Diversos activistas y observadores nacionales e internacionales del ámbito de los DDHH ofrecieron respaldo a la Machi Millaray Huichalaf, autoridad ancestral mapuche inmersa en la campaña de defensa del Río Pilmaikén, donde se proyecta una hidroeléctrica que inundaría el Kintuante, espacio sagrado para las comunidades mapuche williche.
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| Machi Millaray Huichalaf |
Finalmente, se declaró a Huichalaf culpable por encubrimiento de un delito sin autores y fue condenada a 61 días de presidio remitido, pena que, a pesar de haber sido ya abonada (la machi estuvo en prisión 120 días tras el allanamiento a su casa en el marco del proceso investigatorio) fue recurrida por la defensa.
En una carta dirigida a la Presidenta Bachelet, al Ministro de Justicia, a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado de Chile y a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados de Chile, los activistas ofrecen apoyo a la machi y exigen “respeto por los derechos humanos del pueblo Mapuche y el cumplimiento de los tratados internacionales”.
– Sra. Michelle Bachelet Jeria, Presidenta de la República De Chile
– Sr. José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia
– Comisión Permanente de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado de Chile
– Comisión Permanente de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados de Chile
Copia a:
– Sra. Victoria Tauli Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas
– Sra. Rose-Marie Belle Antoine, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
– Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile
De nuestra mayor consideración:
Con la correspondiente carta, diversas organizaciones internacionales, nacionales, observadores de derechos humanos (DDHH) y activistas de diversas nacionalidades queremos respaldar a la autoridad espiritual ancestral Mapuche, Machi Millaray Huichalaf.
Diversas expresiones internacionales han iniciado una campaña de adhesiones que será dirigida a representaciones del ejecutivo, legislativo del estado chileno y organismos internacionales de Derechos Humanos, en apoyo a la Machi Millaray Huichalaf ante los sucesivos hechos de persecución y criminalización que ha venido enfrentando, en el marco de los procesos de defensa del territorio. Asimismo exigen respeto al Pueblo Mapuche y el cumplimiento de los tratados internacionales de Derechos Humanos.
Extendemos a continuación carta difundida por Internet para sus respectivas adhesiones.
Petición para Michelle Bachelet Jeria
RESPALDAMOS a MACHI MILLARAY HUICHALAF, autoridad espiritual ancestral Mapuche y EXIGIMOS: Respeto por los derechos humanos del pueblo Mapuche y el cumplimiento de los tratados internacionales
- Sra. Michelle Bachelet Jeria, Presidenta de la República De Chile
– Sr. José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia
– Comisión Permanente de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado de Chile
– Comisión Permanente de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados de Chile
Copia a:
– Sra. Victoria Tauli Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas
– Sra. Rose-Marie Belle Antoine, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
– Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile
De nuestra mayor consideración:
Con la correspondiente carta, diversas organizaciones internacionales, nacionales, observadores de derechos humanos (DDHH) y activistas de diversas nacionalidades queremos respaldar a la autoridad espiritual ancestral Mapuche, Machi Millaray Huichalaf.
La Machi, como es sabido, se ha visto enfrentada a la justicia chilena sin las garantías que judicialmente le corresponden. Esta última afirmación se basa en cómo se ha ido desarrollando la acusación y posterior juicio contra la autoridad espiritual Mapuche: para empezar, la prensa oficial y muchos políticos en los últimos años han criminalizado la legítima resistencia de las comunidades ancestrales y sus autoridades, entre ellas a la Machi que guía la lucha por defender el territorio sagrado del Ngen Kintuante, ubicado entre las Regiones de los Ríos y de los Lagos, a orillas del Río Pilmaiquen.
En los últimos meses el gobierno chileno ha hablado de respetar al pueblo Mapuche y sus derechos, ha avanzado en el respeto hacia su cultura, por ejemplo, en un hospital público fue entregada la placenta de un bebe Mapuche a los padres, para una posterior ceremonia privada tradicional. Sin embargo, aún no se ha hecho el reconocimiento constitucional del pueblo Mapuche como tal y no ha habido ningún cambio en la mirada hacia sus legítimas reivindicaciones. La criminalización y la violencia siguen siendo las mismas que durante el gobierno de Piñera. Lo demuestran las afirmaciones del Intendente Egon Montecinos de la Región de Los Ríos, que continúa solicitando la represión en contra de los comuneros Mapuche que revindican el territorio sagrado del Ngen Kintuante y el fundo de Lumaco Bajo, cerca de donde se pretende construir el muro de la represa. Montecinos utiliza el mismo lenguaje y los conceptos de tenor represivo, antes expresados por el ex-gobernador de la provincia de Ranco –de la UDI, Eduardo Hölck.
Les recordamos que tanto la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU) como el Convenio 169 de la OIT (jurídicamente vinculante) legitiman la conservación de estos espacios, este último lo plantéa en la Parte II. Tierras. Artículo. 13. 1: « (…) los gobiernos deben respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras y territorios que ocupan o utilizan de alguna otra manera. Deberán instituirse procedimientos adecuados para solucionar las reivindicaciones de tierras.» Sin embargo, nos encontramos con un gobierno que respalda con el silencio o la inoperancia el proyecto hidroeléctrico Osorno de la Empresa Eléctrica Pilmaiquen S.A.:
1- Validando en primer lugar un juicio contra miembros de diversas comunidades del Pilmaiquen, que solo defienden lo que legítimamente le corresponde como pueblo originario: la reivindicación y conservación de sus tierras, la conservación de su cultura, costumbres, religiosidad, etc., etc.
2- En segundo lugar, pero de mayor gravedad, es el silencio cómplice del Estado para la legitimización de este proyecto. La hidroeléctrica ha provocado divisiones, trabajando con los dirigentes de las comunidades jurídicas, ofreciendo dinero y beneficios para “comprar” el consentimiento. Lo que ha llevado al quiebre de algunas comunidades. Al contrario, las autoridades ancestrales del lugar no han sido consultadas por el hecho, ya que su posición en contra del proyecto ha sido siempre muy clara y no tienen intención de vender su espiritualidad por beneficios. Por otra parte, las actas de consentimiento de la medida de mitigación, calificación que debe hacer la CONADI, de intervención del sitio ceremonial, llevan firmas de miembros de diversas comunidades obtenidas con engaños. Por ejemplo, fueron entregadas como consentimiento algunas firmas de simple asistencia a las reuniones para tratar el tema. Otras fueron recogidas casa por casa para llamar a reunión, estas fueron ocupadas posteriormente como aprobación de la mitigación en favor de la hidroeléctrica.
De todo esto existen declaraciones grabadas y el mismo director de CONADI de la Región de Los Ríos, Christian Cayul, ha sido informado por una delegación de las autoridades ancestrales, acompañadas por el Observatorio ciudadano.
3- Y por último, la complicidad llega al extremo de dar continuidad –casi sin cuestionamientos– a otros mega proyectos tanto de diversas forestales como proyectos mineros, que significarían la destrucción no solo de territorio sagrado Mapuche, sino del medio ambiente: la contaminación de ríos, playas, ciudades, etc. Tal como ocurrió y continúa ocurriendo en diversas regiones del sur de Chile a manos de las forestales (que han secado las cuencas de los ríos) y en el norte, específicamente, la Región de Atacama, donde el agua «potable» es la más contaminada del país debido a que las mineras han ocupado la que correspondía a la población (generando esto, variados y no menores problemas de salud; enfermedades y hasta la muerte en la población aledaña). Un hecho que llevó a que los habitantes deban comprar bidones de agua purificada «extra», por la presencia excesiva de minerales en el agua de sus hogares –contaminada por la la minera y por la cual también pagan–. Además, existen 20 millas de mar (playas y borde costero) en las cercanías y en la misma bahía de Chañaral, hasta hoy en día contaminadas con los relaves vertidos en ellas durante casi 52 años por la minera Codelco. Zonas marinas en las que ya no existe o no ha podido recuperarse aún la vida.
Entonces nos preguntamos: ¿Este es el futuro que el Estado quiere ofrecerle a las comunidades Mapuche, a los ciudadanos chilenos de la zona y del país, tan solo para resguardar los intereses económicos de algunos pocos? O más bien, respetar lo que el gobierno mismo dice a través del video que se puede encontrar en la web, «Consulta Previa Ministerio Consejo (s) Pueblos Indígenas»: «(…) El convenio internacional 169 de la OIT, firmado por Chile, establece que el Estado debe consultar a los pueblos indígenas, cada vez que se tomen medidas que les pueden afectar directamente».
Justamente en el contexto de una de estas consultas, se desestimó la existencia de la comunidad Maihue-Carimallín a la que pertenece la Machi Millaray, no pudiendo presentar esta, oficialmente, su rechazo a la instalación de la hidroeléctrica. Sin embargo, según el Convenio 169 y la Declaración sobre los Pueblos Indígenas, tienen derecho a ser consultados tanto los «propietarios de terrenos» como los «interesados o afectados», tanto las comunidades indígenas jurídicas como las tradicionales.
Además, la comunidad envió cartas que no fueron respondidas y una petición de la compra de tan solo once hectáreas que corresponden al territorio sagrado (aun cuando se efectuaron los pasos correspondientes trámites y solicitud de compra) la CONADI rechazó la petición, de esta forma alineándose con la hidroeléctrica.
¿Casualidad? Claramente no, por ende toda la apertura del gobierno a la consulta indígena y la creación de un Ministerio Indígena, nos parecen más pasos a un blanqueo de imagen internacional del Estado de Chile, bastante enlodada en esta materia y en muchas otras. Sin embargo, demos espacio a la duda y si ustedes consideran que esto no es así: invitamos al gobierno que se consulte en cada caso (como los tratados internacionales lo indican), a cada grupo o comunidad y, principalmente, a las que verán afectadas tanto su calidad de vida como su cultura, como es el caso del Ngen Kintuante en Pilmaiquen. Y más aún, a que sean realmente oídas las peticiones legítimas de las diversas comunidades que se ven afectadas por «los mega proyectos en favor de la economía de las zonas» como algunos políticos majaderos tienen el descaro de declarar en su ignorancia, o tal vez no, de la terrible realidad que ocurre y viven las comunidades Mapuche.
En el caso Pisu Pisué, relativo al incendio de una casa ubicada en el fundo con el mismo nombre y que tuvo lugar en enero del 2013, los imputados fueron dejados en libertad tras la revocación de la prisión preventiva el día 31 de mayo del mismo año. Luego enfrentaron la reformalización y posteriormente el dictamen de veredicto en un juicio oral el día jueves 13 de noviembre en la ciudad de Valdivia. El Machi Tito Cañulef y otros dos defensores del «Kintuante» fueron absueltos. La Machi Millaray, sin embargo, fue encontrada culpable y declarada encubridora de un hecho, sin pruebas concretas y aún sin culpables del mismo delito. Además, vale la pena destacar, en primer lugar, que las pruebas fueron recogidas de manera ilegal, otro vicio en este juicio, pues, la PDI no contaba con la autorización judicial pertinente, por lo cual el juez Daniel Chaucon no las admitió en el juicio oral. Después de esto, la corte de apelaciones de Valdivia las incorpora en un fallo de tres jueces: de los cuales dos estaban ausentes y fueron reemplazados por un abogado integrante de la corte y un fiscal judicial, también integrante. Cabe subrayar que la sentencia de la corte de apelación es por lo menos extraña, ya que solo se limita a aceptar todo lo que el fiscal pide, sin fundamentar mínimamente el fallo, lo que parece indicar una voluntad persecutoria.
En segundo lugar, y de extrema gravedad fue la omisión de la entrega de muchos antecedentes de parte del fiscal Sergio Fuentes, en este sentido, un grueso de ellos fueron presentados como secretos (aun siendo un juicios penal, se aplican solapadamente algunos de los elementos o herramientas de la ley antiterrorista , como suele suceder en juicios contra Mapuche «varios observadores de DDHH han sido testigos de esto»). Toda la documentación fue entregada finalmente recién el día de la preparación del juicio oral, vulnerando el derecho de defensa de los imputados (como aparece en el video del link adjunto)[1]. Igualmente ilegal fue la utilización de antecedentes obtenidos por la ANI y pedidos por el fiscal regional y no por el fiscal nacional: única persona a la cual la Ley Chilena entrega expresamente este poder. Debido a todas estás irregularidades, la defensa presentó un recurso de nulidad para que la Machi sea absuelta ( detallado en el link adjunto).[2]
Con todo esto nuevamente se ve demostrado que en Chile, en realidad, no se respetan ni nunca se han respetado los mínimos derechos de un juicio justo y de una debida defensa cuando se trata de un o una Mapuche. Por lo cual, no solo este grupo de defensores de los derechos humanos está movilizado, sino que diversas instituciones nacionales e internacionales, políticos e individualidades han alzado la voz y han tomado medidas frente a estos hechos aberrantes. Por ejemplo, Mapuexpress, un medio alternativo, hace mención de una carta entregada a la Relatora de la ONU, Tauli-Corpuz, los días 29 y 30 de octubre en Copenhague: « (…) en una reciente conferencia internacional de Derechos Humanos en Dinamarca organizada por IWGIA, la que fue entregada por organizaciones de Derechos Humanos, manifestándole su preocupación por la situación que enfrentan diversas familias y comunidades afectadas directamente por numerosos proyectos hidroeléctricos que incluye los intereses de algunas empresas transnacionales (…). La misiva fue extendida por varias organizaciones y representaciones territoriales Mapuche».
También nos podemos encontrar con situaciones como las disculpas públicas al pueblo Mapuche emitidas, como es sabido, por el intendente de la Región de la Araucanía Francisco Huenchumilla; y la Acción de Amparo en contra de Carabineros de la IX zona Araucanía, representada por el general de Carabineros Nabih Soza Cárdenas, interpuesta por la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries. A esto debemos sumar, por su relevancia, la admisión del caso Alex Lemun por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado chileno por el caso del asesinato del comunero Mapuche y, por supuesto, la intervención de Verónica Huilipan, el 02 y 03 de Diciembre pasado, en nombre del Observatorio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas (ODHPI) en la sesión del Foro sobre Empresas y Derechos Humanos que se realizó en Ginebra (Suiza), entre muchos otros ejemplos.
Todas estas acciones ponen en evidencia una preocupación generalizada por la persecución del Estado y de sus organismos al pueblo Mapuche, a través de la historia. Persecución reconocida internacionalmente y que no se ha detenido. Acoso basado en los intereses de unos pocos –Chile sufre estas injusticia hace ya 41 años, razón de las actuales reformas– y que lamentablemente el gobierno chileno sigue respaldando, por ejemplo, potenciando la forestación de monocultivo de especies exóticas mediante la prórroga del decreto 701, creado en 1974 en plena dictadura. Que pretende, duplicar las plantaciones y que augura, sin duda, una profundización del conflicto identitario, económico y político entre las forestales, el Estado y el pueblo Mapuche.
Por todo lo anterior, nos vemos en la obligación de exigir que se garanticen los derechos básicos y, principalmente, la transparencia en los juicios contra Mapuche y activistas de derechos humanos que se ven enfrentados a la justicia chilena en el contexto de la lucha territorial reinvindicativa. Además, que se cumpla con la premisa «igualdad ante la ley», de la que hace mención la respuesta a nuestra anterior carta, documento que se nos hizo llegar por medio del Sistema de Apoyo de Seguimiento Institucional (SASI). Respuesta que representa la posición del Estado chileno: «Cabe destacar que en Chile todos los habitantes gozan de los mismos derechos y garantías, sin distinción ni discriminación de cualquier tipo (…)». Basándonos justamente en este último párrafo, que forma parte de la respuesta, nuestro respaldo se vuelve más fuerte y crítico, y queda en evidencia que esta carta no es antojadiza. Por el contrario, con ella queremos comunicarles que con la información recopilada por diversos activistas y observadores de derechos humanos en las comunidades afectadas –por los allanamientos, persecución política de sus dirigentes y autoridades ancestrales, violencia racista de parte de carabineros, etc., etc.– podemos probar que la situación continúa siendo crítica tanto para la Machi Millaray como para tantos otros comuneros Mapuche (con diversas causas en los juzgados del sur de Chile).
Nos consta, además, que ninguno de ellos ha contado con ninguna de las garantías de las que la presidencia nos habla. Lo lamentable de este tipo de situaciones es que estas no son aisladas, sino habituales y siguen repitiéndose sin pausa en el sur de Chile.
Como organizaciones de defensa de los DDHH nos vemos en la obligación moral y ética de estar pendientes de estos y cualquier otro paso que haya dado, dé o pretenda dar el Estado chileno para supuestamente cumplir, como es debido, los tratados internacionales. Esperamos que frente a esta carta, el Estado chileno cuestione con seriedad la situación de violaciones de los derechos básicos a los imputados en el caso Pisu Pisué y en otros procesos judiciales viciados que se aproximan. Además, le exigimos al Estado que «supervise de mejor forma» a las instituciones y personas responsables de las violaciones de los derechos humanos y sus garantías judiciales, y estas sean sancionadas por las irregularidades cometidas en este y muchos otros juicios contra Mapuche y activistas de derechos humanos.
No queremos limpieza de imagen del Estado chileno en la comunidad internacional, sino acciones que se condigan con lo que este dice.
Saludan atentamente a ustedes.
Anja Habersang – Politóloga Internacional – Alemania (activista de DDHH)
David Monticelli – Antropólogo y Director de la Asociación IL CERCHIO,
Coordinación Italiana de apoyo a/por los Nativos Americanos.
Ecomapuche, associazione di amicizia con il popolo mapuche, Italiawww.ecomapuche.com
Elena Urrutia – Directora de la Asoc. Maricheweu – Germany (por los DDHH del pueblo mapuche)
Elizabeth Cueto Campaña – Chile (Activista de DDHH)
Luisa Costalbano – Observadora de DDHH y de los derechos de los Pueblos Indígenas. Asociación italiana IL CERCHIO.
Manuel Zani – Observador de DDHH y de los derechos de los Pueblos Indígenas. Asociación italiana IL CERCHIO.
Man-Ya Kniese – Directora de la Asoc. Maricheweu – International–, Holanda (Por los DDHH del pueblo mapuche)
Pamela Ydígoras: Escritora chilena (activista de DDHH).
Silvia Leiva: Grupo Temático Pueblos Originarios Solidaridad Suecia Latinoamérica (SAL).
[1] https://www.youtube.com/watch?v=CU87lJuX_bs
[2] http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/5820/defensa-publica-presento-recurso-de-nulidad-para-absolver-a-machi- millaray-huichalaf
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El Ciudadano
