Terrorismo Jurídico

Periodística

Escrito por Troika

Jueves, 24 de Marzo de 2011 23:04

El ex candidato presidencial, Jorge Arrate, flanqueado por dirigentes de su nuevo referente ciudadano, la Nueva Fuerza de Izquierda, rechazó las condenas a cuatro comuneros mapuches impuestas por el tribunal oral de Cañete. El diputado Sergio Aguiló, por su parte, solicitó una entrevista con el Presidente de la Corte Suprema y aseguró poseer antecedentes de graves irregularidades en el proceso. El ex candidato presidencial del pacto Juntos Podemos, Jorge Arrate, junto al diputado Sergio Aguiló y otros dirigentes políticos, sociales y ambientalistas reunidos en torno al movimiento denominado Nueva Fuerza de Izquierda, manifestaron su rotundo rechazo a la condena impuesta por el tribunal oral de Cañete, el martes 22 de marzo, a los líderes de la Coordinadora Arauco-Malleco, por un supuesto ataque al fiscal Mario Elgueta, además de un cargo de robo con intimidación al agricultor José Santos. En el fallo, el comunero Héctor Llaitul, sindicado como alguien de cargo superior en la coordinadora, fue condenado a 25 años y dos días de cárcel, pena efectiva, mientras que Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Hullical, recibieron 20 años y dos días por los mismos cargos. Los condenados fueron trasladados desde el penal de El Manzano hasta la cárcel de Angol, donde cumplirían con sus penas en instalaciones apartadas del resto de la población penal. La defensa de los comuneros ha decidido recurrir de nulidad al fallo, argumentando que no se cumplieron las garantías de debido proceso. Los dirigentes de la Nueva Fuerza de Izquierda, por su parte, rechazaron enérgicamente el fallo, catalogándolo de “terrorismo jurídico”. El ex ministro Jorge Arrate, presente en sesiones del juicio oral que evacuó las sentencias, indicó que el proceso careció de las condiciones mínimas: “Queremos decir que esta sentencia es un acto jurídico aberrante, el corolario de un proceso absolutamente irregular que solo busca disciplinar al pueblo mapuche, a sus líderes y a quienes apoyamos la existencia en Chile de un estado multinacional y pluricultural, a través de condenas que son las máximas aplicables a quienes estaban implicados en este juicio”. El ex candidato profundizó sus dichos, indicando que el proceso tiene vicios de base: “Todo el juicio se ha llevado a cabo conforme a los preceptos de la Ley Antiterrorista. Y si bien las penas corresponden a un proceso penal común (ya que de aplicarse las penas contempladas en la legislación antes mencionada, Llaitul podría haber recibido 103 años de presidio), todo el proceso nos parece viciado. La principal irregularidad detectada, que yo mismo vi tras asistir a dos sesiones del juicio, es la presencia de los llamados testigos protegidos”. Los testigos antes mencionados declaran ante el tribunal dentro de las prerrogativas que establece la Ley Antiterrorista, es decir, por video conferencia, a rostro cubierto y provistos de efectos sónicos que distorsionan la voz a fin de hacerla irreconocible. Esto bloquea casi absolutamente el trabajo de la defensa, que no puede objetar al testigo ni interrogarlo adecuadamente al no conocer su identidad ni qué relación pudiera tener con los hechos. Arrate agrega: “El fallo, además, fue decidido por el testimonio de un testigo protegido, y por lo tanto se sostiene en la Ley antiterrorista”. Expresión de Solidaridad. Jorge Arrate exigió, a título de la colectividad que representa, que todos los partidos políticos -particularmente los de la Concertación- y organizaciones sociales adopten una actitud de condena frente a estos hechos, recordando que el carabinero que asesinó a Matías Catrileo fue condenado a tres años, con pena remitida. Además expresó la más absoluta solidaridad con los dirigentes mapuches: “Participaremos en todas las manifestaciones pacíficas que se realicen para repudiar este hecho, teniendo claro que esta legislación es usada con el único objetivo de aterrorizar a los indígenas y a la población en general. Debemos recordar que en el caso de los jóvenes okupas procesados desde agosto por el caso “Bombas”, que nadie sabe en qué terminará, y con respecto al mismo juicio en Cañete, hace dos meses atrás, once comuneros mapuches fueron puestos en libertad por falta de pruebas tras haber estado más de un año en prisión preventiva, ya que ésta es la única medida cautelar que la Ley Antiterrorista admite”. La mesa de la Nueva Fuerza de Izquierda, además, buscará otras instancias de apelación: “El diputado Sergio Aguiló ha solicitado una entrevista con el presidente de la Corte Suprema (Milton Juica) a fin de exponerle nuestros puntos de vista con respecto a esta materia, y además hemos recibido información, por parte de la defensa de los comuneros, que si el recurso de nulidad que piensan presentar no prospera, recurrirán a la Corte Suprema, y, de ser necesario, a tribunales internacionales, a pesar de que Chile mantiene una larga tradición de no respetar los fallos de estos últimos, pero vamos a perseverar en apoyar a todo aquél que recurra a instancias internacionales cuando la justicia chilena actúe con ánimo de atemorizar a la población”. Para cerrar, Arrate informó que una delegación de la colectividad, liderada por Moisés Sherman, dirigente social de Ñuñoa, viajará en los próximos días a Angol para entregar personalmente a los condenados el compromiso de solidaridad expresado por la Nueva Fuerza de Izquierda. Sherman, junto a otros dirigentes de la novena región, han seguido de cerca el proceso a los comuneros, expresando en reiteradas ocasiones que, en el momento en el que se dejó de aplicar la Ley Antiterrorista, tras el acuerdo que puso fin a la huelga de hambre de 2010, el juicio debió anularse, iniciándose un nuevo proceso basado en la penalidad común. Aguiló espera la entrevista y apunta a fiscales. El diputado Sergio Aguiló, por su parte, indicó que la entrevista con el Presidente de la Corte Suprema ha sido solicitada para el próximo lunes 28 de marzo. En el encuentro -de concretarse- el parlamentario entregará antecedentes que dice poseer a propósito de una colusión entre algunos fiscales de la zona con empresas madereras que han usurpado tierras a los mapuches en el pasado. Del mismo modo, concluyó criticando al poder judicial por el no cumplimiento de uno de sus roles primarios: “La función principal de la justicia es entregar paz social, y juicios tan aberrantes e irregulares como éste generan y generarán expresiones de solidaridad que no contribuyen a este objetivo. Vigilias, protestas, tomas de iglesias (como la ya movilizada en la catedral de Cañete), apuntan al efecto beligerante que estos procesos y estos fallos tienen sobre la sociedad”. Mediapinta