Desde el primer ingreso, en octubre de 1998, las familias no volvieron a salir más del predio de la familia Matte. Los sacaban y regresaban. El mismo día, al día siguiente, poco importaba, ellos habían vuelto para quedarse.
Parte importante de la historia mapuche reciente se puede resumir en la figura del lonko Pascual Pichún. Y también en la entrega de tierras que el pasado viernes realizó el gobierno a su comunidad. Al lonko lo conocí allá por el año 98’ y gracias a su hijo Juan, con quien compartí residencia estudiantil en Temuco. Juan estudiaba Pedagogía Básica Intercultural y era un activo dirigente estudiantil. Yo un idealista estudiante de leyes, que creía a pie juntillas en la imparcialidad de la justicia, la presunción de inocencia y la efectividad de la Ley Indígena, entre otras ingenuidades propias de la edad.
“En mi comunidad vamos a recuperar un fundo”, me lanzó Juan cierto día, mientras almorzábamos en el casino de la UCT. “Estudias sobre la justicia. ¿Quieres pasar de la teoría a la práctica?”, me dijo sonriente y provocador. “Vamos, te invito a la comunidad, mi viejo te quiere conocer”, cerró y sin esperar respuesta alguna de mi parte. Y así llegué a Temulemu, al suroeste de Traiguén, un verdadero oasis de tierras erosionadas y resecas donde malvivían cientos de familias mapuches, rodeados de gigantescas plantaciones forestales, guardias privados malas pulgas y aviones fumigadores con pésima puntería. Para mí, mapuche proveniente de Ragnintuleufu, aquel fértil valle bendecido por las aguas de los ríos Quepe y Cautín, el paisaje resultaba brutalmente desolador.
Si la memoria no me falla, fue en octubre de 1998 cuando acompañé a las familias en su primer ingreso al fundo “Santa Rosa de Colpi” de Mininco, aledaño a la comunidad de Pichún. Se trataba de 2 mil y tantas hectáreas de pino radiata, listas para ser explotadas y acrecentar con ello el patrimonio ya desorbitante de la familia Matte, una de las cien más ricas del mundo según el listado Forbes de aquel año. La gente de Temulemu no estaba sola en su reclamo. El fundo, gigantesco como todos los dominios forestales sureños, colindaba con otros dos sectores rurales, tan pobres y abandonados como Temulemu.
Se trataba de Pantano y Didaico, este último liderado por el lonko Aniceto Norin, años más tarde compañero de celda y desventuras del lonko Pichún. Recuerdo aquella mañana como si fuera ayer. Lejos de las caricaturas de las “minorías mapuches violentas”, fueron cientos las familias que cruzaron la cerca del predio aquel día. Hablo de familias completas, adultos, ancianos, mujeres y niños, acompañados hasta de sus perros y uno que otro gato con quien la curiosidad pudo más. Una caravana de gente y de historia. Allí estaban los Nahuelpi, los Lincopi, los Nahuelcura, los Tranamil, los Pichincura, los Ñiripil, los Paillalao, los Pichun y tantos otros cuyos linajes familiares honraban.
No fue en absoluto una ocupación violenta, como tituló y en rojo furioso El Austral de Temuco al día siguiente. Me consta. Ningún encapuchado, ningún AK-47, ningún enviado especial de las FARC dando instrucciones por walkie-talkie. Por el contrario; un nguillatun de dos días recordó a todos la verdadera razón de por qué estábamos allí. “Es el retorno a la tierra de nuestros padres y abuelos”, me señaló el lonko Pichún en nuestro primer cruce de palabras. “Por donde vive su gente, peñi Pedro, ¿aún hay ríos, aún queda algo de bosque nativo?”, me preguntó. “Sí, peñi, es una linda tierra la de mis abuelos… y todavía no llegan las forestales”, respondí. Charlamos largamente con el lonko aquel día y los siguientes, que se volvieron meses y luego años de profunda amistad.
Siempre me preguntaba por mi lof, por mi comunidad, allá en la lejana Entreríos. Y en cada una de mis respuestas veía en sus ojos la nostalgia de un territorio alguna vez rebosante de vida, más luego avasallado y explotado sin contemplación por las leyes del hombre y del mercado. “Temulemu”, la tierra del árbol de Temu, pero sin Temu. Y sin medicina natural. Y sin ríos. Y sin agua. Y sin futuro para sus niños y jóvenes, obligados todos a migrar en búsqueda de una vida menos mala en la periferia de las grandes ciudades. “Somos extranjeros en nuestra propia tierra”, me dijo el lonko en una de nuestras charlas. La registré en una libreta de notas que me acompaña desde entonces.
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¿Qué hacía un estudiante de leyes metido en la “toma” de un fundo? Nada ilegal, por cierto. Y es que el reclamo de las comunidades no solo era legítimo. También absolutamente legal. Así lo averiguamos con Juan, el hijo letrado del lonko, escudriñando en apolillados títulos de dominio de mediados del siglo XX. Cuento corto, tras la ocupación de la Araucanía (también llamada “Pacificación”), el Estado tomó el control del extenso territorio de los bisabuelos de Pichún, radicándolos a ellos en una mínima fracción restante (de allí el nombre legal de las actuales comunidades: “reducciones”).
En 1926, las familias solicitaron la ampliación del Título de Merced, para incluir tierras antiguas que fueron jurisdicción de sus lonkos y la restitución de aquellas usurpadas por particulares. En 1931, para sorpresa de muchos, el Juzgado de Indios de Victoria falló a favor de los mapuches, siendo -décadas más tarde- la Corporación de Reforma Agraria la encargada de devolverles sus tierras. Como ya sospecharán, todo volvió a fojas cero tras el golpe militar. Expulsados nuevamente, el predio volvió a manos de sus anteriores ocupantes, quienes a fines de los setenta -previendo tal vez que hasta la paciencia mapuche tiene un límite- optaron por vender a Forestal Mininco y largarse.
Fue lo que me tocó explicar en Ginebra, Suiza, en abril de 1999. Hasta allí llegué enviado por el lonko Pichún y otros dirigentes, para exponer los atropellos y abusos “legales” cometidos por empresas y latifundistas al sur del Biobío. Todo ello, claro, con la complicidad del Estado, el gobierno y sus sacrosantas instituciones. En la Comisión de Derechos Humanos de la ONU pocos podían creer lo que les contaba. Uno de ellos, el despistado cónsul honorario de Chile en Ginebra, un señor de origen francés que aseguraba -muy suelto de cuerpo- la no existencia de pueblos indígenas en el país. Cada vez que nos cruzábamos en los pasillos del Palacio de las Naciones, bajaba la vista. Avergonzado de su rol, quisiera pensar.
En aquel viaje no solo me correspondió hablar por Temulemu. También por Cuyinco, LleuLleu, Rucañanco, Colcuma, Pichilonkoyan, Catrioñancul, Choin Lafkenche y Caillin, entre otras comunidades movilizadas y donde la historia del despojo, una y otra vez, se repetía calcadamente hasta el cansancio. “Invasión, Reducción y Usurpación”. La trilogía del arribo chileno al Wallmapu, el país soberano de nuestros bisabuelos. Y como si no fuera poco, los usurpadores no eran el Estado, ni los colonos, ni las madereras. No, señor, los usurpadores eran los comuneros. Corrijo, los usurpadores eran ellos y todos quienes, desde la ciudad, osáramos apoyarles en su reclamo.
Esto lo entendí al aterrizar en el aeropuerto de Santiago, a mi regreso de la ONU. De aquel vuelo Iberia bajamos dos personas esposadas. Un ciudadano español, buscado por drogas por INTERPOL. Y el joven estudiante de leyes de Temuco, vocero internacional de la “subversión mapuche en los campos del sur”, según consignó la prensa. “Así que estudias derecho en la Católica. Pero hombre, ¿qué cresta andas haciendo con estos indios comunistas?”, me lanzó el ministro en visita que había ordenado, desde Traiguén, mi captura internacional. “Hice lo que me enseñaron ustedes; elaboré un informe jurídico y lo fui a presentar a la ONU. Hasta creo que debieran darme un premio como alumno destacado”, respondí.
El ministro, tristemente célebre en la zona por su marcado racismo y mal aliento, no estaba precisamente para bromas. “¿Sabes que si te proceso perderás tu carrera?”, preguntó amenazante. “¿Y aquello de la presunción de inocencia que aprendí en primer año?”, respondí. Era bastante sabio el ministro Loyola, hoy jubilado para tranquilidad de moros y cristianos. Juntarme con “los indios” sí tendría sus consecuencias. Encarcelado y formalizado por usurpación de tierras, robo de madera y encubrimientos varios, implicó ese año mi despedida de la Escuela de Leyes. Al año siguiente, tras persistir todo el 99’ con las malas juntas, ingresé a estudiar periodismo en Temuco (Gracias, magistrado, por el favor concedido).
No fui el único encarcelado aquel año, por cierto. Y al lado de lo que sufrieron los lonkos y sus familias, lo mío no dejó de ser una anécdota. Desde el primer ingreso, en octubre de 1998, las familias no volvieron a salir más del predio de la familia Matte. Los sacaban y regresaban. El mismo día, al día siguiente, poco importaba, ellos habían vuelto para quedarse. Una y otra vez los desalojaron de manera violenta, cientos de carabineros armados hasta los dientes y endiablados quizás con qué. Varios desalojos y allanamientos los presencié estando en la comunidad. Siempre recuerdo un operativo en especial, acontecido en junio de 1999 y que implicó un masivo apaleo policial de mujeres, ancianos y niños, sin distinción alguna. Detenido esa mañana por una patrulla del GOPE en las inmediaciones del fundo, todo lo observé desde una micro policial, esposado y bajo custodia de un oficial que disfrutaba la escena a carcajada limpia.
Aquel día mucha sangre se derramó en Temulemu. Sangre mapuche solamente. Sangre del lonko Pascual, agredido por matones de uniforme que lo subieron a la micro maniatado y bañado en sudor y lágrimas. Sentado frente a mí, jadeando, con dificultades para respirar incluso, aún recuerdo sus palabras: “No se preocupe, peñi Pedro; vamos a volver, vamos a volver”. Dos años más tarde, junto al lonko Aniceto Norin, sería acusado de “amenaza terrorista” por el gobierno, el ex ministro Juan Agustín Figueroa y un regimiento de abogados de apellidos vinosos. Un primer juicio lo absolvió de cargos. Un segundo, de tipo kafkiano y ordenado por la Suprema, lo condenó de manera inapelable a cinco años en prisión. Gobernaba don Ricardo Lagos Escobar, alias "el demócrata".
Visité al lonko numerosas veces en la cárcel. Siempre le llevaba un ejemplar de Azkintuwe, el periódico que fundamos en el sur el 2003. Acompañados de mate, nos reíamos. Nunca perdió el sentido del humor. Ni la serenidad que otorgan los años y los desalojos en el cuerpo. “Esas tierras volverán a manos de la comunidad”, me decía siempre, con la esperanza intacta. Y hace unos días su sueño se volvió realidad. Tres mil 576 millones de pesos desembolsó el Estado para comprar las 2 mil 554 hectáreas que Forestal Mininco y otros “propietarios” poseían en medio de las comunidades de Traiguén. Uno de los fundos, “Santa Rosa de Colpi”. Cuesta creerlo. Mas de una década debió transcurrir para que las familias de Temulemu, Didaico y Pantano pudieran recuperar sus tierras. Más de una década, cientos de mapuches detenidos, condenados, heridos y apaleados.
“¿Qué impedimento ve usted para que el Estado chileno no resuelva estos conflictos, en apariencia de fácil abordaje legal?”, me preguntó un colega de Radio Francia Internacional en aquel periplo europeo del 99’. “Racismo”, respondí. “La familia Matte, que posee casi un millón de hectáreas de plantaciones, no quedará precisamente en la ruina devolviendo 2 mil. Lo que se busca es enviar un mensaje; no vendemos, no devolvemos, no nos doblarán la mano estos indios”. Paradojas del destino, fue un gobierno de derecha quien tuvo los cojones para resolver finalmente el entuerto. Lo que no hizo en una década la Concertación, en dos años lo resolvió Piñera. “Este es un triunfo del pueblo mapuche”, me dijo el lonko Pichún hace tan solo unos días, tras una pausa en la ceremonia de agradecimiento a la tierra. Lo es, estimado peñi. Del pueblo mapuche y de su porfía.
* Publicado originalmente en The Clinic.
Yo voy a Temuco a visitar a los comuneros, estamos a la espera de un fallo que acoja la nulidad del juicio en Cañete y esperamos que por esta vía se resuelva el caso y que prontamente se haga la reforma de manera que cualquier persona que esté sometida a una ley excepcional tenga derecho a un juicio justo", indicó a El Diario de Cooperativa.
