Y eso genera un antes y un después. Se empieza a hablar a partir de ese momento del ‘conflicto mapuche’. Las comunidades dejan de ser pasivas, sometidas, y pasan a constituirse en un actor fundamental dentro de sus procesos de reivindicaciones.

La otra característica es una concepción por sobre todo anticapitalista. Como definición, y también como práctica política. Por eso la CAM es una organización revolucionaria. Confronta al capital y esa confrontación genera el conflicto. Y nos hace antioligárquicos, anticolonialistas y antimperialistas. A partir de la realidad y de la suerte de nuestro pueblo, irrumpimos como un movimiento autónomo, mapuche y revolucionario. Eso nos hizo objeto de la atención del Estado y de los detractores de la causa mapuche, de la oligarquía histórica y del capital nacional e internacional. Entonces pasamos a constituirnos en el enemigo interno del Estado chileno.

Esa postura anticapitalista, marcada y consecuente, es tal vez lo que nos diferencia de otras organizaciones. Surgimos en un contexto político complejo, que es la Concertación; un escenario difícil para la práctica de la confrontación. Muchos nos enrostraron que no dejábamos gobernar, o que hacíamos olitas. No hubo acompañamiento político y sí mucha animosidad. Porque la Concertación es un espacio de administración política e ideológica neoliberal.

Nuestro gran desafío fue elaborar un constructo ideológico y político nuestro, propio, mapuche. Y eso es también un tema muy profundo que implicó un rompimiento con las antiguas expresiones que nos acompañaban en estas reivindicaciones. Por eso hablamos del movimiento autónomo mapuche y de una propuesta ajena a los partidos y a los movimientos de Izquierda”.

¿Y cuál es esa propuesta?

“Es una propuesta que ya de alguna manera se ha instalado, porque ha sido asumida transversalmente por otras expresiones políticas mapuches. Se trata del anticapitalismo; de una definición del enemigo del pueblo-nación mapuche, y del desarrollo de un movimiento autónomo de base cosmovisionaria”.

¿Pero cuál es la alternativa al capitalismo?

“La reconstrucción de la nación mapuche lo es por sí sola. Quienes saben de nuestra cosmovisión mapuche lo comprenden. Por eso la CAM se transformó en un referente para las comunidades. Y así empezamos a fortalecer las demandas históricas de nuestro pueblo, cuyos ejes fundamentales son el territorio y la autonomía, desde hace 100, 200, 500 años.

Ello implicó romper con el andamiaje de la institucionalidad y creamos un escenario distinto, basado en luchas, no tanto en discursos. La historia de la CAM está llena de vicisitudes y conflictos, y de acciones, de persecuciones, y de presos y de muertos, y yo estoy hablando desde la cárcel por lo mismo, porque sustento sus planteamientos.

La organización CAM fue definida como el ‘enemigo interno’ desde el año 2001. El año 2003 la CAM fue definida como una ‘asociación ilícita terrorista’. Desde entonces, hemos sido objeto de una década de persecución implacable. A la CAM se la persiguió tres veces por asociación ilícita terrorista a partir de esa fecha, porque nos hemos constituido en una expresión más alta, cualitativamente, de reclamación y demanda: el proceso de liberación nacional mapuche. Y eso está instalado”.

PRINCIPIOS DE LA AUTONOMIA

¿Qué implicancias tiene ese proceso?

“La reconstrucción nacional mapuche es una discusión interesante. Yo hice un libro precisamente para eso, para llamar a la gente a debatir. Lo que usted me está preguntando, también se lo está preguntando el mundo mapuche. Sus distintas corrientes. Pero ello no quita que se esté avanzando en términos de práctica política, ideológica y de expresión teórica en ese sentido. Para liberarnos tenemos que descolonizarnos, pero no se trata solo de una descolonización frente al sistema de dominación. Es un proceso de descolonización ideológica de todo tipo de construcción de fuera del ámbito mapuche. Por eso tenemos diferencias con otros procesos de liberación. También tenemos diferencias respecto del concepto de autonomía. Por lo mismo tenemos diferencias con otras organizaciones que se plantean la autonomía, pero que no tienen una práctica política para la autonomía. ¿Cómo vamos a lograr la autonomía? ¿Así, sobre la base de lo que tenemos? ¿O la quieren lograr sobre la base de la restitución, de algo más…?”.

¿Cómo entienden o definen la autonomía?

“La autonomía tiene sus principios. Y uno que es fundamental y eje, base de todo, es el principio de la territorialidad. Nosotros no podemos ejercer o desarrollar autonomía si no tenemos territorio. Cuando se lucha por el territorio, se tiene que hacer una práctica política de lucha por el territorio. Y no se puede hacer utilizando los instrumentos del Estado, porque no lo va a permitir. El Estado, un Estado capitalista, lo que hace hoy día es favorecer los procesos de inversión capitalistas. Más claro no puede estar. Por lo tanto, no va a querer generar territorio para los mapuches. Va a jugársela y va a generar territorios para los procesos de inversión capitalistas. Eso es así. Por lo tanto, nuestra lucha tiene que ser por territorio, metro a metro, por recuperar la tierra”.

¿Por cuánto territorio? ¿Del Bío Bío al sur?

“Es un tema a discutir. Nosotros en la CAM no vamos a plantearnos ficticiamente, porque en el hacer política no hay que ser ficticio. No vamos a decir del Bío Bío al sur, no es que sea imposible. Es que no tenemos la fuerza hoy día para plantearlo así. Si mañana tenemos un proceso mayor, ideológica y políticamente, de fuerzas políticas reales, podría ser. Nosotros estamos hablando de un proceso. Y no podemos poner la carreta delante de los bueyes. Tenemos que ir madurando, acumulando. Y lo primero que estamos diciendo es que las expresiones tienen que ser anticapitalistas y por el territorio. Si no, no hablemos de autonomía.

Nuestro planteamiento político-estratégico está muy claro en el documento Planteamiento Político Estratégico de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de marzo de 2000. Todavía está en Internet. Ahí está el por qué y el cómo”⁽¹⁾.

¿Y qué es lo medular del documento?

“Hay dos grandes objetivos. Uno es la resistencia mapuche a la amenaza que representan los proyectos de inversión y el latifundio; la resistencia al sistema capitalista en el territorio ancestral mapuche. El segundo eje es la reconstrucción del pueblo-nación mapuche. Y ahí está esbozada además la propuesta de autonomía revolucionaria. Para entender a la CAM hay que remitirse a ese documento”.

VIGENCIA DE LA COORDINADORA

ARAUCO-MALLECO

¿Y la CAM existe hoy, tiene expresión?

“La CAM hoy es una organización prácticamente heroica, pues nace en un contexto político difícil para una revolución, el de la Concertación, que criminalizó y judicializó nuestra lucha. Y se nos aplicó la cooptación de gente, tanto de la dirección como de militantes, usando el asistencialismo, el financiamiento de proyectos de desarrollo. El garrote y la zanahoria. Y nos obligaron a reducir nuestra base social. Y por eso es el Plan Araucanía, muchos recursos para frenar a las masas mapuches y mucha seguridad para frenar a las expresiones políticas más consecuentes, entre ellas la CAM.

Perdimos base social, pero la CAM hoy se ha constituido en un referente que ha generado gran influencia en el pueblo mapuche. El gran logro de la CAM es haber iniciado y contribuido a un proceso de autoafirmación étnica nacional. Nos sentimos parte de una identidad, de una cultura, de pueblo-nación; de un proceso de autoafirmación como un pueblo. Hoy vemos expresiones de identidad en empresarios mapuches, en miembros de las fuerzas armadas que son mapuches, en gente de distintos ámbitos que se identifican como mapuches”.

¿Que piensa de la cumbre de empresarios mapuches?

“Hay que tener cuidado con quienes pretenden construir sectores elitizados dentro del mundo que reivindican. Creen que pueden construir un pueblo-nación con clases sociales. Nosotros creemos que están equivocados. Eso implica coadyuvar a un sistema de explotación, de desigualdades, al capitalismo. Enama está potenciado por el gobierno de derecha. Hay un acercarse del sector mapuche a propuestas del neoliberalismo. Obviamente esa no es nuestra posición”.

LAS FORESTALES,

EMBLEMAS DEL CAPITALISMO

¿Cómo se manifiesta el capitalismo hoy en la territorialidad mapuche?

“Pensamos que el capitalismo en Chile tuvo una refundación. Hay hermanos que todavía usan el lenguaje de la época de la reforma agraria y hablan del latifundio aquí y del latifundista allá. Hoy la territorialidad mapuche no está sobre una base latifundaria, lo que hoy existe en la territorialidad mapuche es un proceso de transnacionalización sobre la base de una economía extractiva y, principalmente, sobre la base de la explotación forestal. Las forestales trastocaron todo el sistema de propiedad en la octava, novena y décima regiones. Tienen millones de hectáreas, y esa es una realidad que mueve toda la economía de esta zona. Esta zona es una de las que genera más riqueza para esos grupos y a la vez la mayor pobreza para la población. En esta zona todos los campos son forestales. Eso también hay que estudiarlo bien, hacer un buen diagnóstico. En esta y en otras zonas ya no existe el latifundista clásico, lo que existe son empresas forestales. Ellos tienen las grandes extensiones territoriales. Existen muy pocos latifundistas, no tienen la capacidad territorial que tuvieron en cierta época y no son lo central en la lucha de la CAM. Entre el 80 y 90 por ciento de nuestras acciones son en contra de la actividad forestal. Y en segundo lugar, contra el proceso de inversión capitalista: Endesa, centrales hidroeléctricas, mineras. En tercer o cuarto grado le estaríamos peleando a los latifundistas o a colonos, que han sido bien jodidos algunos, emblemático, como Lushinger, Urban, Figueroa, pero no han sido lo central en la lucha de la CAM. La lucha contra el capitalismo para nosotros es la propiedad usurpada que tienen las forestales”.

¿Y los parceleros y campesinos pobres?

“Lo que decimos a las comunidades también es que nosotros no queremos conflictos con parceleros. Y, por último, no está en nuestra mirada ni en nuestra conducta ni en nuestra historia tener algún conflicto con ningún campesino pobre, aunque sea el más antimapuche. Porque son pobres, porque ahí se nos caería el concepto de nuestra confrontación con el sistema capitalista. Nosotros no tenemos una propuesta para esos campesinos, pero no es la idea atacarlos. Nunca ha sido nuestra idea”.

¿Cuál es su alternativa al capitalismo? ¿El socialismo?

“¡No!... Esa es una mecánica que en los mapuches no opera. Nos retrotraemos a un mundo de equilibrios, de armonía; donde estaba desarrollado el verdadero mundo mapuche. Ese mapuche identificado con su territorio, con sus espacios, con su cultura, con su forma de vida. No era un expoliador, ni un conquistador, ni un explotador. Era una sociedad buena, justa, sana. Tal vez no la ideal para muchos, pero para nosotros suficiente para un tipo de vida correspondiente a los mapuches. Y sobre todo, respetuosa. Somos anticapitalistas porque estamos recuperando el ser de la naturaleza, de la biodiversidad, lo mapuche, que respetaba espacios y personas y hacía todo desde una mirada colectiva, de bien común”.

Le quedan quince años y medio en prisión…

“Soy el preso que tiene más alta condena en las causas mapuche; ello es un título que me ennoblece”.

¿Cómo visualiza el conflicto mapuche en el horizonte 2020?

“El conflicto mapuche tiene para rato. Recién estamos echando las bases para generar un gran proceso de liberación nacional”.

JUAN JORGE FAUNDES

En Angol

Se puede acceder en la URL: http://www.nodo50.org/weftun/

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La CAM y la Izquierda

Héctor Llaitul agrega:

· “Estamos llamando a un fuerte debate y a una comprensión sobre el mundo mapuche, sobre su cosmovisión y nuestra cosmogonía. A cómo entendieron los mapuches su vida, cómo la hacían, y por qué existe tanto apego al territorio, a los espacios sagrados. A eso que hoy está emergiendo con mucha fuerza. Muchos de los conflictos actuales tienen que ver con la defensa de lugares que se consideran sagrados espiritualmente. Y es porque el mapuche tiene una ligazón con eso. Valora cerros, espacios, ríos, lugares que tienen un sentido profundo de identidad y de memoria histórica. En la medida que los mapuches nos vamos reencontrando con eso, más nos dedicamos a su defensa”.

· “Hay una necesidad de estudiar. Sobre todo por parte de la Izquierda que se siente detentora de la causa mapuche. La Izquierda tiene que mirar más. Pero más que ver, tiene que comprender. Y eso es un poco lo que traté de hacer en el libro que escribí con Jorge Arrate. Porque él llegó con su campaña, y tiene un buen discurso. El hombre se maneja muy bien, pero yo lo emplacé, y le dije: pero usted está haciendo campaña, don, y nuestro pueblo ha estado así milenariamente, yo me siento de alguna manera distante, por lo mismo. Y él dijo, ‘en realidad, voy a volver porque quiero tratar de entender un poco más’.

Y así empezamos a conversar, empezó a llegar, y a él se le ocurre esta idea que lo engrandece, porque demostró la capacidad de escuchar y de debatir, que es lo que hace falta. A Jorge Arrate lo considero un hombre bueno, políticamente no me voy a referir, pero lo que necesitamos son conversaciones y debates con personas buenas, con hombres buenos, que tengan esa actitud de querer escuchar y comprender. Dentro del libro narro algunos episodios donde doy cuenta de nuestros encuentros con la Izquierda. Porque la Izquierda parece tener todo resuelto; ellos piensan que tienen todo resuelto. Pero nunca nos preguntan nuestra postura frente a diversas situaciones, tampoco sobre nuestra cultura. Y nos dicen: miren, nosotros en estos cerros vamos a hacer tal cosa. Pero no nos preguntan qué valor tienen esos cerros para nosotros. Ni qué queremos. Incluso, no nos instan a crecer, a recuperar, sino que proceden a intervenir. Y lo que queremos es volver a reconstruirnos. Estamos en una etapa de reconstrucción. Somos un pueblo que tiene toda la legitimidad de plantearse un proyecto. Un proyecto propio…”.

· “Hay un estigma en torno a la CAM: que sólo tiene hombres o mujeres que hacen acciones, y no es así. La CAM tiene personas que desarrollan un proceso de reconstrucción de su pueblo desde las comunidades; desde el ámbito económico, cultural, político, ideológico, en el tema educativo, en el tema valórico. O sea, la CAM también desarrolla recuperaciones productivas. Mucho madereo, mucha agricultura, mucha ganadería, en menor escala obviamente. La gente tiene que comer, tiene que vivir, y vivir con dignidad. Eso hace la CAM también. Hay muchas experiencias de esto. La CAM nunca ha recibido dinero de proyectos internacionales, no hemos recibido plata de ninguna instancia. Pese a la persecución contra la CAM de más de diez años, nunca han encontrado ningún elemento que dé pistas de un financiamiento externo. Nunca. Ni una cuenta, ni una plata, nada.

La CAM funciona porque tiene en sus comunidades muy buenos agricultores, muy buenos criadores de animales, muy buenos trabajadores del ámbito maderero; tiene proyectos de huertos muy diversos, muy sanos. Huertos que son mantenidos por militantes de la CAM, de donde la CAM saca sus verduras, sus productos. Así se autofinancia, se autogestiona.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 770, 9 de noviembre, 2012