sábado, 27 de noviembre de 2010

Comunicado De La Comunidad Pehuenche De Kawñikú CONTRA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA REPRESA DE ENDESA

Comunicado De La Comunidad Pehuenche De Kawñikú
CONTRA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA REPRESA DE ENDESA

Desde el Alto Bío Bío hacemos extensivo nuestro pronunciamiento frente a la construcción de la nueva represa proyectada para la Comunidad Pehuenche de Cauñicú.

Somos una comunidad que representa mil trescientos habitantes y, como tal, manifestamos que nos oponemos rotundamente a la construcción de la nueva represa, puesto que la experiencia que hemos tenido en estos años con la empresa ENDESA, y sus actuales represas, ha sido fraudulenta y de poca consideración a las comunidades, apropiándose de extensiones de terrenos, ríos, y riquezas forestales. A lo anterior, sumamos promesas incumplidas, atropellamientos sociales y comunitarios, sin precedentes en Chile.

La construcción de una nueva represa irrumpe violentamente en las vidas Pehuenche, relocalizando a nuestras familias sin considerar sus costumbres, tradiciones y modos colectivos de tomar decisiones.

Lo anterior, implica un evidente atropello a los derechos inviolables de los pueblos originarios, reconocidos en el Convenio Nº 169 de la OIT (1989) y ratificado por la legislación chilena el año 2008.

La vida del Pueblo Pehuenche está íntimamente vinculada a la tierra, la inundación de ésta provocaría una desintegración social y cultural, lo que se traduce en un daño irreversible a nuestra identidad. En este contexto, no vamos aceptar ningún convenio de negocios con ENDESA, porque la comunidad así lo ha expresado.

Debido a la participación del Estado en la privatización de los derechos de agua, y a la inclusión del Convenio 169 en la legislación vigente de pueblos indígenas, le exigimos a éste, tomar las responsabilidades pertinentes, reivindicando tal convenio.

Asimismo, demandamos al Estado que reste su apoyo a empresas privadas como ENDESA, y valide el Artículo 15 del Convenio 169, incorporado como Ley de la República de Chile: “Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras, deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos”.

Cabe destacar que el Alto Bío Bío ha sido lo suficientemente dañado en el ámbito social, cultural, económico y medioambiental. Han sido doce años de mentiras y desarticulación de nuestras comunidades, que nos ha llevado a situaciones de pobreza y exclusión, mientras el prometido progreso se aleja cada vez más de nuestro territorio. La experiencia que ha vivido nuestro pueblo con las centrales Pangue, Ralco y Angostura, nos advierte que una nueva represa sería nefasta para nuestras comunidades.

Por último, queremos señalar expresamente que este comunicado refleja nuestra postura oficial frente al tema en cuestión, pues las comunidades Pehuenche unidas no toleraremos más represas. Este documento es la voz de todos y de cada uno de los que habitamos el Valle del Queuco y la Comunidad de Cauñicú, por medio de nuestros Loncos y dirigentes, nos sumamos a las demás comunidades del Alto Bío Bío para expresar en conjunto, un rotundo NO a ENDESA.

“BÛRENEMOIÑ KA YAMABEL PÛ PEWENCHE TAIÑ RAKIDUAM”

“Querer y respetar el pensamiento Pehuenche”

ATENTAMENTE,

COMUNIDAD INDÍGENA DE CAUÑICÚ
REPRESENTADO POR SUS DIRIGENTES ACTUALES

JOSÉ GUMERCINDO QUEUPIL HUENTEAO
Presidente Comunidad Indígena de Cauñicú

RAMÓN DONATO NAUPA EPUÑAN
Lonco Comunidad Indígena de Cauñicú

JUAN DE DIOS MARIPIL PORTEÑO

Secretario Comunidad Indígena de Cauñicú

JOSE BENITO MARIPIL MARIPIL
Tesorero Comunidad Indígena de Cauñicú

jueves, 25 de noviembre de 2010

Informe de DDHH cuestiona actuación de la Suprema en temas mapuches y laborales

Estudio de la Universidad Diego Portales da cuenta de faltas del Estado frente a la problemática mapuche y una visión restrictiva y contradictoria con tratados internacionales del máximo tribunal.

Jueves 25 de noviembre de 2010 | Actualizada 16:00 | País
La huelga de hambre mapuche marcó la agenda país este año, pero no tuvo una respuesta contundente del Estado para solucionar los problemas que afligen a los pueblos originarios, según sentencia la octava versión del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2010 de la Universidad Diego Portales.

Así lo afirmó el director del estudio, académico Jorge Contesse, señalando que a pesar de la plena vigencia del Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos originarios, el Ejecutivo “no da aún muestras claras de los procedimientos que aplicará para la implementación del mismo y el Parlamento debate una reforma constitucional que interesa a los pueblos indígenas desatendiendo las recomendaciones que se le han hecho para consultarlos”.

El informe cuestiona también la labor de la Corte Suprema, pues “salvo un caso, fallado por la sala civil de la Corte Suprema, el máximo tribunal ha ido desarrollando, en la sala constitucional, una jurisprudencia que desatiende las obligaciones de Chile y sitúa al Estado –una vez más–en la senda del incumplimiento de sus compromisos internacionales”.

Como ejemplo, se citan varios fallos en los cuales el máximo tribunal revirtió decisiones de las cortes de apelaciones que validaban el tratado internacional, como los de la machi Francisca Linconao; las comunidadesPalguín y Peiukëlen, entre otros.

Respecto de  las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, el Informe reconoce como avances positivos la instalación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria,  pero apunta que el máximo tribunal no cumple con los estándares internacionales sobre el derecho a reparación de las víctimas, especialmente en el terreno de las compensaciones civiles.

La Tercera Sala de la Corte Suprema desechó en casi todas las sentencias del último año la demanda civil en contra del Fisco”, consigna el documento, apuntando que en todas las causas “se  reproduce de  manera literal el modelo de sentencia con el cual rechaza estas acciones, como si se tratara de un formulario”.

Añade que la Corte Suprema ha ido desconociendo la competencia de la Inspección del Trabajo para hacer cumplir la legislación laboral, lo que resulta de mayor gravedad considerando los accidentes laborales ocurridos durante el año.

La Corte ha decretado por ejemplo que no le corresponde a la Inspección calificar relaciones contractuales laborales que pudieran ser encubiertas, con consecuencias en la aplicación de la ley de subcontratación y en la falta de negociación colectiva.

Durante los gobiernos de la Concertación la situación de los trabajadores organizados “empeoró ostensiblemente”, de acuerdo al informe, bajando desde 10,1% de trabajadores que negociaba en forma colectiva en 1991 a 5,9% en 2009, siendo Chile el país de la OCDE con menos trabajadores organizados, solo superado por Corea del Sur.

La Nación

lunes, 22 de noviembre de 2010

Doce mapuches imputados por ataque al fiscal Elgueta iniciarán huelga de hambre

Los comuneros ya formaron parte del grupo que estuvo en ayuno por 82 días, el cual finalizó el 1 de octubre pasado.

por Joaquín Peñailillo - 22/11/2010 - 17:04 
 Una nueva huelga de hambre iniciarán en Cañete 12 de los 17 mapuches que se encuentran imputados por el ataque al fiscal Mario Elgueta ocurrido en 2008 en Puerto Choque, en la Provincia de Arauco.

Los comuneros que ya formaron parte del grupo que estuvo en ayuno por 82 días, el cual finalizó el 1 de octubre pasado, tomaron la decisión debido a que, según ellos, no han tenido respuesta por parte del gobierno, en relación a tres peticiones puntuales: que los jueces que están dirigiendo el caso, sean inhabilitados por haber enjuiciado previamente a alguno de los mismos comuneros, que la fiscalía recalifique sus delitos para que no sean considerados como terroristas y por último que el Ministerio Público, no pueda utilizar a los testigos protegidos, los que harían su aparición mañana, cuando se desarrolle la jornada número 12 de juicio oral, declarando en una sala contigua al tribunal y de espaldas a una cámara de TV.

La idea de esta nueva huelga se venía barajando desde hace varios días, pero se estaba a la espera de las gestiones que estaba realizando con el gobierno monseñor Ricardo Ezzati, arzobispo de Concepción y actual presidente de la Conferencia Episcopal.
 La Tercera

martes, 16 de noviembre de 2010

Por accionar de Carabineros en su contra CORTE AGOGE RECURSO PARA PROTEGER NIÑOS Y NIÑAS MAPUCH

El recurso había sido interpuesto por la abogada Karina Riquelme de la agrupación Liberar en la Corte de apelaciones de Temuco a favor de un menor y los alumnos de la Escuela Blanco Lepin, Rewe Kimun, por la violación de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado. Los hechos fueron corroborados por un informe sicológico y la propia versión docente.

“Que tales actuaciones, constituyen conductas que vulneran el derecho protegido por el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, en cuanto perturba la actividad síquica de los educandos en cuanto se realizan sin adoptar las medidas de resguardo que el Código Procesal Penal establece a favor de las personas y que tiene por finalidad garantizar sus derechos procesales”, señala en parte el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Temuco, segunda sala.

"Con esto se comprueba que carabineros realiza acrtuaciones vulneratorio de derechos, sin dejar ningun tipo de registro y que ademas miente ante los tribunales de jusitica pues no reconoce ninguna entrada a la escuela, esto es gravisimo considerando que se trata de una institución en la cual se debería confiar además de cometer delito al mentirle a la ilustrisima corte de apelaciones", señala la abogada Karina Riquelme en atención al pronunciamiento de la Corte de apelaciones.

 De acuerdo a la información presentada en Octubre de este año, El Recurso esta basado en un informe entregado por la sicóloga Claudia Molina, el día 26 de Septiembre, entregado al Werken de la Comunidad Mateo Ñiripil. Informe que da cuenta de actos arbitrarios e ilegales cometidos por funcionarios de Carabineros, que afectan la integridad física y síquica de niños de 4º y 7º básico, que asisten a la Escuela Blanco Lepin “Rewe Kimun”, de acuerdo a lo publicado por la agrupación Liberar.

El informe da cuenta de episodios de hostigamiento policial en horario de clases, donde proceden a sacar fotografías a los niños, efectúan interrogaciones, atemorizan y amenazan, con el fin de recabar información por causas penales, actualmente seguida en Juzgado de Garantía de Lautaro, generando en los niños sensaciones de inestabilidad, inhibición y retraimiento, además de la aparición de sentimientos de desconfianza, desarrollo de conductas impulsivas y aumento de irritabilidad.

Uno de los casos expuestos en el informe es el de una niña de 9 años, quien actualmente ha desarrollado un Episodio Depresivo Mayor “ (…) prevaleciendo en ella un animo depresivo;episodios cotidianos e incontrolables de llanto; disminución de la motivación y perdida de energía, alteraciones en la ingesta alimenticia; sentimientos de desesperanza y angustia; baja en la capacidad de concentración y rendimiento académico, requiriendo incluso actualmente derivación para apoyo farmacológico y psicoterapia”.

Agrega que “Todos los demás niños y niñas evaluados presentan sintomatología asociada al desarrollo de un Trastorno de Estrés Postraumático”.

La abogada Karina Riquelme – Agrupación Liberar- expresó en el marco de la interposición del Recurso que “La situación es gravísima, ya que vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño”, lamentablemente no constituye un hecho aislado sino es una constante que ha afectado a menores de la zona a lo largo de los años, esto causa un verdadero terror en los niños y en muchos padres que temen represalias contra los menores. Situación que ya a sido conocida por esta Corte en Recurso de Protección en favor de los niños K. J. R. C. y V. M. C. Ñ, ambos domiciliados en la comunidad Indígena Muko Bajo y alumnos de la Escuela Blanco Lepín, en contra de la Prefectura de Carabineros de Cautín y de la Policía de Investigaciones de Chile, quien acogió el recurso con fecha 13 de mayo del 2010”. En la ocasión se ordenó a miembros de la PDI a “abstenerse en lo sucesivo de efectuar requerimientos o interrogaciones a los niños en cuyo favor se recurre, bajo cualquier modalidad, sin respetar los preceptos que a favor de éstos garantiza la Convención de Derechos del Niño antes citada”.

En el Recurso la abogada solicitó a la Corte que se ordene a Carabineros de Chile, abstenerse de visitar a los niños tanto en dependencias del colegio como en cualquier lugar de la comunidad y que adecue sus procedimientos a los estándares que la Convención de Derechos del Niño consagra. La Corte de apelaciones acogió dicho recurso y se limitó a establecer que “la unidad policial aludida precedentemente, dependiente de la recurrida, para poder llevar a cabo actos que afecten Garantías Constitucionales, deberá contar con la autorización judicial para practicarlos”.

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Comunicaciones G80 / www.mapuexpress.net

domingo, 7 de noviembre de 2010

Absuelven a mapuche que participó en huelga de hambre

 En su derecho a declarar, Eduardo Osses Moreno aseguró no tener responsabilidad en un supuesto incendio en la Araucanía. (Foto: wordpress.com)
En su derecho a declarar, Eduardo Osses Moreno aseguró no tener responsabilidad en un supuesto incendio en la Araucanía. (Foto: wordpress.com)
La Agrupación Liberar señaló que el joven mapuche fue encontrado inocente por dos magistrados tras la evaluación de las pruebas testimoniales de peritos y documentales exhibidas por las partes. La ONG considera necesario que la Fiscalía chilena evalúe los procedimientos de otros comuneros que aún permanecen detenidos en varias cárceles al sur de Chile y que los ajuste a los tratados internacionales.

Moreno fue uno de los 38 mapuche que participó en la huelga de hambre de más de 80 días contra la no aplicación de la ley Antiterrorista heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

La información la dio a conocer una fuente de la organización no gubernamental (ONG) Agrupación Liberar, que trabaja en las comunidades indígenas de Chile, tras señalar que en el caso de Osses Moreno "nuevamente se comprueba la inocencia de un acusado por hechos relacionados a la causa indígena".

Osses Moreno fue acusado de participar supuestamente en el atentado incendiario en contra de dos camiones en la ruta 5 Sur, a la altura de Ercilla en la Araucanía, el 6de septiembre de 2009.

Al comunero se le imputaron los ilícitos de incendio y amenazas al mayor de Carabineros (Policía chilena), Eduardo Berrios, y el fiscal César Schivar.

En atención a las pruebas testimoniales de peritos y documentales exhibidas por las partes, dos magistrados resolvieron que en el caso de incendio no había antecedentes suficientes que acreditaran responsabilidad al acusado.

En su derecho a declarar, el acusado aseguró no tener responsabilidad en los hechos ya que el día en que ocurrieron estaba en un pueblo de Ercilla, viendo un partido de la selección chilena. Desconoció además el haber realizado amenazas.

El joven fue uno de los 38 comuneros mapuche que participó de la huelga de hambre que duró más de 80 días en los penales de Temuko, Valdivia, Angol, Lebu y Concepción (sur) de Chile.

Los mapuche que participaron en la protesta de ayuno fueron arrestados en el marco de la ley Antiterrorista durante manifestaciones en la región de la Araucanía, donde la etnia indígena mantienen una lucha por el reconocimiento de sus tierras.

Los indígenas se han considerado presos políticos y, entre sus exigencias piden al Estado chileno no ser procesados a través de tribunales militares.

La Ley Antiterrorista fue sancionada durante la dictadura para perseguir a opositores, pero no ha sido derogada por ninguna de las administraciones de gobiernos posteriores al régimen pinochetista, pese a que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha criticado esta normativa porque discrimina a las comunidades indígenas.

El pueblo mapuche representa casi el 10 por ciento de la población chilena y sus principales asentamientos se encuentran en la Araucanía, a unos 600 kilómetros al sur de Santiago.

Los indígenas denuncian que en esa región tienen tierras que les pertenecen desde antes de la colonización española, las cuales les fueron arrebatadas y actualmente se encuentran en manos de empresas forestales.
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