Chile: viaje al interior de una cárcel mapuche

Valeria Perasso

BBC Mundo, Cono Sur

La cárcel de Angol, en la Araucanía chilena, tiene un pabellón con un cartel sobre la puerta de barrotes: "Especiales".

Allí detrás, aislados del resto de los reclusos, hay 13 mapuches acusados de múltiples delitos, todos vinculados al activismo que esta etnia lleva adelante en reclamo por las tierras que consideran pertenecieron a sus ancestros.

La lista de cargos es larga, pero los delitos tienen algo en común: se encuadran bajo la figura de "terrorismo", para la cual la Justicia chilena tiene una ley particular.
A Felipe Huenchullán, de 25 años, quien lleva el apellido de una de las familias emblemáticas de la lucha mapuche por estos días, lo acusan de asociación Ilícita terrorista, homicidio frustrado terrorista, robo con intimidación terrorista y atentado incendiario. Su peñi (hermano de etnia) Camilo Tori, de 22, ostenta cargos parecidos.

Ambos -todos aquí, en realidad- se declaran inocentes y se consideran presos políticos. Llevan más de un año detenidos, aún no han sido procesados y, tras las rejas, exigen que se les deje de aplicar la llamada Ley Antiterrorista.

Esta norma, establecida en 1984 por Augusto Pinochet para perseguir disidentes al régimen y vigente hasta hoy con algunas modificaciones,ha sido criticada por organismos internacionales, como Human Rights Watch y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por su severidad en las penas y porque -según algunos observadores- ha sido aplicada casi exclusivamente en causas que tienen a mapuches como sospechosos.

"Establece penas mucho más duras para los mismos delitos que están tipificados en el Código Penal y además establece una serie de restricciones a las garantías del debido proceso, como el doble juicio en tribunales militares y civiles al que han sido sometidos los mapuches o la imposibilidad de conseguir medidas de libertad provisional", señala José Aylwin, abogado especializado en asuntos indígenas.
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"Escalamos peldaños"

Todos los "especiales" han llegado a este pabellón -atiborrado de camas encimadas, las más altas a escasos centímetros del cielorraso- por una razón de fondo: los presuntos actos ilícitos cometidos para lograr que el Estado chileno les restituya las tierras de las que fueron dueños sus antepasados, de las que han perdido el 95% a lo largo de dos siglos.

Huenchullán y Tori, junto con otros presos, decidieron extremar la protesta haciendo uso del único bien que poseen tras las rejas: sus cuerpos.

Así, 34 indígenas -incluidos dos menores- se sumaron a la huelga de hambre establecida para protestar por la aplicación de la ley. Duró 88 días, desde el 12 de julio pasado, y pasó inadvertida por muchos incluso dentro de Chile. Tanto, que el Colegio de Periodistas condenó el "silencio informativo" en torno a la huelga, que alcanzó su punto crítico mientras todas las cámaras apuntaban al rescate de los 33 mineros de Copiapó.
"Las primeras dos semanas sufrí harto, pero pasado el día 20 el cuerpo se acostumbra", dice Camilo Tori, quien debió ser internado con un preinfarto y, a los 70 días, ya no fue capaz de pararse por sus propios medios. Perdió 24 kilos en la cruzada.

Los de Angol se sumaron últimos al reclamo que habían iniciado sus compañeros en las cárceles de Concepción, Temuco y Valdivia. No tuvieron la precaución meticulosa de sus pares -que engordaron varios kilos y tomaron un soporte vitamínico antes de iniciar la dieta líquida- y fueron, por eso, los que sufrieron efectos más severos.

"Físicamente estamos débiles, pero psicológicamente creo que escalamos muchos peldaños", dice Felipe Huenchullán mientras come su primer almuerzo sólido después de la huelga, por la que también fue internado con un cuadro cardíaco. Le sobra ropa en todo el cuerpo y aún no logra deshacerse de la palidez cetrina que el hambre le marcó en el rostro.

"Hasta la muerte"

El sábado, día de visita, y los familiares de los detenidos llegan a la prisión con bandejas y ollas rebosantes de alimentos, que calientan y comparten como si hubiera fiesta en el pueblo. Hace poco, y como parte de las nuevas concesiones, al pabellón de Especiales le entregaron una estufa a gas, que se ve flamante entre las paredes y mesas descascaradas de las celdas.

Tori y Huenchullán coinciden en que jamás pensaron en abandonar la huelga.
"Era una decisión hasta la muerte porque esta lucha vale más que la vida mía", afirma Tori.
"Yo seguía, pese a que mi familia me venía a decir que pensara en mi hija (de 3 años). No es falta de sentimiento, esto iba más allá: es por el pueblo, por el futuro", señala su compañero.
El final tuvo fecha: 9 de octubre. Los presos de Angol fueron los últimos en deponer la huelga, en coincidencia con el anuncio que hizo el ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, de que el gobierno retiraría las denuncias contra algunos comuneros bajo la Ley Antiterrrorista.

¿Insuficiente?

Algunos avances recientes en la agenda gubernamental sobre el tema mapuche fueron coletazos de esta huelga alimenticia. El presidente Sebastián Piñera anunció un Plan Araucanía "para entregar herramientas al pueblo mapuche para que pueda ponerse de pie" y alcance "niveles de progreso que hasta hoy día no ha conocido".
Asimismo, el Senado chileno aprobó una serie de modificaciones a la ley en cuestión, por la que ahora se impide juzgar a menores como terroristas, se limita la competencia de los tribunales militares y se reducen algunas penas.

"La nueva Ley Antiterrorista es mejor porque quita la presunción, aunque todavía es cuestionable. Antes, se asumía que la sola intención del acto terrorista bastaba y se penalizaba la tentativa del delito", indica a BBC Mundo Cristóbal Carmona, de la ONG Observatorio Ciudadano.

Felipe Huenchullán considera que los cambios son una estrategia para desvirtuar la lucha.

Sin embargo, el experto señala que uno de los principales problemas de la norma sigue en pie: el hecho de considerar terroristas los atentados contra la propiedad privada, cuando en la mayoría de las legislaciones de otros países la figura se aplica a ataques contra la ciudadanía y el orden, no contra los bienes.
Para los dirigentes mapuches, los cambios tampoco resultan satisfactorios.
"Esto es una estrategia para desvirtuar la lucha: tenemos que concentrarnos en la cuestión de la Ley y pareciera que el reclamo de las tierras pasa a ser postergado. No debe ser, tenemos que retomar el camino que dejamos", recalca Huenchullán.
Por delante les queda la recuperación de los 100.000 km2 que alguna vez tuvieron, en un mundo en el que la tierra escasea y los imperativos económicos no se compaginan con el modelo de vivir en armonía con la naturaleza que el pueblo mapuche lleva como bandera.

 Los mapuches y la ley

• Organizaciones mapuches denuncian que alrededor de 400 comuneros han sido inculpados por infringir leyes de seguridad del Estado en las últimas décadas.
• Según datos de Gendarmería y otras organizaciones, a diciembre de 2010 había 41 mapuches en prisión por presuntos delitos relacionados con el activismo, más unos 20 bajo medidas cautelares.
• 34 prisioneros mapuches llevaron a cabo una huelga de hambre de 88 días, entre julio y octubre pasado.
• 3 jóvenes activistas mapuches han muerto recientemente en                                                       enfrentamientos: Alex Lemun (2002), Matías Catrileo (2008                                              Jaime Mendoza Collio (2009).

Mapuches en cifras

• La población mapuche se estima entre 1,2 y 1,5 millón de personas, según distintas mediciones. El censo de 2002 contabilizó 604.350, pero no computó a los menores.
• Se estima que casi 9% de la población total de Chile (17 millones de habitantes) es mapuche. También hay presencia mapuche, aunque menor, en el vecino Argentina.
• Sólo el 40% de los mapuches de Chile vive en el territorio considerado ancestral; un 60% reside en áreas urbanas.
• Los mapuches son la principal etnia del país: representan 87% de la población indígena de Chile.

Los cables de la diplomacia estadounidense filtrados por el sitio Wikileaks en diciembre pasado revelan que Chile pidió ayuda al espionaje de Washington frente a los mapuches. Pero, según publicó el diario español El País, el embajador Paul Simons consideró que las relaciones entre los mapuches y el Estado chileno no representaban una amenaza por ser mayoritariamente "no violentas". El enviado diplomático basó sus reportes, enviados entre 2008 y 2009, en información provista por la Subsecretaría del Interior durante la gestión de la presidenta Michelle Bachelet, que señalaba que sólo 27 de las 2.100 comunidades mapuches que hay en el país estaban en conflicto abierto con el gobierno o con propietarios de la tierra, y en 8 de esos 27 casos se habían registrado acciones violentas. 

BBC