Ex magistrado chileno recordó que "la ley de conductas terroristas fue promulgada durante la dictadura", y que "la utilización errónea de la justicia militar también comenzó en esa época". "Con estas dos leyes se le facilitó mucho el camino a la represión, teniendo fuera de circulación a las personas que supuestamente eran enemigas del país o gente revoltosa", explicó.
POR AZKINTUWE - TEMUKO, WALLMAPU - 21 / 09 / 10
El ex magistrado Juan Guzmán Tapia, quien procesó en Chile al dictador Augusto Pinochet, afirmó en una entrevista con EFE que las leyes penales que se están aplicando a los activistas mapuches son propias de un régimen fascista.
"Son leyes que se heredan del sistema fascista que imperó durante la dictadura" de Pinochet (1973-1990), afirmó el ex magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien agregó que la huelga de hambre que mantienen 34 comuneros mapuches en cárceles del sur de Chile desde hace 72 días "es un sacrificio, una forma de inmolarse por un bien social importante".
"Ellos están luchando con los medios que tienen para beneficiar a su pueblo", declaró Guzmán, quien en 2008 participó en la defensa del dirigente mapuche Héctor Llaitul, que tras permanecer 16 meses en prisión preventiva fue absuelto de los delitos terroristas que se le imputaban.
Como Llaitul, decenas de comuneros han sido procesados los últimos años en Chile en el marco del conflicto que comunidades indígenas mantienen con latifundistas y empresas forestales en la región de la Araucanía por la devolución de lo que consideran sus tierras ancestrales. "Chile todavía está en un proceso de retorno a la democracia incompleto, en la medida en que continúen leyes como la Constitución que se dictó durante el gobierno de Pinochet, a la que falta reformar en aspectos fundamentales", aseveró.
Guzmán recordó que "la ley de conductas terroristas fue promulgada durante la dictadura", y que "la utilización errónea de la justicia militar también comenzó en esa época". "Con estas dos leyes se le facilitó mucho el camino a la represión, teniendo fuera de circulación a las personas que supuestamente eran enemigas del país o gente revoltosa", explicó.
El pasado 12 de julio, 32 comuneros en prisión preventiva en las cárceles de Angol, Concepción, Lebu, Temuco y Valdivia iniciaron un ayuno para exigir a las autoridades que no les apliquen la ley antiterrorista ni se les someta a un doble juicio (civil y militar). Días después, el presidente Sebastián Piñera firmó dos proyectos de ley para modificar estas normas, pero los comuneros mantienen la huelga porque consideran que se sigue limitando su derecho a defenderse y a tener un juicio justo.
Según el ex juez Guzmán, esas leyes deberían haber sido reformadas tras el restablecimiento de la democracia, en 1990, "pero lamentablemente sólo ahora se está hablando de ello, a raíz de la movilización que ha habido por parte de los mapuches", afirmó. "Desde luego, la ley de justicia militar no es aplicable" a los casos de los comuneros mapuches en huelga de hambre, mientras que "la ley de conductas terroristas tiene procedimientos terriblemente engorrosos y difíciles", e imposibilita el otorgamiento de la libertad bajo fianza para quienes están a la espera de un juicio, sostuvo Guzmán.
"Además -agregó-, se está creando una discriminación terrible, porque los mismos hechos que en la Región Metropolitana (de Santiago) son considerados como incendios, daños o estragos, en la Araucanía (la región donde habita la mayoría de los 600.000 mapuches chilenos), son castigados como hechos terroristas". Respecto a los cambios legales impulsados por el Ejecutivo y que ahora se debaten en el Parlamento, Guzmán dijo que "hay que modificar drásticamente estas leyes, y no solamente retocarlas un poquitito".
"Tienen que hacerse enmiendas muy importantes en la tipificación de los delitos, el procedimiento y la pena", recalcó Guzmán, quien añadió que a veces "un espíritu casi justiciero por parte de los fiscales" propicia montajes y falsas acusaciones de "testigos encubiertos" de los que luego los imputados no pueden querellarse por falso testimonio. Por otro lado, Guzmán criticó la "politización" de la Justicia española por actuar contra el magistrado Baltasar Garzón, que se encuentra suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional, en un caso en el que es acusado de prevaricación.
"Me parece muy mal que se preste la Justicia a fines políticos, como se está haciendo lamentablemente en un país tan importante como es España, que a Dios gracias pudo salir de un sistema totalitario tan espantoso como el que implicó la muerte de tantas personas", declaró Guzmán a Efe en alusión al franquismo. A juicio de Guzmán, que hoy está retirado de la judicatura y se dedica a la asesoría jurídica, "la Justicia española y el juez (Luciano) Varela están considerando como prevaricación una interpretación de la Ley de Amnistía de 1977".
"Es un error, eso no es prevaricación", opinó el ex juez de la Corte de Apelaciones de Santiago. El Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial en España, confirmó el pasado 7 de septiembre que Garzón sea procesado por un presunto delito de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975). El juez Varela había dictado con anterioridad un auto de apertura de juicio oral por prevaricación contra Garzón, quien logró fama internacional al procesar en 1998 al dictador chileno Augusto Pinochet.
"Nosotros, los jueces chilenos, interpretamos la Ley de Amnistía de 1978 (promulgada en plena dictadura militar para favorecer a los represores) y estimamos que no era aplicable a los crímenes de secuestro o desaparición forzada porque el delito se está perpetrando hasta que la persona aparece", explicó Guzmán a Efe. "Esa interpretación y la superioridad de los tratados internacionales sobre violaciones a los derechos humanos por encima de las leyes (de un país) son las que aplica correctamente Garzón", afirmó.
Azkintuwe
"Son leyes que se heredan del sistema fascista que imperó durante la dictadura" de Pinochet (1973-1990), afirmó el ex magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien agregó que la huelga de hambre que mantienen 34 comuneros mapuches en cárceles del sur de Chile desde hace 72 días "es un sacrificio, una forma de inmolarse por un bien social importante".
"Ellos están luchando con los medios que tienen para beneficiar a su pueblo", declaró Guzmán, quien en 2008 participó en la defensa del dirigente mapuche Héctor Llaitul, que tras permanecer 16 meses en prisión preventiva fue absuelto de los delitos terroristas que se le imputaban.
Como Llaitul, decenas de comuneros han sido procesados los últimos años en Chile en el marco del conflicto que comunidades indígenas mantienen con latifundistas y empresas forestales en la región de la Araucanía por la devolución de lo que consideran sus tierras ancestrales. "Chile todavía está en un proceso de retorno a la democracia incompleto, en la medida en que continúen leyes como la Constitución que se dictó durante el gobierno de Pinochet, a la que falta reformar en aspectos fundamentales", aseveró.
Guzmán recordó que "la ley de conductas terroristas fue promulgada durante la dictadura", y que "la utilización errónea de la justicia militar también comenzó en esa época". "Con estas dos leyes se le facilitó mucho el camino a la represión, teniendo fuera de circulación a las personas que supuestamente eran enemigas del país o gente revoltosa", explicó.
El pasado 12 de julio, 32 comuneros en prisión preventiva en las cárceles de Angol, Concepción, Lebu, Temuco y Valdivia iniciaron un ayuno para exigir a las autoridades que no les apliquen la ley antiterrorista ni se les someta a un doble juicio (civil y militar). Días después, el presidente Sebastián Piñera firmó dos proyectos de ley para modificar estas normas, pero los comuneros mantienen la huelga porque consideran que se sigue limitando su derecho a defenderse y a tener un juicio justo.
Según el ex juez Guzmán, esas leyes deberían haber sido reformadas tras el restablecimiento de la democracia, en 1990, "pero lamentablemente sólo ahora se está hablando de ello, a raíz de la movilización que ha habido por parte de los mapuches", afirmó. "Desde luego, la ley de justicia militar no es aplicable" a los casos de los comuneros mapuches en huelga de hambre, mientras que "la ley de conductas terroristas tiene procedimientos terriblemente engorrosos y difíciles", e imposibilita el otorgamiento de la libertad bajo fianza para quienes están a la espera de un juicio, sostuvo Guzmán.
"Además -agregó-, se está creando una discriminación terrible, porque los mismos hechos que en la Región Metropolitana (de Santiago) son considerados como incendios, daños o estragos, en la Araucanía (la región donde habita la mayoría de los 600.000 mapuches chilenos), son castigados como hechos terroristas". Respecto a los cambios legales impulsados por el Ejecutivo y que ahora se debaten en el Parlamento, Guzmán dijo que "hay que modificar drásticamente estas leyes, y no solamente retocarlas un poquitito".
"Tienen que hacerse enmiendas muy importantes en la tipificación de los delitos, el procedimiento y la pena", recalcó Guzmán, quien añadió que a veces "un espíritu casi justiciero por parte de los fiscales" propicia montajes y falsas acusaciones de "testigos encubiertos" de los que luego los imputados no pueden querellarse por falso testimonio. Por otro lado, Guzmán criticó la "politización" de la Justicia española por actuar contra el magistrado Baltasar Garzón, que se encuentra suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional, en un caso en el que es acusado de prevaricación.
"Me parece muy mal que se preste la Justicia a fines políticos, como se está haciendo lamentablemente en un país tan importante como es España, que a Dios gracias pudo salir de un sistema totalitario tan espantoso como el que implicó la muerte de tantas personas", declaró Guzmán a Efe en alusión al franquismo. A juicio de Guzmán, que hoy está retirado de la judicatura y se dedica a la asesoría jurídica, "la Justicia española y el juez (Luciano) Varela están considerando como prevaricación una interpretación de la Ley de Amnistía de 1977".
"Es un error, eso no es prevaricación", opinó el ex juez de la Corte de Apelaciones de Santiago. El Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial en España, confirmó el pasado 7 de septiembre que Garzón sea procesado por un presunto delito de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975). El juez Varela había dictado con anterioridad un auto de apertura de juicio oral por prevaricación contra Garzón, quien logró fama internacional al procesar en 1998 al dictador chileno Augusto Pinochet.
"Nosotros, los jueces chilenos, interpretamos la Ley de Amnistía de 1978 (promulgada en plena dictadura militar para favorecer a los represores) y estimamos que no era aplicable a los crímenes de secuestro o desaparición forzada porque el delito se está perpetrando hasta que la persona aparece", explicó Guzmán a Efe. "Esa interpretación y la superioridad de los tratados internacionales sobre violaciones a los derechos humanos por encima de las leyes (de un país) son las que aplica correctamente Garzón", afirmó.
Azkintuwe
Manuel Chocori, vocero de la Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago (COOAMS) y de la Coordinación de Familiares de los Presos Políticos Mapuche en huelga de hambre, confirmó esta mañana en conferencia de prensa el más absoluto rechazo por parte de las organizaciones que representa a la “mesa de diálogo” anunciada el pasado viernes por el Presidente Sebastián Piñera, calificándolo de ser un anuncio distractor que no responde a las demandas de los presos que ya cumplen 73 días en huelga de hambre.
